Reacciones de los organismos de DD.HH. frente al avance del Estado policial.
Comunicado de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos desea expresar su preocupación por la reciente aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la denominada Ley Nain-Retamal, la que bajo el pretexto de combatir eficazmente la delincuencia y enfrentar debidamente la crisis de seguridad, altera las reglas sobre uso de la fuerza por parte de las policías, estableciendo la «legítima defensa privilegiada», que no son sino facultades excesivas que atentan contra los derechos humanos, desconocen las recomendaciones de los organismos internacionales sobre la materia, y consecuencialmente, hacen incurrir al Estado de Chile en responsabilidad internacional.
Estas legislaciones conocidas como «gatillo fácil» (en Brasil, como «con licencia para matar»), no se ajustan a los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza promovidos por el sistema de protección internacional de derechos humanos porque al otorgar un cheque en blanco a las policías, facilitan la desprotección de los ciudadanos y la comisión de violaciones a los derechos humanos.
Además, entregar estas facultades omnímodas a Carabineros de Chile sin previamente acoger la recomendación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), de realizar «reformas estructurales» de la Institución, nos parece un despropósito.
Cabe recordar que esa y otras recomendaciones, realizadas después de su visita a Chile en el marco del estallido social, como la de ajustar los protocolos sobre uso de la fuerza a los estándares de derechos humanos y hacer verdad y justicia a las víctimas, no han sido cumplidas cabalmente por el Estado chileno. En efecto, la inmensa mayoría de los victimarios permanece en las más completa impunidad y uno de los principales querellados ante los tribunales nacionales y denunciado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por crímenes contra la Humanidad, Ricardo Yañez Revece, permanece hasta el día de hoy ocupando el cargo de Director General de General de Carabineros.
Por último, junto con hacer un llamado al Gobierno para que presente las indicaciones ante el Senado que enmienden tan grave situación, queremos recordar que los tratados internacionales de derechos humanos deben ser respetados por todos los órganos y Poderes del Estado, según lo establece el inciso segundo del artículo 5 de la Constitución vigente y que la soberanía reconoce como límite el respeto de los derechos humanos, por lo que toda ley -aunque se apruebe mayoritariamente por el Congreso-, será nula si viola los principios y normas que informan el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Santiago, 30 de Marzo de 2023.-
COMISION CHILENA DE DERECHOS HUMANOS
A un año de gobierno: entre avances y decisiones reprochables.
por Rodrigo Bustos – Director Ejecutivo Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional acaba de presentar su Informe Anual que pone de manifiesto la situación en la que se encuentran 156 países en el mundo. La conclusión en pocas palabras es: 2022 no fue un buen año para los derechos humanos y aunque en Chile observamos algunos avances, ciertos compromisos asumidos no se han movido del papel.
Hace apenas un año mencionábamos el legado sombrío que dejaba la presidencia de Sebastián Piñera, más aún, porque bajo su mandato se produjeron las mayores manifestaciones ciudadanas desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet reclamando por mayor justicia e igualdad. Pero es en ese contexto, donde se produjeron graves y generalizadas violaciones de derechos humanos que en su mayoría no fueron atendidas adecuadamente durante el gobierno saliente. Esta y otras deudas fueron heredadas por el presidente entrante, Gabriel Boric.
Ha transcurrido un año desde que inició su mandato y aunque reconocemos algunos avances, todavía quedan grandes deudas y compromisos por cumplir. El gobierno de Gabriel Boric debe pasar de las intenciones a la acción en materia de derechos humanos.
Desde Amnistía Internacional valoramos positivamente el comienzo del diseño del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, la existencia de una Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación a víctimas en el marco del estallido social, la firma del Acuerdo de Escazú y el enfoque de derechos humanos en la política exterior, entre otros puntos.
Sin embargo, y a pesar de estos avances, es tremendamente desolador el manejo que se ha tenido respecto a la situación migratoria. Debe quedar claro que se trata de un tema de derechos humanos y no de un simple problema de seguridad. Entendemos que es beneficioso contar con una migración ordenada y regular pero para eso también es necesario garantizar a las personas posibilidades reales de regularización. A ello, se suma la necesaria reforma a la Ley 21.325 de Migración y Extranjería para adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos.
Por último, recordamos que cuando el gobierno de Sebastián Piñera tomó la decisión de militarizar las fronteras y los territorios para enfrentar la complejidad de la migración, manifestamos nuestras preocupaciones en materia de derechos humanos. Por ello, no esperábamos que el gobierno de Gabriel Boric replicara la misma medida.
Por otra parte, resulta desconcertante la decisión del gobierno de seguir manteniendo en el cargo al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Indigna que continúe en el puesto de responsabilidad quien está investigado por graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos; prácticamente no ha colaborado en esas investigaciones y ha realizado afirmaciones que lo han hecho cruzar la línea de la deliberación.
Sumado a ello, resulta impresentable la baja priorización que se ha dado a la reforma de Carabineros. La intenciones del gobierno de Gabriel Boric, reflejadas en su programa de gobierno, no se condicen con sus acciones, ya que se observa que aún no está en curso ni siquiera el diseño de una reforma a las policías. Tenemos certeza de que esta medida es beneficiosa para todas las personas que habitamos en el territorio chileno, pues todos queremos mayor nivel de seguridad y vivir de manera tranquila.
Ante este panorama nos preguntamos: ¿tiene el gobierno de Gabriel Boric realmente la voluntad de hacer una reforma profunda y urgente a Carabineros?
Desde Amnistía Internacional hemos estado disponibles para colaborar en esta materia pero seguimos a la espera que ese compromiso se traduzca en acciones concretas.
Al gobierno de Gabriel Boric le quedan tres años por delante para dar respuesta a las deudas y compromisos pendientes. Proteger los derechos humanos de todas las personas no es una opción, es una obligación. El tiempo corre. Seguiremos vigilantes.
Fuente: https://radio.uchile.cl/2023/03/30/a-un-ano-de-gobierno-entre-avances-y-decisiones-reprochables/
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