Símil a la convención: Candidatos al consejo constitucional pagaron a familiares con recursos públicos.

CIPER revisó las rendiciones de campaña ingresadas al Servel por los candidatos al Consejo Constitucional que compitieron en la elección de mayo pasado. Al menos 40 de ellos presentaron boletas de familiares. Aunque la ley no lo prohíbe, expertos en financiamiento electoral indican que es una práctica que debe regularse, porque se podrían estar ocupando recursos públicos para pagar a miembros del círculo cercano de un candidato por servicios que no se justifican o que, incluso, no se prestan. Cuatro de estos postulantes terminaron integrando el Consejo Constitucional: dos republicanos, un PS y un independiente.

El 11 de agosto de 2021 se inició la caída de la Lista del Pueblo ante la opinión pública. Un acelerado declive del que ese sector jamás se recuperó. Ese día, CIPER publicó un reportaje en el que acreditó que varios de sus candidatos a la Convención Constitucional incluyeron pagos a sus familiares en los gastos de campaña que presentaron al Servicio Electoral (Servel). El reportaje (véalo acá) fue ampliamente difundido por la prensa y junto a otros episodios -como la farsa del consejero Rodrigo Rojas Vade, descubierta por La Tercera– sepultó las aspiraciones políticas de ese grupo de izquierda y marcó el derrotero que seguiría la fracasada Convención. 

Tres semanas después, el 3 de septiembre de 2021, CIPER publicó un segundo reportaje en el que demostró que lo ocurrido con la Lista del Pueblo no era aislado: 128 candidatos a la Convención, de casi todos los sectores políticos, incluyeron boletas de familiares al rendir sus gastos de campaña, por un total de $178 millones. Y, a inicios de junio de este año, antes de que el Servel publicara las rendiciones de los candidatos al Consejo Constitucional, CIPER reportó que nueve postulantes a esa instancia habían contratado a familiares en campañas electorales anteriores. 

A fines del mismo mes de junio, el Servel difundió los gastos declarados por los candidatos al Consejo y CIPER los revisó. Así, se detectaron 40 candidatos al Consejo Constitucional que aparecen con servicios prestados por familiares. De ellos, cuatro fueron finalmente electos como consejeros: dos republicanos, un PS y un independiente. 

La ley no prohíbe a los candidatos que se presentan a cargos de elección popular contratar a familiares para sus campañas. Ese, de hecho, es el principal argumento que esgrimen los excandidatos contactados por CIPER. No obstante, especialistas en financiamiento político, incluyendo al presidente de la comisión que propuso la reforma tras los casos Penta y SQM, Eduardo Engel, han reconocido a CIPER que se trata de una materia que debe regularse. El problema es que involucra el riesgo de que fondos públicos o donaciones destinadas a campañas, terminen generando ingresos para el círculo cercano al candidato por servicios que quizás no se justifiquen o, incluso, que jamás se prestaron. 

Si se analiza la nómina de los 40 postulantes al Consejo Constitucional detectados en la revisión, los partidos con más casos son los siguientes:

• Partido Republicano: 9 candidatos con contratación de familiares.
• Partido de la Gente: 8 candidatos con contratación de familiares.
• Partido Demócrata Cristiano: 7 candidatos con contratación de familiares.
• Renovación Nacional: 5 candidatos con contratación de familiares.

Pero, en general, son colectividades de todos los sectores las que tuvieron postulantes en esta situación. Los montos más relevantes por contrataciones de familiares por partido son los siguientes:

• Partido de la Gente: $22,1 millones
• Partido Republicano: $14,4 millones
• Renovación Nacional: $11,4 millones
• Partido Demócrata Cristiano: $11,4 millones
• Partido Socialista: $10,9 millones
• Unión Demócrata Independiente: $5 millones
• Revolución Democrática: $3,2 millones 

Para esta revisión, solo se consideraron los servicios prestados por personas naturales y no por personas jurídicas (como las sociedades comerciales). Y solo fueron incluidas personas naturales que, de acuerdo con documentos oficiales del Registro Civil, tienen parentesco con el candidato.

Asimismo, CIPER intentó comunicarse con los 40 excandidatos para consultar si el pago a sus parientes se hizo con recursos públicos (adelantos o reembolsos aportados por el Servel), con donaciones que recibieron para la campaña o con fondos personales. Solo obtuvimos los datos de contacto de 29 candidatos. De ellos, 22 contestaron. 

También pedimos al Partido Republicano que nos diera los datos de contacto de los nueve excandidatos de esa colectividad que contrataron familiares, pero no hubo respuesta. Al mismo partido solicitamos que nos indicara si los pagos que hicieron sus excandidatos a familiares se hicieron con recursos públicos o privados, pero tampoco nos contestaron. 

Además, contactamos a la candidata del PC, Erna Maldonado Casanova, para consultarle por la contratación de un sobrino, por $400 mil, como brigadista. Pero no contestó las consultas de CIPER.

PERSONAS DE CONFIANZA

El consejero constitucional del Partido Republicano, Jorge Ossandón Spoerer, se encuentra en uno de los patios del ex Congreso Nacional, donde sesiona el organismo encargado de redactar una nueva propuesta de Constitución. Sostiene un casco de motocicleta, escucha las preguntas sobre la contratación de sus familiares en campaña y responde que debe comentarle el tema a un encargado de comunicaciones. Horas después, las consultas de CIPER reciben un portazo: Ossandón no responderá si las contrataciones de dos hermanos las cargó al reembolso de Servel. Es decir, si les pagó con recursos públicos. Sus parientes emitieron boletas por una suma total de $3,1 millones, por diseño y administración de la campaña, respectivamente.  

No es el único consejero republicano que requirió los servicios de un familiar y que se excusa de contestar. También lo hace Sebastián Parraguez González, quien le pagó a su cuñada por servicios de brigadista, prestados entre marzo y mayo pasados: $933 mil. 

“Se estipuló el pago con cargo al reembolso por Servel, ya que no se tenía mucho presupuesto, (era) una campaña modesta que no contaba con los recursos necesarios. Se debió optar por alguien que no recibiera pago mensual por su trabajo, sino que pudiese esperar el posible reembolso de Servel, es decir esperar su pago a lo menos seis meses”, dijo a CIPER la candidata del Partido de la Gente, Susana Verónica Pacheco Marcos. Ella contrató los servicios de un primo como jefe de campaña, lo que le significó un ingreso total de $1,3 millón ($433 mil mensuales). La postulante dijo que escogió a su primo por ser de confianza y conocedor del territorio. 

La mayoría de los reembolsos ya fueron pagados, aunque hasta el pasado 29 de septiembre el Servel todavía podía aceptar o rechazar las cuentas, según informó el servicio a CIPER.

En un artículo anterior de CIPER, el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Eduardo Engel, quien encabezó la comisión que propuso reformas al financiamiento electoral tras los escándalos de platas políticas, afirmó: “Contratar a familiares con recursos públicos para que trabajen en la campaña de un candidato es un tema que debiera regularse. Con prohibiciones cuando se trata de labores donde es difícil verificar que las tareas contratadas se realizaron y los pagos fueron a precio de mercado, particularmente en labores donde existe una amplia oferta, como brigadistas, transportes, community managers, etc.”.

Para otro artículo de CIPER, el abogado experto en transparencia, Alberto Precht, planteó que creía “que la prohibición absoluta a (contratar) familiares no cabe, pero sí poner requisitos como la justificación de por qué ese familiar es el único que pudiera prestar ese servicio”.

Fueron tres los candidatos del Partido de la Gente (PDG) que reconocieron a CIPER haber contratado familiares cargando la cuenta al reembolso. Además de la ya mencionada Susana Verónica Pacheco Marcos, también está Mauricio Andrés Pavez Galaz y Flor Rossany Contreras Vivallo. En el caso de Pavez, contrató a dos hermanos. Uno de ellos por un monto ascendente a $5,4 millones por “asesoría financiera y administración gasto electoral”, según los datos del Servel. “Necesitaba una persona calificada y de confianza, además de no contar con los medios para pagar a terceros”, dijo Pavez. Y agregó:

-El monto corresponde a todos los meses de campaña, con una serie de gestiones que se detallan en informe al Servel (…). Es ingeniero, por lo tanto, tiene las calificaciones para el cargo, y me podía esperar el pago. Ese cargo es muy delicado y necesitaba a una persona calificada, con conocimientos suficientes, y que pudiera esperar (el tiempo que demora el reembolso).

Flor Rossany Contreras Vivallo, también del PDG, contrató a dos hijos. A ambos se les consignó un monto de $500 mil. El primero por “confección e instalación y retiro de propaganda electoral”. Y el segundo por “ayudante de instalación y retiro propaganda electoral”, es decir, servicios similares. Ante la consulta de CIPER, Contreras señaló que lo hizo con cargo a dineros públicos porque “es lo más económico, en el fondo. Porque nadie me iba a hacer ese trabajo por esa cantidad de plata”.

El único candidato que salió electo por cupo indígena, Alihuén Antileo, contrató a su hijo como encargado de comunicaciones, por cerca de $1,6 millón. Como era independiente, recibió un anticipo electoral por parte del Servel y con esos fondos públicos pagó el servicio de su familiar. Mediante una respuesta escrita enviada a CIPER, Antileo contó que su hijo es médico y que rechazó ofertas laborales para dedicarse a la campaña: “Lo que, en la práctica, le significaba percibir menos ingresos”. Agregó que no considera inadecuada la contratación:

-Lo inadecuado o incorrecto hubiese sido que, una vez electo y ya siendo consejero constitucional, en ese momento hubiese contratado a un familiar, hecho que no ha acontecido ni va a acontecer.

Quien también resultó electo, pero como militante del Partido Socialista, fue el director de cine, Miguel Littin Cucumides, conocido por la película El Chacal de Nahueltoro (1969). Él contó con los servicios de una sobrina y de un primo, quienes fueron administradora electoral y jefe de campaña, con pagos por $6,3 millones y $4,5 millones, respectivamente. A CIPER le comentó que ambos gastos fueron cargados al reembolso, y remarcó que todo se apega a la regulación vigente.

Yorka Elisabeth Quinteros Pérez es militante de Revolución Democrática. A su hermano se le asignaron cerca de $3 millones como asesor y jefe de su campaña. Una parte de este gasto, según Quinteros, fue cubierta con reembolso. “Era lo que tenía a mano. Yo vivo en Copiapó y mi hermano es militante de RD también. Es un cargo de confianza. Ser jefe de campaña significa estar 24/7 conmigo. Yo tengo cuatro hijos, sola, es complicado. Tengo un hijo con condición TEA que requiere mucho de estar conmigo y no había nadie que cumpliera ese rol acá en Copiapó (…). Mi hermano es abogado, con residencia en Santiago, pero rechazó un trabajo para venirse conmigo tres meses”, dijo a CIPER.

La candidata por Renovación Nacional, Daniela Castro Araya, contrató a su hermano por un monto cercano a $1,3 millón, para trabajar en la página web de la candidatura. También lo cargó al reembolso del Servel: “Debíamos priorizar pagos de servicios que no nos dieron facilidades de pagar a futuro, por lo cual, (su hermano) fue una opción que accedió a esta modalidad”. Al menos fueron $500 mil los que se asignaron a su familiar dentro del reembolso.

Por último, el candidato demócrata cristiano, Andrés Palma Irarrázabal, contrató a dos hijos, pero no tiene claro si fueron con cargo al reembolso. Contó a CIPER que el Servel le reembolsó por un crédito solicitado: “Puede ser que haya sido el reembolso del Servel o haya sido financiado por los aportes recibidos, o esté financiándolo con el pago del saldo después de la liquidación”. 

PAGOS CON CARGO A LOS APORTES

Susana Collao Núñez fue candidata del PPD. Dentro de su rendición figura la contratación de un primo por $344 mil, por los servicios de brigadista. Dijo que lo financió con aportes del partido y no con cargo al reembolso. Sin embargo, la donación que realizó esa colectividad a su campaña también puede provenir de dineros públicos. Así lo reconoció a CIPER el secretario general del PPD, José Toro: “El PPD, casi en su totalidad, su única forma de financiamiento la obtiene del financiamiento público, los aportes de personas naturales son mínimos”.

Manuel Tobar Leiva, candidato DC, contrató a su hijo como chofer por $500 mil. Tobar dijo a CIPER que esto se pagó desde una cuenta del BancoEstado que tenía aportes de la DC y de sus adherentes. El trabajo, según Tobar, se lo dio a su familiar “después de buscar a otras personas. Sin embargo, esa labor es muy exigente, puesto que los horarios de un candidato exceden los de un trabajo normal”.

Mario Undurraga Castelblanco, candidato de la UDI que compitió en la Región del Maule, también contrató a un hijo como chofer, por $2 millones. Señaló a CIPER que lo pagó con los aportes que recibió: “Mi hijo es profesional, vivía en Santiago, se vino a vivir conmigo, no vivo en la ciudad, acá no llega locomoción. Además, (es) alguien de mi plena confianza para andar todo el día con él, escuchaba todas mis conversaciones”.

La candidata DC Kiria Gladys Antileo Mella, contrató a tres de sus hijos para prestar apoyo como brigadistas, en el área de diseño y también en la coordinación de la campaña. En total, estos aparecen con montos por $465 mil, los que, según Antileo, fueron costeados con aportes de terceros.

Gonzalo Ibáñez Santa María, de RN, contrató a su hijo Emilio como jefe de campaña. En total, se le asignaron $4,5 millones. El excandidato no tiene muy claro cómo se pagó. “Yo le pagué a este hombre, como le pagué a todo el mundo que trabajó en la campaña, y bueno uno después rinde cuentas y una parte se reembolsa, la otra parte (proviene de) aportes y, por último, del bolsillo”, señaló. Indicó que su hijo podía tener más claridad del ítem al que se cargó su salario y que él nos llamaría para aclarar, lo que no se produjo hasta el cierre de este artículo.

Por último, la candidata Mónica Latorre Roldán, que fue por un cupo del Partido Radical, contrató a una sobrina por $120 mil. El único aporte que recibió, según ella, fueron recursos que le facilitó la colectividad política.

Fuente: https://www.ciperchile.cl/2023/10/05/rendiciones-al-servel-al-menos-40-candidatos-al-consejo-constitucional-contrataron-a-familiares-con-dineros-de-campana/