Chile, más allá del “Apruebo”: la represión al pueblo mapuche y el plebiscito constitucional.

Después de la rebelión popular de 2019, el entonces presidente Sebastián Piñera y el establishment político chileno juzgaron que era preciso legitimar el orden llamando a una convención constitucional. Así, se sellaría un compromiso con la nueva carta, que sustituiría a la “constitución de Pinochet”.

Gran parte de la energía rebelde que se liberó después de que aquellas chicas saltaron los torniquetes del tren subterráneo, en octubre de 2019, fue capturada por una serie de eventos electorales: un plebiscito que preguntaba acerca de la pertinencia de la realización de cambios constitucionales, así como sobre los mecanismos que serían utilizados; las elecciones de los integrantes de la convención constitucional; las elecciones presidenciales y, por último, el plebiscito que se oficiará el siguiente 4 de septiembre, en el que se decidirá si la propuesta emanada del proceso constitucional será o no aceptada.

Todo este trazado que logró domesticar el ímpetu rupturista de la movilización popular hoy se manifiesta en la figura de la campaña del “Apruebo”, consigna bajo la que se aglomeran diferentes sectores de la centro-izquierda chilena.

Los mapuche saludaron con alegría la rebelión contra las consecuencias del neoliberalismo radical y prolongado en la sociedad chilena y continuaron con su estrategia de recuperación de tierras y lucha por la expulsión de las operadoras forestales y salmoneras de su territorio. Claro que algunos sectores mapuche (en particular, aquellos vinculados a los partidos) se lanzaron también a participar de la convención. Pero la mayoría de las comunidades, como tales, no participaron.

Las formas de deliberación propias, como los trawun (encuentros para tomar decisiones), no responden a los tiempos de las instituciones chilenas, y la convención fue una iniciativa del Estado chileno, con sus finalidades propias. Las vagas menciones a una “interculturalidad”, a la autonomía y a un “Estado plurinacional” se hicieron sin escuchar siquiera las exigencias históricas del pueblo mapuche: acabar con la usurpación territorial, la militarización y la expoliación por las cadenas de acumulación capitalista.

Boric y el Wallmapu

El gobierno de Gabriel Boric comenzó con una serie de gestos progresistas. Conformó un  gabinete paritario como una respuesta a las demandas feministas y manifestó una disposición de hacer frente a la prisión política de cientos de jóvenes encarcelados luego de octubre de 2019. No obstante, la paridad se ha quedado en una mera distribución de cargos, y las promesas sobre libertad a los presos políticos ‘se las ha llevado el viento’. De hecho, la única iniciativa que ha abordado la posibilidad de liberar a lxs presxs políticxs de la revuelta es el proyecto de ley de indulto que hasta hoy descansa en el Congreso.

Nada se ha hecho en relación a los presos políticos mapuche, incluso con huelgas de hambre mediante (una de ellas, en la Cárcel de Angol, tiene a tres presos en alarmantes estados de salud). Por el contrario, Boric y su gobierno han renovado en varias ocasiones el estado de excepción para la Araucanía, iniciado por Piñera el 12 de octubre de 2021, lo cual denota una continuidad en la política represiva de los dos gobiernos.

Respecto a las demandas mapuche, Boric no ha llevado a cabo ninguna acción de reconocimiento de las tierras recuperadas por las comunidades, y tampoco medidas contra las cadenas extractivas del Ngulumapu (territorio mapuche ocupado por el Estado chileno desde fines del siglo XIX).

Han estallado escándalos de corrupción dentro de la institución de los Carabineros, quienes actúan en la represión a las recuperaciones. Su actuación en el Ngulumapu dejó un saldo de muerte. Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) llevan años involucrados en procesos armados, como la conocida Operación Huracán, durante el gobierno de Michelle Bachelet. La acción de 2017 después fue desmascarada, pero la operación acusó a ocho comuneros mapuche – entre ellos, Héctor Llaitul, de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una de las corrientes autonomistas del pueblo mapuche.

La prisión de Héctor Llaitul

Esta semana, detuvieron nuevamente al werken (vocero) de la CAM. Lo formalizaron el jueves 26, en el marco de la Ley de Seguridad del Estado (LSE), bajo las acusaciones de usurpación de tierras, robo de madera y amenazas a las autoridades. El Juzgado de Garantía de Temuco decretó su prisión preventiva durante la investigación, fijando para ella un plazo de 30 días.

El proceso está plagado de irregularidades, ya que se han usado como pruebas para la prisión preventiva declaraciones públicas del acusado, pronunciadas como vocero de la organización, y conversaciones telefónicas interceptadas, cuyo contenido trivial es interpretado como mensajes en código. La única prueba de participación material en sabotajes es el testimonio de un carabinero, que juzga haber reconocido a Llaitul en un weichafe (combatiente) vestido de negro y encapuchado en uno de estos hechos. Los abogados de defensa no tuvieron acceso al conjunto del material que venía siendo compilado durante dos años.

Con la detención y prisión de Llaitul (invocando la Ley de Seguridad del Estado en su artículo 4, letras c y f), lo que se está criminalizando es la agitación política disidente y la difusión de ideas críticas a los gobiernos.  La letra c) señala que se comete delito contra la seguridad del Estado cuando “los que se reúnan, concierten, o faciliten reuniones destinadas a proponer el derrocamiento del Gobierno constituido o a conspirar contra su estabilidad”. La letra f), a su vez, se señala que serán considerados delincuentes “los que propaguen o fomenten, de palabra o por escrito o por cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia el orden social o la forma republicana y democrática de Gobierno”. Esta ley es aplicable sólo como solicitud de la autoridad gubernamental, y ni siquiera Piñera la había invocado.

Al tratar el sabotaje a empresas privadas como violación a la Ley de Seguridad del Estado, se confunde los intereses del Estado con los intereses de las empresas. De hecho, los organismos de seguridad del Estado vienen operando como seguridad privada de las forestales hace ya un buen tiempo. Sin cuestionar cómo, durante la dictadura, esas empresas se proyectaron como operadoras transnacionales, con inversiones en todo el Cono Sur del continente.

Persecución y acusaciones hacia los autonomistas mapuche

El Estado chileno y los sucesivos gobiernos tratan de aislar a los sectores más radicales y autonomistas del pueblo mapuche, pero llama la atención que esta prisión ocurra a pocos días del plebiscito sobre el texto constitucional. Tal vez haya una intención de tranquilizar a los “tibios” que temen aprobar la nueva constitución, mostrando que, a pesar de ser un gobierno “de izquierda”, no le tiembla la mano para reprimir a aquellos que se declaren y actúen por fuera de los marcos institucionales.

En todo caso, la prisión de Llaintul en medio de la aprobación de una constitución que quiere presentarse como “plurinacional”, revela la ilegitimidad de un texto elaborado en el contexto de  estado de excepción, represión y la mantención de prisiones políticas. Mientras tanto, el debate impulsado por no pocas organizaciones de la izquierda chilena se concentra en aprobar la constitución y fortalecer las instituciones del Estado.

Aún así, las comunidades mapuche han seguido retomando sus tierras ancestrales. En ellas resisten, recuperando los biomas y modos de vida degradados por las sucesivas ondas coloniales. Crean, además, formas de autodefensa de los territorios. Las organizaciones autonomistas realizan sabotajes a las maquinarias y vehículos que retiran madera para las mega-plantas procesadoras de celulosa, sin mellar la integridad física de los trabajadores de las empresas. En esta línea de acción política se inserta el actuar de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). Aún así, son estigmatizados como terroristas por el Estado y los medios corporativos de comunicación, quienes tratan de asociar a las organizaciones autonomistas mapuche con el narcotráfico y las mafias que roban madera de un segmento de la cadena para venderlo a otro.

En respuesta a las acusaciones de asociación de las comunidades mapuche con actividades ilícitas, la CAM publicó un comunicado donde afirma que la extracción de madera de las forestales no puede ser entendida como robo, ya que se trata de una reapropiación de recursos que se encuentran en su territorio ancestral y que siempre son llevadas a cabo en conjunto a otras actividades productivas, como siembras o construcción de espacios ceremoniales.

Según la organización, “la reapropiación de recursos siempre está acompañada de un despliegue cultural con nuestras ceremonias tradicionales mapuche, las que habían sido cercenadas durante un siglo por el modelo económico chileno. Reapropiación que siempre es comunitaria, poniendo en el centro las necesidades programáticas de nuestra lucha como pueblo y como organización. Y es sobre la base del desarrollo de un tipo de economía para la autonomía, es una autonomía de autogestión”.

Fuente: https://contrahegemoniaweb.com.ar/2022/08/29/mas-alla-del-apruebo-la-represion-al-pueblo-mapuche-y-el-plebiscito-constitucional/