Municipio de Limache mantiene contratado a ex agente de la CNI en el Juzgado de Policía Local.
A 50 años del Golpe Militar, ex agentes de la dictadura siguen apareciendo como funcionarios dentro de la administración pública. Esta vez se trata de Gonzalo Javier Conlledo Espinoza, ex integrante de la Central Nacional de Informaciones (CNI), que se desempeña actualmente, como secretario del Juzgado de Policía local en Limache, administración a cargo de Daniel Morales Espíndola (RN-independiente).
Desde 2014 el exagente de la División Informática de la CNI -policía política de la dictadura de Pinochet implicada en cientos de violaciones a los DDHH-, Gonzalo Javier Conlledo Espinoza, trabaja bajo la modalidad de contrata en el Juzgado de Policía Local de Limache, como secretario de la repartición, ganando un sueldo de $1.547.788 (mayo) en la región de Valparaíso, según aparece en los registros de Transparencia.
La información fue confirmada a Resumen por el concejal, Joel González, quien sostuvo que: «el 2019 se descubre que fue parte del Departamento de Informática de la CNI. En 2021 esto empieza a ser conocido por organizaciones de DDHH, empiezan a haber denuncias desde el concejo comunal, donde planteamos que nos parece inaceptable la situación».
Gonzalo Javier Conlledo Espinoza fue uno de los 117 agentes de la División Informática de la CNI, órgano de inteligencia de la dictadura militar de Pinochet que incurrió en cientos de violaciones a los DDHH, a través de torturas, secuestros, desaparición, violaciones y asesinatos. A esa organización perteneció el ahora funcionario del Juzgado de Policía Local de Limache, a quien distintos sectores de la región de Valparaíso piden remover de dicho municipio.
Ya en 2020, familiares de Detenidos y Desaparecidos de la dictadura militar-empresarial chilena conmitaron al alcalde Morales a desvincular a Conlledo Espinoza del municipio, situación que hasta la fecha se mantiene sin atender.
Sobre la contratación del ex agente de la CNI, el concejal Joel González expresa que el alcalde les respondió que, «según lo que explica la Contraloría, al no tener un proceso en curso y un sumario administrativo, el municipio no tiene mayor facultad para desvincularlo».
Si bien Conlledo Espinoza no mantendría causas judiciales pendientes, desde el municipio remitieron -según informó el concejal-, todos los antecedentes a la Corte de Apelaciones de la región que están siguiendo causas de violación a los Derechos Humanos, debido a que, «él puede tener información relevante para poder acelerar ciertos procesos de causas que hoy día no logran avanzar justamente por la falta de antecedentes. Nos parece importante que lo citen a declarar».
Actualmente, el exagente de la CNI se desempeña al interior del Juzgado de Policía Local de Limache, además formar parte, al menos como señala en su cuenta de Facebook, de Renovación Nacional, mismo partido del alcalde Daniel Morales Espíndola.
Siguiendo con exagentes de la dictadura al interior de la repartición pública, cabe recordar el caso de Carlos Celis Ficca, también parte de la CNI, quien trabaja como personal de apoyo del diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval Rossel, por un sueldo de $1.413.667.
Caso aún más grave es el que ocurre en Curacautín, donde el municipio mantendría a un condenado por delitos de lesa humanidad como director de una escuela rural. Se trata de Juan Carlos Burgos Belauzarán, civil sentenciado por su participación en la desaparición de campesinos en Santa Bárbara y Quilaco, en la precordillera del Biobío, entre septiembre y diciembre de 1973. Juan Carlos Burgos Belauzarán fue condenado en calidad de autor de secuestro calificado de Cristino Humberto Cid Fuentealba, José Felidor Pinto Pinto, Luis Alberto Cid Cid, Luis Alberto Bastias Sandoval y Raimundo Salazar Muñoz.
Así las cosas y a 50 años del Golpe de Estado, agentes de las organizaciones que infundieron el terror y violaron los Derechos Humanos durante el régimen de Pinochet, han encontrado cabida al interior de municipios e incluso el Congreso.
Criminal de lesa humanidad seguiría como director de escuela rural de Curacautín.
Tras días de insistentes solicitudes de pronunciamientos sobre la situación del criminal de lesa humanidad encargado de una escuela rural, el DAEM de Curacautín guardó silencio frente a la situación, mientras que la seremi de Educación de la Araucanía, explicó que hay un oficio en curso que busca dilucidar la permanencia de Burgos Belauzarán como profesor encargado de la escuela Collico, es decir, aún no se concretaría su salida de la administración pública.
«Desde la Superintendencia se nos ha indicado que se ingresó de oficio una denuncia y que actualmente, se está revisando la respuesta otorgada por el Departamento de Educación Municipal», respondió la seremi de Educación de la Araucanía, María Isabel Mariñanco.
La seremi agregó que: «en relación a este caso, desde la Secretaría Regional de Educación en La Araucanía desde un primer momento hemos tomado contacto con el sostenedor de la Escuela Básica Collico de Curacautín para apoyar en el abordaje de esta situación. En este contexto, solicitamos a la Superintendencia de Educación en la región, para que -desde su rol fiscalizador en el ámbito educativo- realizara la gestión investigativa que nos permita conocer los detalles de la situación denunciada en el establecimiento educativo».
Lo anterior permite deducir que, pese a los siete meses desde la condena de la Corte Suprema contra Juan Carlos Burgos Belauzarán por violación a los DDHH y la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, el criminal aún no habría sido desvinculado como profesor encargado de la escuela rural Collico, de Curacautín.
A 50 años de uno de los crímenes más brutales de la dictadura cívico militar chilena, como lo fue el secuestro y desaparición de 28 campesinos en Quilaco y Santa Bárbara y la condena que hay contra uno de sus perpetradores, las instituciones de la educación en La Araucanía aún no sacarían de sus filas como profesor encargado, cargo que ocupa por lo menos desde 2016.
Tras conocerse la noticia durante los primeros días de mayo, desde el DAEM de Curacautín, su director, Patricio Aguilera, informó a RESUMEN que la situación estaba en manos de un equipo jurídico «para tomar una resolución». A más de 10 días de dicho pronunciamiento, la situación seguiría igual, lo que, según la seremi, María Isabel Mariñanco, motivó el oficio de la Superintendencia de Educación.
Por lo pronto, Juan Carlos Burgos Belauzarán, quien según aseguraron desde el DAEM, estaba con licencia por lo que el sueldo de más de $2 millones lo pagaría «la Isapre», continuaría figurando como parte del equipo de administración pública de la educación en Curacautín.
Juan Carlos Burgos Belauzarán fue condenado en calidad de autor de secuestro calificado de Cristino Humberto Cid Fuentealba, José Felidor Pinto Pinto, Luis Alberto Cid Cid, Luis Alberto Bastias Sandoval y Raimundo Salazar Muñoz.
Los episodios de ejecuciones y desapariciones en Quilaco y Santa Bárbara.
En la investigación judicial se establecen en detalle los diversos episodios criminales protagonizados por los uniformados y civiles ejecutores de verdaderas razias de exterminio contra campesinos de la zona.
Es así que el 13 de septiembre de 1973, un grupo de civiles y carabineros, todos premunidos de armas de fuego y que se movilizaban en vehículos motorizados, llegaron al domicilio de Cristino Humberto Cid Fuentealba, ubicado en la parcela El Rodal, en las afueras de Quilaco, procediendo a detenerlo en presencia de sus familiares, para luego llevárselo caminando desde ese lugar con destino desconocido, haciéndolo desaparecer hasta la fecha.
El 14 de septiembre de 1973 Juan de Dios Fuentes Lizama y Juan Francisco Fuentes Lizama fueron secuestrados desde su domicilio ubicado en una choza del fundo Corcovado, camino a Villacura, en la comuna de Santa Bárbara, por Carabineros y civiles, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento de su destino.
El 16 de septiembre de 1973, Juan de Dios Rubio Llancao y Julio Alberto Rubio Llancao, fueron detenidos y trasladados a la Tenencia de Carabineros de Santa Bárbara a cargo del Jefe de la Unidad, el entonces teniente Planté Aravena Sáez. El mismo día, Guillermo Purrán Treca recurrió a la indicada unidad policial en busca de protección porque no podía regresar a su domicilio, ya que lo había dejado el bus y estaba próxima la hora de inicio del toque de queda, pero le dejan allí en calidad de detenido. En la noche, estos tres campesinos más José María Tranamil Pereira que también había sido detenido, fueron sacados del recinto policial y trasladados hasta el puente Quilaco donde los carabineros les acribillan, desconociéndose desde esa fecha toda noticia sobre los cuatro campesinos.
El 16 de septiembre de 1973, Sebastián Hernaldo Campos Díaz se presentó voluntariamente a la Tenencia de Carabineros de Santa Bárbara, pues había sido citado anteriormente, quedando detenido sin que hasta la fecha se tengan noticias de su paradero.
A mediodía del 17 de septiembre de 1973, Elba Burgos Sáez fue detenida por Carabineros en la vía pública en la ciudad de Santa Bárbara, fue subida en una camioneta y se la llevaron con destino desconocido, ignorándose desde esa fecha toda noticia de su paradero o de su existencia.
La tarde del 17 de septiembre de 1973, José Rafael Zúñiga Aceldine, José Secundino Zúñiga Aceldine y José Gilberto Araneda Riquelme, concurrieron voluntariamente a la Tenencia de Carabineros de Santa Bárbara, cumpliendo con una citación que, a través de un tercero, les había hecho Carabineros de la aludida unidad policial, siendo ingresados a dicha recinto como detenidos, ignorándose desde esa fecha toda noticia sobre su paradero o destino.
En la comuna de Quilaco, en horas de la madrugada del 20 de septiembre de 1973, un grupo de Carabineros y civiles, llegó hasta el domicilio de José Felidor Pinto Pinto, dirigente del asentamiento campesino Campo Lindo, ubicado en el antiguo fundo Huinquén, a quien detuvieron sacándolo de su casa llevándolo con destino desconocido en vehículos desde ese lugar, momento desde el cual nunca más se tuvo noticias de su destino, desapareciendo su rastro hasta la fecha.
En horas de la mañana del 20 de septiembre de 1973 en la comuna de Santa Bárbara, el grupo de verdugos llegaron hasta el fundo ‘El Huachi’, ubicado a 8 kilómetros de esa comuna, detuvieron a José Domingo Godoy Acuña, Julio César Godoy Godoy y Desiderio Aguilera Solís, trasladándolos a la Tenencia de Carabineros de Santa Bárbara, desde donde fueron sacados en horas de la noche con destino desconocido y sin que hasta la fecha hayan sido vueltos a ver o se tengan noticias de sus paraderos.
Más o menos al mediodía de ese día, el mismo grupo se dirigió hasta la villa Loncopangue y también hasta las inmediaciones del fundo Rañiguel del mismo sector, procediendo a detener a Luis Alberto Cid Cid, Luis Bastías Sandoval y Raimundo Salazar Muñoz, siendo subidos a un camión de la Municipalidad de Quilaco que conducía José Feliciano Gutiérrez Ortiz, conocido como ‘El Chamo’, para luego ser llevados por el camino público que conduce a Quilaco hasta un sendero que lleva a la confluencia de los ríos Bío Bío y Quilmes, donde fueron bajados del vehículo y vigilados por sus captores, se les llevó caminando hasta las riberas de los cursos de agua señalados, momento en que sus aprehensores les habrían disparado con armas de fuego cayendo sus cuerpos al cauce de los mencionados ríos, ignorándose su real paradero hasta la fecha. También ese mismo día, en horas de la tarde fue detenido en Quilaco por un grupo conformado por Carabineros y civiles, el lugareño Segundo Marcial Soto Quijón, fecha desde la cual le hicieron desaparecer.
En la comuna de Santa Bárbara, aproximadamente las 14:00 horas del mismo día 20 de septiembre, el grupo criminal detuvo en el sector Los Junquillos a José Nazario Godoy Acuña, el que posteriormente fue trasladado hasta la Tenencia de Carabineros de Santa Bárbara. Alrededor de las 22:30 horas del 20 de septiembre de 1973 en la comuna de Santa Bárbara, llegaron hasta el domicilio de Manuel Salamanca Mella, ubicado en avenida La Feria sin número en Santa Bárbara, donde le detuvieron en presencia de sus familiares, para luego llevárselo a la Tenencia de Carabineros. En igual fecha, el mismo grupo se dirigió a la pensión ubicada en calle Rosas N° 343 de la comuna de Santa Bárbara, donde detuvieron a José Mariano Godoy Acuña, siendo trasladado hasta la Tenencia donde fueron vistos por última vez, sin que hasta la fecha se les haya vuelto a ver o se tengan noticias de su paradero.
En la noche del 20 de septiembre de 1973, el mismo grupo armado de Carabineros y civiles, llegó hasta el domicilio de Miguel Cuevas Pincheira ubicado en calle Rosas N° 371 de Santa Bárbara y lo detuvieron, en presencia de sus familiares, cónyuge e hijos, sacándolo de su casa y trasladándolo a un lugar desconocido sin que hasta la fecha haya sido vuelto a ver o se tengan noticias de su paradero.
El 23 de septiembre de 1973, en horas de la madrugada, el grupo de verdugos irrumpió en la hijuela La Palma, en la comuna de Santa Bárbara, para secuestrar desde su domicilio a los campesinos Sergio D’Apollonio Petermann, de 48 años de edad, y a su hijo Carlos Jacinto D’Apollonio Zapata, de 22 años.
A Carlos Jacinto lo trasladan hasta el puente que une las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, sobre el río Bío Bío, donde le pusieron en una de las barandas y le dispararon con armas de fuego, cayendo así al lecho del río. Sin embargo, la corriente arrastró su cuerpo hasta una de las riberas donde horas de la mañana del día siguiente fue encontrado su cuerpo por familiares y conocidos. Estos llevan el cadáver hasta su vivienda y proceden a velarlo para darle luego sepultación, pero en horas de la tarde de ese día, los mismos individuos que le habían secuestrado la noche anterior irrumpieron para sustraer el cuerpo del joven y se lo llevaron para hacerlo desaparecer hasta el presente.
En la mañana del 3 de noviembre de 1973 aproximadamente a las 11:00 hrs., el grupo de Carabineros y civiles llegó hasta la Parcela N° 112 del sector Piñiquihue de la comuna de Quilaco, donde detuvieron a José Roberto Molina Quezada lo sacaron de su casa y se lo llevaron en un vehículo con destino desconocido, momento desde el cual nunca más se tuvo noticias o conocimiento de su paradero.
En la noche del sábado 3 de noviembre, llegaron hasta el domicilio de Gabriel José Viveros Flores ubicado en las afueras de Loncopangue, procediendo a detenerlo en presencia de sus familiares, sacándolo de su casa y llevándoselo con destino desconocido.
Alrededor de las 16:00 horas del 7 de noviembre de 1973, en circunstancias que Aliro Segundo Oporto Durán, de 17 años de edad, se encontraba en una casa ubicada en el sector de Raleo del pueblo de Alto Bío Bío, llegó personal de Carabineros a detenerlo pero el joven arrancó en dirección al río Bío Bío siendo perseguido por los policías, uno de los cuales le disparó logrando aprehenderlo, momento desde el cual se ignora toda noticia de su paradero o existencia.
Fuente: https://resumen.cl/articulos/criminal-de-lesa-humanidad-seguiria-como-director-de-escuela-rural-de-curacautin
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