Argentina: contra la desmemoria, ¡qué abran los archivos!

por Ariadna Wdowiak/ ANRed.

Es común toparse con la creencia que los archivos son depósitos de cosas muertas. Sin embargo, allí se conserva el patrimonio documental de un país (1). Documentos que construyen un relato, «la historia oficial». Los archivos se encargan de conservar la memoria. A su vez, la memoria es un territorio en disputa y por ende, el relato de la historia oficial se pone aprueba constantemente. En Argentina, el «que abran los archivos» es una consigna que se repite desde hace casi 48 años: «Queremos los archivos de la Dictadura, de los Servicios de Inteligencia, de las Fuerzas de Seguridad, de las Fuerzas Armadas, de los estrados Judiciales», explicaba Carlos «Sueco» Lordkipanidse en una entrevista radial, con motivo de la inauguración del Archivo Popular de la Memoria (2), una iniciativa que nace ante la decisión activa y consciente de todos los gobiernos democráticos hasta la fecha de proteger los secretos del terrorismo de Estado. Se han negado a entregar la información que allí yace y serviría para reconstruir uno de los episodios de la historia Argentina más cargados de crueldad y violencia política. 

 

En otras palabras, se está negando el derecho de construir colectivamente la verdad histórica (4).

(Re)Construir, un trabajo siempre colectivo

Nos encontramos próximos al 48°aniversario del golpe cívico-militar-eclesiástico-empresarial, en una convocatoria unificada y con un poder ejecutivo de turno que reivindica abiertamente la persecución sistematizada que dejó como saldo 30.400 personas detenidas/desaparecidas, aunque estos desconocen la veracidad de las cifras.

«Entre 1976 y 1982 funcionaron en Argentina 340 campos de concentración-exterminio, distribuidos en todo el territorio nacional […] Se estima que por ellos pasaron entre 15 y 20 mil personas, de las cuales aproximadamente el 90 por ciento fueron asesinadas. No es posible precisar el número exacto de desapariciones porque, si bien la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas recibió 8960denuncias, se sabe que muchos de los casos no fueron registrados por los familiares. Lo mismo ocurre con un cierto número de sobrevivientes que, por temor u otras razones, nunca efectuaron la denuncia de su secuestro.

[…] Algunas entidades de defensa de los derechos humanos, como las Madres de Plaza de Mayo, se refieren a una cifra total de 30 mil desaparecidos», explica Pilar Calveiro en su libro Poder y desaparición.

Cabe resaltar que fue publicado por primera vez en el año 1998 y que, a la fecha, se registran 474 centros clandestinos de detención y otros lugares de reclusión ilegal más (814 en total) (5). Por eso, el informe de la CONADEP no es definitivo, ya que se llevó a cabo poco tiempo durante el retorno de la aún débil democracia, que tenía por objetivo enjuiciar sólo a los miembros de las juntas y no a otros rangos o a la participación civil (que hasta el momento nunca fueron llevados a juicio, con excepción delos directivos de Mercedes Benz y de Ford).

Sumado a esto, el 24 de marzo del 2006, LA NACIÓN publicaba una nota donde aseguraba haber dado con «nuevos documentos desclasificados muestran que los militares estimaban que habían matado o hecho desaparecer a unas 22.000 personas entre 1975 y mediados de 1978, cuando aún restaban cinco años para el retorno de la democracia» 

Por su parte, el archivo de memoria trans indica que «las disidencias sexuales víctimas del terrorismo de Estado fueron históricamente invisibilizadas y se estima que por un pedido de la comunidad católica en las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas se excluyeron alrededor de 400 legajos catalogados bajo la categoría “depravados y sodomitas”. Sumado a esto, el recuento de las víctimas trans se complejiza porque muchas no fueron buscadas por sus familiares, fueron ingresadas con una identidad distinta a la auto percibida y/o catalogadas como NN»

«Yo no creo que haya 30 mil, creo que hay muchos más», dijo Moira Millán, weychafe (guerrera) del Lof(Comunidad) Pilliañ Mahuiza en una entrevista por los 40 años de democracia: «Creo que hay muchos más, que hubieron un montón de hermanos y hermanas indígenas que no tenían acceso a la justicia. No lo tenía la gente blanca, de clase media, profesionales, cuyos hijos eran desaparecidos, o sus maridos o esposas. Teniendo herramientas, no tenían acceso a la justicia, imagínense lo que pasaban en los territorios. Conozco una cantidad de historias, que espero algún día poder escribirlas, para contarle a Argentina, ese otro dolor de la dictadura que nunca jamás ha sido narrado y es el de los pueblos indígenas», cuenta. Plasmando un panorama que muestra que la reconstrucción de la verdad no sólo es un trabajo que no terminó, sino que hay lugares donde siquiera comenzó.

 

¿Qué significa destruir un archivo?

Por su parte, el gobierno de turno está desfinanciando las políticas de memoria y obturando la labor de sus trabajadores. Sólo por decir que estos han denunciado precarización, renovación de contratos sólo por tres meses (hasta el próximo 31 de marzo), el anuncio de despidos y la desfinanciación de por lo menos 20 programas de investigación vigentes. Esto implica necesariamente un descuido del patrimonio documental, por entorpecer las tareas de conservación preventiva tanto de documentos como de sitios arqueológicos, pausar la digitalización de documentos para evitar su manipulación, el cese de tareas de divulgación e investigación. En definitiva, pone en peligro su conservación para las futuras generaciones.

¿Para qué quisieran preparar un relato único donde la dictadura no sucedió como tal?Negar del derecho al acceso al archivo es una vulneración particularmente grave. Bien lo dijo Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar: el terror se basa en la desinformación.

El Consejo Internacional de Archivos en su Declaración Universal sobre los archivos, adoptada en Asamblea General (Malta, 2009), reconoce «el carácter único de los archivos como testimonio y reflejo de la evolución de las sociedades» y » el carácter esencial de los archivos para garantizar una gestión eficaz, responsable y transparente, para proteger los derechos de la ciudadanía, para el establecimiento de la memoria individual y colectiva, para la comprensión, la documentación del presente y la orientación de actuaciones futuras», entre otros puntos.

Los archivos no guardan cosas muertas ni son un simple registro del pasado, son parte de nuestro presente, el soporte de la memoria colectiva y uno de los pilares de la construcción de la realidad social. Por lo tanto, la sustracción selectiva de documentos, la destrucción, mala o nula conservación de memoria documental por causas de violencia política no es sólo un borramiento de la violación sistemática de derechos humanos que se llevó a cabo en el pasado, es una violación de nuestro derecho a saber en el presente.

Notas:

1) Los documentos pueden ser testimonios, fotografías, piezas audiovisuales, cartas, papeles, papiros, etc.

2) https://ar.radiocut.fm/audiocut/inauguracion-del-archivo-popular-memoria/

3) Imagen extraída a modo de ejemplo de «Los documentos desclasificados por EEUU que revelan el rolde los servicios de inteligencia durante el terrorismo de Estado»:https://www.comisionporlamemoria.org/project/los-documentos-desclasificados-por-eeuu-que-revelan-el-rol-de-los-servicios-de-inteligencia-durante-el-terrorismo-de-estado/

4) Frase extraída de: Del abordaje teórico al análisis empírico. Un archivo de la represión en Rawson, Chubut. Mónica Gática, 2006

5) https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/ANM/rutve/mapas8) https://www.lanacion.com.ar/politica/el-ejercito-admitio-22000-crimenes-nid791532/