Chile en lucha: ¡No al negocio inmobiliario! ¡No a los desalojos!

La crisis habitacional que tiene a más de 1 millón de familias sin casa no da para más y aun así el gobierno de Boric y sus lacayos no han titubeado en ordenar los desalojos a diversas tomas y campamentos, sin entregar ninguna solución habitacional, por lo que esta cifra irá aumentando cada vez más.

La lucha por la vivienda ha sido de larga data y ha demostrado ser uno de los principales ejes que ha aglutinado al movimiento de pobladores a lo largo de la historia. Con la instauración del modelo económico capitalista y la sociedad de clases, las condiciones de precariedad y necesidad de vivienda comenzaron a ser uno de los principales problemas para la clase trabajadora hacia fines del siglo XIX. La migración campo-ciudad y la aglutinación de pobladores en la capital comenzó a ser la constante hacia inicios del siglo XX, trayendo consigo una serie de problemáticas como el hacinamiento y enfermedades que impulsaron la lucha por distintas demandas, entre ellas, la vivienda. Las poblaciones callampas es uno de los ejemplos más concretos hacia dicho periodo, que se caracterizaron por ser asentamientos ocupados por los sectores populares, encontrándose desprovistos de servicios básicos como alcantarillado, luz y agua. Mientras tanto, los ricos tenían sus propios palacios y mansiones a costa del hacinamiento y explotación a los trabajadores.

Las protestas y movilizaciones fueron una característica importante en contra de la ineficiencia y falta de solución por los gobiernos de turno. Por ello, las tomas y campamentos se fueron forjando como la alterativa de la clase trabajadora y el pueblo para enfrentar la crisis ante la ausencia de un verdadero Plan Habitacional que diera solución al déficit de viviendas.

En la actualidad, vemos que la situación no es muy distinta e incluso las condiciones de precariedad se acentúan cada día más. La crisis capitalista se hace cada día más evidente y cada vez es más justo rebelarse. Los ricos se siguen enriqueciendo a costa de la especulación inmobiliaria, construyendo edificios a precios inalcanzables y dándonos como única solución endeudarnos para tener un lugar donde vivir. Aquello, hace cada día más dificultoso poder acceder a una vivienda, partiendo por los bajos sueldos. Actualmente el sueldo mínimo se encuentra en $460.000, y según datos de la Fundación Sol, el 56% de los trabajadores gana menos de $500.000 mensuales, siendo un sueldo completamente insuficiente para todas las necesidades que requiere un hogar considerando gastos básicos como alimento, salud, educación y vivienda.

Una de las primeras palabras que dio Boric en su candidatura a la presidencia en el programa Candidato llegó tu hora de TVN, fue que “se puede dialogar en vez de meter la retroexcavadora y romperle sus cosas a gente que se ha esforzado muchísimo por avanzar”, señalando que sus esfuerzos estaban puestos en priorizar las soluciones habitacionales por sobre los desalojos, sin embargo, sus palabras bonitas se las llevó el viento, pues a poco menos de cumplir los 2 años en el poder, entró en vigencia la Ley de Usurpaciones, más conocida como Ley antitomas o ley maldita. Lo que demuestra el fortalecimiento de un Estado Contrainsurgente que no ha escatimado en reprimir y criminalizar a quienes luchan por sus derechos.

Con ello finalmente mostró su verdadera cara, pues de nada sirvió que se vanagloriara con su historial de dirigente estudiantil en el 2011, con sus discursos de apoyo al pueblo y sus denuncias de violaciones a los derechos humanos, pues no dudó ningún segundo en implementar leyes hechas a la medida de los intereses patronales. Ahora él y su tropa juvenil liberal se han logrado hacer un espacio en el Bloque en el Poder, tratando de contener como sea con sus leyes represivas a quienes luchamos por derechos sumamente justos como es el derecho a la vivienda.

A pesar de ello, las tomas y campamentos se han mantenido en pie de lucha resistiéndose a los desalojos, y ante la negativa del ministerio de regularizar y expropiar los terrenos, las y los pobladores se han organizado realizando distintas movilizaciones y protestas en contra de los desalojos. Ejemplo de ello, fue el martes 2 de abril pasado donde se movilizaron en conjunto la Toma de San Antonio, Toma 17 de mayo, Mauricio Fredes y Campamento Dignidad, llegando hasta el SERVIU a una reunión con el ministro para exigir una solución definitiva. Sin embargo, nuevamente Montes se lavó las manos y no otorgó ninguna respuesta concreta y solo se han enfocado en relacionar a las tomas y campamentos con la delincuencia y el crimen organizado, cuando en realidad sabemos que los verdaderos ladrones y corruptos se encuentran hoy en los sillones del poder.

Así lo ha hecho todo este tiempo el Ministerio de Vivienda, desligándose de toda responsabilidad ante la crisis, y nuevamente las propuestas han demostrado ser medidas parche y migajeras. Ejemplo de ello, es el Plan de Emergencia Habitacional (PEH) lanzado el 2022, donde se buscaba la construcción de 260.000 viviendas hacia el 2025, sin embargo, hoy en día solo se cuenta con 92.093 viviendas terminadas, de las cuales -según datos del Centro de estudios patronales Libertad y Desarrollo-, un 75% de ellas correspondían a obras iniciadas en la administración anterior, por lo que de ninguna manera han sido producto de los supuestos avances que señalan en materia de vivienda.

Otra de las políticas del Ministerio de vivienda, fue el Programa de Integración Social y Territorial, más conocido como DS19, que, supuestamente según sus explicaciones, permite que las familias interesadas puedan inscribirse para aplicar sus subsidios de compra de vivienda en distintos proyectos que desarrollan en las diversas regiones. Sin embargo, este proyecto no significa más que el fortalecimiento de la iniciativa privada y la perpetuación del rol subsidiario del Estado, pues lo único que se busca es poder darle más cabida a que los privados construyan proyectos habitacionales con los cuales puedan seguir lucrando.

En esta misma lucha, los Comités de vivienda igualmente han sido un actor relevante, pues también han sido ejemplo de métodos históricos de lucha para exigir el derecho a la vivienda, utilizando las marchas, protestas y barricadas como medio de presión. Sin embargo, los municipios y el Ministerio no han tenido la capacidad de dar respuesta a tales exigencias, pues han trabajado codo a codo con las inmobiliarias para construir edificios lujosos y costosos a los cuales las familias de la clase trabajadora no pueden acceder. Sus discursos han transitado entre señalar que no existen terrenos para construir y entre tirarse la pelota con los privados, sin embargo, sabemos que la realidad no es esa, pues sí existen terrenos donde construir viviendas sociales, solo que estos se encuentran en manos de un pequeño porcentaje de personas: los empresarios de este país.

De esta manera, lo único que ha quedado claro es que no existe ninguna intención por parte del gobierno de otorgar soluciones reales y concretas al problema de la vivienda, y, por el contrario, solo han buscado hacer negocio con las necesidades de nuestro pueblo, y sus respuestas solo han demostrado ser falsas promesas e ilusiones, dejando a las familias sin casa a la merced de una inmobiliaria o un banco.

Con ello, los tiempos de espera para obtener una vivienda social por medio de un comité de vivienda ha transitado entre los 5 y 10 años, e incluso en algunos casos más de 15 años. Lo que ha tenido relación en primer lugar, con la dificultad que existe para que los privados cedan a vender sus terrenos, en segundo lugar, con la ineficiencia del SERVIU para acelerar los procesos de compra y venta y, en tercer lugar, con las gestiones de algunos dirigentes de comités que solo han buscado sacar beneficio propio y obtener dinero por medio de estafas a las familias sin casa.

Por lo anterior, quienes nos encontramos desde la vereda clasista, en defensa de los intereses de la clase trabajadora, debemos denunciar ineludiblemente a las organizaciones oportunistas y dirigencias caudillistas que no han dudado en negociar con el gobierno en la obtención de viviendas, transformándose hoy en día en los principales aliados de Montes, defendiendo por ende, los intereses de la burguesía y los ricos de este país, y haciendo de la lucha por la tierra y la vivienda, una burla para quienes realmente buscamos mejoras para nuestra clase.

Aquello, demuestra que hoy existen grandes desafíos por alcanzar. En primer lugar, debemos seguir fortaleciendo la construcción de organización popular en los territorios, instalando la necesidad de que hoy más que nunca es sumamente justo y necesario luchar por nuestros derechos. En segundo lugar, debemos avanzar en los niveles de combatividad, pues bien se ha demostrado que los poderosos utilizarán todos sus medios para reprimirnos cada vez que alcemos la voz por nuestra clase. En tercer lugar, es necesario avanzar hacia la unidad con otros sectores del pueblo que se encuentran en lucha, entendiendo que unidos somos más fuertes para derribar este sistema de explotación y miseria. Y, en cuarto lugar, debemos ser capaces de barrer con los discursos anti-organización que lo único que generan es división y dispersión de nuestra clase. Las organizaciones populares deben ser los espacios que poco a poco nos permitan -mediante los avances en conciencia de clase- la construcción de poder popular, fomentando el protagonismo de las masas, desde la independencia de clase y el ejercicio concreto de la solidaridad.

Mientras las autoridades se nieguen a otorgar soluciones a las familias sin casa, las y los pobladores nos seguiremos movilizando en contra de los desalojos, porque las tomas de terreno son la solución y no el problema. Mientras los privados se sigan enriqueciendo con la especulación inmobiliaria, nos seguiremos organizando en comités para exigir la construcción de vivienda sociales sin deuda.