Chile represivo: bloque gobernante tensionado por allanamientos en Villa Francia.

En una acción policial que ha generado amplio debate y críticas al interior del oficialismo, Carabineros llevó a cabo allanamientos simultáneos en diversos puntos de la Región Metropolitana, incluyendo la emblemática Villa Francia de Estación Central. El operativo, ejecutado de madrugada, resultó en la detención de 14 personas bajo sospecha de estar relacionadas con la colocación de artefactos explosivos durante las recientes conmemoraciones del Día del Joven Combatiente. Solo uno de los detenidos quedó en prisión preventiva y nueve de las detenciones fueron declaradas ilegales.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, respaldó enérgicamente la operación, describiéndola como “muy importante” y destacando el decomiso de un “arsenal significativo”, que incluye armas de fuego y artefactos incendiarios encontrados en varios inmuebles de Villa Francia. Sin embargo, la acción policial no estuvo exenta de críticas y controversias al interior del propio oficialismo.

La diputada Carmen Hertz del Partido Comunista (PC) cuestionó severamente el momento elegido para el operativo, coincidiendo con la conmemoración del fallecimiento de Luisa Toledo, madre de los hermanos Vergara Toledo, militantes del MIR asesinados por Carabineros en la Villa Francia durante la dictadura de Pinochet y por quienes se conmemora el Día del Joven Combatiente. Hertz enfatizó que “el derecho a la memoria es un derecho consagrado en el derecho internacional” y solicitó al Ministerio del Interior esclarecer los detalles del procedimiento, incluyendo el uso de la fuerza y las condiciones de las detenciones.

El planteamiento de la diputada Hertz hizo eco en el propio Frente Amplio. Mientras que, desde La Moneda, la ministra Carolina Tohá y la vocera Camila Vallejo defendieron la acción policial, la diputada Maite Orsini (FA) expresó serias preocupaciones sobre el respeto a los Derechos Humanos durante el operativo. Orsini, integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, subrayó la necesidad de que todas las operaciones policiales se lleven a cabo con respeto a la dignidad y seguridad ciudadana.

“Este operativo no solamente ha causado una gran inquietud entre vecinos, sino que también ha planteado serias dudas sobre el respeto a los derechos humanos y las garantías básicas que deben regir en cualquier actuación policial”, manifestó la diputada Orsini.

“Es imprescindible asegurar que todos los procedimientos se realicen con el mayor respeto a la dignidad y seguridad de la ciudadanía, y de esta manera no sembrar desconfianza y miedo en las comunidades. Hay que cuidar que no sea el Estado el que se vea como una fuente de inseguridad”, añadió la parlamentaria frenteamplista.

Estas declaraciones contrastan con las surgidas desde el Ejecutivo, donde tanto Tohá como Vallejo defendieron el trabajo policial y valoraron los resultados logrados con esta indagatoria, descartando la existencia de un eventual “montaje”, como se especuló en el PC.

“No es algo arbitrario”

A la desconfianza ante el megaoperativo policial también se sumó la diputada Ana María Gazmuri (AH), quien dijo que “no sabemos si las armas encontradas tienen relación con los detenidos, quizás por eso mismo las críticas fueron severas, porque es información sensible, por lo que esperaría un poco más de prudencia de la otra parte”.

“Ser autoridad no significa defender a rajatabla el actuar de las instituciones, también significa poner claridad, transparencia y hacer las críticas cuando corresponda”, recordó la parlamentaria Gazmuri.

Por su parte, el timonel del Paritdo Comunista, Lautaro Carmona, pidió -tras asistir a una reunión del comité político en La Moneda- que “tengamos siempre la consideración que no se afecten lo que yo llamaría patrimonios inmateriales, como es un comedor solidario. Cuando se asocia eso hay una señal que podría interpretarse de otra manera, yo tomaría una prevención”.

En paralelo, la diputada Hertz, junto a los diputados Hernán Palma (independiente de la bancada PC, FRVS y AH) y Ana María Gazmuri, solicitó que el Ministerio del Interior detalle cuántas y cuáles unidades policiales participaron en el allanamiento, qué protocolo de uso de la fuerza se aplicó y si se cumplió. Además, pidieron información sobre si cada funcionario portaba su cámara GoPro y si existe respaldo de las evidencias aportadas.

“La fecha está claro que la escogieron. Todo el mundo sabe que es el aniversario de la muerte de Luisa Toledo. El derecho a la memoria es un derecho consagrado en el derecho internacional, no es algo arbitrario”, afirmó Hertz.

Por otro lado, el presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, lamentó las tensiones surgidas entre el Gobierno y el Partido Comunista a raíz de este episodio, instando a mantener la unidad en el oficialismo frente a críticas externas.

“Nos parece complejo que haya dos opiniones en el oficialismo, o en actores del oficialismo, cuando lo que se hizo la madrugada del sábado, fue otro operativo como los que ya se han hecho”, destacó Quintana, en diañlogo con CNN Chile.

La Corte de Apelaciones de Santiago deberá definir próximamente las medidas cautelares de las detenciones consideradas ilegales por el Juzgado de Garantía, lo que promete mantener la controversia en torno a este controvertido operativo policial en Villa Francia.

Fuente: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2024/07/08/arde-troya-en-el-oficialismo-por-detenciones-en-villa-francia-en-caso-de-explosivos/

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Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos AFEP – Declaración Pública.

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) expresa su repudio e indignación ante los hechos acontecidos ayer en la población Villa Francia con el Comedor Popular Luisa Toledo y Radio Villa Francia, realizado por las fuerzas especiales de Carabineros supuestamente buscando armas en el lugar.

La agrupación ve con preocupación e impotencia el allanamiento realizado en el lugar del comedor, con ocasión de la tercera Conmemoracion de la muerte de la querida y respetada dirigenta social Luisa Toledo, madre de tres jóvenes ejecutados en la dictadura civil militar, Rafael, Eduardo y Pablo Vergara Toledo. Este operativo con la utilización de todo el aparataje represivo nos recuerda otros amargo tiempos, cuando la justicia era incapaz de contener el actuar desmedido y violento de los aparatos represivos policiales.

Como ha acontecido en múltiples ocasiones, el tribunal competente ha declarado ilegal la mayoría de las detenciones sin que ello conlleve una sanción disciplinaria a los funcionarios que las realizaron. Frente a esta situación la agrupación vuelve a exigir la renuncia del señor Ricardo Yañez, responsable de la criminalización de los movimientos sociales en forma reiterada, sin hacer distinción entre la lucha social y el actuar de delincuentes que se mueven impunemente a lo largo  del país contando con la incompetencia policial a su favor, como se ve y escucha en las noticias.

También se constata la responsabilidad política del Ministerio del interior y del gobierno que con su continuo apoyo irrestricto del actuar policial se convierten en cómplices de esta forma de reprimir al movimiento social.

Nuestra agrupación expresa también la solidaridad con el compañero Manuel Vergara y su familia y los vecinos que pasan momentos amargos y de indignación, quienes mantienen las puertas abiertas del Comedor para quienes llegan a alimentarse de la solidaridad de la comunidad de Villa Francia, quienes sabrán continuar con su labor humanitaria a pesar de la constante persecución policial.

Santiago 7 de julio de 2024.

Agrupación de Familiares de Ejecutados Politicos (AFEP)

Fuente: Recibido por CT 07-07-2024