Chile impunidad: Mujeres y luchadoras sociales asesinadas en protestas.

Francisca Sandoval Astudillo ha sido la primera periodista asesinada en democracia, mientras reporteaba la marcha del pasado 1° de mayo, en Santiago, para el canal de televisión comunitaria, Señal 3 La Victoria. Su muerte ha mostrado una realidad cruda y conocida: la falta protección que enfrentan quienes ejercen el periodismo independiente y los riesgos para quienes buscan ocupar el espacio público en contexto de movilizaciónes, especialmente si son mujeres.

Y es que el caso de Sandoval, no es un caso aislado. 

Durante el último año, desde marzo de 2021 a la fecha, tres mujeres, contando a la periodista, han sido asesinadas en protestas: Ángela González Aros y Denisse Cortés Saavedra, se suman como víctimas fatales de la violencia provocada en medio de marchas convocadas en Santiago.

Si bien en los tres casos se sindican a civiles como responsables de la acción directa que les dio muerte a estas mujeres, no se descarta la responsabilidad de agentes policiales que se encontraban en el lugar, por omitir su obligación de asegurar el orden y la seguridad en estos contextos, existiendo dudas también respecto de grados de colusión con los victimarios.

Más allá de las noticias iniciales, la cobertura de seguimiento de prensa a sus casos ha sido prácticamente inexistente. El proceso judicial llevado adelante por sus familias y abogadas, ha sido visibilizado por el apoyo de organizaciones de mujeres y de derechos humanos que han relevado el rol que han tenido estas mujeres desde sus quehaceres profesionales.

¿Cómo avanzan sus casos? ¿Qué obstáculos han encontrado en las investigaciones? ¿Cómo han actuado las instituciones competentes? Aquí los representantes de sus familias dan luces sobre los últimos meses que han pasado enfrentados a la justicia y ponen en contexto la violencia transversal que han sufrido las tres mujeres.

La última cobertura de Francisca Sandoval 

Francisca Sandoval (30 años) era comunicadora social, activista y madre de un hijo pequeño. Estudió algunos años psicología en la Universidad Arcis, pero lo suyo eran las comunicaciones. Desde 2012, cuando la invitaron a la Señal 3 de La Victoria, nunca más dejó de participar en el canal comunitario. Sus compañeros la recuerdan como una mujer alegre e impetuosa. 

Aun sopesando el impacto que ha significado la muerte de Sandoval, el 12 de mayo reciente, su familia ha decidido esperar para presentar una querella contra quienes resulten responsables de su ataque hasta recopilar la mayor cantidad de registros del 1° de mayo, en el barrio Meiggs, en Estación Central. Siendo asesorados por un equipo jurídico que los representará a ellos y a Señal 3 La Victoria, su interés, como se lo manifestaron al presidente Gabriel Boric cuando los visitó en la ex Posta Central y posteriormente a través de un llamado telefónico, es perseguir la responsabilidad del Estado por la acción de Carabineros en el momento en que Francisca fue atacada.

“Los familiares siguen creyendo que el apoyo del Gobierno es insuficiente al seguir manteniendo inamovible al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y al no iniciar acciones legales para perseguir acciones contra los carabineros que estaban en el lugar”, dice el abogado Pino.

A eso se suma presentar una querella contra el actual imputado Marcelo Naranjo Naranjo, apodado como El Pestaña, quien se encuentra en prisión preventiva y será reformalizado por homicidio consumado, además de porte ilegal de armas y disparos injustificados. 

Sobre el actuar de Carabineros, Víctor Pino, uno de los abogados del equipo, dice que las imágenes son elocuentes: “Se ve la pasividad que tuvieron frente a quienes atacan a los manifestantes, que estaban con armas de fuego, cuchillos, fuegos artificiales, que lanzaban directo al cuerpo. En algún momento, coordinaron con los tipos de barrio Meiggs para disolver la manifestación y atacar de manera coordinada”.

A fines de la semana pasada, se conocieron detalles importantes de los estudios hasta ahora hechos por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. La bala que impactó a Francisca medía cerca de dos centímetros y estaba blindada de cobre. Por la trayectoria que hasta ahora han estudiado, el tamaño podría explicar un disparo directo, aunque todavía no descartan la posibilidad de un rebote del proyectil. 

Para Pino son relevantes las acciones que pueda tomar el Gobierno para respaldar a la familia. Por ahora ve que el apoyo que le han dado ha resultado “complejo”: “Los familiares siguen creyendo que el apoyo del Gobierno es insuficiente al seguir manteniendo inamovible al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y al no iniciar acciones legales para perseguir acciones contra los carabineros que estaban en el lugar”.

La resistencia de Ángela González 

Las fotos de Ángela González Aros (24 años) que rápidamente se difundieron después de conocer la noticia de su muerte, el 29 de marzo de 2021, son un resumen de cómo muchos la recuerdan: sosteniendo una pancarta en una marcha feminista, llevando puesta una pañoleta morada y un casco para protegerse de lacrimógenas y perdigones.

Además hay otra fotografía que la representa, en la que aparece posando junto a un mural de Mon Laferte, su cantante favorita. Su fanatismo era tal, que integraba su fans club oficial y había compartido con la cantante, que al conocer la noticia de su muerte difundió una foto juntas por sus redes sociales.

González era activista feminista, madre de un hijo y residente de Colina. Era manicurista y vendía maquillaje en la feria. Durante el estallido social había hecho redes con organizaciones sociales con las que frecuentemente salía a protestar y, meses después, durante la pandemia, colaboraba en las ollas comunes vecinales. Era una joven conocida y querida en el barrio, como la han descrito amigos y vecinos. 

A fines de marzo pasado se cumplió un año de la muerte de González y Karinna Fernández, la abogada que representa a su familia, presentó una ampliación de la querella a los catorce carabineros que se encontraban en el lugar como responsables del ataque, y también en contra de Zamorano por homicidio frustrado hacia dos amigas que se encontraban en el mismo lugar que la víctima fatal.

Esa noche de marzo, junto a una organización de mujeres en la que participaba, se reunieron para manifestarse por el Día del Joven Combatiente. Fueron hasta una avenida ubicada al costado de la cárcel Colina 2 y prendieron una barricada. Este se había convertido en un sector emblemático por las convocatorias que se hacían durante la revuelta social. Como en otras ocasiones, todas iban con capuchas bordadas y el pelo trenzado, para resaltar su identidad colectiva feminista. Eran alrededor de 30 personas las que llegaron hasta ese punto de la comuna.

Minutos después de haberse tomado una foto grupal delante de la barricada, apareció de imprevisto la camioneta conducida por Juan Zamorano Álvarez, ubicándose delante de ellas, para luego embestirlas. El impacto arrastró a González, quien no tuvo tiempo de protegerse, como si pudieron sus compañeras.

La joven fue llevada a la ex Posta Central y después a la Clínica La Condes, pero no resistió la intervención quirúrgica a la que fue sometida y falleció a las horas después. 

En ese momento, Zamorano se dio a la fuga, pero fue reconocido en grupos comunales de redes sociales por su camioneta. A las horas fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) y, en el control de detención, el Juzgado de Garantía de Colina dictó su prisión preventiva. A la semana siguiente, esta medida fue cambiada por arresto domiciliario total. Hoy permanece con arresto domiciliario nocturno. 

Con todo, los familiares de Ángela González se han encontrado con obstáculos que han ido frenando el proceso: “desde octubre hemos pedido reconstitución de escena, pero no se ha hecho porque la PDI no ha facilitado los recursos para realizarla. Perdimos la fecha del 29 de marzo para hacerla a la misma hora, con la misma luz. Fue muy grave que no nos ayudara en eso”. 

Denisse Cortés, una defensora implacable

El domingo 10 de octubre de 2021 estaba convocada la marcha por la resistencia mapuche en Santiago. Denisse Cortés Saavedra (43 años) participó de ella como lo venía haciendo desde antes de la pandemia; durante el estallido social era observadora de derechos humanos y recorría las marchas resguardando que los protocolos de seguridad se cumplieran para los asistentes y mediando de ser necesario con la fuerza pública.

Cortés era conocida como Pachamama entre los estudiantes secundarios porque más de alguna vez ayudó a alguno mientras estuvo detenido. Su hijo estudiaba en el Liceo Confederación Suiza y ella integraba la Organización de Padres y Apoderados Movilizados (Opam).

Esa mañana en la intersección de Alameda con Portugal, Carabineros comenzó a reprimir la manifestación, donde se registraron enfrentamientos con encapuchados. Denisse se acercó para dialogar con los efectivos policiales, levantando las manos, y avanzó hacia ellos. En ese momento, en los registros se escuchan varios disparos y se observan explosiones en el perímetro en que se encontraban.

Uno de esos objetos explosivos produjo su caída dejándola inconsciente. De inmediato, las brigadas de seguridad la auxiliaron, mientras una decena de carabineros rodeaban el lugar. Fue llevada a la ex Posta Central pasado el mediodía donde fue ingresada a pabellón, pero, horas más tarde, falleció. 

Denisse Cortés cursaba su tercer año de derecho en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Algunas semanas antes de su muerte, había participado de un seminario, organizado por la universidad, donde expuso sobre el derecho a la protesta. Era experta en esto, como lo recuerda la abogada que representa a su familia y su profesora, Silvana del Valle: “Sabía mucho sobre los protocolos internacionales y los tratados. De hecho, fue una expositora en un seminario con docentes de sociología y estudiantes. Es muy tremendo porque era muy categórica al señalar cuáles eran las labores de Carabineros en estos contextos”. 

Después de su asesinato, del Valle explica que comenzaron inmediatamente las acciones para que el caso se considerara una vulneración a los derechos humanos y no un delito común. Hicieron gestiones con el INDH y el Ministerio Público para que se trasladara a la Fiscalía de Alta Complejidad que terminó por catalogarlo bajo ese entendido por faltar a la seguridad en el derecho a la protesta.

“Aceptaron iniciar la investigación bajo el Protocolo de Minnesota que se ha establecido para la investigación de muertes en contextos violentos, a nivel del continente americano”, precisa del Valle. 

Actualmente continúan la investigación para determinar el delito por el cual se querellará su familia porque no está claro si son civiles o efectivos policiales quienes lanzaron el artefacto explosivo, ni el elemento del que se trata. “Circuló el rumor que había sido una lacrimógena, pero eso no está claro. Lo que sí es claro es que, al momento del impacto, Denisse estaba en un lugar rodeada de un número importante de Carabineros”, explica la abogada.

Violentadas en el espacio público

Salir a la vía pública a manifestarse siendo mujer y resultar asesinada, conlleva factores comunes que se observan en las historias de estas tres mujeres. Coincide que se trata de defensoras de causas políticas que han participado activamente de las protestas como observadoras de derechos o reporteras.

Silvana del Valle enfatiza en los prejuicios que existen sobre los espacios en los que las mujeres ejercen sus oficios: “Las mujeres que son defensoras de derechos humanos sufren acciones violentas no solo por parte el Estado, sino, en general, de quienes consideran que la calle no es lugar para ellas”, resalta.

Se trata de un factor que también está detrás del acoso sexual callejero, lo que refleja la desigualdad de poder entre hombres y mujeres en el espacio público.

Karinna Fernández plantea que las mujeres que asumen estos roles requieren de garantías reforzadas, algo que en ninguno de los tres casos se ha cumplido. “No se reconoce la protección que requieren las mujeres que participan de la protesta. Eso las vuelve más vulnerables. Es algo que va ligado a la estigmatización porque vemos, por ejemplo, que la familia de Ángela no ha sido recibida ni reconocida por ninguna autoridad de nuestro país”, sostiene.

Sobre esto último, Fernández solicitó una audiencia temática a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en octubre de 2021, para tratar en específico “los discursos estatales estigmatizadores contra la protesta social y su impacto en ataques contra mujeres defensoras”.

En una carta enviada a la secretaria ejecutiva Tania Reneaum, la abogada le transmitió su preocupación, en representación del equipo de Londres 38 de que forma parte, como una urgencia en derechos humanos frente a múltiples consecuencias que ha generado la violencia hacia quienes ejercen su derecho a protesta, especialmente por “los discursos estigmatizadores hacia ellos”, que para la abogada instalaron fuertemente las autoridades del ex presidente Sebastián Piñera, además de interpelar al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), dirigido por Sergio Micco. 

“Se ha salvaguardado el ataque específico contra mujeres que protestan, especialmente mujeres periodistas defensoras de derechos humanos, en cuyos procesos seguidos por torturas y apremios ilegítimos, ni siquiera es parte el INDH ni ninguna agencia estatal de defensa de las mujeres y su derecho”, se señala en ese documento.

26 de mayo, 2022.