Desidia institucional: Nuevos antecedentes sobre restos humanos no periciados.

La declaración de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) se difundió a la velocidad del rayo: “Esto es parte de la política de impunidad que ha tenido el Estado durante todos estos años. Tienen que haber responsabilidades políticas por esta nueva negligencia”. El comunicado hacía referencia a la información que les entregó la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, quien les señaló que existían 89 cajas con osamentas sin periciar ,de presuntas víctimas de la dictadura, desde hace más de 20 años.

Esas 89 cajas no eran una novedad para las autoridades. El año pasado el Servicio Médico Legal (SML) le informó al Ministerio de Justicia que las tenía en su poder. Además, el servicio indicó a la secretaría de Estado que mantiene restos óseos de 300 presuntas víctimas sin identificar. De hecho, en septiembre pasado la ministra Paola Plaza solicitó a la misma secretaría de Estado que se asignaran recursos para periciar los restos contenidos en las cajas. Hasta hoy el oficio de la magistrada no ha sido respondido por el gobierno. 

Altas fuentes del Ministerio de Justicia señalaron a CIPER que el SML está prácticamente colapsado. Una persona que conoce en detalle las relaciones que Justicia y ese servicio mantuvieron durante 2022 confirmó que, desde septiembre pasado, está en curso una auditoría para conocer la cantidad de restos óseos que efectivamente están en el SML, la fecha en qué llegaron y el nombre de las personas a cargo.

Esa auditoría se inició luego de que en agosto el SML le enviara un informe a la entonces ministra Marcela Ríos, donde detalló en parte esa información. La exministra consideró que esos antecedentes eran insuficientes. En ese informe se mencionó la existencia de las cajas que habían llegado desde la Universidad de Chile y que ahora desataron la polémica.

Lo que no se tocó en ese informe, y que hasta hoy es una información que muy pocos manejan, es el olvido en que esas cajas estuvieron durante 23 años. CIPER reconstruyó esa historia. El detalle más delicado lo contó el actual director del Departamento de Anatomía y Medicina Legal de la Universidad de Chile, Julio Cárdenas:

-En 2014 hubo una inundación en la Facultad de Medicina. La directora de la época baja al subterráneo y se encuentra con muestras (las cajas) llenas de hongos y humedad. 

Según su versión, hasta antes de 2014 pocos en la universidad conocían de la existencia de las cajas.

-La Universidad de Chile no las recepcionó, sino que fue el académico de la universidad, Luis Ciocca. Y no informó al resto de los académicos. Las dejó en un lugar donde él tenía acceso, pero no hay un ingreso oficial, ni un recuento, que como departamento, existiera en esa época.

En 2001 el entonces juez Juan Guzmán Tapia le había encomendado a Ciocca que las resguardara. En esa época, Ciocca era el director del Departamento de Anatomía y Medicina Legal. En 2014, siempre según la versión de Julio Cárdenas, la inundación del subterráneo donde las cajas estaban guardadas reveló su existencia. Pero las muestras quedaron deterioradas.

-Como departamento no hay información que haya quedado registrada por parte del profesor Ciocca. Y se decide que la doctora Laura Börgel, toxicóloga, y la doctora Carmen Cerda, hagan un levantamiento de todas las especies que había ahí y un estudio de la contaminación por hongos. Era inviable que esas muestras se pudiesen enviar directamente al Servicio Médico Legal en esas condiciones-, explicó Cárdenas a CIPER, quien señaló que el trabajo de limpieza de los restos “tomó entre tres a cuatro años”. Recién en 2019, dijo, las cajas fueron entregadas al SML.

Luis Ciocca, odontólogo y experto en pericias forenses, fue quien identificó, en 1976, los restos de Marta Ugarte, una profesora de militancia comunista asesinada por la DINA, el organismo represivo que intentó hacer desaparecer su cuerpo arrojándolo al mar desde un helicóptero. Ese plan fracasó luego de que el cuerpo apareciera en la playa La Ballena, 180 kilómetros al norte de Santiago. 

De ahí en adelante Ciocca se perfeccionó como forense y ha participado en la identificación de numerosos cuerpos de desaparecidos. En conversación con CIPER, ratificó que las osamentas contenidas en las 89 cajas que le mandó a resguardar el exjuez Guzmán Tapia, fueron afectadas por la inundación en 2014 del subterráneo de la Facultad de Medicina. Aunque según él, el daño no fue mayor.

En el informe que el SML le envió a la exministra de Justicia, Marcela Ríos, se indica que son 80 las cajas que llegaron desde la Universidad de Chile, y no 89. Ciocca aseguró que la variación en el número se produjo porque, mientras estas estaban en un subterráneo de la Universidad, varios ministros en visita solicitaron algunas de ellas porque se relacionaban con las causas que estaban investigando.

En todo caso, en ese mismo informe del SML se mencionan otros restos óseos que están en poder del servicio y que tampoco han sido periciados en su totalidad.

Restos de 300 personas sin identificar

“Junto con saludar, me dirijo a usted para dar respuesta al requerimiento indicado en antecedente, relativo al plan de identificación de osamentas y su estado de avance”. Así parte el informe firmado por el entonces director del SML, Gabriel Zamora, dirigido a la exministra de Justicia, Marcela Ríos.

En ese documento se detalla el trabajo realizado por la Unidad de Derechos Humanos del SML, la que ha trabajado sobre la base de 1.469 personas víctimas de desaparición forzada durante la dictadura: 1.092 corresponden a detenidos desaparecidos y 377 a ejecutados políticos sin entrega de cuerpo. “La mayoría de ellas permanecen desaparecidas y sus cuerpos no han sido encontrados, y las causas aún se encuentran tramitadas en los Tribunales”, se indica en el informe al que CIPER tuvo acceso.

El mismo documento informa que del total de desaparecidos, se han podido identificar los restos de 310 personas, por lo que están pendientes de identificación 1.159 víctimas. 

Un detalle relevante contenido en el informe, es que el SML reconoce que tiene en su poder los restos de cerca de 300 personas que aún no son identificados: “La Unidad de DD.HH. tiene en custodia restos estimados en 300 presuntas víctimas, encontradas entre los años 1990 y 2015. Sobre esto, se ha trabajado arduamente en la obtención de sus perfiles genéticos”.

La manera en que ha trabajado el SML para poder identificarlos, es hacer cruces genéticos con muestras que van dejando en una base de datos los familiares de los desaparecidos. Pero, hasta ahora, esa técnica no ha permitido identificar la mayoría de los restos.

El documento indica que de las osamentas halladas en el Patio 29 del Cementerio General, hay 124 cuerpos en custodia del SML: “Estos se encuentran debidamente conservados (esqueletados), y se ha podido identificar a 76 personas, las que fueron entregadas a sus familiares”.

Y sobre las cajas que llegaron en 2019 desde la Universidad de Chile, el informe indica que se trata de material que no cuenta “con inventario ni cadena de custodia”. Agrega que se trata de 80 cajas, y no de 89 como se ha difundido, y que “corresponde en gran medida a casos exhumados por la Unidad de Identificación y Museos, entre los años 1994 y 2002, por orden del ministro Juan Guzmán, en diferentes lugares de Chile, como cementerios, lugares campestres y localidades varias” (vea aquí el informe del SML).

El documento establece que fue el ministro Alejandro Solís quien dio “instrucciones de registrar, inventariar y evaluar el contenido de dichas cajas para establecer su relevancia médico legal y su relación con casos vinculados a graves violaciones a los DDHH durante la dictadura militar”. El ex ministro Solís cesó sus funciones en el Poder Judicial en 2012, al cumplir 75 años, por lo que han pasado más de 10 años sin que esa orden se cumpla.

El avance ha sido en extremo lento. Según el informe del SML, “actualmente se han revisado solo 10 cajas, inventariando material y seleccionando muestras útiles para datación y/o análisis genético”. Pero la lentitud no ha sido solo del Servicio Médico Legal. Recién en 2019 las cajas fueron entregadas por la Universidad de Chile. En eso puede haber influido la inundación del subterráneo donde se mantuvieron durante 18 años y la contaminación por hongos que sufrieron.

89 cajas que no se han periciado en 23 años

El ministro Juan Guzmán no le tenía confianza al Servicio Médico Legal. Eso fue lo que le dijo a CIPER el exdirector del Departamento de Anatomía y Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Luis Ciocca. Él trabajó con Guzmán y, según su versión, el entonces ministro sospechaba de la rigurosidad del SML. “Hubo un conflicto con el Servicio Médico Legal de desconfianza, porque en el servicio había muchas situaciones especiales. Incluso gente infiltrada que alteraba las osamentas. Cuando yo estaba empezando en la medicina legal metían huesos antiguos para despistar a los peritos”.

Por ese motivo, dice Ciocca, en 2001 Juan Guzmán le pidió resguardar las 89 cajas, que estaban marcadas con los nombres de los lugares en que fueron obtenidos los restos, como Pisagua y Cerro Chena, entre otros.

La entrega de esas cajas quedó registrada en un oficio enviado el 8 de mayo de 2001 por Guzmán al SML: “(…) se ha decretado oficiar a Ud. a fin de comunicarle que, con esta fecha se ha dispuesto solicitarle sean devueltas a este tribunal todas las osamentas que fueron remitidas a ese servicio para las pericias de rigor, las que quedarán en custodia y resguardo del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile”, escribió Juan Guzmán en ese documento.

Durante los siguientes 23 años esos restos óseos no fueron periciados y, lo que es peor, estuvieron en serio riesgo de descomposición ¿Más grave aún? Volvieron a ingresar al SML sin “cadena de custodia”. Eso puede ser fatal para las investigaciones judiciales, porque implica que esas cajas pudieron ser intervenidas.

El actual director del Departamento de Anatomía y Medicina Legal de la universidad, Julio Cárdenas, quien asumió en 2021, asegura que el decano de la Facultad de Medicina en 2001, Jorge Las Heras, le dijo a Ciocca que “no habían recursos para resguardar y guardar las osamentas y, a pesar de eso, las dejó en un subterráneo”.

Esta explicación choca con el comunicado que divulgó este viernes la Facultad de Medicina del plantel, en donde señaló que entre 2001 y 2019 se “custodió y resguardó el material tal como se le encomendó por orden judicial”.

Consultado Ciocca por los efectos de la inundación de 2014, aseguró: “me dijeron que, a pesar de eso, no había habido daño en las cajas, porque eso fue cuando yo ya no era director. No me había jubilado todavía, pero me había ido de Medicina Legal”.

Posterior a la inundación, lo que se hizo fue un proceso de catalogación, limpieza y descontaminación de las osamentas, con recursos propios de la Facultad de Medicina, según explica Cárdenas.

-También había documentos de (causas judiciales que llevaba el ministro) Mario Carroza, en los que aparecían incluso investigaciones sobre el fallecimiento de Pablo Neruda -asegura el director.

El proceso de limpieza duró hasta 2018. El 19 y 20 de enero del 2019 se entregó al SML todo el material.

-Aquí no puso plata ni Fiscalía, ni ninguna agrupación. El departamento usó sulfato de cobre para bajar el índice de contaminación. Eso fue con todas estas cajas. Había que hacerlo en forma de vaporizador -dice Cárdenas. 

Luis Ciocca comenta que su preocupación sobre el destino de esas muestras comenzó a acrecentarse cuando se preparaba para su retiro, según dice, por los años 2010 a 2014.

-La primera vez que pregunté fue en un acto de aniversario de la Policía de Investigaciones, porque me encontré con un ministro en visita en la época del presidente Piñera. Le dije que tenía guardadas unas osamentas desde que las dejó el ministro Guzmán, que no sabía qué hacer con ellas. Él me dijo que oficiara a la Corte Suprema”, cuenta Ciocca, quien asegura que efectivamente informó al máximo tribunal:

-La Corte me contestó que no tenía atribuciones y le traspasó el tema a alguno de los ministros en visita del momento. Estos ministros en visita disponen que haya un contacto nuestro con el Servicio Médico Legal a objeto de que ese servicio vaya al Departamento de Medicina Legal y retiren las osamentas-, agrega.

El ex académico comenta que mientras fue director del Departamento de Medicina Legal, los ministros en visita le hacían consultas sobre las 89 cajas. “Me preguntaban ‘¿estará en custodia en el Departamento de Medicina Legal este caso?’. Yo buscaba, lo encontraba y se lo mandaba”, narra. 

Actualmente, el profesor Ciocca afirma que está ayudando a la ministra Paola Plaza con su repositorio de archivos: “Llegó a mí buscando antecedentes. No por estas cajas, porque esto yo lo daba por resuelto. Para mí estas cajas están en la Unidad de Identificación del Servicio Médico Legal y allí tenían que periciarlas. No fueron 89 cajas, fueron menos al servicio, porque yo entregué varias antes a los ministros”.

Consultado sobre por qué en todos esos años ni el SML ni los ministros dispusieron que se hicieran pericias para identificar esos restos, Ciocca dice:  “No sé. El desorden solamente. El desorden de la justicia, incluso, porque son incapaces de decir ‘esta causa que tenía el ministro Guzmán pasó a este juez’”.

Cuando en 2002 el entonces ministro Juan Guzmán comenzó a delegar sus causas, fueron varios los ministros que las asumieron. CIPER hizo un barrido en expedientes judiciales y algunos de los que se hicieron cargo de esas indagatorias fueron Alejandro Solís, Leopoldo Llanos, Jorge Zepeda, Patricia González, Mario Carroza, Daniel Calvo y Paola Plaza, entre otros. 

Según consta en el informe del SML enviado al Ministerio de Justicia, el ministro que ordenó al servicio trabajar con esas cajas fue Solís y lo hizo en 2012. Pasaron siete años -en los que una inundación afectó a los restos- para que las cajas fueron entregadas al Servicio Médico Legal. Y 11 años después, aún no se perician. 

Auditoria al Servicio Médico Legal

El 26 de septiembre pasado, cuando el gobierno ya sabía de las cajas que habían sido trasladadas desde la Universidad de Chile al SML, la ministra en visita Paola Plaza le envió un oficio a la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos. En él documento pedía recursos para periciar los restos contenidos en las cajas.

“La contratación transitoria de un equipo externo con dedicación exclusiva de dos antropólogos, dos arqueólogos, un bioquímico y un informático, para que actúen en conjunto y bajo la supervisión estrecha del equipo de trabajo de la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal en el proceso de identificación forense”, dice el oficio de Paola Plazza, el que CIPER tuvo a la vista.

Hasta hoy, cuatro meses después, no ha sido respondido. 

Desde el Ministerio de Justicia -encabezado ahora por Luis Cordero-, dicen que recibieron el oficio el 29 de septiembre y que lo derivaron a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Agregan que no han entregado una respuesta formal a Paola Plaza y que lo harán «una vez concluya la revisión especial que este Ministerio está realizando a la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, la que debería estar terminada en marzo de 2023». 

Esa auditoría fue encargada por la exministra Ríos el 31 de agosto de 2022, luego de que considerara que el informe que le envió el SML no era suficiente. Según fuentes que conocieron de cerca las conversaciones entre Justicia y el servicio, la exsecretaria de Estado buscaba conocer, en detalle, cuántas osamentas están bajo custodia del SML, en qué fecha llegaron y quiénes han sido las personas responsables de ese material (revise aquí el oficio con que se inició la auditoría).

Antes de eso, la entonces ministra Ríos se había reunido con el director del SML en esa época, Gabriel Zamora, en abril y mayo de 2022. En esas reuniones, ella le pidió el detalle del avance del Plan de Identificación de Osamentas. Desde la cartera de Justicia dijeron que en agosto aún no tenían respuesta, por lo que el día 3 de ese mes enviaron un oficio reiterando la solicitud (vea aquí ese documento). Como la respuesta la consideraron insuficiente, a fines de agosto ordenaron la auditoría.

En paralelo a esa auditoría, la ministra Plaza buscaba saber por qué los restos óseos no habían sido periciados. El 24 de agosto de 2022, junto a una actuaria y un subprefecto de la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la PDI, la magistrada concurrió hasta la Unidad de Derechos Humanos del SML. Allí se entrevistaron con la jefa de la oficina, Marisol Intriago, quien estaba acompañada por dos antropólogos.

“(…) Se procedió a inspeccionar un número indeterminado de cajas plásticas con material sin periciar, trasladadas desde el Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, lo que de inmediato se dispuso inventariar”, relata el documento enviado por Plaza al Ministerio de Justicia, en el que solicitó recursos.

La ministra Plaza indicó en el oficio que las pericias debían realizarse desde ya. Pero, el entonces director subrogante del SML, Froilán Estay, le respondió -según el mismo oficio- que no contaban con los “recursos humanos para atender con prontitud la diligencia requerida”. Por eso recurrió al gobierno.

Los familiares de detenidos desaparecidos se enteraron de la existencia de estas 89 cajas este jueves 2 de febrero. En Calama, en las dependencias de la gobernación regional, hubo una reunión convocada por la ministra en visita y donde participaron distintos actores gubernamentales. “Se informó la existencia de 89 cajas de osamentas en custodia del Servicio Médico Legal (SML), que le fueran traspasadas desde el Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile en 2019, las cuales podrían eventualmente corresponder a alguna víctima de desaparición forzada”, señaló el Ministerio de Justicia a través de un comunicado en la noche del jueves pasado.

La noticia provocó la protesta de distintos grupos, como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, por la negligencia con la que se han tratado estos restos durante años: “Es una situación gravísima que debe ser investigada y que se encuentren las responsabilidades”, afirmaron. En las últimas horas la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, indicó que estas situaciones “huelen a impunidad y complicidad”.

CIPER se contactó con la ministra Paola Plaza, quien no quiso referirse al tema. Desde el Servicio Médico Legal no contestaron nuestras preguntas. En el Ministerio de Justicia indicaron que “tanto el programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría del área como el SML han expresado el interés de generar espacios de trabajo conjunto con los familiares”. 

Consultada por CIPER, la exministra Marcela Ríos apuntó que “esta fue una prioridad de mi administración, y mía personal. Desde que yo asumí, y a pesar de que la supervisión del Servicio Médico Legal tradicionalmente no se hace por parte de los ministros, me preocupé de hacerlo porque este es también un compromiso presidencial. Hicimos la mayor cantidad de reasignaciones presupuestarias para aumentar los recursos, y nos preocupamos de la compra de materiales, vehículos y el fortalecimiento de la planta funcionaria. También inicié gestiones con EuroSocial -instancia de la Unión Europea en apoyo a América Latina-, para lograr apoyo técnico que nos permita avanzar en la identificación de las osamentas”.

Fuentes del Ministerio de Justicia aseguraron que prontamente debieran haber novedades respecto del respaldo para realizar pericias. También están en trámite solicitudes de apoyo técnico a las embajadas de España y Dinamarca. Puntualmente, el ministerio está trabajando con Dinamarca una iniciativa que, de prosperar, podría generar un banco de huellas genéticas. 

Fuente: https://www.ciperchile.cl/2023/02/04/polemica-por-cajas-con-osamentas-de-desaparecidos-sml-ya-habia-informado-que-mantiene-restos-de-300-presuntas-victimas-sin-identificar/