El Poder Popular Comunitario: La respuesta a la crisis del capitalismo en Venezuela

Por Nahuel

La crisis expuesta en Venezuela es mucho más de lo que los analistas superficiales intentan hacer creer. Va en la línea de la crisis sistémica en la que el pueblo venezolano es parte de ese todo y que lo tiene sumergido en penurias y desplazamientos forzados, devenido en crisis humanitaria por la sobrevivencia. 

Es en ese contexto que las recientes elecciones en Venezuela han desatado un torrente de fuerzas que buscan no solo desplazar a Nicolás Maduro del poder, sino acabar con el «chavismo» y por sobre todo con el Poder popular que venía gestándose, en su totalidad. Este proceso no se reduce a una mera competencia electoral; es una confrontación de fondo que pone en juego el futuro del régimen político venezolano. El azuzamiento de esta crisis, en su aspecto institucional, estaba claramente preparada con anticipación, y ha profundizado una polarización social y política que ha arrasado el país durante años, dividiendo a los venezolanos entre quienes defienden la Revolución Bolivariana y quienes buscan su liquidación total.

Este escenario no sólo conmueve a Venezuela, sino que también inquieta profundamente a los pueblos de nuestramérica. Aunque existen críticas profundas hacia la gestión del proceso venezolano, el dilema se complica aún más cuando la oposición, encabezada por la ultraderechista María Corina Machado, se posiciona como la ganadora y proclama resultados electorales. Esta situación recuerda a la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente en 2019, un acto que desató una crisis política y diplomática internacional.

El problema no se limita a la figura de Machado, sino que involucra un contexto mucho más amplio de amenazas de injerencia imperialista. La inestabilidad en Venezuela es aprovechada por actores externos que buscan intervenir y moldear el destino del país según sus propios intereses. En este contexto, el tibio progresismo latinoamericano enfrenta una encrucijada: debe decidir si apoya la continuidad del actual proceso, a pesar de sus deficiencias y críticas internas, o si se alinea con una oposición que podría traer consigo políticas regresivas y una mayor subordinación a intereses imperialistas. Boric ya tomó partido.

Permitir que una figura de la ultraderecha asuma el gobierno bajo una legitimidad cuestionable y con el respaldo de potencias extranjeras podría tener consecuencias desastrosas para el país y la región.

 

 

Venezuela 2024: Entre la Continuidad y el Cambio, la Necesidad de un Proyecto Popular

Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica desde 1983, cuando la crisis de gobernabilidad comenzó a desmoronar las bases de un sistema económico y político basado en la acumulación burguesa y la hegemonía petrolera. La crisis interna que se desató en ese momento ha permanecido sin solución definitiva, evidenciando los límites y fallas de un modelo que, al estar anclado en la explotación petrolera, ha llevado al país a una encrucijada persistente.

El neoliberalismo emergente, junto con la crisis de la deuda externa y la financiarización global, presionó al sistema venezolano hacia una dinámica económica que abría las puertas a los capitales transnacionales. Este cambio profundizó las tensiones sociales y económicas, creando un terreno fértil para la inestabilidad y el conflicto.

Los intentos de superar esta crisis han sido en su mayoría insuficientes y, a menudo, contraproducentes. En el campo de la derecha, hemos visto un intento de construir un nuevo modelo de acumulación que se caracteriza por una agenda que ha reducido las libertades democráticas y ha incrementado la desigualdad social. Por otro lado, la izquierda institucional, representada por el chavismo y sus aliados, quiso recuperar la agenda social mediante una compleja danza de destrucción y creación: la eliminación de la vieja burguesía y sus estructuras para dar paso a una nueva burguesía, al mismo tiempo que se restringen las libertades democráticas en nombre de un régimen que busca consensos entre las élites dominantes.

Estos intentos han fracasado en resolver la crisis de manera efectiva y sostenible, pues se han mantenido dentro de los límites de un sistema que no cuestiona las bases del modelo capitalista. La izquierda tradicional/ institucionalista, que podría haber ofrecido una alternativa genuina, ha fallado en construir un polo de referencia sólido y eficaz para superar la hegemonía y la acumulación capitalista que perpetúa la crisis.

La Convergencia de Chávez y el Desafío del Nuevo Consenso

El ascenso de Hugo Chávez y los militares bolivarianos en 1992 marcó un punto de inflexión en la política venezolana, abriendo un periodo de inestabilidad y cambio que, a partir de 1995, intentó construir un nuevo consenso político. Este esfuerzo buscaba superar la crisis de gobernabilidad mediante un «nuevo consenso» que incluyera a actores de diversas ideologías, desde la izquierda hasta la derecha. Se abogaba por un proceso constituyente, un marco jurídico renovado y un nuevo modelo de acumulación, con la Agenda Alternativa Bolivariana (AAB) como principal propuesta para una nueva hegemonía.

El capital transnacional y los Estados Unidos, por su parte, mantenían una actitud ambigua hacia estos intentos de cambio. Aunque cualquier ruptura con el modelo de acumulación existente les parecía conveniente para facilitar la internacionalización y financiarización de capitales, no estaban dispuestos a permitir un cambio que pudiera desafiar demasiado sus intereses establecidos. Así, la resistencia a la transformación fue moderada, pero siempre presente, manteniendo un equilibrio precario mientras las iniciativas reformistas avanzaban.

Con la llegada de Chávez al poder en 1999, emergieron tres facetas distintivas de las políticas chavistas, cada una reflejando las contradicciones internas de ese frágil consenso político.

En un primer momento Chávez se alinea con el programa consensuado del periodo anterior. Se enfoca en la implementación de un nuevo marco jurídico y legal, con leyes habilitantes y sectoriales diseñadas para configurar un nuevo Estado burgués. Esta fase reflejaba la necesidad de construir una hegemonía dentro del sector burgués que apoyaba a Chávez, estableciendo las bases para un nuevo tipo de gobernabilidad que, aunque buscaba innovar, seguía aferrada a las estructuras burguesas existentes.

Entre 1999 y 2004, existían dos versiones de Chávez: uno en Miraflores, el Chávez institucional, que se esforzaba por avanzar en la transformación radical del país y al mismo tiempo lidiaba con las limitaciones del poder y las expectativas de su base popular. El otro Chávez era el que se manifestaba en las calles, construido y adornado por las narrativas de resistencia y justicia popular. Este Chávez, apoyado por los sectores más empobrecidos de la población, representaba una figura más radical y carismática. El reto para el Chávez de Miraflores era emular y encarnar esa imagen radical, una tarea que le exigió aunar esfuerzos para consolidar un liderazgo que reflejara las aspiraciones populares.

Y, el tercer momento, se manifestó en el ambicioso y a menudo incierto viaje ideológico de Chávez. Entre 2004 y 2005, el liderazgo de Chávez exploró diversas corrientes ideológicas, desde el cooperativismo yugoslavo hasta el socialismo utópico comunal y las variantes del marxismo. Esta fase representó un proceso de experimentación que buscaba construir un discurso radical y una identidad propia, en la búsqueda de un socialismo del siglo XXI. No obstante, a medida que avanzaba, esta experimentación se asemejó más al viejo socialismo del siglo XX, mostrando una integración gradual y una consolidación de las distintas facetas del liderazgo de Chávez.

Desde la perspectiva del poder popular comunitario, este complejo panorama revela la dificultad de realizar un cambio profundo dentro de un marco que, a pesar de los intentos de transformación, sigue arraigado en estructuras y lógicas capitalistas. La convergencia de estos tres rostros del chavismo – el institucional, el popular y el ideológico – no logró romper radicalmente con el modelo establecido ni construir una alternativa verdaderamente emancipadora. En cambio, las contradicciones y limitaciones inherentes al propio sistema mantuvieron a Venezuela en una encrucijada de constante búsqueda de soluciones parciales.

El Retroceso del Poder Popular y la Reconfiguración de la hegemonía burguesa en todas sus líneas

La muerte de Hugo Chávez en 2013 marcó el fin de una Era en la que su liderazgo era crucial para mantener los equilibrios que permitían la viabilidad de las reformas y las aspiraciones revolucionarias en Venezuela. La partida de Chávez no solo significó el fin de un liderazgo carismático, sino también el inicio de un proceso de desmoronamiento de la fuerza transformadora del proyecto bolivariano, y el comienzo de una restauración progresiva que acabó capitulando frente a las presiones conservadoras de una nueva burguesía emergente.

Con la desaparición de Chávez, el poder popular radical que había formado parte integral del proyecto hegemónico comenzó a debilitarse. Esta capitulación no fue meramente un rechazo a la radicalidad del proyecto bolivariano, sino que reflejó el espíritu conservador de la nueva burguesía que ascendió al poder, la cual temía la consolidación del poder popular. Esta clase emergente prefirió la estabilidad y el control a la confrontación con una base popular que buscaba transformar el orden establecido.

El abandono prematuro de la radicalidad del poder popular debilitó gravemente el proyecto de una nueva hegemonía burguesa. En lugar de avanzar hacia una transformación estructural profunda, se optó por una restauración que no logró consolidar un proyecto hegemónico sólido. La falta de comprensión del proyecto hegemónico que Chávez lideraba se convirtió en una debilidad significativa para los sucesores del chavismo. Desde 2013, se produjo una progresiva destrucción del tejido social e institucional que había apostado por un horizonte socialista y que no se alineaba con la lógica capitalista emergente.

 

La Era Maduro: Dos Momentos de una misma Estrategia Política

En el primer periodo del gobierno de Nicolás Maduro (2013-2017), la orientación política se centró en fortalecer a la nueva burguesía mientras se subordina al poder popular y comunal a los intereses de esta clase. Este periodo se caracterizó por la lucha interna entre la vieja burguesía y la nueva burguesía, exacerbada por las sanciones internacionales y las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) impuestas por Estados Unidos. Las tensiones entre 2014 y 2017 reflejaron las contradicciones internas dentro del sector burgués, culminando en una serie de revueltas que el gobierno respondió con una brutal represión policial-militar en 2017. La derrota de la vieja burguesía en este contexto no sólo debilitó a este sector, sino que también reconfiguró el horizonte estratégico del gobierno de Maduro.

A partir de 2017, el gobierno de Maduro cambió de estrategia. Se amplió el diálogo con la derecha política y la vieja burguesía, y se establecieron negociaciones con los Estados Unidos. Simultáneamente, se implementaron medidas que restringieron la capacidad de la clase trabajadora y las clases subalternas para influir en la dinámica política. En 2018 se eliminaron las contrataciones colectivas y el derecho a huelga, se socavan los derechos adquiridos de empleados públicos y trabajadores de sectores esenciales, consolidándose un consenso entre la nueva y la vieja burguesía. Esta aproximación también facilitó acuerdos con amplios sectores del capital nacional y sus representantes políticos.

María Corina Machado y su sector burgués, que no logró encajar del todo en esta negociación, se han convertido en una excepción en el nuevo orden establecido. Mientras tanto, la política de Maduro muestra un intento de moderar y controlar las fuerzas sociales que antes podrían haber desafiado el statu quo.

 

Venezuela 2024: Entre la Continuidad y el Cambio, la Necesidad de un Proyecto Popular

La contienda electoral reciente, en Venezuela, refuerza la idea de que todo el proceso de construcción popular iniciado en la Era Chávez está en su peor momento. Todo se limita a la elección entre el gobierno actual liderado por Nicolás Maduro y los opositores y refleja una profunda crisis en la representación, pero también un diseño de sociedad distinta de la capitalista, que sea plausible para los sectores populares del país.

Muchos analistas y políticos están centrados en la posibilidad de una transición, ya sea hacia un cambio de gobierno o una continuidad bajo el liderazgo de Maduro. Los más “ingenuos” abogan por garantizar condiciones para una transición pacífica, argumentando que se deben eliminar las recompensas norteamericanas a Maduro y firmar un pacto nacional de no agresión. Sin embargo, esta visión superficial ignora una realidad más compleja: la falta de propuestas concretas para la recuperación de las libertades democráticas y los derechos de las clases subalternas.

En los últimos ocho años, la reducción progresiva y sistemática de las libertades democráticas en Venezuela ha sido alarmante. Derechos fundamentales como el derecho a huelga, la libertad para organizar sindicatos y partidos de izquierda, y la libertad de opinión y crítica han sido cada vez más restringidos. A pesar de estos retrocesos, ninguno de los candidatos abordó la cuestión desde una perspectiva que contemple las necesidades de las clases trabajadoras y explotadas. En cambio, el discurso predominante se enfocó en las “libertades del mercado”, es decir, en la desregulación económica y en la protección de los grandes capitales.

Pero el problema de fondo no es ese, solamente, habida cuenta que desde Chávez hasta hoy día se han realizado 35 procesos eleccionarios con los mecanismo propios de la democracia representativa y los problemas de vida del pueblo se han multiplicado al infinito. Tanto gobierno como la oposición representan proyectos que, aunque varíen en matices, coinciden en ignorar los intereses de la clase trabajadora y de los pueblos de regiones selváticas. Los programas propuestos no incluyen planes para recuperar derechos laborales fundamentales como el derecho a huelga, los contratos colectivos o un salario digno, pero tampoco, la protección de los territorios y de las grandes extensiones de tierras y bosques que están siendo depredados como en el resto de América del Sur. Más bien, se nos convoca al sacrificio de la clase trabajadora y los pueblos empobrecidos como condición para la recuperación del país, mientras se defienden políticas que favorecen a los grandes capitales transnacionales extractivistas y abogan por la desregulación del mercado.

La situación actual refleja una confrontación no de proyectos políticos alternativos, sino de liderazgos en torno a una misma dirección estratégica. La falta de acuerdos entre las fracciones burguesas, tanto la vieja como la nueva, durante el período 2017-2024, ha llevado a una crisis de gobernabilidad que probablemente durará varios meses más, o quizás años. La crisis de acumulación y hegemonía que se arrastra desde 1983 continúa sin resolución, augurando una inestabilidad prolongada.

Estados Unidos se ha erigido nuevamente como el paladín de la defensa de los derechos democráticos y de árbitro. El interés del gobierno en renovar el diálogo con Washington subraya la dependencia de una solución negociada que podría involucrar levantar las recompensas por la captura de Maduro, suspender juicios internacionales y llegar a acuerdos sobre la distribución de la riqueza acumulada. Sin el beneplácito de Washington, cualquier acuerdo inter-burgués local resultará insignificante. Toda esa verborrea de Maduro de cambiar de socios para vender su petróleo a los BRICS, resulta pueril.

  

La Revolución desde la Base Comunitaria. El Desafío del Poder Popular Comunitario

Desde la perspectiva del poder popular comunitario, el presente panorama en Venezuela es desalentador y exige una respuesta rebelde y radical. La situación actual, marcada por la crisis de gobernabilidad y la falta de soluciones verdaderamente transformadoras, pone en evidencia la necesidad de un cambio profundo que trascienda los márgenes del sistema vigente.

La izquierda rebelde debe sobrepasar los estrechos límites del debate estéril de si reconocer a Maduro, diferenciarlo del chavismo o de si hubo fraude o no. Debemos dar un paso adelante en la discusión para que nuestras conclusiones y accionar político esté en consonancia con las luchas de los pueblos de nuestramérica. El problema de fondo en Venezuela, en Chile, Colombia, Perú o Argentina, por citar ejemplos, es la crisis de los mecanismos estatales de representación formal por el cual se accede a las distintas gobernanzas en nombre de los pueblos y sus necesidades.

Como impulsorxs del poder del pueblo, anticapitalista, anticolonial, antipatriarcal y antirracista vemos que estamos enfrentadxs a una lucha prolongada por la restauración de libertades democráticas mínimas, pero también a construir un modelo de sociedad en que el centro sea la deliberación popular,  la movilización y la construcción de espacios de resistencia que permitan alcanzar conquistas reales. La estrategia debe centrarse en una recomposición de fuerzas que no se limite a un cambio de liderazgo, sino que se enfoque en reconstruir organizaciones sociales y mecanismos populares para una transformación estructural de la sociedad capitalista en Chile, en Venezuela y en todos los territorios.

Si Nicolás Maduro permanece en el poder, es imperativo intensificar la movilización para recuperar las libertades democráticas, superando el enfoque reactivo que ha predominado en la campaña electoral. La clase trabajadora y los sectores populares deben tener una visión clara: más allá de los cambios superficiales, es fundamental construir un proyecto político centrado en las necesidades y derechos de los sectores subalternos. Este proyecto debe enfrentar el modelo extractivista y excluyente que ha caracterizado la historia reciente de Venezuela.

Desde la visión del poder popular comunitario, la verdadera solución no solo radica en hacer ajustes dentro del sistema actual, sino más bien, en una transformación profunda y estructural. El poder popular o el de las comunas, según cómo lo desarrolle el pueblo venezolano, debe ser el motor de este cambio, organizándose de manera autónoma para enfrentar los desafíos presentados por las estructuras dominantes.

Las comunidades tienen que asumir un papel proactivo en la autogestión de sus recursos, la toma de decisiones y la construcción de una economía solidaria, muy lejos de la depredación y expoliación de nuestros mares y territorios. Este enfoque requiere que las comunidades no solo participen en la política, sino que también se conviertan en las y los actores principales en la organización y gestión de sus vidas, desplazando a los intereses de unos pocos que perpetúan la desigualdad.

El retroceso del proyecto radical bolivariano bajo el liderazgo de Maduro refleja una traición a las aspiraciones originales de transformación social. La consolidación de la nueva burguesía ha significado una pérdida significativa para las fuerzas que buscaban construir un horizonte socialista genuino. El poder popular debe recuperar y reconstruir un proyecto que revitalice las estructuras comunitarias y resista contra las fuerzas que buscan restablecer un orden capitalista. Exige una verdadera ruptura con el pasado. No basta con cambiar la administración; se necesita una transformación profunda en la organización y ejercicio del poder en Venezuela.

Es una oportunidad para reimaginar y reconstruir una sociedad más justa e igualitaria, donde el bienestar común sea la prioridad y el poder resida en manos de quienes realmente forman la base de la sociedad. Solo a través de un cambio estructural profundo y una participación activa de las comunidades se podrá superar el ciclo interminable de crisis y construir un futuro donde la justicia y la igualdad sean los pilares de Nuestramérica.

12 de agosto, 2024.

Fuente: https://escuelapopularpermanente.cl/el-poder-popular-comunitario-la-respuesta-a-la-crisis-del-capitalismo-en-venezuela/