Chile opaco: Hace mucho rato que el gatillo verde es gatillo fácil.

En aquellas 28 oportunidades, funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería percutaron a lo menos 96 tiros, según la información disponible.

En los 31 días que antecedieron la publicación de la nueva normativa en el Diario Oficial, la prensa nacional informó de 28 situaciones en las que uniformados han empleado armas de fuego, acusando legítima defensa, lo que incluye el operativo en Quilpué donde falleció la carabinera Olivares, ocasión en que se registraron múltiples tiros de la policía.

En aquellas 28 oportunidades, funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería percutaron a lo menos 96 tiros, según la información disponible.

Cuatro civiles y dos uniformados -la propia sargento 2° Olivares y el cabo 1° Palma- murieron producto de impactos de bala en esos 31 días, con múltiples personas lesionadas, en enfrentamientos con delincuentes, también armados.

La cifra de disparos es conservadora. Interferencia revisó todas las publicaciones durante el último mes donde se da cuenta de uso de armamento de fuego por parte de agentes del Estado, estando a la espera de obtener documentación oficial sobre la materia solicitada vía Ley de Transparencia. En algunas notas periodísticas se da cuenta de la cantidad exacta de veces que los funcionarios percutaron sus armas. En otras -la mayoría- sólo se menciona que dispararon en múltiples ocasiones, por lo que se consideró como efectuado un mínimo lógico de tiros (uno o dos, dependiendo de si se habla de tiro o tiros indeterminados). 

Los motivos que habrían llevado a los uniformados a emplear la legítima defensa son variados, con funcionarios utilizando armamento de fuego tanto en operativos como también para frustrar asaltos.

A modo de ejemplo, se contabilizó sólo un disparo en el intento de robo de vehículo a un funcionario de la PDI el pasado 7 de abril en Providencia, donde un funcionario de la institución percutó su arma de servicio en contra de quienes lo intentaban asaltar. El detective resultó herido en su brazo en lo que fue descrito como “un intercambio de disparos”, habiéndose percutado, en total, “entre 6 y 7 disparos”, desconociéndose cuántos emanaron del uniformado y cuántos de los asaltantes. Aquí se presumió solo un tiro como mínimo lógico por parte del policía.

Los motivos que habrían llevado a los uniformados a emplear la legítima defensa son variados, con funcionarios utilizando armamento de fuego tanto en operativos como también para frustrar asaltos. Incluso, algunos fueron asaltados estando de franco y habrían utilizado sus armas para evitar el robo. (Revise acá la planilla con instancias en que uniformados utilizaron su armamento de fuego).

Balas a un mes de ‘Gatillo Fácil’

El domingo 9 de abril, un día antes que entrara en vigencia la ley Naín-Retamal, funcionarios de Carabineros en San Antonio realizaron un control vehicular, siendo uno de estos embestido por el vehículo del individuo. La versión de Carabineros asegura que luego de esto, un segundo funcionario empleó su armamento, una subametralladora UZI, disparando y matando al conductor. 

La familia, por otro lado, aseguró a la prensa contar con testimonios de vecinos que dicen que ante un disparo al aire del policía, quien manejaba se detuvo y, al bajarse, fue acribillado por carabineros. Acusan que recibió siete impactos de bala con la subametralladora en su cabeza. El caso se encuentra bajo investigación.

Este fue el último evento de uso de arma de fuego por uniformados registrado en prensa antes de la publicación de la ley ‘Gatillo Fácil’ en el Diario Oficial, ocurrida el 10 de abril. El ministro de Justicia, Luis Cordero (independiente cercano a Socialismo Democrático), aseguró el día de los disparos que “el hecho de que la ley se publique mañana va a beneficiar precisamente la posición de ese policía”. 

La familia, por otro lado, aseguró a la prensa contar con testimonios de vecinos que dicen que ante un disparo al aire del policía, quien manejaba se detuvo y, al bajarse, fue acribillado por carabineros.

Siguiendo con el uso de armamento por parte de la policía antes de instaurada la ley, el 22 de marzo, en Puyehue, carabineros de la Prefectura de Osorno acudieron a un procedimiento por violencia intrafamiliar (VIF). Al llegar al lugar, el hombre acusado por su pareja de golpearla soltó un perro pitbull y atacó con un machete a los funcionarios, siendo repelido con un disparo. El civil está fuera de riesgo vital.

En Maipú, el 18 de marzo, un detective de la PDI acusa haber sido víctima de una encerrona. Efectuó más de diez disparos para repeler a los cinco sujetos que lo abordaron, sin impactar a ninguno, según informó El Mercurio. Situación similar ocurrió en Pudahuel, donde un carabinero de franco se topó con el robo de un servicentro, disparando un número indeterminado de tiros y dando muerte a uno de los asaltantes.

El 28 de marzo, en Concepción, un sujeto fue sorprendido robando cables por personal de Carabineros, dándose a la fuga. Durante el operativo para lograr su detención, el individuo intentó atropellar a un funcionario, según informó Radio Bío Bío, ante lo cual personal policial empleó su armamento de servicio en indeterminadas ocasiones. 

Legítima defensa antes de ‘Gatillo Fácil’

Múltiples organizaciones de derechos humanos han criticado la nueva ley ‘Gatillo Fácil’, en circunstancias que el uso de armamento de servicio ya se encuentra autorizado y reglado en la legislación actual, siendo poco probable que hacerlo más laxo podría evitar muertes como la de Olivares. 

Distintas organizaciones internacionales han señalado que esta especie de legítima defensa privilegiada por parte de agentes del Estado podría implicar conflictos con los derechos humanos.

Amnistía Internacional señaló hace algunos días que la aprobación de esta ley podría implicar un incremento en abusos policiales y en su impunidad. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tuvo reparos con la forma en que se está llevando a cabo una legislación sobre esta materia, de manera que hizo un llamado a Chile a discutir estas materias con académicos, representantes de la sociedad civil, y también expertos en seguridad.

Los reparos de este tipo de organizaciones se suman a distintas críticas que han recaído sobre la acelerada tramitación de una ley que entrega aún más atribuciones a instituciones armadas, las cuales ya contaban con la posibilidad de hacer uso de sus armas de servicio en legítima defensa según la normativa antes de ‘Gatillo Fácil’. 

Amnistía Internacional señaló hace algunos días que la aprobación de esta ley podría implicar un incremento en abusos policiales y en su impunidad. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tuvo reparos con la forma en que se está llevando a cabo una legislación sobre esta materia..

Es el caso del artículo 2° quater de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, la cual señala en específico que “como institución integrante de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, se encuentra autorizado para hacer uso de la fuerza, cuando sea estrictamente necesaria y en la proporción o medida requerida para el desempeño de las funciones policiales”. 

La misma ley, en todo caso, señala en su artículo 2° que “en el ejercicio de sus funciones, el personal de Carabineros de Chile deberá respetar, proteger y garantizar, sin discriminaciones arbitrarias, los derechos humanos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile”. 

Otra normativa aplicable a Carabineros de Chile es el Código de Justicia Militar, el cual señala expresamente en su artículo 410° que “será causal eximente de responsabilidad penal para los Carabineros, el hacer uso de sus armas en defensa propia o en la defensa inmediata de un extraño al cual, por razón de su cargo, deban prestar protección o auxilio”.

Los artículos siguientes de dicho cuerpo legal, señalan “estará también exento de responsabilidad penal el Carabinero que haga uso de sus armas en contra del preso o detenido que huya y no obedezca a las intimaciones de detenerse” (art. 411°), y también en el artículo 412° señala que esta disposición también se aplicará “al caso en que el Carabinero haga uso de sus armas en contra de la persona o personas que desobedezcan o traten de desobedecer una orden judicial que dicho Carabinero tenga el orden de velar, y después de haberles intimado la obligación de respetarla”.

14-04-2023.