Chile. ¿Un nuevo fiscal que garantice impunidad?

 

Hasta ahora, el candidato que se perfila como favorito de los senadores para dirigir la Fiscalía Nacional por los próximos ocho años es Ángel Valencia -abogado y máster of laws de una universidad de California- quien acumula relaciones políticas transversales. Esos nexos han generado preocupación en distintos sectores, aunque pocos se atreven a manifestarla con el micrófono encendido. Una opinión transversal entre quienes están involucrados en el proceso: la elección del nuevo Fiscal Nacional se ha transformado en una disputa feroz entre distintos poderes, institucionales y fácticos.

La insistencia por su nombre desde el Senado (junto a los de otros candidatos como Carlos Palma y Juan Agustín Meléndez) generó una dura respuesta del Presidente Gabriel Boric: “Hablamos del principal ente encargado de perseguir el delito, la principal prioridad de los chilenos, y hay algunos senadores jugando a hacer ‘gallitos’ con el Gobierno, una falta de perspectiva y pequeñez tremenda”, dijo en entrevista con el programa Días Contados, de Vía X.

Quien asuma las riendas del Ministerio Público deberá manejar una institución que tiene pendientes varias investigaciones penales que tocan los intereses de dirigentes políticos de distintos sectores. Y algunas de esas indagatorias judiciales han formado parte de las conversaciones durante el proceso de elección del nuevo jefe del Ministerio Público.

Varias personas que han participado del proceso de elección del nuevo Fiscal Nacional, y que han tenido un rol preponderante en el mismo, le dijeron a CIPER que desde el piñerismo le han transmitido a varios de los candidatos a la Fiscalía que están preocupados por dos causas que podrían escalar hasta el exPresidente Sebastián Piñera: la investigación por la responsabilidad de los altos mandos de Carabineros y de las autoridades civiles en las violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social, y la indagatoria que se abrió en 2021 por la venta en Islas Vírgenes Británicas del proyecto minero Dominga, luego de que los detalles de esa transacción fueran revelados por una investigación de CIPER y La Bot (lea aquí ese reportaje).

En 2015, cuando el Senado escogió a Jorge Abbott para conducir la Fiscalía, sus reuniones con políticos fueron un tema que marcó su gestión. Y no solo porque esas reuniones corrieron por un cauce paralelo al de las instancias institucionales del proceso de elección, sino porque la Fiscalía tenía pendientes causas relevantes contra la dirigencia de distintos partidos. Y los resultados de esas indagatorias son una sombra en el periodo de Abbott. Según un informe de la Fiscalía de mayo pasado, solo el 12,6% de los imputados en las causas del financiamiento político ilegal terminaron condenados (vea ese informe). 

En todo caso las causas que preocupan al piñerismo no son las únicas indagatorias que pueden complicar a la dirigencia política. En la Fiscalía Oriente sigue activa la investigación, hasta ahora desformalizada, por los plagios en informes de asesores del Senado, mientras que en el norte acaban de formalizar al exintendente durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Miguel Ángel Quezada (UDI), por un fraude en la entrega de cajas de alimentos durante la pandemia. El nombre de la senadora Luz Ebensperger (UDI) apareció en unos whatsapp que se investigan en esa causa.

Tampoco ha finalizado la investigación penal sobre la corrupción y la relación con narcotraficantes en la Municipalidad de San Ramón, bajo el mando del exalcalde Miguel Ángel Aguilera (ex PS) -que compartía asesores con el actual Presidente del Senado, Álvaro Elizalde- y donde han sido investigados importantes dirigentes socialistas. Otra más: en Vitacura recién comienza una indagatoria por actos corruptos del exalcalde Raúl Torrealba (RN).

La directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada -experta en temas de democracia y anticorrupción- pone el acento en el sistema de elección del Fiscal Nacional, donde los senadores juegan un rol protagónico:

– Algo súper relevante es el tema de las investigaciones. Yo creo que hace un tiempo ya, y de hecho fue algo que se cuestionó en la nominación pasada, el Senado, parlamentarios, o partidos políticos o exautoridades, empiezan a ser investigadas por el Ministerio Público, obviamente hay una tentación del poder de tratar de poner una persona que sea afín a sus intereses, señaló a CIPER.

LAS INVESTIGACIONES QUE PREOCUPAN

Si en los casos de las platas políticas la Fiscalía de Abbott investigó a dirigentes y militantes de la UDI hasta el PS, el nuevo mandamás del Ministerio Público deberá conducir la institución cuando se resuelven otras causas que involucran a personeros de todo el abanico ideológico. 

Las reuniones de Abbott con parlamentarios han marcado la discusión por la elección del nuevo Fiscal: la segunda candidata que nominó el gobierno y que fue rechazada por el Senado, Marta Herrera, recordó que en 2017 el entonces presidente de la UDI, Hernán Larraín, le solicitó a Abbott que la causa contra el senador Iván Moreira (por financiamiento político ilegal desde grandes empresas) terminara con una salida condicional, y sin condena, lo que terminó ocurriendo.

La misma Herrera dijo que el rechazo a su postulación por parte del senador Pedro Araya (independiente en bancada PPD) estuvo influida por la causa que afectó a su pareja, la exministra Javiera Blanco, procesada por el pago de sobornos desde Carabineros. Araya lo negó y resaltó que Blanco no fue condenada en ese proceso.

Ahora, a fines de 2022, personeros que han cumplido un rol relevante en la elección del nuevo fiscal, le dijeron a CIPER que desde el entorno del exPresidente Sebastián Piñera han mostrado “preocupación” por la causa de la venta de Minera Dominga y la que busca responsabilidades entre los altos mandos uniformados y de sus jefes civiles en las violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social de 2019.

Entre ambas causas, explican las mismas fuentes, la del estallido social que lleva adelante la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, es la que más preocupa. Quienes son sindicados como los “mensajeros” que han transmitido esa preocupación del piñerismo, descartaron haber realizado gestiones.

Entre los dirigentes de la actual oposición también preocupan los alcances que pueda tener la investigación recién iniciada en contra del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (RN). La posibilidad de que se compruebe que la Municipalidad de Vitacura ha sido una caja pagadora de la política ligada a ese partido, arista que, según lo publicado por La Tercera, ya está siendo investigada en virtud de la declaración de un imputado que señaló que el exalcalde utilizó dinero del municipio para el exdiputado y sobrino del entonces edil, Sebastián Torrealba (RN). 

El, hasta ahora, candidato favorito del Senado -Ángel Valencia-, ha construido una relación de confianza con dirigentes de RN, como el exsenador y exministro Alberto Espina, con quien trabajó codo a codo durante casi una década, primero en estudios de abogados y después como su asesor en el Congreso. Esas asesorías hoy están sometidas al escrutinio público por el posible conflicto de interés de los parlamentarios de ese partido que han respaldado el nombre de Valencia. CIPER conversó con senadores de ese partido, quienes descartaron ese conflicto. “Si se trata de una persona idónea, no creo que haya problemas”, dijo uno de ellos.

En ese sentido, respecto a la conveniencia de que un candidato a Fiscal Nacional esté ligado a un sector político, el abogado y uno de los ideólogos de la Reforma Procesal Penal, Mauricio Duce, cree que todo depende del compromiso que este tenga: “Lo que hay que evitar en la designación de un cargo como el Fiscal Nacional es que la persona que asuma no tenga compromisos políticos que vayan más allá de las preferencias naturales de cualquier persona. Todas las personas tienen preferencias u opciones políticas, pero lo que debiera evitarse es que las personas tengan compromisos con sectores políticos. Y si ha tenido algún vínculo, lo que debería es ofrecer suficientes garantías de que ese vínculo no se traduce en ningún compromiso”, señaló a CIPER.    

La directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, cree que puede ser un problema el cruce de intereses entre la influencia que tienen los senadores para elegir al nuevo Fiscal, y luego lo que este haga con las causas que involucran a esos mismos senadores, o a sus correligionarios políticos.

– Algo súper relevante es el tema de las investigaciones. Fue algo que se cuestionó en la nominación pasada. Si el Senado, parlamentarios, partidos políticos o exautoridades, empiezan a ser investigados por el Ministerio Público, obviamente hay una tentación del poder de tratar de poner una persona que sea afín a sus intereses. Yo creo que ahí es algo lógico, y por eso yo creo que se debiera mejorar este sistema para que eso no sea algo que termine dominando. Porque hay intereses que se contraponen con el interés público, aseguró.

En la lista de investigaciones que preocupan a políticos, se nombra la que está radicada en Iquique, y que tiene al exintendente, Miguel Ángel Quzada (UDI), formalizado por su presunta participación en la compra con precios abultados de cajas de mercadería para enfrentar la crisis sanitaria en 2020. La aparición de la senadora Luz Ebensperger (UDI) en unos chats de whatsapp que forman parte de la indagatoria, abren una nueva línea investigativa que puede llegar a involucrarla.

La parlamentaria, integrante de la Comisión de Constitución del Senado, ha seguido de cerca los distintos pasos de la elección del nuevo Fiscal Nacional. Asistió junto al exasesor judicial de Hernán Larraín mientras fue ministro de Justicia, Héctor Mery, a la exposición que los candidatos hicieron ante el pleno de la Corte Suprema en noviembre pasado. Los contactos de Mery al interior de la Suprema son tan profundos que, según testigos, fue él quien adelantó a los candidatos las votaciones que ese mismo día acordaron los jueces  

Asimismo, la causa que el exfiscal Manuel Guerra amplió contra todo el Congreso por asesorías parlamentarias, sigue vigente y aunque desformalizada, cada cierto tiempo genera diligencias que inquietan a parlamentarios y sus entornos. 

Otra causa que concita la atención de la política, es la que comanda una de las postulantes a la Fiscalía Nacional, la fiscal de la Región del Ñuble, Nayalet Mansilla, quien ha ordenado diligencias en el caso Luminarias. Hasta ahora, además de la formalización de empresarios, alcaldes, concejales y operadores políticos de distintas municipalidades del sur y norte del país, en la Región Metropolitana, tanto en RN como en el PC existe preocupación por los efectos que pudieran tener lo que se investiga de las licitaciones adjudicadas por la empresa Itelecom en las municipalidades de Recoleta y  Puente Alto, ambas dirigidas por emblemáticas figuras de sus partidos: el PC Daniel Jadue y el RN Germán Codina.

Tampoco está cerrada la causa por corrupción y vínculos con el narcotráfico en San Ramón, cuando el municipio era conducido por el exalcalde Miguel Ángel Aguilera (ex PS). En esa indagatoria aún hay aristas desformalizadas, y han sido investigados altos personeros socialistas, incluido el entorno del actual Presidente del Senado, Álvaro Elizalde. 

Otra causa más: la que investiga el manejo de los fondos en las fallidas campañas electorales de Karina Oliva, exmilitante de Comunes, partido del Frente Amplio.

LOS VÍNCULOS DE VALENCIA

El 4 de mayo pasado Ángel Valencia llegó hasta la sede del Senado en Valparaíso. Su versión es que asistió para acompañar a su esposa, María José Taladriz, quien fue invitada a la Comisión de Constitución en su rol de subdirectora de la Unidad Especializada en Delitos Violentos y Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía. Allí tuvo encuentros informales con el presidente del Senado, y su compadre, Álvaro Elizalde (PS), y con el secretario general del Senado, y exfiscal regional sur, Raúl Guzmán.

Valencia y Guzmán niegan que en esas conversaciones se haya tratado la futura postulación de Ángel Valencia al cargo de Fiscal Nacional. En todo caso, Guzmán y Valencia se conocen desde hace años: ambos trabajaron entre 2005 y 2006 en la Fiscalía Regional Sur de la Región Metropolitana. A sus cercanos, Valencia ha señalado que en mayo (cuando fue al Senado) ni siquiera tenía pensado postularse. Que esa decisión la tomó recién en octubre, poco antes de que venciera el plazo para inscribir las candidaturas.

ÁNGEL VALENCIA

Octubre fue un mes en el que cambiaron los planes de Valencia. Ese mes fue contratado por la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, al mando del exministro del Interior de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick (UDI). 

Actualmente allí comparte sede con otros abogados influyentes: en diciembre fue contratada la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y de antes estaban el exfiscal oriente, Manuel Guerra, y dirigentes políticos de la derecha, como el exdiputado Gonzalo Arenas, el exsubsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, y el exministro Segpres, Juan José Ossa (RN), entre otros. Un reportaje de La Tercera de junio catalogó al plantel como “el nuevo centro de operaciones de Chadwick y el piñerismo”.

Marta Herrera, la segunda candidata derrotada del gobierno al cargo de Fiscal Nacional (el primero fue José Morales), señaló en entrevista con CNN Chile que Valencia había asistido, en noviembre, a una comida en la casa de Chadwick. “Con gente ligada al mundo de la UDI”, fueron sus palabras textuales.

La versión de Valencia es que esa comida, realizada el 14 de noviembre, fue para celebrar la acreditación de la carrera de Derecho de la Universidad San Sebastián, donde él está contratado desde octubre pasado. En esa cena también participó el exfiscal oriente, Manuel Guerra, también académico de la facultad. 

En todo caso, Valencia ha recibido apoyos públicos desde la UDI. Durante la votación donde fracasó la postulación de Marta Herrera, la senadora Luz Ebensperger dijo en su intervención, en referencia a Valencia: “La Corte Suprema nos mandó señales claras. Como ninguna otra quina le dio 17 votos a dos candidatos. Uno ya fue rechazado por este senado (José Morales). ¿Por qué el gobierno no ha considerado al otro candidato con 17 votos y que es de fuera del Ministerio Público pero que tiene experiencia en el mismo?”.

Valencia es un hombre conocido en el mundo de la derecha. Entre 2008 y 2012 fue asesor legislativo del exsenador, y actual consejero del CDE, Alberto Espina (RN). Y el 17 de noviembre de 2014 firmó un contrato con el comité de senadores de RN para asesorarlos en la tramitación de proyectos de ley relacionados con seguridad.

En el contrato se establece que “las materias en las cuales el asesor prestará sus servicios profesionales serán la asesoría en materia de Ley Antiterrorista y de Reforma al Código Procesal Penal en la Comisión de Constitución (…) del Senado a los senadores del Comité Parlamentario del partido Renovación Nacional” (vea aquí ese contrato).

En el currículum vitae que entregó a la Corte Suprema cuando inscribió su candidatura a la Fiscalía, Valencia omitió que esa asesoría a los senadores de RN había sido remunerada: “Informe expuesto, por invitación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del H. Senado, respecto del Proyecto de Ley que determina conductas terroristas y su penalidad y modifica el C. Penal y el C. Procesal Penal”, fue lo que señaló al respecto en ese documento (ver aquí).

Según la página de Transparencia del Senado, en noviembre de 2014 Valencia recibió $1,7 millón por esa asesoría, y en diciembre del mismo año otros $700.000. Antes, cuando era asesor de Alberto Espina, su remuneración mensual alcanzaba los $2,7 millones.

La trayectoria laboral de Valencia aparece estrechamente ligada a estudios jurídicos vinculados a RN, el partido del expresidente Sebastián Piñera. Entre 2006 y 2011 trabajó junto a Juan Domingo Acosta (quien ha defendido a Piñera en varias de sus causas penales más complicadas), Carlos Zepeda (fallecido en 2013, y quien fuera amigo personal del exmandatario) y Alberto Espina. Luego, con Espina entró prácticamente al mismo tiempo (fines de 2013) al estudio Cisternas y Compañía, del abogado Gonzalo Cisternas, hijo del ex ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas (vea reportaje de CIPER “Las señales del SII y la Corte Suprema para bloquear las investigaciones de platas políticas”).

Esos dos estudios de abogados -el de Acosta, Zepeda y Espina y el de Cisternas y Compañía-, aparecen entre las compañías que emitieron facturas a una de las empresas del Grupo Angelini investigadas por el financiamiento político (Inversiones Siemel), que luego rectificaron esos pagos ante Impuestos Internos.

Además, el suegro de Ángel Valencia (fallecido en 2019), Juan Enrique Taladriz, fue diputado por RN entre 1990 y 1998. Su cuñado, Juan Taladriz Eguiluz, es actualmente Consejero Regional por Valdivia en cupo Evópoli.

Aunque Valencia también cosecha lealtades en las filas oficialistas. Es amigo personal del presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y ha patrocinado causas penales de la actual ministra Carolina Tohá (en 2006, cuando trabajaba con Juan Domingo Acosta) y del ex canciller Heraldo Muñoz (también PPD).

Su cercanía con Elizalde le ha cosechado reparos en el oficialismo. Dirigentes de ese sector le dijeron a CIPER que había molestia entre las filas de los partidos de gobierno porque creían que un sector del PS buscaba imponerle el nombre de Valencia a La Moneda. La ministra del Interior, Carolina Tohá, criticó a un sector del Senado en entrevista con Radio Universo: “(algunos) Creen que esto es al revés, que ellos deciden quién es el mejor nombre y se lo imponen al Presidente. Las personas que creen que así debe funcionar el sistema no han entendido la lógica”.

Elizalde le respondió: “Más que transformar esto en una contienda entre poderes del Estado, hay que respetar el rol que le corresponde a cada poder del Estado en este nombramiento”. A sus cercanos el Presidente del Senado les ha negado haber realizado gestiones en favor de Valencia, aunque sí les reconoció que con el postulante a la Fiscalía Nacional lo une una amistad muy profunda.