Antofagasta: como fue el 11 de septiembre de 1973 en el norte.

Tanques, represión y el inicio de la dictadura militar

por Agrupación por la Memoria Histórica Providencia – Antofagasta (*)/Resumen.

«El día 11 de septiembre, alrededor de las 07.40 hrs, toda la Escuela de Blindados de Antofagasta, fuimos llamados al patio en donde el director de ésta, el coronel del Ejército, Adrián Ortíz Gutmann, señaló que se había acabado el gobierno de Allende, que debía salirse a la calle y que tomáramos nuestros puestos de combate, que en mi caso era el de conductor de Tanque (APC, de transporte de personal) de la Primera Compañía de Tiradores de la Escuela de Blindados (…) ‘Ustedes están preparados para la guerra, así que vámonos'» .

El día del golpe de Estado en Antofagasta salieron, desde la Escuela de Blindados de Antofagasta, vehículos militares y tanques en diferentes direcciones. Uno se apostó en la entrada de la Intendencia Regional, otro frente al Campamento Venceremos, dos en la intersección del puente Carrizo camino a INACESA, otro frente a la Compañía Cervecerías Unidas (CCU). A las 10 de la mañana un tanque del ejército, se instala y apunta sus cañones por largos minutos al frente de la Tercera Comisaría de Carabineros. Revelaciones posteriores de algunos funcionarios indican que fue el susto más grande que experimentaron. Fue un momento de terror. No sabían qué tipo de respuesta debían tener ante esta amenaza. Solo atinaron a esconderse y cruzar los dedos que no dispararan contra el cuartel policial.

Rápidamente se subordinan al ejército local a medida que se instalaba el régimen militar que duraría 17 años. Al mismo tiempo, en Santiago, el general Mendoza, que ocupaba el sexto lugar en la jerarquía de Carabineros, pasaba a formar parte de la junta de gobierno, hecho inédito en las dictaduras latinoamericanas.

En Antofagasta, en horas de la mañana del 11 de septiembre, en la Cuarta Comisaría, el carabinero tocopillano militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Guillermo Shmidt, dio muerte al mayor y al capitán de la misma comisaría como acto de resistencia al golpe de Estado. Durante la tarde y noche Schmidt es salvajemente torturado, y «condenado a muerte» por decisión del General Joaquín Lagos Osorio y el grupo que tomó por asalto la Intendencia de Antofagasta. Nunca se ha logrado constatar que hubiese existido un juicio como se dio a conocer por la prensa local y nacional. Lo que sí sabemos, por declaraciones judiciales de funcionarios de la Tercera Comisaría de Antofagasta, es que fue interrogado y torturado en ese mismo recinto, con el fin de indagar en otros carabineros involucrados.

Las sospechas de que hubiesen más carabineros involucrados duró varias semanas, lo que derivó en que varios funcionarios fueron detenidos e interrogados sobre su presunta relación con partidos de la Unidad Popular y reuniones con Schmidt.

La prefectura de la época el mismo día tomó dos decisiones: en primer lugar el acuartelamiento durante un mes de todo el personal de la tercera comisaría de la ciudad ubicada en lechos humanos.

A partir de la revisión y sistematización de declaraciones de agentes en expedientes y sentencias judiciales del asesinato de Gumercindo del Carmen Álvarez Pizarro, y la desaparición forzada de René Daniel Vallejos Parra, junto a documentación producida por la Subsecretaría de Carabineros alojada en el Archivo Nacional de la Administración, además de prensa, boletines institucionales y hojas de vida de funcionarios policiales pudimos reconstruir -en parte- la trayectoria del SICAR en la ciudad.

(re) Estructurar el orden y la seguridad

Con el golpe de Estado, Carabineros asume un nuevo rol como integrante de la «junta de gobierno», pasando de tener sólo funciones en torno al ‘orden y seguridad’, a tener incidencia en la administración y gobernanza estatal. Al respecto, a partir de 1974 (hasta el 2011) comienzan a formar parte del Ministerio de Defensa, cuya función corresponde a la soberanía e integridad territorial del país (Plaza et al, 2023).

Con esto, la institución responde a objetivos militares relacionados a la Doctrina de Seguridad Nacional, estrategia militar que focalizó la noción del «enemigo interno», que para el caso de Carabineros, era materializado en la idea de «guerrilla urbana» o «disturbios callejeros», como foco local del terrorismo internacional (Vallejos, 2019). Para su desbaratamiento no sólo se necesitaba el denominado «Grupo Móvil» o Unidad Antimotines», sino que un engranaje mayor en torno a la «contrainteligencia».

A nivel nacional, según consta en el expediente Rol 629-2010 de la Corte de Apelaciones de Santiago, el SICAR estuvo «estructurado inicialmente como un servicio de seguridad, el cual para comienzos del año 1974 estaba dividido en cuatro grupos de trabajo, dos de ellos operativos: ‘Operaciones’ y ‘Contrainteligencia’ y, dos administrativos, ‘Análisis’ y ‘Archivo y Kardex'». Esta estructura coincide con la estructura de las CAJSI (Comando de Agrupación Jurisdiccional de Seguridad Interior), organismos territoriales a cargo de militares encargados del despliegue represivo (Seguel, 2022).

En Antofagasta, hasta el día 10 de septiembre funcionó en la Tercera Comisaría de Antofagasta la llamada Comisión Civil de Carabineros y la «Unidad de Radiopatrullas», el primero, fue un organismo creado por la institución para enfrentar la delincuencia en las principales ciudades del país. Sus integrantes vestían de civil, y habían tenido pleitos callejeros en las calles de la ciudad con simpatizantes del gobierno de la Unidad Popular y del MIR, en el marco del creciente y polarizado clima político impuesto por sectores de la pequeña y mediana burguesía local durante los últimos meses de 1972, y en el transcurso de 1973. El diario El Mercurio de Antofagasta, en agosto de 1973 publicó imágenes fuera de la intendencia cuando integrantes de la Comisión Civil desenfundan sus armas para amenazar a jóvenes manifestantes.

El segundo organismo la «Unidad de Radiopatrullas», fue la continuidad del «Grupo Móvil», un grupo creado dentro de Carabineros en 1936 con el propósito de vigilar y controlar manifestaciones y disturbios, lo que incluía tácticas de dispersión y control de multitudes, y la adquisición de una serie de implementos para esto: cascos, carros mowag, entre otros (Maldonado, 1996). Este grupo fue disuelto en 1970 por Salvador Allende tras asesinatos masivos en el Mineral de El Salvador (1966) y Puerto Montt (1969). En Antofagasta, tenían una dotación de alrededor de 30 personas, y funcionaban en la Tercera Comisaría.

Perpetrado el golpe de Estado -según consta en declaraciones judiciales de funcionarios de carabineros-, integrantes de la Comisión Civil de la segunda, tercera y cuarta comisaría son reclutados para el SICAR. Se designa a Julio Eduardo Aguilar Valdes (3° Comisaría) como jefe del SICAR. También es reclutado el oficial Ricardo Lillo Morandé, quién sería el segundo al mando, y Héctor Enrique Ovando, ambos de la «Unidad de Radiopatrullas», a cargo, por ejemplo, del carro lanzaaguas que repelía las manifestaciones callejeras en la ciudad antes del golpe. Parte de la cúpula del organismo también fue el capitán Arturo Lopez Argandoña y Orlando del Río Contreras. Si bien, en la hoja de vida de Aguilar Valdés se señala como fecha de asignación al SICAR el 15 de octubre de 1973, previo a esto ya existen antecedentes de detenciones como el caso de René Vallejos, a comienzos de octubre del ’73.

Otros funcionarios de la Tercera Comisaría eran: Juan Ramirez Ruz, Jose Luis Villanueva Zeballos, Osvaldo Canto Aguayo, José Soto Ampuero, Alfredo Vega Ramos, Jaime Rodriguez Quiroga y Juan León Hernández (Cachorro); de la segunda comisaría Comisión Civil: Héctor Araya Sepúlveda, Luis Nuñez Yañez. Hugo Hermosilla Parodi, Enrique Contreras Henríquez e Ismael Riveros Cuello (Cachuta).

Entre septiembre y diciembre de 1973 funcionan en la Tercera Comisaría de la ciudad en los calabozos que se encuentran en los subterráneos del edificio (Rol causa 3-2011, fj 634; 1395). Todos los carabineros que fueron reclutados por el SICAR dejaron de usar uniformes institucionales. Actuaban en grupos de 4 personas con diferentes tareas. Cada grupo ocupaba un vehículo, entre los que se cuenta una camioneta Chevrolet Van que era de la Empresa Soquimich, un Peugeot 404 blanco, proveído por un empresario de la ciudad del cual no fue mencionada su identidad, y una camioneta blanca doble cabina.

En determinados operativos contaron con amplio apoyo institucional, como en la detención y desaparición de René Vallejos (04-10-1973), o el asesinato de Oscar Leiva (15-11-1975), ocasiones en que la detención contó con más de 5 vehículos y una dotación de alrededor de 30 personas para cada caso.

Durante 1974, el SICAR funciona en el Grupo de Instrucción de Carabineros (Avenida Matta Nº 3211 – 3221), lugar donde son detenidos gran cantidad de militantes de izquierda en el transcurso del año. En mayo de 1974, se constata la detención de una veintena de trabajadores de la minera ‘Michilla’. Uno de ellos, Daniel Peña Brunes, militante del Partido Comunista «aparece muerto» en extrañas circunstancias en la Cárcel Pública de Antofagasta. En septiembre del mismo año, en el Grupo de Instrucción, es asesinado Gumercindo Alvarez Pizarro, caso por el cual existen condenas contra dos funcionarios del SICAR: Ricardo Lillo Morandé, y Juan Arturo León Hernández.

La Providencia – centralizar la ‘inteligencia’

En el proceso judicial sobre el asesinato de Gumercindo Álvarez (PC), Guillermo Castro Álvarez, carabinero de la Cuarta Comisaría de Antofagasta, declaró que fue designado junto a otras personas a un «curso de conocimientos generales» para integrar un «grupo especial». Dicho curso duró de dos a tres meses, y fue realizado en Rocas de Santo Domingo, donde se conformó la Brigada Antofagasta de la Dirección de Inteligencia Nacional a cargo del general Luis Antonio Besamat Morales. Señala, además, que eran alrededor de 15 personas las que conformaron la DINA «que usábamos unas placas especiales con la figura de un puño en el centro».

Los otros carabineros que viajaron al curso mencionado fueron: Claudio Bacarezza Díaz Suboficial de la Tercera Comisaría, y el sargento Cirilo López Vilca, suboficial Rodolfo Tapia Diaz y el suboficial Jorge Cabrera Ardiles, de la Segunda Comisaría. Además se sumaron otros integrantes del ejército que pueden ser consultados en los procesos mencionados.

Quienes vuelven del curso en Rocas de Santo Domingo crean además el Centro de Inteligencia Regional (CIRE), cuya labor era la vigilancia e información de los países limítrofes (inteligencia exterior y contrainteligencia), y las operaciones de inteligencia y contrainteligencia local y regional.

El CIRE, se constituye inicialmente en una casa ubicada en calle Curicó con Maipú, facilitada por el Ferrocarril Antofagasta Bolivia. En el último trimestre de 1974 funcionó en La Providencia, un ex internado de religiosas ubicado en calles Matta con Chuquisaca en el centro de la ciudad, hoy ocupado como Sitio de Memoria. Héctor Aldunate, oficial del ejército miembro del CIRE declara que en 1975 es designado a formar parte del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR), que comienza a cohabitar en La Providencia, «mi designación lo fue a raíz que Carabineros necesitaba entrenamiento para interrogar a los detenidos» (Rol 22703-4, foja 716).

Señala que se ocupaba una sala contigua al patio para la toma de declaraciones y torturas en que participaban funcionarios del SICAR, además, «el mismo lugar donde estaba el SICAR también estaba la DINA (…) había un acuerdo entre los servicios, en el sentido de compartir información, pero esta solo era a nivel de jefaturas» (foja 717).

Como hemos consignado en fichas e informes de la Vicaría de la Solidaridad y FASIC, durante todo el año 1975 ocurrieron detenciones masivas. Al menos 56 personas, militantes del Partido Comunista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria fueron detenidas. Las detenciones, señalan estos informes, fueron realizadas por civiles de la DINA y el SICAR, y todos fueron llevados a La Providencia. Desde ahí un grupo de personas del MIR son enviadas a Tres Álamos en Santiago, para luego expulsarlas del país. El año siguiente son detenidos y llevados a La Providencia 8 dirigentes del Partido Comunista de Calama.

De esta manera la coordinación de los organismos represivos termina de desarticular momentáneamente la organización y resistencia al régimen, expresado en un periodo de semi inactividad política en la región durante los años posteriores.

Colaboración civil

Como ha quedado registrado en los expedientes judiciales, el SICAR tuvo una red de colaboración civil. Entre los mencionados por los mismos implicados se cuentan: el dueño de la lavandería Fanzetti ubicada en el centro de Antofagasta apodado ‘Fandungo’, que se dice participaba en los interrogatorios, y un hombre apodado el Negro Martínez, además de un fotógrafo que, en 1980, publica una fotografía de detenidos al interior de La Providencia en El Mercurio de Antofagasta.

Por otro lado, en 1974, Carabineros fortalece su orgánica interna. Junto con capacitar a personal para las labores de inteligencia y represión, como vimos anteriormente, contrata a profesionales para labores auxiliares como se ve en la Imagen 3. Varios de ellos aparecen mencionados en testimonios no judiciales como parte del entramado represivo. En la ciudad, a la fecha, no existe ningún civil que trabajó en instituciones armadas que haya sido investigado, aún cuando aparecen mencionados en los procesos judiciales.

Consideraciones finales

Desde el 2014 hemos indagado en los usos del ex centro clandestino de detención política y tortura La Providencia en Antofagasta. Este trabajo ha sido realizado a partir de testimonios de los y las sobrevivientes al centro de detención, además de la revisión de extensa documentación producida por organismos de derechos humanos de la época, y archivos de bienes raíces para establecer la propiedad del inmueble. No ha sido una labor fácil dado el silenciamiento y los actos de borramiento y ocultamiento realizados sobre el espacio. Además de los obstáculos sobre el acceso a la información interna de las policías.

La tarea de revisión y sistematización de un expediente judicial toma tiempo, más aún cuando en ocasiones es parcial y no se dispone de manera pública para los casos de crímenes de lesa humanidad. Estos expedientes, además del contenido específico sobre los asesinatos y secuestros, describen la organización de la represión, su despliegue territorial y lógicas de acción.

El ejercicio de traducción de estos expedientes tiene como fin no sólo aportar a los antecedentes públicos sobre los crímenes cometidos por Carabineros de Chile, sino también insumar a las organizaciones populares en el estudio de la represión política y sus múltiples aristas.

Por último, instamos a que se hagan públicos los expedientes judiciales de crímenes de lesa humanidad, para la investigación y reflexión colectiva como aporte a la verdad y justicia.

Referencias bibliográficas

• – Maldonado, C. (1996). «Orden público en el Chile del siglo XX: trayectoria de una policía militarizada», en: Waldmann, Peter (Coord.), Justicia en la calle: ensayos sobre policía en América Latina, Konrad Adenauer Stiftung/Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Latinoamericano/Institut für Spanien und Lateinamerikastudien, Universitát Aubsburg-Isla/ Biblioteca Jurídica Diké, Medellín, Colombia, 1996, pp. 75-98.
• – Plaza, C., Sánchez, C. y Vallejos, C. (2023). De miembros de la Junta a policía de la transición: Carabineros de Chile en la postdictadura (1988-1998). En Camilo Plaza, Luciano Sáez y Nicolás Acevedo (Comp.) ‘Mientras llega la alegría: Transición inconclusa en las relaciones cívico – policiales (chile, 1990 – 1994)’. Santiago: Tesis XXI, 25-69.
• Seguel Gutiérrez, P. (2022). Las Comandancias de Áreas Jurisdiccionales de Seguridad Interior (CAJSI): el dispositivo de seguridad nacional estratégico para el involucramiento de las FF.AA. en la represión estatal en Chile, 1938-1974. Sudamérica: Revista de Ciencias Sociales, 0(16), 36-75.
• Vallejos, C. (2019). Carabineros de Chile y la seguridad nacional: una mirada a las representaciones policiales del orden público durante la dictadura, 1973-1990. Revista Historia y Justicia, 13.

(*) Redactado por Héctor Maturana Bañados y Rodrigo Suárez Madariaga