Actos criminales del ejército de EE.UU. post Torres Gemelas.

La guerra conlleva una violencia incalificable, gran parte de ella totalmente legal. Sin embargo, algunos actos violentos son tan abominables que quedan fuera de los límites de la ley. Cuando los autores son miembros de las fuerzas armadas estadounidenses, se supone que éstas deben exigirles responsabilidades. También se supone que deben llevar un registro sistemático de las infracciones cometidas. Pero el ejército no lo ha hecho, por lo que la opinión pública no puede determinar si lleva a sus miembros ante la justicia por las atrocidades que han cometido. Para remediar este fallo, el equipo de reportajes del podcast In the Dark ha reunido la mayor colección conocida de investigaciones sobre posibles crímenes de guerra cometidos en Iraq y Afganistán desde el 11-S: casi ochocientos incidentes en total. La mayor parte del tiempo, concluye el reportaje, el ejército no ofrece ni transparencia ni justicia.

La base de datos permite, por primera vez, ver cientos de denuncias de crímenes de guerra -los que manchan a una nación- en un único espacio, junto con las conclusiones de las investigaciones y los resultados de los procesamientos. El panorama que se presenta es desalentador. La mayoría de las denuncias recogidas en la base de datos fueron simplemente desestimadas por los investigadores. Las que no lo fueron solían ser tratadas más tarde, por los mandos, en un sistema judicial que puede ser deferente con los acusados e incrédulo con las víctimas.

La base de datos comenzó con el reportaje de In the Dark sobre los asesinatos de civiles en Hadiza, Iraq, el 19 de noviembre de 2005. Esa mañana, un pelotón de marines, dirigido por el sargento Frank Wuterich, resultó alcanzado por un artefacto explosivo improvisado, que mató a un apreciado cabo primero. En las horas siguientes, los marines mataron a hombres, mujeres y niños en la calle y en las casas cercanas. Cuatro de esos marines, incluido Wuterich, fueron acusados de asesinato. Tres de sus casos fueron desestimados posteriormente y, cuando Wuterich fue a juicio, se le permitió declararse culpable de un único cargo de negligencia en el cumplimiento del deber. Un juez degradó a Wuterich de rango. «Esencialmente una multa de aparcamiento», dijo el abogado de Wuterich, Haytham Faraj, sobre la sentencia. «No tiene sentido». Queríamos entender cómo un proceso por crímenes de guerra de tal envergadura y tan publicitado había llegado a una conclusión de tan escasas consecuencias. ¿Se trataba de una anomalía o era típico del sistema de justicia militar?

Empezamos por presentar solicitudes a los militares en virtud de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés). En 1974, tras la masacre de cientos de civiles en My Lai (Vietnam) y los procesamientos fallidos de unas dos docenas de miembros del ejército por esos asesinatos, el Departamento de Defensa empezó a exigir a cada rama del ejército que mantuviera una «recopilación central de informes e investigaciones» de las denuncias de crímenes de guerra cometidos por sus miembros. Sin embargo, cuando presentamos solicitudes de registros públicos para conocer el contenido de la recopilación de cada rama, apenas obtuvimos respuesta. El Departamento de Marina, que incluye al Cuerpo de Marines, nos envió una carta diciendo que había localizado su «depósito» pero que «el depósito no contenía registro alguno».

Sin otra opción, empezamos a rastrear artículos de prensa archivados, informes de derechos humanos, revistas jurídicas y médicas y un asombroso depósito de registros sobre torturas y abusos a detenidos que la A.C.L.U. había obtenido durante catorce años de litigios. Buscamos incidentes como el tiroteo indiscriminado de civiles, el asesinato o la tortura de enemigos heridos y el maltrato o la negligencia deliberada de los detenidos, todos ellos ejemplos de libro de texto de crímenes de guerra. Limitamos nuestra búsqueda a sucesos comparables en términos generales a Hadiza: denuncias de actos violentos perpetrados por miembros de las fuerzas armadas estadounidenses o muertes bajo custodia estadounidense acaecidas en Iraq y Afganistán después del 11 de septiembre de 2001. Excluimos los incidentes no violentos, como los robos de artefactos, y los asesinatos por ataques de aviones no tripulados, que no suelen tratarse como delitos.

A medida que descubríamos información sobre nuevos incidentes, presentábamos solicitudes FOIA para obtener registros relacionados. En respuesta, a menudo se nos decía que, a menos que pudiéramos proporcionar nombres, especialmente los de los autores, los organismos no podían llevar a cabo búsquedas de documentos. Cuando facilitamos los nombres, algunos departamentos se negaron a entregar los registros, alegando el derecho a la intimidad de las personas que habíamos identificado. Nos enteramos de que muchos casos se tramitaban extrajudicialmente -esencialmente como asuntos de personal- y que esos expedientes estaban exentos de FOIA. Los casos que terminaban en absolución o sobreseimiento también estaban exentos de FOIA, y los expedientes se destruían a menudo. Muchos de los expedientes más básicos que podrían obtenerse fácilmente en cualquier tribunal civil de los Estados Unidos están fuera del alcance del sistema de justicia militar.

Con la ayuda de un experimentado equipo de litigios FOIA, demandamos repetidamente a las fuerzas armadas. A lo largo de cuatro años, los organismos nos facilitaron suficiente documentación para que, con la ayuda de otras fuentes, pudiéramos reunir una colección de 781 posibles crímenes de guerra, perpetrados contra más de 1.800 presuntas víctimas, que el ejército estadounidense se tomó lo suficientemente en serio como para investigar.

Para analizar la base de datos, consultamos a John Roman, investigador del NORC de la Universidad de Chicago, especializado en el análisis cuantitativo del sistema de justicia penal civil. Se mostró consternado por los resultados. «Llega un punto en el que hay que preguntarse si la justicia es una prioridad o si hay algo más prioritario que la justicia», dijo Roman.

De los 781 casos que encontramos, al menos el 65% habían sido desestimados por investigadores que ni siquiera creían que se hubiera producido un delito». Los soldados regresaban a Estados Unidos y confesaban -a mujeres, personal sanitario, entrevistadores- que habían asesinado a civiles o prisioneros, pero los investigadores militares concluían que las acusaciones eran infundadas. Los detenidos de la prisión de Abu Ghraib denunciaron malos tratos por parte de sus guardias, pero los investigadores no encontraron pruebas suficientes para confirmar que se hubieran producido. Civiles que conducían distraídos o a demasiada velocidad fueron abatidos a tiros al acercarse a los controles de tráfico, y los investigadores consideraron estos homicidios como escaladas de fuerza aceptables. En la prisión de Camp Bucca se encontró a jóvenes que no reaccionaban, y sus muertes se atribuyeron a causas naturales.

En 151 de los casos, sin embargo, los investigadores sí encontraron causa probable para creer que se había producido un delito, que se habían violado las reglas de combate o que el uso de la fuerza no estaba justificado. Entre ellos figuran el caso de unos soldados que violaron a una niña de catorce años y posteriormente la asesinaron a ella y a su familia; el presunto asesinato de un hombre a manos de un boina verde que cortó la oreja a su víctima y se la quedó; y la crueldad hacia los detenidos en la prisión de Abu Ghraib y en el centro de detención de la base aérea de Bagram. Se trataba de delitos que incluso un sistema de justicia militar irritado por la dificultad de reunir pruebas en zonas de guerra y que perdonaba errores de juicio mortales habría identificado como merecedores de enjuiciamiento o castigo. Sin embargo, incluso en estos casos, la rendición de cuentas fue escasa.

Identificamos a 572 presuntos autores relacionados con esos 151 casos penales. Sólo 130 de ellos fueron condenados. Los registros muestran que rara vez fueron condenados a largas penas de prisión. Mucho más a menudo, sus casos fueron tratados por los comandantes, que tienen amplia discreción para castigar a sus tropas con trabajos extra, descensos de grado o reprimendas, eludiendo por completo el procesamiento formal. (Los propios mandos casi nunca parecen enfrentarse a consecuencias por las fechorías de sus subordinados). Menos de uno de cada cinco presuntos autores parece haber sido condenado a algún tipo de confinamiento, y la sentencia media fue de sólo ocho meses. «El índice de condenas y el índice de sentencias por este tipo de delitos muy graves contra las personas está muy por debajo de lo que se vería en el sistema civil», afirmó Roman.

Enviamos resúmenes de nuestras conclusiones al Ejército de Tierra, la Armada, la Infantería de Marina y el Ejército del Aire, y solicitamos la oportunidad de presentar a sus dirigentes los detalles de nuestro análisis. Ninguno aceptó nuestro ofrecimiento. El Ejército respondió que «exige a los soldados y civiles del Ejército los más altos estándares de conducta personal». El Cuerpo de Marines no respondió.

Lo que publicamos no es un registro completo de las atrocidades cometidas por los militares desde el 11-S; sería imposible conocerlas todas. Se trata de un repositorio de los 781 posibles crímenes de guerra investigados por el ejército estadounidense que hemos podido identificar. Puede servir para explorar un índice de información sobre los incidentes, las conclusiones de las investigaciones, los resultados de las sentencias y nuestros materiales de referencia.

A continuación, mostramos relatos detallados (al final del original del presente artículo en inglés) de los ciento cincuenta y un casos que los investigadores consideraron delictivos. Cada uno tiene su propia historia, pero muchos empiezan y terminan de la misma manera: con un acto horrible perpetrado por miembros del ejército que luego se castigó ligeramente o no se castigó en absoluto.