Las redes políticas de Leonarda: asesores del gobierno y de parlamentarios, vinculados con empresas.
“Steuern, ¿te suena?”, le pregunta Leonarda Villalobos a Daniel Sauer mientras le enumera las sociedades que habrían aparecido en la malla de Impuestos Internos relacionadas con facturas sospechosas emitidas por cercanos al empresario. Cuando ella hace esa pregunta, la reunión lleva casi media hora. En la oficina del abogado penalista Luis Hermosilla planifican cómo librar al empresario de las consecuencias legales del manejo irregular de sus negocios.
“Sí, a esa también le puedo sacar plata”, contesta Sauer.
Lo que deliberan es qué sociedades pudieron haber formado parte del entramado de facturas falsas destinadas a cubrir hoyos financieros. La lógica es que los dueños que sabían de la operación podrían sumar recursos a la “caja negra” propuesta por Hermosilla para financiar las coimas a funcionarios del SII y de la Comisión Para el Mercado Financiero. Esa “caja negra” debía contener, al menos, $100 millones.
“¿Quién?”, pregunta Luis Hermosilla. “Steuern ¿Te suena María Leonarda?”, le responde con malicia Sauer.
“Yo a estos huevones los voy a matar, los voy a matar”, dice Leonarda Villalobos. Sauer se ríe: “Bueno, o sea, hay que arreglar sí o sí”.
Steuern es una sociedad creada por Villalobos en abril de 2017, cuando comenzaba su privatización luego de un paso de, al menos, ocho años por el aparato público. Ahora esa sociedad cobra relevancia, porque según la abogada Villalobos, aparece en los registros del SII recibiendo facturas de empresas de Sauer. Facturas que en la reunión ellos reconocen que son falsas.
CIPER accedió a un audio que registró casi dos horas de una reunión entre Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Leonarda Villalobos. Una reunión donde el trío planificó el pago de coimas a funcionarios del SII y la CMF. La publicación de un primer reportaje con algunos extractos de ese audio provocó que se activaran investigaciones de la fiscalía, del SII, de la CMF y del Colegio de Abogados (vea “«Aquí estamos haciendo una huevá que es delito»: el audio en el que Luis Hermosilla menciona pagos a funcionarios del SII y la CMF”). Pero hay más.
Son dos las sociedades vinculadas a Leonarda Villalobos que, según lo que dijo ella en la reunión, recibieron facturas falsas de empresas vinculadas con Daniel Sauer (dueño de una corredora de bolsa y un factoring investigados por la justicia): Steuern Asesorías Spa -creada por ella en 2017- y Asesorías y Negocios Commercia Spa, donde su marido (Luis Angulo), es socio con el exdiputado Exequiel Silva.
“¿Me podí explicar cómo chucha a la única persona que deberían haber cuidado le hicieron factura? ¿Me podí explicar eso?”, inquiere Villalobos a Sauer durante la reunión.
Ella reclama que no supo de que a su empresa le habían enviado facturas, porque “las cliquearon para que no tuviesen recepción”. Commercia, la segunda empresa vinculada a ella (a través de su marido) que figura en los registros, también recibió facturas, al parecer, falsas.
“Escucha esto: Commercia, la empresa de mi marido, 400 facturas”, dice Villalobos.
Leonarda Villalobos les cuenta a Hermosilla y a Sauer la información que habría levantado desde Impuestos Internos. Profundiza en esos datos.
“Están investigando del folio 400 desde marzo al 1.600 de diciembre de Guayasamín. Folios son facturas, agrega la abogada, haciendo referencia a facturas emitidas durante 2022”. Según ella, Commercia recibió facturas falsas desde una de las sociedades ligadas a Sauer: Inversiones Guayasamín Spa. Durante la reunión, Daniel Sauer explica que las facturas falsas que emitía esa sociedad servían para allegar recursos a la familia Jalaff, quienes durante muchos años fueron controladores del Grupo Patio.
Según registros del Diario Oficial, en 2017 los socios de Asesorías y Negocios Commercia eran el exdiputado Exequiel Silva (DC), y el actual marido de Leonarda Villalobos: Luis Angulo Rantul. Ambos coincidieron desde 2014 en el Ministerio de Educación que dirigió Nicolás Eyzaguirre durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
Leonarda Villalobos también estuvo ahí. Pero no fue su primer paso por el aparato público. Ella ingresó al Mineduc durante el primer mandato de Sebastián Piñera: según registros de Transparencia desde el 2 de mayo de 2013 figura recibiendo sueldos mensuales de $1,7 millón por su rol de “relacionadora pública empresarial”. En ese tiempo no era abogada, recién se tituló en 2021 en la Universidad Bolivariana.
Antes, entre 2012 y 2013, aparece recibiendo pagos del Hospital de Melipilla y del Instituto Psiquiátrico José Horwitz, también por su rol de “relacionadora pública empresarial” Y antes de eso, como funcionaria de una corporación de la Municipalidad de Conchalí, cuando el alcalde era Rubén Malvoa, entonces marido de Karla Rubilar, diputada RN por ese distrito. Malvoa salió del municipio en 2012, lo que coincide con el salto de Villalobos a recintos de la salud pública, y luego al Ministerio de Educación.
Una querella por amenazas que presentó en contra de Leonarda Villalobos un funcionario de Conchalí, describe que el hostigamiento partió en 2009 cuando él se negó a imprimir -con recursos municipales- chapitas que iban a servir para la campaña parlamentaria de ese año de Karla Rubilar. Al respecto, la también exvocera de gobierno le dijo a CIPER que “no tenía conocimiento de la querella hasta ayer que me enteré por una periodista, nunca habría permitido amenazas de ningún tipo a algún funcionario. Entiendo que la fiscalía desestimó los hechos, y yo nunca ni siquiera fui llamada a declarar”.
Los vínculos políticos de Leonarda Villalobos hasta ahora eran desconocidos. Y hay varias sorpresas. En un documento del PPD fechado el 30 de junio de 2014, ella aparece siendo proclamada como la secretaria del comunal de La Reina de ese partido (vea aquí el documento). No se sabe hasta qué fecha militó. Actualmente no figura en el registro interno de militantes del PPD.
Pero sus vínculos políticos no terminan ahí. Su actual marido -se casaron en 2018, luego de que ambos coincidieran en el Mineduc-, también ha sido asesor en el ministerio de Ciencia y en el de Bienes Nacionales durante el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric. Y registra un paso como asesor parlamentario en el Congreso: entre marzo y diciembre de 2022 fue el jefe de gabinete del diputado Cristián Tapia (independiente en cupo PPD).
Uno de los socios de Villalobos en el staff de abogados que creó en 2022, Alejandro Ávila Huerta, es actualmente asesor a honorarios del mismo diputado, y antes registra pasos como funcionario en distintos municipios.
Ese grupo -Luis Angulo, Exequiel Silva, Alejandro Ávila-, comparte sociedades con personas que fueron asesores de gobierno durante Bachelet 2, como Julio Valladares y Alexis Yáñez.
El Mercurio reveló que este miércoles Leonarda Villalobos declaró durante más de diez horas ante la fiscalía oriente -que creó un grupo especializado de persecutores para investigar el caso-, y que esa declaración continuaría hoy. Hasta ahora, la abogada se ha negado a entregar su versión a CIPER.
Ayer los diarios La Segunda y La Tercera revelaron que el padre de Leonarda Villalobos fue funcionario del SII hasta 2013, cuando fue destituido de su cargo por participar en irregularidades.
EL ESPOSO Y SUS SOCIOS
Leonarda Villalobos se casó con Luis Angulo Rantul en 2018. Él, profesor de Historia y Geografía, tiene un curriculum abultado como asesor y funcionario de figuras de la exConcertación: fue asesor del Mineduc en 2015, de otros dos ministerios solo en este año y se desempeñó como jefe de gabinete del diputado Cristian Tapia Ramos (independiente, cupo PPD) entre marzo y diciembre de 2022.
En entrevista con CIPER, el diputado Tapia dice que conoció a Angulo “años atrás, cuando él trabajaba en la Subdere y yo era alcalde de la comuna de Vallenar. Él estaba a cargo de un departamento y yo tenía que hacer unas consultas respecto de unos proyectos municipales”.
Según el relato de Tapia –que fue alcalde de Vallenar entre 2008 y 2020 y que militó en el Movimiento Amplio Social, el partido que fundó el exsenador Alejandro Navarro— se reencontró con Angulo cuando lanzó su campaña para llegar a la Cámara. Y, una vez que consiguió el cupo por el Distrito 4, lo contrató como asesor:
-Me apoyaba en proyectos de ley, me visualizaba “oye, viene este proyecto, se está discutiendo esto en la Comisión”. Recibía el tema de la Ley del Lobby para reuniones: “Oye, hay reunión con tal empresa, te están pidiendo reuniones”. No conozco su vida privada. Hemos mantenido una buena relación, pero nunca un vínculo más allá, afirma.
Angulo abandonó ese cargo en diciembre de 2022. De allí saltó a la oficina de comunicaciones del Ministerio de Ciencia, donde trabajó entre enero y marzo de 2023. Ahí coincidió con Sebastián Vergara (PPD), quien se lo llevó consigo al Ministerio de Bienes Nacionales cuando fue nombrado subsecretario de esa cartera. Según registros de transparencia, Angulo fue contratado en Bienes Nacionales como jefe de asesores de la subsecretaría en abril pasado. Luego del reportaje publicado por CIPER el martes 14 de noviembre, ese ministerio cortó su vínculo con Angulo.
Antes de dejar su puesto como mano derecha del diputado Tapia, recomendó en su reemplazo a su amigo y socio Alejandro Ávila. El parlamentario aceptó el consejo y lo contrató como asesor a honorarios en mayo de este año:
“A él (Alejandro Ávila) lo conozco de menos tiempo, solamente desde el año pasado. Este año le tengo pedidas ciertas asesorías sobre materia municipal, porque es muy experto en el tema municipal, pero igual le he pedido unos temas de deportes y minería. Luis Angulo me lo presentó como un amigo de él”, sostiene Tapia.
Alejandro Ávila cierra otra trenza de Angulo y Leonarda Villalobos: además de amigo del primero, es socio de la abogada en A&V Law Group, una sociedad dedicada a prestar servicios jurídicos que fue creada el 21 de diciembre de 2022. Y a mediados de 2023, cuando la crisis ya estaba desatada en STF Capital (la corredora de bolsa de Daniel Sauer y su familia que fue sancionada por la CMF), fungió como gerente general de esa compañía (vea aquí el documento).
Mientras Ávila asesoraba al diputado Tapia, ejercía labores administrativas en una de las empresas de Sauer.
Antes, estuvo contratado como asesor de la Municipalidad de Graneros entre 2013 y 2014, bajo la dirección del todavía alcalde Claudio Segovia Cofré (independiente, fuera de pacto), y del municipio de Olivar entre 2017 y 2021, cuando la alcaldesa fue Práxedes Pérez Aránguiz (PS).
Pero los contactos de Angulo no se agotan con Ávila. Quizás uno de sus socios más influyentes es el exdiputado Exequiel Silva (1994-2006, DC), con quien comparte dos sociedades: Asesorías y Negocios Commercia SpA (2014) y Sociedad de Inversiones, Negocios y Asesorías Mar Pacífico S.A. (2012). Ambos, además, coincidieron en el Mineduc en 2015, cuando Nicolás Eyzaguirre comandaba la cartera.
La primera empresa aparece mencionada en el diálogo que sostiene la esposa de Angulo, Leonarda Villalobos, en su reunión con Daniel Sauer y Luis Hermosilla. Específicamente, cuando hablan de las facturas falsas que habría emitido Inversiones Guayasamín SpA, una sociedad controlada por Sauer y que es investigada por el SII.
Ante Impuestos Internos, Commercia registra dos giros: consultoría de gestión y fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares.
Exequiel Silva, el exdiputado DC devenido en lobista y que es socio del marido de Villalobos, le dijo a CIPER que se va a querellar “contra todos quienes resulten responsables” de los hechos denunciados. Según él, nunca supo de maniobras irregulares y no quiere verse expuesto en un caso de este tipo.
Dice que nunca supo de las facturas falsas que habría recibido su empresa Commercia, y que esa es una de las razones por las que se querellará. “No conozco a esa empresa”, señaló cuando le preguntamos por Guayasamín, la empresa de Daniel Sauer que habría emitido cientos de facturas falsas a distintas empresas.
Silva agregó en que no conoció a la consultora Steuern -creada por Villalobos en 2017-, a pesar de que aparecía como “socio y director” de esa empresa en su página web, la que fue bajada hace algunos días, y que en su perfil de LinkedIn él mismo incluyó que era “socio director” de Steuern Spa. El exdiputado eliminó ese antecedente luego de la publicación del primer reportaje de CIPER. Pero este es el registro:
Exequiel Silva formó junto a Alex Yáñez y Julio Valladares la empresa de lobby Conexxa, la que tuvo entre sus clientes a empresas como KDM, que tuvo un rol protagónico en el Caso Basura (vea reportaje de CIPER).
ANGULO Y SILVA: PROVEEDORES DEL EJÉRCITO
CIPER detectó que la empresa de Angulo y Silva aparece en el registro de proveedores del Ejército. Aunque no es posible encontrar datos públicos sobre la venta de productos o servicios a la institución castrense, sí hay evidencia de los negocios de Commercia con las Fuerzas Armadas en una serie de correos electrónicos que se filtraron en el marco de los Guacamaya Leaks, una operación comandada por hackers que atacó y divulgó comunicaciones internas de ejércitos y policías de distintos países, incluido Chile, a mediados de 2022.
En uno de esos emails, enviado el 6 de marzo de 2019 a una funcionaria del Estado Mayor Conjunto (EMCO), Angulo afirma que “Commercia SpA, es una empresa dedicada -entre otros- a representar diversos intereses de empresas extranjeras en nuestro país. En dicho contexto, la empresa GEOENTEC Environment Technologies nos contactó a fin de hacernos partícipe de uno de sus proyectos denominado “ANT-DROID MINE EXPLORER” (robot detector de minas antipersonales), cuyo prototipo se encuentra en fase de evaluación bajo condiciones reales (…) Es por las razones señaladas, que por este medio solicitamos Uds. la posibilidad de agendar una reunión con los desarrolladores del proyecto”, quienes viajarían a Chile entre el 18 y 21 de marzo de 2019.
Los registros de lobby ubican a Angulo en tres reuniones con personal del Estado Mayor Conjunto (EMCO) para tratar esta materia en representación de la empresa española GeoEntec. La primera, el 29 de septiembre de 2019. Y las otras dos, el 24 y 25 de febrero de 2020, respectivamente.
Entre los registros internos que revisó CIPER, aparece otro correo electrónico que se enviaron funcionarios del EMCO el 23 de febrero de 2020, en el que manifiestan su preocupación por “8 audiencias realizadas” que “NO SE ENCUENTRAN PUBLICADAS” en la plataforma de la Ley de Lobby. Entre ellas, una cita con Luis Angulo Rantul.
En la segunda empresa en que Angulo y Silva comparten propiedad, Negocios y Asesorías Mar Pacífico, asoma otro nombre anclado a la exConcertación: Alexis Yáñez Alvarado.
Tal como reveló CIPER en un reportaje de 2014, Yáñez fue parte del equipo de lobistas que el segundo gobierno de Michelle Bachelet envió al Congreso cuando se debatieron dos reformas que, en el papel, eran emblemáticas dentro de su gestión: la tributaria y educacional. En ese equipo también jugaban Julio Valladares Muñoz, Pablo Berazaluce Maturana, Hugo Lara Torres y Exequiel Silva Ortiz. Cinco negociadores por excelencia del antiguo pacto de la centroizquierda.
Yáñez forjó su ascendencia política al alero de Francisco Vidal, a quien acompañó como asesor desde que el expresidente Ricardo Lagos lo nombró como Subdere en 2000, hasta que en 2009 fue ministro de Defensa bajo el primer gobierno de Bachelet. Luego, gracias a gestiones de Julio Valladares, se integró al equipo de asesores del entonces ministro de Hacienda, Andrés Velasco.
En paralelo a su trabajo como funcionario público, Yáñez creó empresas constructoras, editoriales y agrícolas –entre otras—y se involucró en el negocio de la educación superior: asesoró a la Universidad Autónoma y después se asoció a ella a través de Servicios Universitarios S.A. Esa casa de estudios s controlada por la familia del exministro de Justicia, Teodoro Ribera (RN).
AMENAZAS Y VIF: LAS OTRAS CAUSAS JUDICIALES DE VILLALOBOS
Al menos hasta junio de 2010, Leonarda Villalobos era la encargada de adquisiciones y logística de la Corporación de Educación, Salud y Atención de Menores de Conchalí (Coresam). Allí coincidió con Karla Rubilar (RN), que en ese momento era diputada por el Distrito 17 y cónyuge del alcalde de Conchalí, Rubén Malvoa.
Así lo asegura una querella interpuesta por un extrabajador de esa corporación contra Villalobos en febrero de 2011. El motivo: la abogada habría denigrado y amenazado al entonces director del área de Atención de Menores de esa corporación por su condición sexual, luego de negarse a imprimir unas chapitas (vea querella).
“A la Karla no le va a gustar”, respondió Villalobos, según se menciona en el documento, a la negativa del funcionario. Noviembre de 2009 era periodo de campaña y Rubilar perseguía su segunda periodo en la Cámara de Diputados. En el relato de los hechos, el querellante insiste varías veces en ese punto: Villalobos habría utilizado recursos públicos para financiar gastos de la campaña parlamentaria de la exministra de Sebastián Piñera.
“Se me solicita por parte de la Sra. María Leonarda Villalobos Mutter que imprima unas chapitas con recurso del área que administro. Situación a la que me niego. Concurrí a la sede de la diputada Sra. Rubilar, lugar en el que pude constatar que se encontraban diversos insumos pertenecientes a la corporación destinados a la producción de chapas de campaña. (…) De la misma forma cuando se solicitan algunos enceres para clubes deportivos, centros de madres, son solicitados a María Leonarda Villalobos, quién refiere de manera jactanciosa ‘La corporación paga’”.
Contactada por CIPER, Karla Rubilar negó haber conocido de estos hechos en ese momento.
En su acusación, el funcionario relató que no soportó los malos tratos de Leonarda Villalobos: “Comentaba a viva voz que soy flojo y que nunca he trabajado, además de que mi puesto es inapropiado a mi persona, ya que, según su relato, yo sería homosexual”. Según el querellante, tiempo más tarde comenzaron a llegar mensajes anónimos a su hogar, en los que se amenazaba su vida o la de su familia: «Renuncia maricón» o «Esta es tu oportunidad o tu familia…fatal atropello a la salida».
El funcionario incluyó imágenes de esas amenazas en la querella.
Pero esa no era la primera vez que Villalobos enfrentaba una acción judicial en su contra. El 6 de diciembre de 2007, su exesposo y padre de sus cuatro hijos, Marcos Bratti González, interpuso una demanda por lesiones en contexto de Violencia Intrafamiliar.
Las rencillas entre Villalobos y su exesposo no fueron pocas. En 2016, Bratti presentó una querella criminal acusando a Villalobos de falsificar diálogos de WhatsApp entre ella y miembros de su familia, para utilizarlos como prueba en el litigio anterior.
Fuente: https://www.ciperchile.cl/2023/11/16/las-redes-politicas-de-leonarda-asesores-del-gobierno-y-de-parlamentarios-vinculados-con-empresas/
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