Chile, el desmadre policial: rastreo de agentes extranjeros inexistentes y monitoreo a observadores de DD.HH.

Durante un mes, entre el 18 de octubre y el 18 de noviembre de 2019, la inteligencia de Carabineros dedicó importantes recursos humanos y materiales a recorrer un camino erróneo en la investigación de los delitos asociados al estallido social. Acogiendo la tesis de que la revuelta era apalancada por agentes de Venezuela y Cuba –una hipótesis que surgió de la inteligencia militar y que fue inicialmente aceptada por La Moneda–, la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) revisó antecedentes de 23.221 venezolanos que habían llegado o salido del país en los últimos meses. Así se desprende del análisis de decenas de informes de inteligencia policial que forman parte de la mayor filtración de documentos reservados de Carabineros, a la que CIPER tuvo acceso.

Este reportaje, que aborda el comportamiento de la policía uniformada durante el estallido, es la quinta entrega de la serie “Archivos secretos de Carabineros” (vea acá los reportajes sobre el monitoreo policial a dirigentes estudiantiles que ahora serán autoridades de gobierno, el reclutamiento de informantes, los registros sobre dirigentes políticos y los vínculos de funcionarios de carabineros con narcos y bandas de ladrones).

También durante la revuelta, la inteligencia de Carabineros dedicó esfuerzos a monitorear a los observadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La ley que creó el INDH estableció que Carabineros debe colaborar con esa institución, facilitando que sus funcionarios presencien los procedimientos policiales y accedan a los cuarteles, para verificar que no se comentan abusos en el control del orden público ni el trato a los detenidos. Por lo mismo, el INDH envió a Carabineros una nómina de observadores de derechos humanos para que se les facilitaran las tareas definidas por la ley.

Más allá de lo que indica la ley, los informes reservados de la inteligencia de Carabineros califican como hostil al INDH y a sus funcionarios. De hecho, entre los documentos revisados por CIPER aparecieron fichas con información personal de los observadores de derechos humanos que deben fiscalizar que la policía cumpla su trabajo dentro de los límites definidos por normativa. Entre los datos recopilados figuran sus trayectorias políticas, sus redes sociales y su participación en manifestaciones públicas.

Para la realización de esta serie de reportajes, CIPER contactó a Carabineros, pero su unidad de Comunicaciones indicó que los antecedentes consultados están protegidos por la Ley de Inteligencia y no respondió nuevos requerimientos.

EL RUMBO DEL DESCONTROL

Cuando en la noche del 18 de octubre de 2019 las protestas ciudadanas dieron paso al incendio de estaciones de Metro y a cientos de fogatas y barricadas en las calles de Santiago, los funcionarios de Dipolcar se abocaron a recopilar datos, incorporarlos en tablas Excel y mantener un registro detallado de los disturbios. Durante las primeras horas de la revuelta su trabajo se limitó a intentar prever el camino que seguiría el descontrol.

Ya el 19 de octubre los archivos internos registran memos donde se contabilizan las bombas lacrimógenas utilizadas en cada una de las regiones. Allí figuran las 88 granadas triple acción y los 228 cartuchos calibre 37 que se lanzaron ese sábado en Atacama. Otros mensajes reservados alertan que las comisarías de Puerto Montt se están quedando sin provisión de bombas y perdigones.

Un correo del Departamento de Seguridad Presidencial (OS8) mandata a los carabineros de La Araucanía y Los Ríos a que instalen puntos fijos de seguridad en las casas de veraneo del Presidente Sebastián Piñera (en los lagos Ranco y Caburgua) y de la ex Presidenta Michelle Bachelet (Caburgua). “Debido a la situación de alteración al orden público que se está generando en algunas ciudades del país, se solicita a esa superioridad requerir de quién corresponda servicios de punto fijo en los domicilios que más abajo se indican”, se señala en el memo fechado el martes 22 de octubre.

Para entonces, La Moneda y los servicios de inteligencia de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden ya manejaban una hipótesis sobre el origen de la revuelta. Fue la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) la que el domingo 20 de octubre le entregó al Presidente Piñera un informe que aseguraba que 600 agentes venezolanos se habían infiltrado en Chile como parte de una “ofensiva insurreccional” comandada por los servicios de inteligencia de Cuba y Venezuela. Esa misma noche Piñera apareció rodeado de militares y declaró que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso”.

Esa tesis salió a la luz luego de que El Mercurio y La Tercera la difundieran en sus páginas. La Tercera ofreció disculpas luego de esa publicación. El origen de esas notas de prensa fue un informe de la DINE que señalaba a un comunicador y agitador del régimen de Nicolás Maduro como uno de los líderes de la insurrección. También apuntaba a una refugiada venezolana en Chile. Pero ese comunicador es un youtuber y ella una activista anti Maduro. Esos gruesos errores fueron advertidos pocos días después por un informe de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). A pesar de esa corrección, la inteligencia de Carabineros siguió  al menos durante un mes chequeando la participación de venezolanos y cubanos.

Al inicio de las protestas, los agentes de la Dipolcar recibieron un requerimiento de su jefatura: revisar los antecedentes de 23.221 venezolanos que habían entrado o salido de Chile entre el 15 de septiembre y el 22 de octubre de 2019. Ese archivo, al que CIPER tuvo acceso, contiene los nombres, profesiones, fecha de nacimiento, condición de ingreso, motivo del viaje, origen y destino, y el lugar de la frontera por donde entraron o salieron de Chile cada uno de esos ciudadanos. Además de otros antecedentes como sus número de cédula de identidad o pasaporte. Lo que se buscaba con esos datos era detectar a alguno de los supuestos 600 agentes clandestinos que estarían tras las protestas. Pero no los encontraron.

No fue solo la inteligencia de Carabineros la que trabajó en la tesis del Ejército que apuntaba al rol de venezolanos y cubanos en la revuelta chilena. En comunicaciones internas de la Dipolcar, a las que CIPER tuvo acceso, aparecen referencias a solicitudes de información realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI) para recoger antecedentes de extranjeros en Chile.

El 23 de octubre de 2019 la oficina de enlace de la PDI en el Ministerio del Interior solicitó al Departamento de Extranjería de la misma cartera los datos de venezolanos y cubanos que habían solicitado visas o permanencia definitiva en el país. Y también los detalles de las visas otorgadas. Esa información fue entregada.

Desde la PDI respondieron a CIPER a través de su Departamento de Comunicaciones: “La Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, regularmente solicita a la autoridad administrativa información relacionada con la situación migratoria de extranjeros en nuestro país, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Extranjería. En cuanto a la crisis que debió enfrentar Chile el año 2019, a la PDI le correspondió participar en diversas investigaciones relacionadas a hechos delictivos cometidos con ocasión de la misma, apoyando en todo momento al Ministerio Público, como organismo coadyudante«.

SEMANAS PERDIDAS

A mediados de noviembre de 2019 la tesis de los extranjeros quedó descartada. “Perdimos cerca de tres semanas buscando antecedentes que no existían”, dijo a CIPER una de las personas que participó de esas indagatorias al interior de la Dipolcar. Entonces, la mirada de los agentes de la inteligencia de Carabineros se volcó a sus sospechosos de siempre: militantes de izquierda, anarquistas, dirigentes sociales y miembros de barras bravas del fútbol.

El documento interno de la Dipolcar titulado “Situación histórica y actual de los movimientos en las protestas sociales”, fechado el 18 de noviembre de 2019, es el primero tras el inicio de las protestas que desestima la tesis de la intervención extranjera y que argumenta que la conflictividad se debe a “procesos de desigualdad” que afectan a ciertos sectores sociales donde se ha acumulado “rabia y protesta”.

“En cuanto a los hechos que han acontecido desde el inicio del denominado ‘Estallido Social’, se puede señalar que este no responde a un hecho en especial en concreto, sino a situaciones que han venido cultivándose desde el retorno de la democracia en los años 90, debido a procesos de desigualdad en los ámbitos sociales, económicos y educacionales que han afectado a determinados sectores de la sociedad, generándose vacíos de incertidumbre, rabia y protesta”, señala el informe.

El documento se enfoca en organizaciones sociales y políticas de la Región Metropolitana que podrían jugar un rol como instigadores de las manifestaciones más violentas. Ha pasado un mes exacto desde el inicio de la revuelta y recién un informe de la inteligencia policial, de todos los revisados por CIPER, menciona esta hebra.

“Es necesario contar con antecedentes actualizados sobre los distintos grupos que se encuentran participando en las protestas sociales, en especial en las actividades violentistas que suceden en las manifestaciones, como lo son el ataque a Carabineros y la destrucción de estructura pública y privada”, parte el documento.

Luego hace un repaso por distintos actores que según ellos son instigadores de esas manifestaciones violentas. Parte con los estudiantes secundarios, donde hace un zoom a cuatro liceos de la capital: Instituto Nacional, Liceo Manuel Barros Borgoño, Liceo de Aplicación y Liceo Darío Salas. En el apartado dedicado a los anarquistas, se los acusa de ser quienes cometen las acciones más violentas, “consistente en el lanzamiento de bombas molotov y el incendio de locales comerciales y de entidades públicas y privadas”, señala el documento. Según la Dipolcar, a fines de 2019 existían 13 casas okupa de anarquistas en Santiago, las que se enumeran en el mismo informe.

El documento también agrega a su análisis a organizaciones a las que denomina “grupos de violencia política”. Allí se enlistan colectivos que emanan de tres troncos históricos: MIR, FPMR y Movimiento Juvenil Lautaro. Se incluye una referencia histórica de cada uno de ellos.

Distintas fuentes consultadas por CIPER, que trabajan o han trabajado en la inteligencia de Carabineros, señalaron como uno de los problemas de la Dipolcar su anclaje a la lógica de la Guerra Fría, donde se confunde el trabajo de inteligencia (que implica proveer de información a la autoridad para la toma de buenas decisiones) con las labores de una policía política. Este problema, aseguran, tendría su origen en que muchos de los jefes de la inteligencia policial se iniciaron durante la dictadura o en los primeros años tras el retorno de la democracia.

Un analista de inteligencia lo explica así: “Tienen a personas trabajando desde hace décadas y son expertas, por ejemplo, en el FPMR, y no saben de nada más. Entonces, a cualquier fenómeno de conflictividad social le meten participación del Frente, aunque en el contexto actual sea irrelevante”.

El mencionado informe sobre las organizaciones que estarían tras las protestas violentas incluye también un repaso por las comunas donde históricamente se producen manifestaciones en fechas emblemáticas. Además, incluye nóminas de colectivos y dirigentes sociales con historial de participación en protestas. Renca, Cerro Navia, Peñalolén, Pedro Aguirre Cerda, Estación Central, Huechuraba, La Granja, Quilicura, San Bernardo, La Pintana, Lo Espejo y Puente Alto, son las comunas que aparecen en la lista. Los blancos de interés en cada una de esas comunas son casi todos ex militantes de grupos subversivos.

En el apartado denominado “situación actual”, aparece una nómina de 18 personas a las que se detuvo con la participación directa de agentes de la Dipolcar durante las protestas del estallido social. Ocho de esas personas eran menores de edad, a quienes se acusa de lanzar bombas molotov. Uno era extranjero: un residente venezolano de 28 años, detenido durante el saqueo a un local de AFP Provida el 19 de octubre de 2019. El resto son personas de entre 18 y 56 años, la mayoría arrestadas por saqueos o porte de bombas incendiarias.

El análisis concluye con una lista de líderes de barras bravas del fútbol. Aparecen dos dirigentes de Los de Abajo (Universidad de Chile) y nueve de la Garra Blanca (Colo-Colo). Se los apunta por participar “activamente en las manifestaciones que se han desarrollado post denominado ‘estallido social’, donde un grupo determinado de estas facciones, son los que generan daños a la propiedad y desórdenes, como además agresiones a Personal de Carabineros”.
En su conclusión, el informe señala que los militantes de grupos subversivos, los líderes de las barras de fútbol y los anarquistas, se aprovechan de la contingencia social para darle radicalidad a las protestas.

AGOTAMIENTO POLICIAL

Otro informe reservado contiene un resumen general del trabajo realizado por la Dipolcar en la Región Metropolitana entre el 15 de noviembre y el 13 de diciembre de 2019. Ese registro parte con una descripción de las diversas tareas que debió asumir la Dipolcar:

“Se ha debido absorber una serie de obligaciones y demandas en el ámbito policial, tanto táctico como estratégico; En este orden de ideas, ha sido el ‘Departamento Búsqueda’ quien ha debido doblegar sus esfuerzos con el fin de abarcar los sucesos de la contingencia social, preocuparse de la ‘Seguridad Institucional’, proyectar actividades, mantener el P.B.I. (Plan de Búsqueda de Información) activado, realizar operaciones de inteligencia en manifestaciones violentas y finalmente producir inteligencia táctica y estratégica”.
El informe hace un repaso de las labores que desarrollaron hasta entonces: de 371 actividades proyectadas, 227 fueron cubiertas por sus agentes. Es decir, de las 371 convocatorias a marchas, foros, asambleas, cacerolazos y otras actividades que se adelantaron a través del monitoreo que hace Carabineros de las redes sociales, en 227 de ellas estuvo presente un equipo de inteligencia policial. Pero de esas 227 actividades a las que fueron, 86 no se realizaron.

Por ello, el informe pone el acento en mejorar la puntería: “Se estima necesario indagar y corroborar de mejor manera las actividades que se proyectan, como a su vez analizar la importancia y pertinencia en materia de inteligencia para estimar que sean cubiertas o monitoreadas, lo anterior con el fin de que se obtenga información útil y de no perder recursos ni tiempo en actividades que no se desarrollen o no sean del interés que requiere esta Dirección”.

Cada una de esas actividades, según el documento revisado por CIPER, requirió de la presencia de al menos dos agentes P.O.I. (Personal Operativo de Inteligencia). Y, un dato hasta ahora desconocido, los equipos que se infiltraron en protestas violentas estaban compuestos, a lo menos, por un J.O.I. (Jefe Operativo de Inteligencia) y 15 agentes P.O.I.

El informe también enlista, entre las labores diarias, los resguardos de las residencias del Presidente de la República y de su ministro del Interior, detallando datos que CIPER mantiene en reserva por razones de seguridad.

El documento, además, aborda el cansancio del personal, tras dos meses trabajando en el control del orden público: “Existe un desgaste en el recurso humano a lo largo de los 60 días de conflicto social y de las demandas propias de esta Dirección, por lo que se estima reevaluar los servicios que se disponen a diario conforme a oportunidad y pertinencia respecto al fin último de estos”.

FOCO SOBRE EL INDH

La relación de Carabineros con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) nunca ha sido fluida, pero se tensó aún más durante la revuelta social y el conflicto escaló con acusaciones cruzadas.

El marco que ordena la relación entre Carabineros y el INDH fue fijado por la ley que creó ese instituto en 2009. Una de las funciones del organismo es “realizar misiones de observación en situaciones de vulneración de derechos. Por ejemplo, se monitorea la función policial en manifestaciones públicas y comisarias; los derechos de las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios; y se visitan regiones y localidades donde ocurren problemáticas que afectan los derechos de las comunidades” (el destacado es de CIPER).

En su artículo 4°, la normativa que da origen al INDH, indica que para cumplir con sus funciones el instituto “podrá solicitar la colaboración de los distintos órganos de Estado”, y “recibir todos los testimonios y obtener todas las informaciones y documentos necesarios para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia”.

Lo señalado en esta ley, implica que Carabineros debe facilitar la labor de los funcionarios del organismo que monitorean la función policial en protestas y unidades policiales. No obstante, a solo dos días de iniciada las protestas, el 20 de octubre de 2019, el INDH publicó un comunicado expresando su molestia por “agresiones de policías a sus funcionarios”.

En ese comunicado, el INDH detalló que carros lanzaaguas y lanzagases atacaron a observadores del instituto mientras monitoreaban las protestas, y que un asesor resultó herido y debió ser trasladado a un recinto hospitalario. Nueve días después el INDH denunció que su jefe de la Unidad de Finanzas –quien ante la emergencia también estaba actuando como observador en la vía pública– había recibido siete perdigones disparados por funcionarios de Carabineros.

La labor de los observadores del instituto, consistente en monitorear el accionar policial durante las manifestaciones, se tornó clave en momentos donde se produjeron acusaciones de graves violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, entre ellos funcionarios de Carabineros.

En octubre de 2019 el INDH envió a Carabineros una nómina con los datos de 183 observadores de derechos humanos acreditados para monitorear los procedimientos policiales durante las protestas. Esto, a objeto de que la policía pudiese facilitar su labor y evitar nuevos incidentes. Pero la Dipolcar ocupó esos datos para pesquisar y analizar antecedentes personales de estos observadores. Así lo deja en evidencia un documento interno titulado “04.dic.2019 INDH”, en el que quedaron registrados al menos 33 observadores. Las fichas confeccionadas por la Dipolcar incluyeron sus direcciones particulares, estado civil, profesión, edad y antecedentes que a los agentes de inteligencia les parecían relevantes, pero se trata de datos que no revelan una conducta ilícita o relacionada con seguridad pública. Por ejemplo, el primero de la lista es Víctor Hugo Lagos, entonces jefe regional del INDH en Arica y Parinacota. Sobre él se menciona que en marzo de 2017 presentó una acción judicial por discriminación a una pareja de dominicanos y que lo hizo acompañado por la ONG Corporación Humana y por el Servicio Jesuita de Migrantes.

Contactado por CIPER, Lagos asegura que recuerda esa acción judicial pero no entiende por qué puede ser de interés para la inteligencia policial: “Se presentó cuando yo no trabajaba para el instituto, porque ingresé en 2019. Era una acción civil por discriminación, a raíz de una situación que sufrió una pareja dominicana en una oficina del Registro Civil. Bajo ningún punto de vista involucraba a Carabineros. Tampoco entiendo por qué sería relevante para la institución. No es la única acción que he patrocinado, así que no sabría decir por qué se agrega en la ficha. Es información que se puede obtener en el Poder Judicial, así que es de carácter público”.

“Dentro del INDH se confeccionan nóminas que después son compartidas con instituciones como Carabineros o Gendarmería. Entre otras cosas, lo hacemos para evitar que algunas personas se presenten como observadores del INDH cuando no lo son”, explicó Lagos, quien señaló que no estaba enterado de que Carabineros elabora fichas sobre los observadores que figuran en estas listas. “Nuestra labor como jefatura regional es que el equipo de observadores esté dentro de esa nómina para que pueda cumplir con su trabajo correctamente, y para eso les entregamos una lista que incluye el nombre, cargo y RUT de cada observador”, agregó.

También figura en las fichas el entonces jefe regional del INDH en Valparaíso. En ese registro, Carabineros anotó que el funcionario había participado en una manifestación por el conflicto socio ambiental en Quintero, en diciembre de 2018. El listado también incluye a una periodista, de quien se informa que en junio de 2012 habría integrado una agrupación de derechos humanos que observaba manifestaciones.

También aparece la actual constituyente Constanza Schonhaut, de quien se registra que participó en una toma en 2008. Sobre la también constituyente Manuela Royo se incluye que en 2019 ejercía como abogada del INDH en La Araucanía, que ha asumido la defensa judicial de comuneros mapuche y se agrega información sobre su vida personal.

La propia Manuela Royo ya había denunciado que Carabineros le realizaba seguimientos en Temuco. Entonces, Carabineros envió un oficio a la Contraloría denunciando que ella participaba en manifestaciones, conclusión a la que llegaron después de revisar sus redes sociales. El oficio fue desechado, pues participó en una marcha fuera de su horario laboral.

Los seguimientos de Carabineros a observadores del INDH tienen otro antecedente. Durante una protesta realizada el 21 de marzo de 2021 en el centro de Santiago, la observadora Selene Aguilera grabó a un grupo de Carabineros cuando consideró que el proceder policial incumplía los protocolos. A raíz de esa situación, un uniformado le arrojó gas irritante al rostro. Ella denunció esa acción en una entrevista con Piensa Prensa y pocas semanas después, el 14 de abril, Carabineros envió un oficio al INDH acusándola de mantener una actitud no neutral frente a la institución. En ese oficio quedaba en evidencia que la policía había revisado las redes sociales de la observadora.

Yerko Ljubetic, parte del directorio del INDH, señaló a CIPER que hasta ahora nunca habían tenido a la vista esta información y que la situación “merece un análisis más profundo sobre este cúmulo de antecedentes”.

Hay otro documento más antiguo que demuestra que la tensión entre ambas instituciones era alta aún antes del estallido. Es un informe de la Dipolcar de 2015 que analiza las acciones judiciales del instituto en causas que involucran a comuneros mapuche. Ese registro comienza así:

“Desde un tiempo a la fecha (2012-2015), la problemática operacional de Carabineros en terreno difícil o de riesgo, ha generado acciones judiciales por parte de ONG, y otras entidades sin fines de lucro o comunicacionalmente fuerte,  principalmente del INDH, cuya directora Lorena Fries Monleón, quien continuamente está diseñando estrategias para enlodar la imagen Institucional para neutralizar acciones que vulneren los derechos de las personas (comuneros mapuche)” (SIC).

El documento indica que la entonces directora del INDH y actual diputada electa, Lorena Fries, habría sido invitada en 2012 a presenciar operativos de la policía uniformada en Ercilla, a lo que ella se habría negado (vea aquí el documento).

Lorena Fries recuerda ese momento: “Me invitaron a ser parte de un operativo, pero no me pareció prudente asistir, porque era una actividad o un evento que no se condice con las funciones del INDH. Sí visité unidades policiales que hacían resguardos en La Araucanía. El objetivo (de la invitación) era demostrar que Carabineros cumplía con su trabajo y que estaba trabajando bajo alta presión en La Araucanía, lo que nadie duda. La institución quería demostrar que tenía una postura acorde al Estado de Derecho, pero nosotros insistíamos que el pleno respeto de los derechos humanos era la base para cumplir ese Estado de Derecho, algo que no estaba ocurriendo en la zona. Ese fue el litis permanente que tuve con Carabineros”.

Respecto de que en el documento policial interno se le caracterice como una persona que “continuamente está diseñando estrategias para enlodar la imagen institucional«, la ex directora del INDH dice:

-En realidad, lo que estábamos haciendo era diseñar constantemente estrategias para defender personas cuyos derechos humanos fueron violados por parte de Carabineros, u otros agentes del Estado. La lectura que allí se señala tiene que ver con la visión que Carabineros tuvo y tiene sobre el INDH, que se aparta de la de un organismo público con facultades de fiscalización sobre su trabajo.

Sobre la fichas confeccionadas por la Dipolcar con antecedentes de los observadores del instituto, Lorena Fries dice que no sabía de su existencia, pero que “lo suponía”:

-Todas las personas que trabajábamos ahí y que hacíamos acciones de fiscalización de Carabineros, suponíamos que la policía tenía una lectura del INDH y sus funciones sesgada y equivocada. Hay que tener en cuenta que este es un organismo público que entre sus funciones debe fiscalizar que los agentes del Estado cumplan su trabajo. Y eso a Carabineros le costó entenderlo, y le sigue costando. Cuando comenzamos a solicitar los informes sobre uso de la fuerza policial y el cumplimiento del orden público, por ejemplo, fue muy difícil conseguirlo, porque para Carabineros eso se trataba de materias ligadas a la seguridad nacional. Pero, a nosotros nos interesaba saber si estaba cumpliendo con esos protocolos. Hasta hoy cuesta mucho obtener información clara y precisa de Carabineros, aunque el INDH sea un órgano del Estado al que tiene que prestarle colaboración en ese tipo de solicitudes.

Fuente: https://www.ciperchile.cl/2022/02/15/inteligencia-de-carabineros-en-el-estallido-rastreo-de-inexistentes-agentes-extranjeros-y-monitoreo-a-observadores-de-derechos-humanos/