Chile carcelario: La continuidad de la prisión pólítica bajo el gobierno de Boric.

Indulto y libertad. La solución a la prisión política y la [indolencia] de quienes gobiernan (1990-2022).

por Nicolás Acevedo Arriaza/La Rosa.

En escritos anteriores he profundizado en las concepciones sobre qué sería un “preso y presa política”, además de los diversos ciclos de “prisión política” en Chile y la composición social y política de los detenidos.[1] También he conversado con familiares de “presos de la revuelta”, tanto jóvenes como adolescentes que han sido recluidos en el Sename.[2] En esta ocasión el objetivo será discutir las alternativas que existen para resolver la problemática de prisión de los denominados “presos de la revuelta”, comparando su situación con experiencias pasadas. En este caso, analizaremos cómo resolvió el gobierno de Patricio Aylwin la realidad de los prisioneros y prisioneras políticas de la dictadura (PPP, en adelante), la cual fue resultado de un complejo debate entre 1990 y 1993, dándole la libertad a una gran mayoría, pero castigando con “extrañamiento” a quienes estaban detenidos por delitos con resultado de “muerte”.

En la situación actual, el proyecto de Indulto General que es tramitado en el Senado ha quedado entrampado por no tener los votos necesarios. Por otro lado, este no daría solución a la totalidad de los “presos de la revuelta”, debido al tipo de delito de quienes beneficiaría. Las fuentes que ocuparemos en su mayoría provienen de la prensa (La Tercera, El Mercurio, Análisis y Punto Final) y los archivos del gobierno de Patricio Aylwin alojados en www.archivospúblicos.cl. Para el caso de los “presos de la revuelta”, he conversado con Tania Parada, pareja de Jordano Santander, detenido en San Antonio, con quién analizamos las posibles soluciones y cuál es la voluntad del actual gobierno por resolver este conflicto derivado de la administración anterior.

“UNA NAVIDAD SIN PRESOS POLÍTICOS”. EL GOBIERNO DE AYLWIN FRENTE A LA PRISIÓN POLÍTICA DE LA DICTADURA (1990-1993).

Al cumplir cincuenta años de existencia, el grupo musical Illapu recordó los momentos más importantes de su carrera, entre ellos la visita a los presos políticos de la dictadura en la Cárcel Pública en 1991. “Grandes amigos que estaban en la cárcel”, dijo Roberto Márquez, relacionando que actualmente [2021] las cárceles estaban nuevamente “llenas de presos políticos, de presos mapuches, de quienes están luchando hoy día… los jóvenes de la revuelta siguen presos, quienes fueron los que abrieron el camino de lo que hoy día estamos buscando vivir”.[3] La comparación entre ambos gobiernos no era antojadiza. Tanto la administración de Aylwin, como la de Boric, fueron elegidas con altas expectativas por sus promesas de campaña. Una de ellas fue la resolver la “prisión política” que estaban heredando de los gobiernos anteriores, paralelo a temas de pobreza y seguridad. Las diferencias podrían estar en el contexto histórico en que se gestaron dichas experiencias; las acciones que realizaron y de las cuales eran acusados los detenidos; la vivencia que llevaban en las prisiones o las organizaciones a las cuales pertenecían, pero las esperanzas sobre una solución de dicho “problema” eran similares. En ambos casos los PPP y sus familias esperaban que el gobierno cumpliera sus compromisos.

La primera medida de Aylwin fue indultar a 47 PPP, que eran los condenados. Según Verónica Reyna, abogada de Fasic, la situación era insostenible.[4] De los 402 PPP que tenían registrados a comienzos de 1990, el 73% todavía estaba procesado, incluso un detenido llevaba diez años recluido sin condena. Un 30% estaba detenido por la Ley Antiterrorista y un 42% lo estaba por la Ley de Control de Armas.[5] Las posibles soluciones eran modificar dichas leyes, a través de la disminución de los años de condena. Pero el debate no estaba resuelto, ni en la derecha ni en el oficialismo. La piedra de tope estaba en los acusados de homicidio, por ejemplo, quienes participaron en el atentado a Pinochet en 1986. Dichas discrepancias ya estaban instaladas en las Bases Programáticas de los Partidos por la Democracia de 1989.[6] Si bien, el programa de candidatura de Aylwin reconocía la existencia de “presos políticos”, no estaba por la liberación de quienes fueron condenados por delitos de “homicidio, lesiones gravísimas, secuestro…”.[7] Al contrario de estas opiniones, el diputado de la Democracia Cristiana y defensor de los Derechos Humanos, Andrés Aylwin Azócar, aunque contrario de la lucha armada contra Pinochet, visitó la Cárcel Pública y argumentó que muchos de los detenidos llevaban años procesados, incluso confesando los delitos bajo tortura, por lo que debía existir una solución integral a la prisión política.[8]

Desde las prisiones, los PPP y sus familiares realizaron una serie de movilizaciones como marchas, tomas de penales en el horario de visitas y huelgas de hambre, denunciando que dichas leyes no beneficiarían a la totalidad de los involucrados y que no querían ser “moneda de cambio” de los violadores a los derechos humanos.[9] “No podemos permanecer pasivos mientras el encarcelamiento, sin que se vislumbre alguna solución concreta”, diría un comunicado.[10] Las medidas carcelarias se relajaron, recibiendo visitas de la talla de Silvio Rodríguez y Joan Manuel Serrat, pero, como decía Karin Eitel, “por más que se nos haga bonita la cárcel, sigue siendo cárcel”.[11] Así lo pensó Marco A. Antonioletti, quien solicitó a su partido organizar un rescate en el hospital Sótero del Río, el cual llegó a concretarse en noviembre de 1990, pero con tristes consecuencias.[12] Las alarmas se encendieron y el gobierno propuso “una navidad sin presos políticos”. Un afiche graficaba las ansias de quienes esperaban que llegada la democracia sus familiares volverían a casa.[13] En noviembre de 1990, un informe de la Secretaría General de la Presidencia propuso un indulto y no la rebaja general de penas, porque éste posibilitaría “realizar un análisis particularizado de la situación de cada preso. Esto permitirá utilizar la liberación con grados de flexibilidad y prudencia que minimicen potenciales riesgos”.[14] Nada de esto ocurrió. Al elegir la vía judicial impulsando una serie de iniciativas conocidas como “leyes Cumplido”, la solución terminó siendo parcial y paulatina.

Las leyes “Cumplido” se aprobaron en marzo de 1991, producto de las negociaciones de la Concertación con Renovación Nacional.[15] En junio de 1991, 177 PPP iniciaron una huelga de hambre denunciando que los tiempos de la libertad no eran los tiempos del Estado. “No se cumplen los plazos establecidos, en algunos casos no se otorgan las libertades bajo fianza, se dividen los procesos quedando una parte en las fiscalías y otros en la Corte de Apelaciones”.[16] De todos modos, la liberación no se estancaba. Si en marzo de 1991 existían alrededor de 366 detenidos a fines de ese año eran 112.[17] El drama fue para quienes no recibieron los beneficios de las leyes Cumplido, por ser considerados presos “de sangre”. Según Verónica Reyna, el gobierno cometió el error jurídico de dividir al comienzo en “presos de conciencia” y “presos de sangre”. Para ella ninguno de los casos debía ser considerado “por conciencia”, porque todos formaban parte de grupos paramilitares. “Por lo tanto, si a alguien le colocan el cartel de preso político manchado con sangre, ¿quién le iba a dar el indulto?”.[18] Fue así que, recién en 1994, el gobierno de Aylwin decidió expulsar al extranjero a 29 PPP. “Hace el mismo procedimiento de la dictadura, no dicta ninguna legislación, solo le aplica la ley de indulto, que permite aplicar el extrañamiento”.[19] Marco Paulsen, ex militante del MAPU-Lautaro, fue uno de ellos, regresando a Chile después de 16 años. “Fue un exilio impuesto por la democracia. Son los mismos que prometen un cambio radical a Chile, después de la dictadura, que llegaba la alegría, después nos envían al exilio… un castigo a quienes luchamos contra la dictadura”.[20] Así se dio por acabado el ciclo de la prisión política de la dictadura.

¿UNA CONSTITUCIÓN SIN PRESOS POLÍTICOS? EL GOBIERNO DE BORIC FRENTE A LA PRISIÓN DE LA REVUELTA (2022)

Tania Parada nunca pensó que su pareja estaría tanto tiempo en prisión. Oriunda de San Antonio se desempeñaba en el comercio barrial, mientras Jordano Santander, con quien tienen un hijo, trabajaba en una distribuidora de gas. El 2 de marzo del 2020, mientras conducía su vehículo, fue detenido junto a tres amigos, después de participar de la movilización desde la “primera línea”. La Policía de Investigaciones (PDI) lo acusaba de participar en el ataque a uno de sus cuarteles e intentar atropellar a uno de sus funcionarios. Luego de estar dos días detenidos, siendo torturados según su declaración, fue formalizado siendo acusado de “terrorista” junto a sus amigos. La prisión preventiva de 90 días se transformó en 375 noches.[21] Finalmente, en abril de 2021, y sin pruebas más que el testimonio del policía Hugo Gutiérrez, Santander fue condenado a siete años de prisión efectiva por “ánimo homicida”. Según Tania, para dicha acusación deben existir pruebas materiales, pero en este caso el policía acusa que sintió en su mirada el ánimo de intento de atropellarlo. “Sentí miedo”, dijo Gutiérrez en el juicio.[22] “Es una impotencia”, dice Tania al recordar esos días y todo lo que ha vivido su familia. Por meses ha tenido que estar alejada de su pareja, visitándolo en el centro penitenciario de San Antonio, cuando el Covid lo permite. Si antes las encomiendas eran dos veces a la semana, ahora son una sola vez. No le aceptan pan, ni verduras ni fruta. “Me los tiran al suelo”. Las condiciones de dicho recinto son deficientes. Creada en 1947, en pleno centro cívico, la cárcel tiene problemas estructurales en el sistema de desagüe, además de estar sobrepoblada.[23]  El Covid ha agravado la situación. Jordano Santander ha estado con problemas de salud, dos hernias, crisis de pánico y trastornos del sueño. Tania siente que hasta gendarmería sabe que es inocente. “Incluso cuando se da el fallo, los gendarmes se quedaron en silencio… te salió caro salir a protestar, le decían los otros presos. Si, pero no me arrepiento a salir a manifestarme”.[24]

La vida de Tania ha cambiado rotundamente. Las visitas, las encomiendas y las manifestaciones se sumaron a las tareas domésticas y los cuidados de su hijo de doce años. Participando en OFAPP (Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos), decidieron participar en la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos, instancia que se formó con otros colectivos de familiares para apoyar el proyecto de Indulto General.[25] Dicha propuesta ingresó el 9 de diciembre de 2020 por cuatro senadore/as de centro-izquierda, la cual propone que muchos de delitos que se le imputan a los denominados “presos del estallido social” eran punibles por la justicia, pero el contexto fue experimentado por: “una respuesta estatal desproporcionada seguida de detenciones masivas y la apertura de múltiples procesos penales, abusos y vulneraciones a las garantías procesales de las personas imputadas, lo que ha significado la privación preventiva de la libertad en plazos injustificados que no tomarían lugar en circunstancias de normalidad”.[26]

Citando cifras del propio Ministerio de Justicia y otras instituciones, el proyecto afirmó que entre el 19 de octubre y el 6 de diciembre de 2019, se detuvo a más de 28.210 personas, formalizando sólo a 5.084. Diversos organismos internacionales denunciaron la violación de derechos humanos a dichos detenidos, entre ellos más de 800 denuncias de menores de edad. De esta forma, el proyecto planteó indultar de manera excepcional a quienes hayan cometido delitos entre el 9 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020, fecha en que fue presentado la propuesta. Para Tania, este proyecto, que por lo demás no tiene los votos necesarios, sólo beneficiaría a los detenidos por desórdenes, pero actualmente “no hay ningún preso por cometer desordenes. Al final con este proyecto no salían los que estaban con prisión preventiva y condenados”. Según Tania, desde la Asamblea de Presos Políticos se comenzó a pedir paciencia, sobre todo uno de sus participantes, Jaime Fuentes, militante de Convergencia Social y que tenía a su hermano detenido.[27] Las discrepancias con Fuentes partieron porque paralelamente se postuló como candidato a diputado. Es así como Tania recuerda que después del triunfo de Boric, como OFAPP participaron en reuniones con las futuras autoridades de justicia. Allí se dieron cuenta que no se tenían los votos para el Indulto, el cual tampoco resolvía la prisión de todos los condenados. No siguieron participando en esa instancia. Instalado el nuevo gobierno, Jaime Fuentes fue nombrado Seremi de Justicia de la Región Metropolitana.

Las primeras medidas que el gobierno de Boric tomó en torno a los “presos de la Revuelta” fue retirar la Ley de Seguridad Interior del Estado, pero el Estado ha seguido como querellante, por ejemplo, en el caso de los estudiantes de Concepción.[28] Por otro lado, se colocó urgencia al proyecto de Indulto General, sin conseguir los votos suficientes. Es así, que ahora el gobierno está pensando en un plan B, liderado por el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo (Partido Comunista). Este planteó que “todo lo que ocurrió en el marco del Estallido Social es una prioridad”, por lo que se están buscando los consensos para esta nueva propuesta.[29] Para Tania, que conoce el proyecto como “indulto conmutativo”, este contempla a los condenados de diez años para abajo y quienes están con prisiones preventivas. Sin embargo:

“no entrarían todos, porque hay jóvenes condenados de diez años para arriba [Daniel Bustos a 12 años]. Entonces, hay salidas mucho más rápidas. La llave la tiene el Boric, él puede dar los indultos presidenciales, pero no los quiere dar. Y claramente, sabemos que, si ellos presentan un proyecto en el Congreso, sabemos que ellos no tendrán los votos. Yo se lo dije a la ministra de Justicia, la película empieza: ‘tenemos los votos’, y después va a terminar: ‘no tenemos los votos’. Entonces, como familiares, no queremos que el proyecto pase por el Congreso, porque nosotros ya lo vivimos, lo vivimos más de un año y no tuvimos respuestas”.[30]

Al contrario, el subsecretario Gajardo sostiene que el dialogo con las familias es directo y que ellas “entienden cuáles son las limitaciones que tenemos como gobierno”. Sin especificar cuáles serían estas complicaciones, se podría suponer que una de ellas sería el actual escenario político con la permanencia del conflicto mapuche y el intenso debate en torno a la seguridad ciudadana. Esto, sumado al plebiscito para aprobar la nueva Constitución, estarían frenando al gobierno para tomar una decisión más directa como el Indulto Presidencial. Eso en el caso que existiera una real voluntad de resolver este conflicto, porque en el gobierno tampoco existe un consenso sobre la legitimidad de los “presos de la revuelta” y su necesidad de liberarlos. Por otro lado, existe un factor afectivo que cruza la “política”. Al no existir vínculos personales ni políticos con los actuales condenados, los compromisos del gobierno pueden eternizarse. “Hay que tener paciencia me han dicho, pero no se ponen en mi lugar ni en el de los presos como Jordano”, plantea Tania, quien sabe que la empatía no es precisamente lo que marca el termómetro del gobierno.

La Florida, 23 de junio de 2022

Notas

[1] Nicolás Acevedo A., “Cien años de presos políticos. Desde los subversivos de 1920 a la actual revuelta”, Revista Rosa, 11 de mayo de 2020. https://bit.ly/3aSmTU0

[2]  Nicolás Acevedo A, “Presos políticos de la Revuelta y SENAME. Los niños y niñas bajo sospecha policial”, Liberar, Traru Ediciones, 2020. https://bit.ly/3mFOw5C

[3] Mentiras Verdaderas, La Red, 24 de septiembre de 2021. https://bit.ly/3QhyfS6

[4] Fasic: Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas.

[5] Análisis, N°343, Santiago, 6 al 12 de agosto de 1990, pp. 14-15.

[6] Claudia Farfán Escobar, “El silencio forzado de los presos políticos en democracia”. Memoria para optar al título de periodista, Universidad de Chile, Santiago, 2006, p. 49.

[7] Archivo Patricio Aylwin, Bases Programáticas Político- Institucionales, Santiago, julio de 1989. https://bit.ly/393TiGO

[8]  Análisis, N°343, Santiago, 6 al 12 de agosto de 1990, p. 8.

[9] Análisis, N°325, Santiago, 2 al 8 de abril de 1990, p. 14-15; Punto Final, N° 216, Santiago, 30 de junio de 1990, p. 2.

[10] Análisis, N° 242, Santiago, 30 de julio a 5 de agosto de 1990, pp. 30-33.

[11] Ibid.

[12] Nicolás Acevedo Arriaza, “Rescatando a Ariel Antonioletti (Santiago, 1990). Las continuidades del MAPU-Lautaro y la Policía de Investigaciones en el Chile post dictadura” [próximo a publicar].

[13] Afiche de la Agrupación de Familiares de Presos Políticos. Museo de la Memoria. https://bit.ly/3QDGqs4

[14] Universidad Alberto Hurtado, Archivos Públicos. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, “Informe de Análisis al 16 de noviembre de 1990”. https://bit.ly/3xJJDil

[15] Promulgación de Ley 19055, Santiago, 26 de marzo de 1991. https://bit.ly/3xhfl4Z

[16] Punto Final, N° 240, 13 de junio de 1991, p. 5.

[17] Datos a partir de revista Punto Final (1991).

[18] Verónica Reyna, Documental “Extrañosiento”, 2014.

[19] Ídem.

[20] “Historias de extrañamiento”, Chilevisión, 11 de julio de 2014. https://bit.ly/3xnKpjH

[21] Bastián Lizama, “7 años y 4 meses: la cuestionada condena de Jordano Santander”, Taller de Redacción, Universidad Diego Portales, 21 de diciembre de 2021. https://bit.ly/3yaT0aS

[22] El Líder, San Antonio, 8 de abril de 2021, p. 5.

[23] Instituto Nacional de Derechos Humanos, Informe de CCP San Antonio 2017, INDH, Santiago, 2017.

[24] Conversación con Tania Parada, San Antonio, 21 de junio de 2022.

[25] Resumen, 11 de noviembre de 2021. https://bit.ly/3Ohcdx9

[26] Senado de la República, Boletín 13.941-17. Proyecto de ley Indulto General, ingreso el 9 de diciembre de 2020.

[27] EX -Ante, Santiago, 4 de abril de 2022. https://bit.ly/3HND5SU

[28] Resumen, 28 de abril de 2022. https://bit.ly/3OyaaV9

[29] The Clinic, Santiago, 12 de junio de 2022. https://bit.ly/3NcHxMo

[30] Conversación con Tania Parada, San Antonio, 21 de junio de 2022.