Al menos cinco fundaciones que han tenido miembros del Frente Amplio en sus principales cargos han recibido fondos públicos.
El 1 de junio de 2022, varios integrantes de la Fundación Territorios Colectivos se juntaron para seguir en vivo la cadena nacional que realizó el Presidente Gabriel Boric con motivo de su primera cuenta pública. En el live transmitido esa noche por redes sociales estaba Nataly Campusano, la Consejera Regional de Valparaíso y militante de Convergencia Social, quien entonces era “directora de incidencia” de la fundación. Le acompañaba la arquitecta Constanza Jana, quien hasta mayo pasado figuraba como asesora legislativa de la diputada María Francisca Bello (CS) y que en esos días era la tesorera de la fundación. Además, estaba el coordinador técnico de la entidad, Gustavo Vergara.
De acuerdo con la información que Territorios Colectivos difunde en su web, su presidente es Samuel Leiva. Este último es militante de CS, al igual que el director ejecutivo de la entidad, Juan Pablo Espinoza. También figura como director Javier Sánchez, exasesor del senador socialista Alfonso De Urresti y actual coordinador del comité de senadores del PS. La fundación fue inscrita el 16 de abril de 2020 en Valparaíso y su actual directiva fue elegida en diciembre pasado. Ese mismo mes, la Core Nataly Campusano, quien hasta 2021 fue pareja del senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, dejó su cargo en la fundación. A su vez, Constanza Jana, también dejó la institución.
Al analizar el equipo y la estructura de Territorios Colectivos, queda claro que se trata de un núcleo de profesionales vinculados a Convergencia Social, el mismo partido del Presidente Gabriel Boric, que integra el Frente Amplio.
CIPER revisó el registro de transferencias del Estado y Municipalidades, donde quedó constancia de que la Fundación Territorios Colectivos recibió, el 15 de mayo pasado, una subvención de $75 millones. La entrega de los fondos fue aprobada el 20 de abril de este año. Los recursos provienen del Ministerio de Hacienda. En esa cartera informaron a CIPER que se trata de una subvención presidencial. Según el registro de transferencias, el aporte tiene por destino la comuna de Juan Fernández, que forma parte de la Región de Valparaíso, territorio que es representado por la Core Nataly Campusano.
En el mencionado registro, se describe el objetivo de la subvención aprobada por la Presidencia: “Avanzar en el manejo integral y sostenible del sistema de residuos a nivel comunal mediante el desarrollo de mejoras en infraestructura, seguridad e innovación tecnológica en los espacios de compostaje de la Isla Robinson Crusoe”. Agrega que también buscará “lograr la disminución de los residuos domiciliarios y chatarra que recibe el vertedero de la comuna”.
Juan Pablo Espinoza, director ejecutivo de Territorios Colectivos, indicó a CIPER que participaron en un concurso para adjudicarse los fondos. Explicó que el camino que siguieron para postular se inició con reuniones virtuales con funcionarios de la Presidencia y que su contraparte inicialmente, vía correo, era Jorge Ayala, coordinador del Departamento de Subvenciones de la Presidencia.
La Presidencia de la República informó por escrito a CIPER que Territorios Colectivos presentó un proyecto para el fomento del desarrollo sostenible en Juan Fernández, el que fue sometido a evaluación y finalmente se decidió entregar la subvención (vea acá la respuesta completa de la Presidencia). CIPER consultó si el Presidente intervino en alguna parte del proceso y la respuesta fue negativa: “El Presidente no interviene en ninguna etapa del otorgamiento de recursos”. También aclararon que el proceso no incluye un concurso.
LAS CINCO FUNDACIONES
Tras la denuncia publicada por el medio Timeline de Antofagasta, desde el pasado 18 de junio el conglomerado político al que pertenece el Presidente Gabriel Boric está en crisis. La Fundación Democracia Viva recibió $426 millones del Ministerio de Vivienda, en una operación que fue suscrita por dos militantes de Revolución Democrática (RD): Daniel Andrade y Carlos Contreras. El primero intervino como representante de la fundación y el segundo en su calidad de secretario Regional Ministerial (seremi) de Vivienda. En ese momento, Andrade era la pareja de la diputada de RD
Catalina Pérez, quien ostenta el liderazgo del partido en la región. Y Contreras había sido jefe de gabinete de la misma parlamentaria.
La entrega de cientos de millones de pesos sin concurso ni licitación, suscrita entre dos militantes del mismo partido, ambos del círculo próximo a una parlamentaria que fue presidenta de RD, para financiar una fundación que tenía poco más de siete meses de existencia al momento de recibir los recursos, provocó un remezón que aún mantiene en crisis al Frente Amplio. Poco después, el problema se amplificó cuando se supo que la Seremi de Vivienda del Maule entregó $109 millones a una fundación en la que durante siete años había trabajado el jefe de esa misma repartición regional, Rodrigo Hernández (militante de RD).
Aunque el pasado jueves 29 de junio el Presidente Boric dijo que “hasta la fecha” no tenía antecedentes para pedir la renuncia de Hernández, el ministro de la Vivienda, Carlos Montes, confirmó este domingo 2 de julio que ordenó un sumario en contra del seremi.
Para identificar todas las fundaciones en las que participan militantes del Frente Amplio, CIPER revisó el registro de personas jurídicas sin fines de lucro, que lleva el Servicio de Registro Civil e Identificación. En esa base de datos figuran al menos 13 fundaciones que tienen o han tenido militantes de partidos del Frente Amplio en sus principales cargos. Al cruzar ese resultado con el registro de transferencia hechas por organismos públicos, constatamos que cinco de ellas han recibido aportes públicos desde 2017, año en que se constituyó el Frente Amplio. Estas son:
1) Fundación Territorios Colectivos: su director, Samuel Leiva, milita en Convergencia Social (CS). Lo mismo ocurre con su director ejecutivo, Juan Pablo Espinoza. Hasta el año pasado su directora de incidencia fue la Core de Valparaíso Nataly Campusano. La arquitecta Constanza Jana, quien hasta mayo pasado figuraba como asesora de la diputada María Francisca Bello (CS), señala en su Linkedin que en 2022 fue “segunda de abordo” en Territorios Colectivos. El periodista de la fundación, Enzo Lineros, también en su Linkedin señala que es encargado de comunicaciones de la Core Nataly Campusano. Como columnistas en la web de la fundación también aparece la abogada Jeniffer Mella, exconvencional independiente elegida en cupo CS y exjefa de gabinete de la exministra de Cultura, Julieta Brodsky (CS). También como columnista está Pablo Selles, excandidato a convencional de CS.
2) Democracia Viva: la fundación que desató la polémica tenía como representante legal a Daniel Andrade, entonces pareja de la diputada y expresidenta de RD Catalina Pérez. Las transferencias que recibió del Minvu de Antofagasta, cuyo seremi fue jefe de gabinete de Pérez, Carlos Contreras, alcanzaron los $426 millones.
3) Urbanismo Social: su exdirector jurídico fue Rodrigo Hernández (RD) hasta que asumió como Seremi de Vivienda en El Maule. Esa repartición realizó cuatro transferencias a la fundación por un total de $109 millones.
4) Chile Movilizado: es la fundación de la excandidata a gobernadora del Partido Comunes, Karina Oliva. La entidad facturó $120 millones para la campaña electoral de gobernadores de 2021 ($60 millones por la campaña de Oliva y otros $60 millones por la campaña del partido). También recibió, en 2020, cuatro transferencias por un total de $20 millones desde el Instituto Nacional de la Juventud.
5) Vértice Urbano: en su sitio web se define como “un equipo interdisciplinar de mujeres dedicadas a los estudios urbanos y territoriales desde una perspectiva feminista y ecológica”. En registros oficiales aparece inscrita en diciembre de 2019 y en su directorio está Valentina Saavedra Meléndez, quien al menos hasta marzo de este año aparecía en público como militante de Comunes. Así fue presentada el día 20 de ese mes en un programa de la radio de la Universidad de Chile. Vértice Urbano solo tiene una transferencia del Estado: desde la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, la que se oficializó a través de un decreto fechado el 20 de mayo de 2022 por una suma de $12 millones. La fundación señala a CIPER que este fondo fue asignado en virtud de un Fondart Nacional, convocatoria 2022 cuya selección fue informada en enero de ese año (*).
LOS FONDOS PARA JUAN FERNÁNDEZ
El jueves 27 pasado, día en que el Presidente Gabriel Boric instruyó a todos los ministerios la revisión de sus convenios con fundaciones, Gustavo Vergara, coordinador técnico del Territorios Colectivos, posteó lo siguiente en el blog del sitio web de la fundación: “Hoy queremos compartir, como fundación, la buena noticia de que comenzaremos a trabajar en un programa de 12 meses que permitirá reducir el volumen de residuos y mejorar la calidad de la infraestructura donde estos son tratados. En colaboración con la Municipalidad de Juan Fernández y representantes de la ciudadanía organizada del archipiélago y de sus autoridades comunales ejecutaremos un plan de acción para la disminución y el manejo sostenible de los residuos domiciliarios y chatarra que se producen en la comuna y, actualmente, se trasladan al vertedero de la isla Robinson Crusoe”.
Para concretar la iniciativa, según agregó después Vergara, la fundación se acercó a la Municipalidad de Juan Fernández. Esa comuna es encabeza por el alcalde Pablo Manríquez, quien se declara independiente cercano al Frente Amplio.
La Core Nataly Campusano posteó en su perfil de Instagram, el 9 de junio pasado, una foto donde sostiene una bandera de Juan Fernández junto al alcalde Manríquez y otras autoridades de la zona. La ex directora de incidencia de Territorios Colectivos celebraba que Chile Atiende entregaría servicios virtuales a la comuna y que ella había ayudado a que eso se concretara. Semanas atrás, el 27 de marzo, publicó un video con el alcalde Manríquez, esta vez para celebrar otro convenio: “El pasado viernes nos reunimos con el alcalde de Juan Fernández, el director del SERVIU y la Seremi de Vivienda y Urbanismo, con el objetivo de firmar un convenio del programa de pequeñas localidades, el cual permitirá destinar recursos para el diseño de la biblioteca de Juan Fernández”, apuntó.
CIPER consultó a Campusano si ella también tuvo que ver con la subvención presidencial que se otorgó a la fundación. Si bien reconoce que mantiene todavía una relación con los integrantes de Territorios Colectivos, dijo que ya no intervenía en las decisiones de la entidad. “No tengo nada que ver con ese convenio. Mi expertise no es el medio ambiente mi área es materia de género, mi vínculo con Territorios Colectivos principalmente es porque se alojó un proyecto que venía de la Fundación Decide, Ciudad con Lentes de Mujer, donde hace muy poquito sacamos un libro. Yo no tengo relación con este proyecto ni su contenido”, dice. Agrega que ni integrantes de la fundación ni el alcalde de Juan Fernández le pidieron referencias para la intervención en el archipiélago.
Samuel Leiva, director de la fundación, descarta que Campusano haya tenido que ver con la subvención que recibieron y explica que ella encabezó un proyecto feminista: “Nataly no ve temas ambientales”, dice.
El alcalde de Juan Fernández, Pablo Manríquez, indicó a CIPER que el proyecto es parte de la estrategia de residuos de la comuna, que el plan incluye 360 contenedores y que la intervención comenzaría en agosto próximo. Sobre los contactos de esta fundación, dijo: «Solicitaron reunión con la Secpla (Secretaría de Planificación) de la municipalidad el segundo semestre de 2022, para generar este tipo de proyecto, para una necesidad que nosotros habíamos estado constantemente mencionando». Sobre por qué esta organización terminó adjudicándose los fondos, señala: «No hay otra organización que se esté dedicando a esto en el territorio. De hecho, ni siquiera está la organización social civil del Comité Ambiental Comunal, no está creada. Hay muchas organizaciones acá del ámbito social, juntas de vecinos, clubes deportivos, adulto mayor, pero una organización social civil de esta área no está formalizada en estos momentos acá en Juan Fernández, y las que están se dedican más al tema de conservación terrestre y, sobre todo, marina».
AUMENTO DE TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES
Para la elaboración de este reportaje, CIPER consultó el Registro Central de Colaboradores del Estado, donde se almacenan las transferencias que realizan los organismos públicos hacia instituciones de todo tipo. En este registro, revisamos las transferencias hacia fundaciones y organismos no gubernamentales (ONG’s) realizadas por cuatro ministerios: Hacienda, Desarrollo Social (Mideso), Interior y Vivienda (Minvu).
La búsqueda se centró en los registros de 2019 a lo que va de 2023, con el objetivo de abarcar los últimos gobiernos, y buscando únicamente transferencias hacia fundaciones y ONG’s. Para todas las entidades se tomó en cuenta la fecha en que se emitió el decreto que estableció la o las transacciones, salvo el Minvu, que dispone de información relacionada con la fecha en que se llevó a cabo la transferencia misma.
El año en que estos ministerios transfirieron más recursos fue 2022, con un monto de casi $20 mil millones. De hecho, desde 2019 en adelante se observa una curva ascendente en las transferencias: ese año se traspasaron $11,7 mil millones. En 2020 la suma llegó a los $15 mil millones. En 2021 la cifra fue de $18,3 mil millones. Y en 2022 se traspasaron $19,9 mil millones. En lo que va de 2023 se han entregado $3,4 mil millones.
El ministerio con mayor monto de transferencias es el Minvu. Fueron más de $8,8 mil millones los que salieron de esa cartera hacia fundaciones y ONG’s en 2022. Esta cifra supera largamente la suma total de los traspasos realizados por esa secretaría de Estado en los tres años anteriores: en 2019 se transfirieron $1,1 mil millones; $867 millones en 2020 y $3,5 mil millones en 2021.
Otro organismo que tiene millonarias transferencias a fundaciones y ONG’s es la Subsecretaría de Evaluación Social (Mideso), la que en 2021 traspasó $7,1 mil millones. Un año antes, cuando estalló la pandemia, había transferido $5,5 mil millones.
El Ministerio de Desarrollo Social es la entidad que más recursos transfirió entre 2019 y 2023 a fundaciones y ONG’s, de acuerdo con el registro elaborado por CIPER. Si se suman las tres subsecretarías de la cartera (Evaluación Social, Servicios Sociales y de la Niñez), la cifra supera los $41 mil millones.
Dentro de las fundaciones que reciben más recursos del Mideso están varias con experiencia y conocido trabajo, como la Fundación para la Superación de la Pobreza y el Hogar de Cristo.
(*) Este artículo fue actualizado el 4 de julio de 2023 a las 13:25 hrs. con antecedentes enviados por la Fundación Vértice Urbano (vea acá la carta enviada por esa fundación)
Fuente: https://www.ciperchile.cl/2023/07/03/al-menos-cinco-fundaciones-que-han-tenido-miembros-del-frente-amplio-en-sus-principales-cargos-han-recibido-fondos-publicos/
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