Foto: Candidatxs a Fiscal Nacional. De derecha a izquierda:
Rodrigo Ríos (habría presentando su renuncia públicamente mas no ante la Suprema), Carlos Palma, Marta Herrera, Jose Morales y Ángel Valencia.
Elección de Fiscal Nacional: un proceso cuestionable
Por Cristián Riego*/Ciper Chile.
Hace siete años, el proceso de designación del más reciente fiscal nacional, Jorge Abbot, condicionó negativamente lo que luego fue todo su mandato (2015-2022). Se dio en medio del escándalo por el financiamiento ilegal de la política, y aunque la decisión fue fraguándose por medio de reuniones privadas, la prensa reveló conversaciones entre los entonces candidatos y varios miembros del Senado, en las que estos últimos pedían seguridades y compromisos para evitar o alivianar la persecución de las y los políticos involucrados en los casos cuestionados. Las consecuencias fueron horribles y de larga duración. El Ministerio Público alcanzó niveles bajísimos de apoyo ciudadano y, ya en su cargo, el fiscal Abbot debió enfrentar rebeliones internas, expresivas de un mal clima al interior de la institución.
Con este episodio, la población sumó otro motivo para desconfiar del sistema judicial y, en particular, del Ministerio Público. La intuición de que las personas con poder pueden zafar de cualquier problema judicial por medio de influencias oscuras se confirmó ampliamente, y ese reclamo pasó a constituirse como uno de los más escuchados como parte del malestar que estuvo detrás del estallido social.
Cualquiera pensaría que en medio de una crisis de confianza pública en las instituciones como la que hemos vivido nuestras autoridades asumirían la necesidad de usar un procedimiento idóneo para buscar un nuevo liderazgo para el cargo de fiscal nacional, a fin de que la persona que llegue a ser elegido/a tenga las cualidades ideales y, sobre todo, independencia a los ojos de la población. Esto no implica modificar las reglas que definen la participación de los tres poderes del Estado —lo que sería un esfuerzo de más largo aliento—, sino sólo implementarlas de mejor manera. Por ejemplo, podríamos haber esperado que los métodos de recolección de información sobre las y los candidatos fueran estandarizados y públicos; que se evitaran las reuniones privadas, a fin de concentrar el conocimiento de las candidaturas y propuestas en audiencias públicas; o que se evitase el involucramiento temprano de los diversos organismos en los procesos de los otros, permitiendo a cada uno, en el momento que le correspondiese, tomar una decisión transparente y, sobre todo, fundada.
Medidas como estas hubieran permitido que el público conociera a las y los candidatos, reconociera la idoneidad de la persona que resultase designada y, sobre todo, quedara en claro su independencia, derivada de su trayectoria y de su presentación pública. Asimismo, habría sido posible socializar, por medio del debate público, expectativas acerca del desempeño de su mandato (las que pudieran serle luego exigidas, y que también el mismo fiscal podría invocar frente a su personal y a las autoridades que deben colaborar con su trabajo).
Desgraciadamente, no ha sido así.
Por el contrario, en lo que va transcurrido del proceso de selección, se ha evidenciado que el método a utilizar será una vez más el de las influencias personales, las conversaciones privadas y las recomendaciones de lobistas; y que, en definitiva, muy probablemente ganará quien sea capaz de generar más confianza en diversos grupos influyentes con presencia en los poderes públicos o algún tipo de acceso a ellos.
El costo de esta situación será alto: la opacidad del proceso de designación, sumada a la innumerable cantidad de rumores e informaciones en off que dan cuenta de las relaciones y los apoyos de los candidatos, hacen esperar que la desconfianza de los ciudadanos no sea sino reafirmada. Los temas que interesan a las autoridades nunca se mencionarán en público ni serán objeto de preguntas, debates ni de la posibilidad de ser aclarados o precisados. Tampoco los que interesan a la población, puesto que no habrá ningún tipo de participación y muy poca información.
Pareciera que en las crisis quienes están en posiciones de poder enfrentan el dilema de hacer cambios para intentar superarlas —lo que puede suponer riesgos— o bien aferrarse a las viejas mañas confiando en que las cosas volverán a su cauce tradicional. Es claro que, a lo menos respecto de la justicia penal, nuestras autoridades han optado por no innovar. Usarán el viejo método de la negociación soterrada, que probablemente producirá un fiscal débil y con poca legitimidad social, que difícilmente pueda encarar con eficacia los enormes desafíos que el Estado de Chile enfrenta en relación con su capacidad para combatir el delito.
¿Por qué han actuado de ese modo? ¿Han temido arriesgarse a un fiscal que con mayor legitimidad social pudiera meterse en cuestiones desagradables que los afecten? ¿Ha sido solo la costumbre de entender que el aparato del estado es un botín que deben repartirse? ¿O es que no entienden que la crisis demanda de ellos nuevas actitudes?
Es difícil saberlo. Fuente: https://www.ciperchile.cl/2022/11/15/eleccion-de-fiscal-nacional/
Lo que hay que saber de Marta Herrera y las intrigas por la sucesión de Abbott en la Fiscalía Nacional.
Por Jorge Poblete y Nelly Yáñez/Ex Ante.
Lleva 21 años en el Ministerio Público, llegó a la fiscalía nacional con Sabas Chahuán y permaneció durante la gestión de Jorge Abbott, por lo que sus críticos han intentado instalarla como una candidatura de “continuidad”, encasillamiento que ella ha rechazado. En octubre de 2021 la unidad anticorrupción que encabeza entregó los antecedentes en los que se basó Abbott para abrir una investigación por el caso Dominga, que involucró a Piñera. Obtuvo la tercera mayoría en la votación de la Suprema, que llamó a no caer en una “guerra sucia” a partir de los antecedentes que han circulado desacreditando a los candidatos en competencia.
Marta Ximena Herrera Seguel, 49, nació en 1973 en Santiago, pero vivió en varias ciudades por el trabajo de su padre, quien era ingeniero de Endesa. Egresó del liceo Santa Marta de Vallenar y volvió a Santiago para estudiar derecho en la U. de Chile, donde se tituló en el 2000. Durante 2 años fue procuradora del Consejo de Defensa del Estado y en 2001 llegó al Ministerio Público, donde está desde hace 21 años. Es la única mujer de la quina elegida este mes por la Corte Suprema para suceder a Jorge Abbott como fiscal nacional.
Integró las áreas de estudios, evaluación, control y desarrollo de la gestión, atención a víctimas y testigos y unidad especializada en delitos sexuales y violentos de la Fiscalía Nacional, consignó el Ministerio Público en su sitio.
En 2005 asumió la jefatura de la unidad de asesoría Jurídica de la fiscalía regional Metropolitana Occidente, entonces encabezada por Sabas Chahuan, con quien llegó a la fiscalía nacional en 2007. Su aterrizaje con Chahuán y su permanencia en la fiscalía nacional luego de que fuera sucedido por Jorge Abbott ha llevado a sus críticos a instalar la idea de que es la candidata de “continuidad”, a partir de la opinión desfavorable de la gestión de Abbott en el Congreso. Ella se ha manifestado contraria a ese encasillamiento. Ha mencionado a su entorno que fue excluida por Abbott de decisiones clave como la definición de la política de persecución penal y el plan estratégico de la fiscalía nacional. La elección que haga el Presidente Gabriel Boric debe ser ratificada por 2/3 del Senado.
En diciembre de 2007 fue nombrada secretaria abogada del consejo general del Ministerio Público, órgano asesor desde donde ha elaborado informes en casos de alto impacto como Caval y de causas de financiamiento irregular de la política. También fue designada jefa de la unidad anticorrupción y vocera, cargos que mantuvo cuando Abbott asumió como fiscal nacional, en 2015.
Como vocera de la fiscalía nacional comunicó en octubre de 2021 la apertura de una investigación penal de oficio que involucraba al entonces Presidente Sebastián Piñera por la compraventa a la familia de Carlos Alberto Délano de la minera Dominga, en el marco de la filtración de los denominados Panama Papers.
Abbott resolvió abrir el caso basado en un informe elaborado por la unidad anticorrupción liderada con Herrera. La unidad encontró lo que ella calificó como “un antecedente nuevo”: un contrato en inglés suscrito en las Islas Vírgenes Británicas, del 10 de diciembre de 2010, que materializaba la compraventa de la minera Dominga consignada en un acuerdo previo de octubre, en español. El contrato definía plazos y montos que no estaban en el documento previo. La evaluación fue que se trataba de una indagación que no estaba agotada. Desde La Moneda argumentaron entonces que el contrato en inglés era muy similar al que estaba en español, ya indagado en el marco del caso Exalmar, por lo que no ameritaba abrir una causa. Ésta, desformalizada, sigue abierta.
Ese mes tuvo una controversia con Chile Vamos, luego de que El Mercurio publicó un artículo sugiriendo que ella compartió antecedentes con un diputado PS, que no identificaron, mientras el partido analizaba acusar constitucionalmente al entonces presidente Piñera. El libelo fue presentado, pero no alcanzó el quorum para su aprobación. “Pude haber comentado algo respecto de la investigación que no comenté en los medios, pero que igualmente era público”, dijo Herrera, según publicó el mismo medio el 19 de octubre del año pasado. En su entorno plantean que la abogada iba semanalmente al Congreso por la discusión de la modificación del Código procesal penal, oportunidades en que dialogaba con distintos parlamentarios, pero que jamás compartió información reservada. El presidente de la UDI, Javier Macaya, dijo entonces que “lo que se afecta acá es la institucionalidad”.
La firma de Herrera es una de las que aparece en el acuerdo de intercambio de información suscrito en 2019 entre Abbott y la Conferencia Episcopal, en medio de las investigaciones por abusos sexuales en el clero chileno. Éste fue criticado por asociaciones de laicos, la asociación de fiscales y parlamentarios de distintos sectores. El episodio es el único respecto del cual Abbott hizo un mea culpa al dejar el cargo en septiembre de este año. “Un error que yo reconozco fue un convenio que suscribí con la Conferencia Episcopal y que tuve que dejar sin efecto al día siguiente”, dijo. Conocedores del episodio dicen que Herrera firmó el documento, como cientos de otros por sus funciones como directora jurídica, pero que no participó de su elaboración, que dependía de otras unidades. Sí tuvo un rol cuando Abbott resolvió deshacer el acuerdo, reuniéndose con sobrevivientes de abusos y su abogado.
También tiene un perfil académico, resaltado en el Ministerio Público. Obtuvo un máster en derecho en la California Western School of Law de Estados Unidos y un postítulo en agresiones sexuales. Ha sido docente en diplomados y magísteres de las universidades Católica, de Chile, Finis Terrae, del Desarrollo, además de la academia de estudios policiales de Carabineros.
Su rol de vocera nacional la convirtió en una de las candidatas de mayor figuración de los 17 que expusieron el 7 de noviembre ante la Corte Suprema. Herrera tuvo la tercera mayoría después del fiscal José Morales y el abogado Ángel Valencia, que obtuvieron 17 votos cada uno. Herrera alcanzó 9.
“La principal demanda y preocupación ciudadana al día de hoy está constituida por encerronas, portonazos y otros delitos contra la propiedad”, dijo Herrera en su presentación. “Debemos enfrentarlos fortaleciendo la función de análisis criminal, trabajando sobre el fenómeno con una mirada de mercado delictual (…), esto significa que, junto con desbaratar la banda dedicada a los portonazos, debo seguir persiguiendo el mercado de la receptación”. En su intervención también planteó la necesidad de “despersonalizar las investigaciones y hacer carne de una vez eso de ser una sola fiscalía”, lo que fue leído como una alusión al afán de figuración de algunos fiscales. Herrera no ha ejercido como fiscal, por lo que no ha encabezado la persecución de causas, algo que sus detractores mencionan como un flanco.
La carrera por la sucesión de Abbott ha desatado zancadillas, filtraciones e intrigas en el mundo político y judicial. La Moneda, por ejemplo, ha negado que Herrera sea su favorita, aunque para algunos está claro que el gobierno observa con más distancia la postulación de Morales (que llegó por segunda vez a la quina y era apoyado por la derecha y la centroizquierda en el proceso ganado por Abbott) y Valencia, que tiene llegada en RN y el PS.
Este lunes la ministra de Justicia, Marcela Ríos, se contactó con los senadores de la comisión de Constitución del Senado. En el Congreso circuló la versión de que a Ríos se le habría advertido que no todos apoyarían la candidatura de Herrera. La ministra se reunió este martes por la tarde con senadores de RN y el presidente de la UDI, quienes, de acuerdo a los críticos de Herrera, le habrían reiterado su rechazo a la opción de la abogada. La Moneda tiene plazo hasta el lunes 21 para presentar al nominado, pero el plan “A” del gobierno era tenerlo resuelto de aquí al jueves.
Senadores de la oposición especulan que La Moneda propondría a Herrera para forzar a la Suprema a enviar una nueva quina al ser rechazada su postulación, lo que fue descartado este martes por la ministra Tohá. Lo claro, hasta ahora, es que -en una situación que algunos piensan que es inédita- algunos senadores ya pusieron un muro para la elección de la abogada. “Si el gobierno está mandándola es porque quieren que la rechacen”, dijo el senador Manuel José Ossandón (RN). “El nombre no debiera ser de continuidad de una gestión mediocre”, añadió el jefe del comité de la UDI, Iván Moreira.
Paralelamente, la Corte Suprema archivó una solicitud de completar la quina tras la renuncia como candidato del abogado Rodrigo Ríos, quien quedó en el último lugar de la quina, con 3 votos.
En un escenario en que han circulado informaciones desacreditando a los candidatos todavía en carrera, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, pidió el 9 de noviembre “evitar hacer guerra sucia”. Este martes evitó usar el mismo término, pero reiteró lo central de su mensaje: “No es bueno empezar un intercambio de descalificaciones”.
Informe de la PDI señala que el fiscal José Morales, candidato a Fiscal Nacional, demoró más de 6 meses en entregar la carpeta investigativa. La institución pudo acceder a la carpeta recién el 30 de septiembre del 2021. En éste se descartaría la participación de agentes del Estado.
En el documento se señala que en el caso de Yoshua Osorio, las quemaduras por acción de las llamas en el incendio de la fábrica y que presentó el cuerpo en el tórax, fueron post portem, vale decir después de muerto, por lo que recomiendan la exhumación. También se señala exhumar el cadáver de Andrés Ponce Ponce.
Las familias denuncian que no hay avances y a pesar de las múltiples aristas a indagar: cuerpos con impactos de balas, incendios y un manto de impunidad.
Joshua Osorio, Andrés Ponce, Manuel Muga, Julián Pérez y Antonio Salas son las 5 víctimas del incendio de Kayser.
Fiscal Nacional: Duras críticas feministas hacia candidatos Marta Herrera y Ángel Valencia.
Por Kathia Cancino Rojas/ El Desconcierto.
La organización Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres entró al debate por la carrera a la Fiscalía Nacional, deslizando su preocupación por las presiones hacia el Presidente “para optar por el continuismo” de Jorge Abbott. “Su mandato ha implicado años de impunidad en investigaciones sobre agresiones sexuales y violencia intrafamiliar”, sostienen.
La Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres emitió una declaración en la que expresan su preocupación por el proceso de designación del nuevo/a Fiscal Nacional, señalando que “esta elección puede poner en riesgo por décadas la integridad, la dignidad y la vida misma de mujeres, niñas y comunidad LGBTIQ+».
La organización apela especialmente al Presidente Gabriel Boric, quien debe elegir un nombre entre los cuatro miembros elegidos por la Corte Suprema y que siguen en carrera: José Morales, Ángel Valencia, Marta Herrera y Carlos Palma, esto luego de que Rodrigo Ríos bajara su candidatura por motivos personales.
En su declaración, la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres cuestiona la “contienda política-partidista” en la que se ha convertido la carrera, considerando además que luego el nombre seleccionado por el mandatario debe ser ratificado por el Senado.
Se esperaba que este martes el gobierno comunicara el nombre elegido para enviar al Congreso, en medio de un tenso proceso marcado por la “guerra sucia” y los “trapitos al sol” que han surgido sobre los candidatos.
Continuismo, corrupción y violencia de género
La organización cuestiona especialmente que la Suprema haya escogido en la quina a integrantes con vínculos con Jorge Abbott, exFiscal Nacional y quien debió renunciar al cargo por cumplir la edad máxima tras una gestión marcada por la poca transparencia en los casos Penta y SQM.
A juicio de la red, el mandato de Abbott “ha implicado años de impunidad en investigaciones sobre agresiones sexuales, delitos de violencia intrafamiliar, trata de personas, desaparición de mujeres y niñas, femicidios, lesbofemicidios y transfemicidios; así como persecución penal implacable a mujeres que se han defendido de sus agresores o exigido justicia por sus muertas”.
En este sentido, apuntan -sin nombrarla explícitamente- a la abogada Marta Herrera, quien se ha desempeñado como jefa de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional y ha pasado por las administraciones de Guillermo Piedrabuena, Sabas Chahuán y Jorge Abbott.
Herrera es considerada una sucesora de Abbott, y su cercanía con el ex Fiscal Nacional es evidente, al punto que el polémico convenio en casos de abusos sexuales suscrito entre el Ministerio Público y la Iglesia Católica -del cual el ex Fiscal Nacional terminó arrepintiéndose- llevó su firma.
La jefa de la Unidad Especializada Anticorrupción ha jugado la carta de género -es la única mujer en competencia- pero para la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, esto no es suficiente.
“Observamos preocupadas el lobby que candidaturas han efectuado para ganarse el favor de partidos y movimientos sociales, incluyendo el feminista. También nos preocupa que se instale la idea que solo por ser mujer alguna candidata nos permita avanzar en lograr una vida libre de violencia machista”, señala la declaración.
Desde la red también deslizan su preocupación por las presiones hacia el Presidente “para optar por el continuismo”, apuntando además al abogado Ángel Valencia, uno de los más votados en la quina de la Suprema.
La organización recordó que Valencia “no solo ha defendido grandes intereses empresariales y políticos, sino hasta a agresores de mujeres, en especial al juez de Rancagua, Luis Barría, denunciado por funcionarias del mismo Poder Judicial por acoso y abuso sexual, siendo el candidato Ángel Valencia parte de la red de protección de Barría en el Poder Judicial, conforme han denunciado varias funcionarias, a quienes Valencia ha perseguido social y judicialmente”.
En su currículum, Valencia suma las representaciones de Rafael Garay por estafa, Miguel “Negro” Piñera, por accidente vehicular en estado de ebriedad con una víctima herida, y a Sebastián Piñera en una de las aristas del caso SQM.
Por ello, desde la Red Chilena Contra la Violencia exigen que en la designación del cargo más alto del Ministerio Público, tanto el gobierno como el Congreso estén a la altura de los tiempos que corren, y “consideren que una vida libre de violencia machista es también un factor clave para que exista algo de justicia en Chile”.
Defensa de Valencia
A través de un comunicado público, el abogado Valencia señaló: “Creo que las demandas por una mejor investigación y persecución por hechos de violencia de género son del todo legítimas y que el reclamo en favor de las víctimas es absolutamente correcto. Por lo mismo, personalizar en mi esta realidad por ejercer como abogado defensor de una persona formalizada no resulta justo”.
Planteó además en el documento que durante su vida profesional ha representado a decenas de mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato y delitos sexuales, varios de ellos en forma gratuita como abogado cooperador de Pro Bono. “El caso del juez Barría es uno de muy pocos en que he actuado como defensor en este tipo de materias,… trabajando con total rigurosidad técnica y ética, fundado en el derecho a defensa y el principio de la presunción de inocencia”, enfatizó.
Sobre los otros dos miembros en carrera también han surgido cuestionamientos. A José Morales se le sindica como cercano al «piñerismo» y a tender a cerrar causas que involucran a poderosos, como el caso Cascadas, la colusión de las farmacias, el caso de soborno de LATAM.
En tanto, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, se ha visto afectado por la investigación que lleva adelante sobre la alteración de evidencias en el caso Huracán a partir de una querella que lo acusa de obstrucción a la investigación.
Al respecto, el prosecutor desestima las acusaciones y al atribuye a una «estrategia muy básica de gente poderosa con estudios jurídicos detrás”, según respondió hoy en El Mostrador.
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