Wallmapu II: el encarcelamiento preventivo como violencia racista.

La prisión preventiva en Chile ha estado en la agenda nacional y ha generado debates debido al proyecto de ley de indulto a los ‘presos de la revuelta’, pues a más de dos años de las protestas iniciadas el 18 de octubre de 2019, aún hay personas en prisión que todavía no tienen un juicio que los condene o absuelva. En el caso de personas pertenecientes al Pueblo Mapuche, esta medida cautelar ha sido aplicada mayormente conforme a datos de instituciones y estudios.

Según cifras de la Defensoría Penal Pública hasta enero de 2022, uno de cada cuatro imputados en la región de la Araucanía es mapuche, es decir, casi un 25% del total. Respecto a quienes cumplen prisión preventiva, uno de cada tres imputados es mapuche. La entidad a día de hoy representa a 76 imputados con dicha medida cautelar, es decir, un 31,4% de sus defendidos.

Humberto Serri Gajardo, jefe de la Defensoría Penal Mapuche, explica que “a partir de los datos consolidados que pudimos enviar a INTERFERENCIA obtenidos con nuestra unidad de estadística, podemos concluir que efectivamente y de acuerdo también como señalan otros estudios en cuanto a los imputados mapuche, hay una mayor tendencia a que estos queden en prisión preventiva. Si la persona no fuese identificada como mapuche en un control, tendría bastante más opciones de no quedar en prisión preventiva”.

«Si la persona no fuese identificada como mapuche en un control, tendría bastante más opciones de no quedar en prisión preventiva”, dice el jefe de la Defensoría Penal Mapuche.

Sobre estas cifras, Humberto Serri, señala que se podrían relacionar con las cifras a nivel nacional de la Defensoría Penal Pública del consolidado del año 2021, las cuales “dan cuenta de la gravedad del uso y abuso de la prisión preventiva”. 

“Se está utilizando como una pena anticipada, como un mecanismo de control social. Nuestros datos indican que el año pasado de 20.400 personas que estuvieron privadas de libertad, 5.500 no terminaron cumpliendo una pena privada de libertad o derechamente fueron absueltas, lo cual nos refleja que una de cada cuatro personas que estuvieron en prisión preventiva, no tendrían por qué haberlo estado. Eso es preocupante, como defensoría hemos levantado este tema como importante en nuestra gestión desde el año 2005”, añade.

Para el abogado Sebastián Saavedra del Centro de Investigación y Defensa Sur (Cidsur), la prisión preventiva en los casos de personas mapuche suele ser la medida cautelar más frecuente, principalmente por la utilización de la Ley Antiterrorista, la Ley de Control de armas o la Seguridad de Interior del Estado, lo cual contrasta con casos que han tramitado como Cidsur donde hay carabineros imputados en el marco de la revuelta popular.

Además indica que en todos los casos en los que se aplicó la Ley Antiterrorista que les tocó defender durante el 2009 al 2014, las personas se mantuvieron en prisión preventiva mientras esperaban su juicio y solo fueron liberados tras la huelga de hambre. “Hubo prisiones preventivas que incluso superaron los dos años para finalmente ser absueltos, ninguna de las personas -fueron más de 30-  en ese periodo en la región de la Araucanía fue condenada, lo cual es un indicador de cómo es usada la prisión preventiva”.

«Todo indica que la prisión preventiva suele ser utilizada con mayor rigor cuando eL acusado pertenece al pueblo mapuche, esto ocurre por vocación de leyes especiales y una discriminación estructural», dice Sebastián Saavedra de Cidsur.

“En la práctica judicial todo indica que la prisión preventiva suele ser utilizada con mayor rigor cuando el imputado o acusado pertenece al pueblo mapuche, la impresión nuestra es que esto ocurre tanto por vocación de leyes especiales y, segundo, por una discriminación estructural que existe en nuestro sistema judicial lo que permite y hace más fácil la aplicación de estas medidas cautelares”, agrega Sebastián Saavedra de CidSur.

Al mismo tiempo, el abogado recuerda el Caso Luchsinger-Mackay “los once comuneros que fueron acusados y con prisión preventiva fueron absueltos, y en un segundo juicio fueron dos condenados a pena efectiva, todo el resto fue absuelto”. Precisamente el pasado 1 de marzo, los primos José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel -quienes fueron condenados a 18 años de cárcel y que han acusado constante persecución política- iniciaron una huelga de hambre líquida “como única herramienta de lucha política que podemos desarrollar desde la prisión”, según indicaron en un comunicado. 

Una de las personas que estuvo vinculada al mismo caso fue la machi Francisca Linconao, quien estuvo en más de cuatro ocasiones en prisión preventiva, siendo finamente absuelta. En aquella ocasión, a pesar de que el veredicto fue favorable para ella, la autoridad ancestral lamentó que tres personas fueran condenadas, «estoy muy molesta, enojada porque hay tres personas que condenaron por plata se venden los jueces». La ahora integrante de la Convención Constitucional, ha señalado en más de una ocasión «necesitamos la libertad de los presos políticos mapuche y no mapuche”.

El aumento de la prisión preventiva a personas mapuche fue demostrado anteriormente por el estudio académico “Discriminación e impacto negativo de la prision preventiva en la vida de las personas», publicado en la Revista 93 de la Defensoría Penal Pública del año 2018, señala que en las causas penales ingresadas entre 2006 y 2012, las personas de ingresos más bajos tienen entre 3,3 % y 9,5 % más probabilidad de recibir una prisión preventiva que otros grupos menos vulnerables, mientras que para personas de origen mapuche, estas probabilidades son mayores, en rangos que varían entre 3,3% y 25% respecto de población no mapuche.

Las personas mapuche tienen probabilidad de recibir una prisión preventiva, los rangos que varían entre 3,3% y 25% respecto de población no mapuche, según una investigación.

La investigación concluye que la prisión preventiva es una medida cautelar de la cual se ha abusado en los últimos años, “su ejecución ha sido discriminatoria, afectando en mayor medida a mapuche y personas de más bajos ingresos, y su impacto negativo no sólo dura durante el encarcelamiento, sino que se extiende por años en la vida laboral de las personas, aún cuando ellas resultan absueltas”.

Damián Vergara, una de las personas que participó en el estudio junto a Gonzalo Marivil, Nicolás Grau y Jorge Rivera, indica a INTERFERENCIA que “efectivamente encontramos bajo distintos modelos estadísticos que a los imputados mapuche se le fijan umbrales más estrictos”.

Respecto a la consecuencias de esta medida en la vida de las personas, apunta a que “en la gran mayoría de los casos no es posible compensar los costos hacia el imputado, hay mucha evidencia que lo ha demostrado, a la gente le cuesta más encontrar trabajo, lo segundo tiene que ver con el costo inclusive del mismo juicio porque tienen menos tiempo para planificar, y por último, el acceso a beneficios sociales, esos son efectos económicos directos, pero claro que hay una serie de efectos psicológicos y otros efectos”.

Uno de los mecanismos de protesta que han utilizado los mapuche tanto en prisión preventiva como condenados, es la huelga de hambre. 

Como se mencionó anteriormente, uno de los mecanismos de protesta que han utilizado los mapuche tanto en prisión preventiva como condenados, es la huelga de hambre. 

Entre 2010 y 2011, presos mapuche en cárceles chilenas realizaron este tipo de protesta, principalmente para denunciar la aplicación de la Ley Antiterrorista, y por los dobles enjuiciamientos a los que eran sometidos. Una de las más emblemáticas ocurrió en 2010, y tras 82 días, 23 huelguistas de Concepción, Lebu y Temuco llegaron a un acuerdo con el gobierno. También ocurrió en 2020, cuando ocho presos estuvieron más de 80 días de huelga en Angol, al mismo tiempo, el machi Celestino Córdova -quien ha realizado seis huelgas de hambre- solicitaban al gobierno la aplicación efectiva del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para cumplir su condena.

El equipo Itrofilmongen EV informó a INTERFERENCIA que dentro de la recopilación que realizaron, actualmente hay 54 presos políticos mapuche, además de tres adolescentes quienes están en las cárceles de Angol, Arauco, Lebu, Temuco, CET de Vilcún, CET de Victoria, Cañete y en el Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado CIP-CRC Chol Chol del Sename. 

En ese sentido, para Sebastián Saavedra, estas cifras están estrechamente vinculadas a que “el Pueblo Mapuche ha solicitado la devolución de tierras por más de 100 años. sin embargo, la institucionalidad no ha establecido mecanismos eficaces para esta restitución».

«La Conadi ya no produce los cambios ni soluciones, por lo mismo, la violencia que se ha ejercido por parte del Pueblo Mapuche para lograr la restitución de sus tierras ancestrales, es la punta del iceberg de un malestar que se ha manifestado de todos los modos posibles, como el Pacto de Nueva Imperial, en ese contexto donde sólo se tomaban terrenos, se aplicaba la ley de seguridad del estado, como fue el caso de Aucan Huilcaman. Entonces es evidente que existe una sobrerreacción por parte del Estado en relación a estos delitos y que requieren de una salida política”, concluye el abogado.

Amnistía Internacional Chile, indica que han advertido en diferentes ocasiones “el uso desproporcionado que se da en Chile de la prisión preventiva,

Respecto a si la prisión preventiva es un castigo anticipado para personas mapuche en Chile, Roberto Morales, vocero de Amnistía Internacional Chile, indica que han advertido en diferentes ocasiones “el uso desproporcionado que se da en Chile de la prisión preventiva, en particular respecto a personas mapuche. Es habitual ver la aplicación de esta medida como supuesta señal de ‘mano dura’ y determinada casi exclusivamente en base a la pena probable para el delito imputado”.

Según considera Morales, “esto no es aceptado desde la perspectiva de un debido proceso, que implica respetar durante todo el proceso la presunción de inocencia, lo que incluye un uso restrictivo y debidamente justificado de la prisión preventiva, conforme a los estándares internacionales. Además es importante enfatizar que para garantizar el debido proceso se debe asegurar la plena igualdad ante la ley. Por lo tanto, efectivamente, no utilizar la prisión preventiva como el último recurso, sino por el contrario hacerlo de manera desproporcionada y sin debida justificación, constituye una pena anticipada que se le aplica a una persona a quien se le debiera presumir inocente”.

Además, como Amnistía Internacional Chile, recuerdan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Chile en el año 2014 debido a la aplicación de la ley “Antiterrorista” en contra de personas mapuche, en el caso “Norín Catrimán y otros v. Chile”. “La condena precisamente hacía mención, entre otros puntos, al uso prolongado e injustificado de la prisión preventiva”, concluye Roberto Morales.

7 de marzo, 2022.