Informe UDP y aniversario del 18-O.
por Mesa de noticias de El Mostrador.
Un capítulo del Informe Anual de Derechos Humanos en Chile 2022, de la Universidad Diego Portales, da cuenta que de 8.593 causas ingresadas contra agentes del Estado hasta abril de este año, solo 75 han sido formalizadas. Entre las causas formalizadas, destacan «35 casos por el delito de apremios ilegítimos, cinco por lesiones graves, 18 por vejaciones injustas y seis por torturas». De acuerdo al documento, existen al menos dos razones que dificultan la persecución de agentes del Estado: «Por un lado, el tiempo que transcurre entre el hecho delictivo y el momento en que efectivamente se recoge la evidencia; y por otra, que gran parte de dicha evidencia se encuentra en manos de quienes están siendo acusados».
El documento –elaborado por los académicos Lidia Casas, Danitza Pérez y Eduardo Alcaíno– da cuenta de que entre las 75 causas formalizadas, destacan «35 casos por el delito de apremios ilegítimos, cinco por lesiones graves, 18 por vejaciones injustas y seis por torturas».
«En estas causas formalizadas, en ocho casos los imputados han sido sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva, en 12 a arresto domiciliario, 33 a arraigo nacional, en 42 con prohibición de acercarse a la víctima. La prisión preventiva se ordena en un 10,6% de los casos de agentes imputados», añadieron.
Respecto a las acusaciones o requerimientos presentados para llevar el caso a juicio, hasta abril del 2022 se presentaron en 30 causas, en contra de 64 imputados; de estos, 44 por apremios ilegítimos.
Entre los delitos que destacan, al menos 18 han sido por apremios ilegítimos, 2 por homicidio frustrado, 7 por tortura y apremios ilegítimos, 7 por vejaciones injustas, 2 por obstrucción a la investigación, entre otros.
«Hasta abril del 2022 la información del Ministerio Público mostraba casos con diez sentencias, de las cuales nueve con condena, y una absolución. En aquellas sentencias condenatorias, se ha logrado penalizar a 16 agentes del Estado. En relación a los delitos, en seis casos ha sido por apremios ilegítimos», señalaron.
Las cifras globales no muestran un gran cambio respecto a las cifras recopiladas por la UDP en el informe del 2021. De las 8.581 causas contra agentes del Estado hasta enero del 2021, 5.102 (60%) se encuentran concluidas. De los casos terminados, un 54,4% (2.775) lo fueron mediante la herramienta del archivo provisional.
Diferencias con detenidos en protestas
En el informe del 2021, los autores consignaron que «hubo un uso abusivo de la prisión preventiva por desórdenes públicos como medida cautelar», contra personas detenidas en protestas, en el marco del estallido social.
«La persecución penal tanto de agentes del Estado como de personas detenidas y encarceladas en el contexto del estallido social, presenta diferencias radicales», reiteraron en el capítulo del informe 2022.
Dificultades en persecución
De acuerdo al documento, existen al menos dos razones que dificultan la persecución de agentes del Estado: «Por un lado, el tiempo que transcurre entre el hecho delictivo y el momento en que efectivamente se recoge la evidencia; y por otra, que gran parte de dicha evidencia se encuentra en manos de quienes están siendo acusados».
Un abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) explicó a los autores que, en el caso de las grabaciones de cámaras de seguridad, Carabineros informa que ya no existen registros audiovisuales, si es que los hubo, pues se mantienen solo por un tiempo. «Ello explicaría, entre otros factores, que un 80% de las investigaciones haya terminado sin resultados», indica el texto.
«Lo antes expuesto se refuerza si se considera que, del total de ingresos, un 90% corresponde a causas donde la víctima desconoce la identidad de su agresor y se refieren a delitos de lesiones causados por el uso de balines o agresiones espontáneas sin mayores lesiones en el contexto de marchas. Situación similar se produce con defensores y defensoras de derechos humanos que han recibido amenazas anónimas y cuyos casos denunciados no presentan mayores avances», añade el documento.
A su vez, el informe apunta que «la discrecionalidad en la persecución y la falta de observancia a las instrucciones o lineamientos, incluso los que establece la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, se presentan como algunos de los grandes problemas para el avance efectivo de las investigaciones».
“Este 18 de octubre nos recuerda la fuerza transformadora de las protestas multitudinarias que desencadenaron un proceso constituyente aún en curso. Sin embargo nos enfrenta también a la lamentable situación de impunidad generalizada. Los mandos de Carabineros a cargo de la gestión del estallido social siguen sin rendir cuentas mientras la mayoría de las víctimas de violaciones de derechos humanos esperan justicia y reparación tras los brutales abusos cometidos por las fuerzas policiales,” menciona Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional Chile.
Según la Fiscalía Nacional, de los 10.936 casos de violaciones de derechos humanos ocurridos durante el estallido social, únicamente existen 130 casos formalizados, 206 personas imputadas y 16 condenas, entre ellas la sentencia a 5 años y un día de prisión en contra de un militar por la muerte de Kevin Gómez, quien murió por disparo a quemarropa en Coquimbo. Asimismo, destaca la condena a 12 años de cárcel contra el ex funcionario de Carabineros que dejó ciega y sin los sentidos del gusto y el olfato a Fabiola Campillai, tras dispararle una lacrimógena a la cara en Santiago.
La crueldad de estos casos fue documentada por Amnistía Internacional en su informe “Ojos sobre Chile. Violencia policial y responsabilidad de mandos durante el estallido social”, el cual señala que los medios y técnicas instauradas por los mandos de Carabineros dieron lugar a la violación generalizada del derecho a la integridad personal. Miles de personas resultaron heridas y más de 440 sufrieron trauma ocular, producto de la munición utilizada por Carabineros para silenciar las protestas.
“Los altos mandos de Carabineros podrían haber evitado la tragedia vivida en 2019 si hubieran tomado las medidas necesarias y a su alcance para detener las violaciones de derechos humanos cometidas por sus subordinados. Lejos de eso, permitieron que miles de personas sufrieran lesiones irreparables y que cientos de ellas adquirieran una discapacidad de por vida. Ha llegado el momento de que todas las personas responsables, incluyendo los mandos de Carabineros, si así lo considera la Fiscalía, sean procesadas por sus acciones y omisiones en la gestión de esa crisis”, sostiene Rodrigo Bustos.
Amnistía Internacional reconoce que aunque el proceso para la reforma de la institución de Carabineros ha sido lento, se están dando pasos en la dirección correcta. “La reforma profunda y estructural a Carabineros debe concretarse cuanto antes y debe modificar el marco normativo de la institución para asegurar que todas sus actuaciones se apeguen a los derechos humanos. Igualmente, debe garantizar la creación de mecanismos independientes de control y rendición de cuentas”, menciona Rodrigo Bustos.
Por otra parte, Amnistía Internacional manifiesta su preocupación respecto de la decisión del Gobierno de mantener en su cargo al General Director de Carabineros, a pesar de haber sido llamado como imputado en una de las querellas por crímenes de lesa humanidad que investiga la fiscalía, así como los indicios que señaló Amnistía Internacional sobre su posible responsabilidad en la respuesta represiva a las protestas sociales mientras se desempeñaba como Director de Orden y Seguridad.
“Cualquier persona con indicios serios de haber ordenado o tolerado la violación generalizada de derechos humanos debería ser retirada de su cargo hasta que se deslinde judicialmente su responsabilidad, más aún si se pretende avanzar en una reforma seria a las policías”, concluye Rodrigo Bustos.
Fuente: https://radio.uchile.cl/2022/10/17/la-otra-cara-del-estado-y-carabineros-amnistia-denuncia-impunidad-generalizada-en-violaciones-a-los-ddhh-durante-el-estallido-social/
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