¿Quién sabía y quién no sobre Democracia Viva? La errática trama de contradicciones que agudiza la crisis del Gobierno y el oficialismo.
por Lun Lee, Felipe Arancibia y Camilo Solís/Interferencia.
Primero Latorre y después Boric, ambos indicaron que sabían del caso antes de que un medio antofagastino lo publicara. Latorre dijo que no le había comunicado ni al ministro Montes ni a Jackson, pero al ser consultado por otros personeros del Gobierno, guardó silencio. Todo esto mientras recrudece el fuego amigo entre partidos oficialistas y la oposición saca ventaja de la crisis.
La trama política desatada tras el Caso Fundaciones estalló públicamente el 16 de junio tras la publicación del medio antofagastino Timeline. No obstante, el primer hito público del caso data del 7 de junio cuando la diputada por Antofagasta, Yovana Ahumada, oficia al entonces Seremi de Vivienda y Urbanismo, Carlos Contreras, por los $426 millones traspasados a la Fundación Democracia Viva, ligada a militantes de Revolución Democrática.
Pero desde entonces, la pregunta sobre quién, cuándo y cómo se enteraron de los hechos las autoridades de gobierno no ha hecho más que cambiar con el correr de los días.
Las dudas del caso las sembró el senador Juan Ignacio Latorre y las agudizó luego el presidente Gabriel Boric. Esto, pues una publicación de La Tercera del 4 de julio, reveló que Latorre conoció los primeros detalles del caso en una reunión telemática realizada el 6 de junio, cita en la que se reunió con Carlos Contreras y Daniel Andrade, quienes descartaron que hubiera irregularidades. Así las cosas, Latorre sabía del caso al menos desde el 6 de junio, un día antes del oficio de la diputada Ahumada, de manera que mantuvo el secreto durante días, o así parece haber sido.
Más atrás en el tiempo, la entonces subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, reveló que había sido alertada el 2 de mayo sobre el caso. Pero Rojas, también militante de RD, señaló que había desestimado informar al ministro de Vivienda Carlos Montes, pues esperaba reunir más información del caso, de manera que aún no lo hacía cuando el caso se hizo público desatando el escándalo. Esto le costó el cargo, pues se le pidió la renuncia el 25 de junio.
En relación a lo mismo, Latorre intentó llevar la crisis hasta la oficina del ministro Montes, afirmando que la información que él tenía era que la subsecretaria había informado al secretario de Estado, lo que habría sido falso.
Sin embargo, una vez conocido que Latorre tenía conocimiento antes del oficio debido a la reunión telemática, fue consultado sobre si conocidos los antecedentes había informado al ministro Montes y al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD), esto dado su liderazgo en el partido.
“Nosotros no le informamos ni al ministro Jackson ni al ministro Montes”, dijo Latorre en dos ocasiones negando haber entregado información a las autoridades.
No obstante, cometió una torpeza comunicacional, pues el martes 4 de julio Latorre fue consultado en específico sobre si el jefe de asesores, Miguel Crispi (RD), fue una de las autoridades a las que informó. El presidente de RD respondió: “no voy a responder preguntas relacionadas con eso”. Tres horas después, en un comunicado enviado a algunos medios de prensa, Latorre cambió su respuesta y afirmó que ninguna autoridad de gobierno había sido alertada tras conocer la información en la reunión telemática.
Sin embargo, la crisis ya había llegado hasta el segundo piso, a manos precisamente del presidente de la colectividad. En cuestión de horas el asunto creció y fue el presidente quien la agudizó.
Gabriel Boric entra en escena respecto a la polémica el miércoles 5 de julio, cuando prendió las alarmas al afirmar en un punto de prensa en el Maule que tenía antecedentes sobre el caso Democracia Viva al menos una semana antes de que fuera hecho público por el medio antofagastino. “El medio Timeline publica la noticia, si mal no recuerdo el 16 de junio. Y el conocimiento que nosotros tuvimos fue, entre un oficio que envía la diputada Yovanna Ahumada que es la semana anterior (…) dije inmediatamente… se tiene que entregar toda la información”, mencionó Boric erráticamente mientras se encontraba en terreno.
Las declaraciones de Boric siembran la duda sobre el conocimiento que tenía el Gobierno respecto de estos hechos, en especial siendo contrastados con las declaraciones de Latorre, las que a la luz de la explicación de Boric, parecen más un intento por blindar a los ministros Montes y Jackson al afirmar que no les había comunicado a ellos. Si Crispi sabía, y eventualmente otros funcionarios del Gobierno, ¿por qué no iba a tener conocimiento el ministro Montes o incluso el propio Gabriel Boric?
Las declaraciones enredaron aún más al Gobierno, el cual ha sido foco de ataques de parte de la oposición, quienes han aprovechado la instancia para apuntar sus dardos al oficialismo y a La Moneda, al mismo tiempo que se muestran al público como los fiscalizadores en contra de la corrupción.
Pero como si esto fuera poco, la polémica también ha enfrentado a los líderes políticos de las dos coaliciones de gobierno: Apruebo Dignidad (Frente Amplio más Partido Comunista y FREVS) y Socialismo Democrático (PS, PPD, PRSD y PL). En especial considerando que la timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, señaló que el presidente de Revolución Democrática ya no es un interlocutor válido.
Finalmente, ayer 6 de julio, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, tuvo que salir a dar explicaciones sobre las palabras del presidente, considerando que las declaraciones de Boric reconociendo que conocía antecedentes sobre el caso Democracia Viva, lo ponen en cierta forma en el mismo nivel de culpa que el senador Latorre.
Sin embargo, la explicación de Vallejo no llegó a despejar las dudas completamente considerando que se enfocó en indicar que Boric no se enteró con el oficio de Yovanna Ahumada el mismo 7 de junio, sino que se estaba refiriendo a que el Gobierno se enteró en esa fecha.
“El Gobierno son todas las autoridades de Gobierno, entiendo la confusión que se pueda generar (…) lo que pasa es que él habla en nombre del Gobierno completo, de una institución, y efectivamente al Gobierno le llega un oficio, al seremi de gobierno de la región (de Antofagasta), antes incluso había llegado esta denuncia de funcionarios y funcionarias», mencionó en conversación con Canal 13, sin conseguir disipar completamente las dudas.
Luego en horas de la tarde, Vallejo dio un punto de prensa en el que señaló que no todo acto administrativo que transfiere recursos para conseguir objetivos de políticas públicas es cuestionable, y reforzó la aclaración de la mañana. «El presidente responde de manera muy clara y transparente, el Gobierno es una institución, es el Poder Ejecutivo y efectivamente el Ejecutivo tuvo conocimiento de un oficio de fiscalización de una parlamentaria […] y ahí hubo un conocimiento de la autoridad de Gobierno de la región. Otra cosa muy distinta es cuando la gravedad del hecho y la información llega a nivel central», afirmó Vallejo.
Anteriormente, Luis Cordero, ministro de Justicia y una de las figuras que suele entrar en escena en momentos de crisis, sostuvo: «El presidente no se ha equivocado, el presidente ha sido bien transparente, como suele ser. El presidente se ha referido al Estado de Chile, el Estado de Chile objetivamente tomó conocimiento de eso con el oficio el 7 de junio”.
A continuación Interferencia pone a disposición de sus lectores una línea de tiempo con principales acontecimientos del caso desde la creación de la Fundación Democracia Viva hasta la suspensión de la militancia de Catalina Pérez por el Tribunal Supremo de Revolución Democrática durante la jornada de este jueves.
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