Chile hermosilla III: Los detalles del salvataje del grupo Penta.

El Grupo Penta llegó a ser uno de los holdings económicos más importantes en Chile. Justo antes de que explotara el escándalo por el financiamiento político ilegal, administraba activos por US$30.000 millones, y en su poder estaban un banco, una isapre, una AFP, además de una aseguradora, negocios inmobiliarios y agrícolas. Los dueños –Carlos Délano y Carlos Lavín-, eran prohombres que participaban en el directorio de la Teletón y estaban ligados a la Universidad del Desarrollo. Esa imagen pulcra se pulverizó cuando la investigación de la fiscalía descubrió que el grupo financiaba a dirigentes políticos utilizando el mecanismo de las boletas falsas, y de paso, rebajaban su carga tributaria,

Los “carlos”, como se conoce a la dupla de Délano y Lavín, fueron formalizados en abril de 2015 por soborno y delitos tributarios. Su ingreso a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva fue un hito nacional. Estuvieron 46 días presos en Capitán Yáber, y tres años después la investigación en su contra terminó con una condena que también fue un hito: clases de ética, además de una multa de $857 millones cada uno.

Entre 2015 y 2018, Délano y Lavín fueron reformalizados. En la última reformalización, a cargo de Manuel Guerra, se eliminó el delito de cohecho, el más gravoso y por el que arriesgaban penas de cárcel efectiva. La querella que acaban de ingresar a tribunales la exconsejera del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz, y Mauricio Daza, quien fuera abogado querellante en el Caso Penta en representación de la Fundación Ciudadano Inteligente, detalla la fórmula que habría utilizado Guerra para evitar un juicio oral a los dueños de Penta.

En el recurso judicial Horvitz y Daza acusan a Guerra por los delitos de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa. A Luis Hermosilla lo apuntan por soborno. La querella junta los antecedentes recopilados durante la investigación del Caso Penta, el que se desarrolló entre 2014 y 2018, y los antecedentes revelados el fin de semana por The Clinic: numerosos chats entre Guerra y Hermosilla donde está la huella de la coordinación que habría logrado el cierre del Caso Penta a través de acuerdos y sin llegar al juicio oral.

El primer reportaje publicado por este medio, reveló una serie de conversaciones donde el entonces Fiscal Regional Oriente, Manuel Guerra, coordina con Hermosilla gestiones en medio del Caso Penta. Por ejemplo, el 21 de septiembre de 2016, Guerra le escribió a Hermosilla: “Lucho le escribí a Andrés ya que me preocupa los escasos avances destinados a ir terminando las situaciones relativas a gente de la UDI en Penta así como lo relativo a Stgo Valdes”. Cuando habla de “Andrés”, se refiere a Andrés Chadwick, quien negó haber tenido algún rol en esta coordinación (revise aquí ese reportaje). 

En los mismos chats queda en evidencia que desde 2018, cuando estaba en pleno cierre de la investigación sobre Penta, Guerra comenzó a solicitarle trabajo a Hermosilla, quien entonces ejercía como un asesor de confianza del Ministerio del Interior, al mando de Andrés Chadwick. En paralelo, Guerra también le entregaba información confidencial de la fiscalía a Hermosilla (ver aquí).

En la querella que acaba de ser presentada ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, Horvitz y Daza acusan que Guerra infringió sus deberes “en la medida que no actuó de manera objetiva, sino parcial; no aplicó la ley de manera correcta como lo imponía su cargo de persecutor penal público, sino que, por el contrario, abusó de sus facultades para a través de un empleo indebido de la institución de la “reformalización”, suprimir ilícitamente hechos que constaban en la investigación y sustentaban las imputaciones de cohecho y soborno”.

Según los querellantes, Guerra echó a andar una operación de impunidad que habría sido coordinada con Hermosilla y con Chadwick: “Junto con ello fue desleal y no transparente con los querellantes, pues no solo nos había asegurado reiteradamente que llevaría el caso a juicio oral, sino que solicitó la audiencia de reformalización sin comunicarnos nunca en qué consistiría; además la víspera de la audiencia nos remite un texto de reformalización que no se correspondía con el que iba a presentar, se y nos sorprende alevosamente en ella justamente para permitir que la defensa pidiera nuestra exclusión por falta de legitimación activa. Se trató de una estratagema planeada con mucha anticipación en concomitancia con los demás querellados quienes más tarde le retribuyeron con un cargo en la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, cuyo decano era, a la sazón, Andrés Chadwick”.

Los chats entre Guerra y Hermosilla, revelados por The Clinic, vinieron a confirmar una sospecha que María Inés Horvitz ya había hecho pública. En diciembre de 2023, en una entrevista publicada en CIPER, la exconsejera del CDE dijo: “Nos traicionó el exfiscal Manuel Guerra, quien nos había prometido reiteradamente que llevaría el caso a juicio oral. Nos hizo a un lado de manera descarada y nunca nos dio una explicación. E hizo algo que es ilegal”.

La querella, de 35 páginas, debiera ser admitida a trámite durante las próximas horas. El fiscal a cargo de la arista que involucra a Manuel Guerra en el Caso Hermosilla, es Mario Carrera, jefe de la Fiscalía de Arica. Carrera asumió la dirección de esa indagatoria por designación del Fiscal Nacional, Ángel Valencia.

Guerra elimina el cohecho

En el Caso Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín estaban acusados de soborno porque cuando el exejecutivo de Penta, Pablo Wagner, asumió como subsecretario de Minería en el primer gobierno de Sebastián Piñera, los “carlos” le pagaron en total $42 millones a través de pagos bimensuales de $3 millones cada uno. Esos pagos se extendieron entre junio de 2010 y septiembre de 2012.

Los pagos se justificaban con boletas falsas que emitía la cuñada de Wagner, Carolina de la Cerda. Esas boletas se emitieron a distintas sociedades parte del holding, como Empresas Penta, Inversiones Penta III, e Inversiones Banpenta. Según la indagatoria del Ministerio Público, los “carlos” coordinaron este mecanismo con Hugo Bravo, su brazo derecho que terminó destapando los aportes políticos ilegales luego de ser apartado de sus funciones.   

Como contraprestación por esos pagos, acusó inicialmente la fiscalía, Wagner sostuvo reuniones con Délano en relación al proyecto de Minera Dominga, el mismo que estaba siendo comprado por Délano a un grupo de accionistas, donde destacaba la familia del Presidente Sebastián Piñera. El acuerdo final de ese negocio se firmó en las Islas Vírgenes Británicas. La investigación por la compraventa de Dominga, a cargo del exfiscal Guerra, forma parte de los chats de Hermosilla que fueron publicados por The Clinic.

Además de las reuniones con Délano por la Minera Dominga, consta en la investigación de la Fiscalía, Wagner también realizó consultas constantes al seremi de Minería de la Región de Coquimbo, donde estaba emplazado el proyecto. La misma investigación indica que Wagner le habría contado a Carlos Lavín que las isapres tendrían problemas por consultas que estaba realizando el Tribunal Constitucional. El entonces subsecretario se habría enterado por consultas que le hicieron desde el Ministerio de Salud y desde la Presidencia. En ese momento el Grupo Penta era propietario de la isapre Banmédica. 

En la indagatoria judicial también constan pruebas de que Wagner intercedió ante el entonces ministro de Minería, Laurence Golborne, para que este nombrara a Carlos Lavín como director de Codelco. Algo que, al final, no ocurrió. En la investigación consta un mensaje de Wagner a Lavín al respecto: “Hice de verdad todo lo que pude”.

Todos estos antecedentes son recogidos por la querella presentada la tarde del lunes por Horvitz y Daza. En el documento también se incluye una tabla comparativa, donde se muestran los cambios de las imputaciones del Ministerio Público a Carlos Délano, Carlos Lavín, y Pablo Wagner (revise aquí la querella completa ). 

La primera formalización de cargos, realizada en marzo de 2015, incluyó la acusación de soborno consumado contra Délano y Lavín, y de cohecho consumado y reiterado en contra de Wagner. Contra todos ellos, además, se imputaron delitos tributarios. Esa audiencia estuvo dirigida por el entonces Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, y en ella participaron Carlos Gajardo y Pablo Normambuena, quienes a la fecha eran los persecutores a cargo de la indagatoria.

Hubo una segunda formalización de cargos, en marzo de 2017. Allí se agregaron hechos a la acusación, según la información contenida en la querella de Horvitz y Daza, como el detalle de las boletas falsas emitidas a empresas del Grupo Penta por parte de la cuñada de Pablo Wagner.

En la segunda reformalización, realizada en julio de 2018, cuando los fiscales Gajardo y Norambuena ya habían renunciado a sus cargos, el entonces Fiscal Regional Oriente, Manuel Guerra, sacó de la acusación el delito de cohecho en contra de Wagner, y lo cambió por “incremento patrimonial indebido”. Esa fue una jugada que le permitió sacar de la causa al Consejo de Defensa del Estado. Por eso María Inés Horvitz lo acusa de traición.

En la querella, se explica que Guerra pasó de ser fiscal, a “actuar como abogado de los imputados”: “En general, a través de una reformalización, los fiscales precisan los hechos o incorporan nuevos hechos, cambian la calificación jurídica o añaden nuevos delitos. Otra alternativa es separar investigaciones, cuando una está más avanzada que otra o derechamente solicitar el sobreseimiento definitivo o comunicar la decisión de no perseverar respecto de aquellos cuyos antecedentes puedan resultar insuficientes para fundar una acusación. Como hemos reiterado, estas dos últimas opciones dejaban a salvo los derechos de los querellantes para, eventualmente, forzar la acusación. Sin embargo, Guerra eliminó hechos de la formalización sin que existiera ningún nuevo antecedente que lo justificara, con el fin de asegurar la impunidad de los reformalizados respecto de los delitos de cohecho y soborno. En este sentido, el querellado Guerra dejó de actuar como fiscal del Ministerio Publico y pasó a actuar como abogado defensor de los imputados”, indica el documento al cual tuvo acceso The Clinic.

Guerra sacó antecedentes de la acusación

La querella presentada por Horvitz y Daza en contra de Manuel Guerra y Luis Hermosilla, agrega una serie de antecedentes que fueron eliminados en la última reformalización a los dueños de Penta, lo que habría permitido evitar el juicio oral y cerrar el caso con la aplicación de multas y clases de ética.

Una de las pruebas que no fueron incluidas por Guerra en la última reformalización realizada en julio de 2018, fue una frase incluida en un correo electrónico enviado por Wagner a Carlos Lavín el 10 de marzo de 2010, cuando estaba a punto de asumir como subsecretario de Minería: “Cualquier ayuda será agradecida de por vida por mi familia.

Demás está decirte que cuentes conmigo para lo que necesites. También que pediré tu consejo a menudo. Como me dijiste cuando hablamos no es un adiós sino hasta pronto”. El objetivo de ese correo era lograr pagos por parte de Penta, lo que consiguió. Los querellantes subrayan que ese antecedente constaba en la carpeta de investigación. 

En las formalizaciones anteriores la Fiscalía había acusado a Délano y Lavín de haber participado en la elección del mecanismo de las facturas falsas para realizar los pagos a Wagner. Sin embargo, en la reformalización dirigida por Guerra, según los querellantes, por ese hecho se culpó a Hugo Bravo, el exejecutivo de confianza que había fallecido en 2017:

“En efecto, la formalización anterior señalaba: ´Posteriormente, entre mayo y junio de 2010, se resolvió que el tema lo resolverían a través de Hugo Bravo, quien le manifestó a Wagner San Martín, por encargo de Délano y Lavín, que ellos aceptaron pagarle la suma de $3.000.000 cada dos meses, para lo cual debía entregar una boleta de un tercero que justificara el pago’.  La reformalización, en abierta oposición con los antecedentes de la carpeta investigativa, atribuye sin embargo a Hugo Bravo la decisión del pago del dinero solicitado: ‘Entre mayo y junio de 2010, Hugo Bravo, a la sazón gerente general de empresas Penta, decidió entregar a Wagner San Martín un apoyo económico indebido a través de diferentes sociedades del grupo Penta, durante el tiempo que Wagner San Martin desempeñara el cargo de subsecretario, por un monto de $3.000.000 bimestrales, para lo cual éste debía entregar una boleta de un tercero que justificara dicho pago”, indica la querella.

Horvitz y Daza agregan que Guerra también eliminó de la reformalización los episodios donde Wagner realizaba gestiones que favorecían a los dueños de Penta: reuniones relacionadas con la Minera Dominga; la advertencia del problema que se venía para las isapres por las consultas del Tribunal Constitucional; la propuesta a Golborne para que Lavín asumiera como director de Codelco.

Los antecedentes revelados por The Clinic son citados en la acción judicial. Según Horvitz y Daza, esos datos permitieron corroborar sus sospechas: “Las graves irregularidades ejecutadas por Guerra en esta audiencia en beneficio de los imputados resultaban tan evidentes y abusivas, que nos llevaron a concluir que la hipótesis más consistente para explicarlas era que hubo algún tipo de acuerdo ilícito de por medio, incluyendo algún beneficio indebido. Esta hipótesis se puede ratificar hoy a partir de los antecedentes que han sido revelados durante el transcurso de este año”.

Diligencias

En la querella que ya fue ingresada al 4° Juzgado de Garantía de Santiago, se solicitan una serie de diligencias que debiera ejecutar el Ministerio Público: citación a declarar como testigos a Luppy Aguirre, quien representó al CDE en las audiencias del Caso Penta; a Juan Ignacio Piña, presidente del CDE en esa época; Andrés Chadwick, Jorge Abbott, exFiscal Nacional; Marta Herrera, exDirectora de la Unidad Anticorrupción de la fiscalía; Hugo Lavados, rector de la Universidad San Sebastián, a la que Guerra llegó a trabajar justo después de renunciar a la fiscalía; Carlos Gajardo y Carlos Norambuena, los fiscales iniciales del Caso Penta.

Los querellantes también solicitan que se cite a declarar en calidad de imputados a Guerra y a Hermosilla. Asimismo piden que el Ministerio Público acceda a los registros de Whatsapp de Andrés Chadwick, Manuel Guerra y Luis Hermosilla, durante el periodo 2016 a 2024. Y que se alce el secreto bancario de las mismas tres personas.

Por último, pidieron que la querella forme parte de la indagatoria que lidera el Fiscal Regional de Arica, Mario Carrera.