Los rostros de la migración en Chile: la ilusión de una mejor calidad de vida y la política para extranjeros que impulsará el Gobierno.
por Catalina Martínez Soto/ The Clinic.
Josselin es una de las 141.667 personas que entraron a Chile por pasos no habilitados entre 2018 y 2022. Llegó de Venezuela hace menos de dos años, en busca de una mejor calidad de vida, pero actualmente está desempleada. El Gobierno presentará este mes una política migratoria para abordar la crisis, que contempla -entre otras medidas- controles biométricos.
Fue una noche de julio de 2021 cuando Josselin Montaño (31) llegó junto a su hijo mayor (15) a Colchane, Región de Tarapacá. Venían desde Colombia, aunque ese no es su país natal. La travesía comenzó un año antes, cuando decidió irse de Maracaibo, Venezuela, -donde nació- en busca de una mejor calidad de vida.
Viajaron por vía terrestre durante 15 días desde Colombia a Chile, pasando por Ecuador, Perú y Bolivia.
–Fue fuerte, nada de fácil– recuerda Montaño.
Cuando llegaron a la frontera, tuvieron que esperar para cruzar sin ser vistos por un paso no habilitado. Una vez en territorio nacional, se dirigieron hacia una mujer que ofrecía traslados desde Colchane a Santiago por $100 mil. Si bien el viaje lo hicieron solos, como ellos había otras familias intentado cruzar.
En 2018, por ejemplo, el número llegó a 6.310, mientras que en 2019 aumentó a 8.048. Ya en 2020 se reportaron 16.848 personas que ingresaron por pasos no habilitados.
Con todo, de acuerdo al registro de la institución policial, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) contabiliza a 141.667 personas que entraron a Chile por pasos irregulares durante los últimos cuatro años.
En busca de una nueva vida
La decisión de viajar a Chile no fue casualidad. Mientras Montaño estaba en Colombia, su pareja que residía hace un tiempo en Recoleta, Santiago, la llamó para convencerla de vivir juntos.
Ella pensó que sería una oportunidad para tener una mejor calidad de vida, así que aceptó. Una vez en Chile, la relación con su pareja duró un año y cuatro meses, hasta noviembre de 2022, cuando decidieron separarse. Montaño se quedó con su hijo en la habitación en Recoleta, por la que le cobran $200 mil mensuales.
En el último mes, sin embargo, no ha podido pagar el arriendo porque está sin trabajo. Eso la tiene preocupada, porque el arrendador le pidió desalojar y tiene plazo hasta la próxima semana para irse.
–Ha sido bastante difícil encontrar trabajo. Al inicio trabajaba en un restaurante de garzona, ahí logré conseguir dinero para comprarme un carro de hamburguesas. Lo compré, comencé a vender, pero me quitaron el carro y actualmente me encuentro desempleada.
Fue en marzo de 2022 cuando Montaño comenzó a vender hamburguesas, en cercanías de la estación de Metro Puente Cal y Canto. El negocio, sin embargo, terminó en noviembre.
–Un día llegó en la noche la policía diciendo que no podíamos vender y se llevaron mi carrito en un camión. Incluso hasta me pegaron. Desde ahí me encuentro sin trabajo, he estado buscando, pero no he encontrado nada. Estoy buscando en lo que sea.
Uno de los deseos de Montaño es traer a Chile a sus otros tres hijos de 9, 6 y 2 años, quienes viven con su madre en Venezuela. Eso, sin embargo, dice que solo quedará en un sueño.
–Para traerlos necesito dinero, pero no tengo cómo, y sin los papeles regularizados es difícil conseguir un trabajo.
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, explica que la institución policial tiene una demanda muy alta respecto a las autodenuncias. Asimismo, reconoce que existen retrasos y que, por lo mismo, desde el organismo que encabeza están en un proceso de normalización.
–Mucha gente se autodenuncia en la PDI y esa denuncia luego viene para acá como parte policial. Nosotros empezamos el procedimiento sancionatorio de esas personas que ingresaron por pasos clandestinos, según sea el caso. En eso tenemos varios retrasos, pero estamos en proceso de normalización desde el servicio.
A la espera de una respuesta, Montaño asegura que vivir en Chile no era lo que pensaba y que, incluso, ha evaluado devolverse a Venezuela.
Más de mil expulsiones durante 2022
Al 31 de diciembre de 2021, según el Servicio Nacional de Migraciones y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se estimaba que residían habitualmente en Chile 1.482.390 personas extranjeras -la cifra actualizada al 2022 será publicada durante el primer semestre de este año-, 22.343 personas más que en 2020.
De acuerdo al mismo reporte, los principales cinco países de las personas extranjeras residentes en Chile mantuvieron la tendencia de estimaciones anteriores, con Venezuela en el primer lugar de la lista, con un 30%. Luego Perú (16,6%), Haití (12,2%), Colombia (11,7%) y Bolivia (8,9%).
Para el director del Servicio Nacional de Migraciones la inexistencia de una política migratoria explícita que aborde la problemática en Chile ha impedido el control del territorio.
–No ha habido una política explícita en Chile durante los últimos años. Ha habido una reacción a una realidad, entonces lo que queremos, y estamos mandatados por ley, es tomar el control de eso y definir una política con objetivos– explica la autoridad institucional a The Clinic.
En esa línea, comenta que durante marzo se presentará una política migratoria elaborada por el actual Gobierno, que aborda varias dimensiones. Una de ellas es la frontera.
El foco, en detalle, estará en recuperar el control fronterizo para controlar la migración con el uso de leyes como Infraestructura Crítica -que entró en vigencia el 21 de febrero y permite la colaboración de las Fuerzas Armadas en el resguardo de la frontera- y en impulsar medidas para combatir el crimen organizado.
Otro de los ejes de la política migratoria será el fortalecimiento de los mecanismos sancionatorios para desincentivar el ingreso irregular, donde operan -entre otros- las expulsiones judiciales y administrativas y los procesos de reconducción.
Según el director del Servicio Nacional de Migraciones, en 2022 -desde la fecha en que asumió la nueva administración- se concretaron 1.070 expulsiones en total. “Más que las que se materializaron en 2021, donde se expulsó a 913 personas”, asegura Thayer.
Asimismo, afirma que en 2022 las expulsiones judiciales fueron 1.039, mientras que en 2021 el número llegó a 667. Respecto a las administrativas, según la autoridad institucional, en 2022 se realizaron 31, una cifra menor a las 246 que se concretaron en 2021.
En lo que va de 2023, en tanto, Thayer informa que se han materializado 114 expulsiones en total, de las cuales 90 son judiciales y 24 son administrativas.
La aplicación de las expulsiones administrativas ha sido solicitada desde el mundo político y autoridades locales. Sin embargo, desde el Gobierno han argumentado que el bajo número de expulsiones administrativas materializadas evidencia las dificultades que contiene la legislación para concretarlas.
–A pesar de las dificultades que impone la ley al proceso de expulsión, entre la policía y el servicio hemos hecho un esfuerzo importante para aumentar de todas formas el número de expulsiones administrativas, pero aún nos queda reducir el delta.
Desde abril de 2022 -cuando asumió la nueva administración del Servicio Nacional de Migraciones- hasta la fecha, se han firmado 2.285 resoluciones de inicio de procedimientos de expulsiones. Ese número, sin embargo, no refleja las que se han materializado.
Para Javier García, alcalde de Colchane -una de las comunas que se ha visto afectada por la crisis migratoria por su condición de fronteriza-, el bajo número de expulsiones administrativas correspondería a una falta de voluntad política por parte del Gobierno.
–Claramente vemos carencia de voluntad política. Las expulsiones administrativas son urgentes para dar una señal potente a los extranjeros que quieran migrar a Chile.
Y si bien reconoce que la normativa presenta dificultades, insta al Congreso Nacional a acelerar la tramitación de la modificación a la Ley de Migración y Extranjería (N°21.325), que apunta a agregar formas alternativas de notificación del inicio de los procedimientos administrativos de expulsión para facilitar el método de notificación.
El jefe comunal también destaca y realiza un positivo balance de la aplicación de la Ley de Infraestructura Crítica, pero puntualiza que se requiere fortalecer la reconducción y una mejora en el equipamiento de las fuerzas policiales para que el control migratorio sea efectivo.
“Pensé que si me venía para Chile podría ayudar a mi familia de Venezuela con dinero”
Jossiana Hernández (21) llega casi a las 20:00 horas, junto a su esposo e hija de tres meses -que nació en Chile-, al departamento que comparten con otra pareja en Colina. La guagua llora, comenta ella, porque es hora de dormir, así que le pide al padre que la acueste para poder hablar por teléfono.
–Estábamos en el médico con mi hija, pero todo está bien– cuenta por el otro lado de la línea.
Hernández tomó la decisión de irse de Venezuela -su país natal- por la situación económica.
–Pensé que si me venía para Chile podría ayudar a mi familia de Venezuela con dinero, enviándole todos los meses una parte de lo que yo ganara.
Con esa ilusión, en 2021, con 20 años, viajó desde Caracas hasta Colombia para encontrarse con su pareja y partir rumbo a Chile. Fueron dos semanas de viaje, entre buses y caminatas, hasta llegar a la frontera de Chile con Bolivia, a la altura de Colchane.
Era una noche de noviembre. Hacía frío, recuerda. Ingresaron por un paso no habilitado, pero se dirigieron inmediatamente al refugio para personas migrantes que estaba instalado en la comuna. Pasaron la noche ahí, ambos hicieron la autodenuncia por entrar por un paso clandestino y al día siguiente los trasladaron a un hotel sanitario en Iquique para realizarse un test PCR.
Las pruebas dieron resultados negativos, así que tras una semana hospedándose ahí pudieron continuar con su viaje rumbo a Santiago.
El alcalde de Colchane explica que, en su mayoría, los ingresos por pasos no habilitados se realizan en la madrugada, para evadir los controles de las rutas o de los puntos estratégicos.
Y si bien precisa que no cuentan con un mecanismo para determinar con certeza cuántas personas migrantes ingresan a Chile por Colchane, estima que según fotografías y videos, las denuncias de vecinos y el registro de la unidad de seguridad ciudadana del municipio, ingresarían entre 200 y 400 personas diariamente.
Cuando llegaron a Chile, Hernández y su pareja se instalaron en Colina. Alcanzaron a estar poco tiempo en Santiago, hasta que a él lo llamaron para un empleo en Concepción.
En el sur ambos trabajaban. Ella en una pastelería y él en una construcción. Vivieron un par de meses allá. Ninguno tenía contemplado volver a Santiago, hasta que una noticia cambió sus planes: habían despedido a su pareja. Un mes antes, Hernández se había dado cuenta que estaba embarazada.
–Como no tenemos papeles, es muy difícil que nos dejen trabajando por mucho tiempo, así que a él lo despidieron. Pero ese no fue el problema más grande, sino que cuando lo botaron del trabajo su jefe le dijo que le había conseguido un puesto en Santiago, así que nos devolvimos. Pero cuando llegamos nos dimos cuenta que era mentira, que nunca le consiguió trabajo.
Hernández alcanzó a trabajar un mes como vendedora en un mall chino antes de que su hija naciera en diciembre, en el Hospital Félix Bulnes. Cuenta que su llegada los hizo muy feliz, pero su tono de alegría al hablar de su bebé cambia cuando recuerda que ambos están desempleados y que, pese a tener ahorros, no les alcanza para pagar el arriendo de este mes.
–Ahorita no sabemos qué hacer, porque si no pagamos los $150 mil de arriendo nos tenemos que ir, y no tenemos dónde. Acá, en Chile, no tenemos familia ni amigos.
Control biométrico: ¿Una medida para controlar la migración irregular?
De acuerdo con las estimaciones del INE y del Servicio Nacional de Migraciones, hasta diciembre de 2021 la Región Metropolitana concentraba la mayor población extranjera residente en Chile con un 61,3%, seguida por la Región de Antofagasta, que congregaba -hasta esa fecha- a un 7,2% del total de la población.
El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz comenta a The Clinic que ese año -según el registro que pudieron realizar por la toma de exámenes PCR- ingresaron 45 mil personas a Chile por la región. Ese número le preocupa.
–El gran lío que tenemos es con toda esa gente que ingresó en 2021. Esa cantidad de personas no sabemos qué están haciendo hoy. No sabemos si están trabajando o si están delinquiendo.
Para la autoridad regional, la crisis de migración ha evidenciado la insuficiencia del Estado sobre el control de las fronteras y los territorios. Ante eso, y la falta de registros de antecedentes de quienes ingresan, insiste en la aplicación de un mecanismo de control biométrico.
Ese sistema de empadronamiento, explica el director del Servicio Nacional de Migraciones, se está trabajando junto a la PDI y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para implementarse, en principio, durante la “primera parte del año”.
La idea es que, a través de máquinas de empadronamiento, las personas migrantes que han ingresado a Chile por pasos no regularizados registren voluntariamente su huella e información personal para contar, al menos, con antecedentes básicos.
–En principio se instalarían las máquinas en cuarteles de la PDI, estamos definiendo los puntos, pero va todo en esa línea. Probablemente, en algunos casos haríamos una especie de operativos en zonas donde la gente no recurriría de forma voluntaria a estos chequeos biométricos.
Otra medida en la que enfatiza Thayer para el control migratorio es la inserción en el mercado de trabajo como requisito para las residencias que se conceden.
–Tienen que ser otorgamientos en base a contratos u ofertas de trabajo, y ahí estamos tomando medidas como solicitudes de visa con ofertas o contratos de trabajo- explica.
Eso sí, aclara que no se crearán incentivos para la migración.
–Estamos en un momento en que es necesario controlar mejor la frontera y no crear incentivos como para que lleguen masivamente migrantes, porque tenemos un problema de control y orden interno, sobre todo en seguridad.
Un empleo para no caer en “malos pasos”
Una llamada de su hermano fue lo que convenció a Roberto Gabriel Batista (33) de migrar a Chile y buscar suerte. En su país, República Dominicana, dice que encontrar trabajo era casi imposible.
Ante la necesidad de mantener una familia con tres hijos, decidió partir.
Con sus ahorros compró un boleto de avión hasta Bogotá, Colombia, para emprender un 27 de septiembre -día en que cumplió 33 años- desde ahí un viaje por tierra hasta Tacna, Perú.
Tras varios días viajando, el 8 de octubre llegó a Chile. Entró a Arica por un paso no habilitado. Dice que no tuvo problemas para su ingreso.
A la IV región llegó a la casa de un amigo. Solo estuvo seis días, porque tras no encontrar un empleo, partió rumbo a Santiago a vivir con su hermano en Recoleta. Pero eso duró solo un par de días.
–No me gustó el ambiente en Recoleta. Yo no quería estar en malos pasos, no quería joder, no quería hacerle daño a alguien, así que busqué un trabajo en el que yo pudiera estar tranquilo y no me metiera en ningún problema, porque hay cosas que te empujan y si no te vas de ahí, caes en la tentación.
En ese periodo consiguió un puesto en una empresa que instala barras antivuelco para camionetas mineras y, tras unos días de trabajo, le ofrecieron vivir en una casa en Pedro Aguirre Cerda junto a otros trabajadores.
Batista lleva un año y casi tres meses trabajando en la empresa y trabaja desde las 9.00 hasta las 21.00. Como su situación en Chile no está regularizada, no tiene contrato.
En su tiempo libre participa en actividades de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes. Y aunque tiene conocidos y a su hermano en Chile, dice que lo más difícil de vivir lejos de su país es no estar junto a su familia.
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