Declaración pública a 5 años de la revuelta popular chilena.

A cinco años de la revuelta social de octubre de 2019, nos encontramos viviendo una ofensiva de las fuerzas conservadoras y neofascistas, que promueven políticas regresivas en materia de avances democráticos y de derechos humanos a nivel global.

En Chile, esta realidad se expresa en las trabas permanentes a cualquier cambio orientado a mejorar las condiciones de vida de la población profundizando las desigualdades, así como en el respaldo de leyes y practicas represivas especialmente enfocadas en la criminalización de las justas demandas de estudiantes, pobladores y del pueblo mapuche.

Durante estos años los sectores políticos de Derecha y Ultraderecha, representativos del poder empresarial, en alianza con los grandes medios de comunicación, han intentado imponer un relato negativo del estallido social, calificándolo de estallido delictual, buscando así deslegitimar toda forma de protesta social y estigmatizar a quienes nos manifestamos especialmente a partir de octubre de 2019. El objetivo de esta narrativa es inhibir la justa lucha del pueblo de Chile por lograr transformaciones sociales que terminen con el injusto orden social heredado de la dictadura cívico militar y administrado luego por sucesivos gobiernos. Esa fue la motivación central y mayoritaria expresada en las multitudinarias manifestaciones ciudadanas a lo largo y ancho del territorio nacional.

A cinco años de la Revuelta Social, reivindicamos la plena vigencia de las demandas por cambios estructurales y un nuevo modelo de sociedad que termine con la concentración del poder económico, el abuso institucionalizado y la injusta desigualdad, abriendo paso a la recuperación de la soberanía política a través de una Nueva Constitución legítima en su origen, que permita el ejercicio de la soberanía económica a través de la recuperación de las riquezas básicas, permitiendo superar el actual Estado Subsidiario que constituye un obstáculo insalvable para el debido resguardo y garantía de los derechos humanos, así como para alcanzar el pleno ejercicio de nuestros derechos sociales básicos, como son el Derecho a la Salud, a la Educación, a la Seguridad Social, a una Remuneración justa, Vivienda digna, entre otros derechos fundamentales.

A cinco años de la Revuelta Social, recordamos que al igual que en otros períodos de la historia de nuestro país, la respuesta de los detentadores del poder económico y político, fue la aplicación de una violenta represión, a través del uso de la fuerza militar y policial, constitutiva de una política de violación grave, masiva y sistemática a los derechos humanos, que se tradujo en decenas de homicidios, cientos de heridos, mutilaciones a través de la pérdida total o parcial de la vista, violencia político sexual, torturas, así como persecución política penal traducida en miles de jóvenes detenidos y condenas aberrantes en base a montajes de intramarchas.

Las masivas, graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos fueron constatadas tanto por organismos nacionales como internacionales, (ACNUDH, Amnistía Internacional y Comisión Interamericana de Derechos Humanos), a través de sendos Informes y Comunicados, los que coincidieron en denunciar el ilegítimo uso de la fuerza por parte de las fuerzas policiales y militares en contra de quienes se manifestaban en las calles. Según la propia Fiscalía Nacional, de las 10.142 denuncias presentadas durante la revuelta social producto de la acción de las fuerzas policiales y militares, al iniciar este año, sólo 38 procesos han concluido con condenas para los autores, que corresponde solamente al 0.47% del total de los casos denunciados. Esto demuestra que el Ministerio Público ha incumplido con su deber de investigar y el Poder Judicial, de sancionar, instalando y normalizando así la impunidad. A esto se suma el escándalo conocido como Caso Audios-Hermosilla-Chadwick-Guerra, situación que confirma la grave crisis de las Instituciones, así como su falta de legitimidad denunciada durante la revuelta social, realidad que se ha profundizado durante estos años.

La impunidad de los crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la revuelta social, sigue consolidándose con la complicidad del Ministerio Público, el Poder Judicial, el Parlamento así como la mayoría de los partidos políticos, a pesar de que organismos especializados, tanto a nivel nacional como internacional, continúan interpelando al Estado y sus instituciones, a cumplir con la normativa internacional de Derechos Humanos, que garantiza a las víctimas y a la sociedad toda, el acceso a la Justicia y a una digna Reparación.

El actual Presidente de la República, a su vez, desestimó su compromiso de realizar una reforma profunda de Carabineros, institución policial responsable de la gran mayoría de las violaciones a los derechos humanos cometidas, respaldando además férreamente a su Director General, Ricardo Yáñez Reveco, imputado en numerosos procesos judiciales y ante la Corte Penal Internacional, al igual que Sebastián Piñera y otras autoridades responsables de la represión. Recordemos que durante su campaña presidencial advirtió que Sebastián Piñera sería perseguido en instancias internacionales por ser el principal responsable de los crímenes cometidos durante el estallido social. De manera también contradictoria, en sus exequias realizó un reprochable discurso en que lo calificó como un verdadero demócrata, digno de ser reconocido, afectando con esta aseveración especialmente a las víctimas que han vivido durante todo este periodo una constaste proceso de revictimización y abandono del Estado. Es evidente y preocupante constatar que se ha incumplido la promesa de campaña y a la vez, una obligación internacional, de implementar una política de reparación integral a las víctimas de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos que regulan la materia.

Es nuestro deber alertar e impedir que la impunidad de muchos de los crímenes cometidos en Dictadura se repita nuevamente ante las graves violaciones a los derechos humanos constitutivas de crímenes contra la Humanidad, ocurridas durante la Revuelta Social, ya que además esto constituye un grave incumplimiento de obligaciones internacionales facilitando así la repetición de estos crímenes, contribuyendo a normalizar las practicas represivas actuales.

En relación con esta materia, en su reciente visita a Chile, Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de las Naciones Unidas, expresó su preocupación sobre la independencia de los jueces y abogados, por “el lento avance de los casos relativos al uso excesivo de la fuerza y tortura por parte de Carabineros durante el estallido social”, en comparación “con el rápido avance en los casos de destrucción de bienes por los mismos hechos o hechos relacionados”.

Consideramos además relevante destacar, otra de las grandes demandas vigentes relacionada con la plena vigencia de la libertad de expresión en nuestro país. El actual ecosistema de medios de comunicación masivos, ha consolidado su políticas y prácticas de desinformación e imposición de una cultura hegemónica y enajenante obstaculizando el desarrollo de pensamiento crítico y toma de decisiones al privilegiar líneas editoriales que potencian la criminalización de la movilización social, la discriminación, la marginación, la desconfianza y la percepción de inseguridad, todos aspectos que impactan la identidad, la cohesión social y la salud mental de la población. En muchas ocasiones, los medios de comunicación son utilizados como instrumento para impulsar proyectos de ley cada vez más represivos en desmedro de abordar y denunciar las causas que generan la brutal desigualdad o fenómenos como la corrupción y el narcotráfico.

A cinco años de la Revuelta Social de octubre, las organizaciones firmantes reiteramos tanto la legitimidad de la protesta social, como la plena vigencia de las demandas que dieron origen a este proceso, reflejo de las duras  condiciones en que la mayoría de los chilenos y chilenas vive cotidianamente, sin acceso a derechos básicos. Hoy más que nunca constituye un imperativo continuar nuestra exigencia de avanzar hacia una sociedad democrática, basada en la justicia social y fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos. Con ese propósito, seguiremos impulsando la organización de la ciudadanía y la movilización social, única forma de lograr avances sustantivos, como lo enseña la Historia de nuestros pueblos, en su justa lucha por la emancipación y plena realización de la Dignidad humana.

¡Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición!

Suscriben esta Declaración:
1. Coordinadora de Víctimas y Familiares de Víctimas de Trauma Ocular
2. Agrupación de Familiares y Amigos de Asesinados en el Estallido Social-AFAAE
3. Agrupación de Víctimas de Violencia por Agentes del Estado AVIDVAE – CHILE
4. Comisión Chilena de Derechos Humanos
5. Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD)
6. Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos AFEP
7. Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile
8. Departamento de Derechos Humanos Colegio de Profesores
9. Comisión Derechos Humanos Colegio de Enfermeras
10. Comisión Nacional de DDHH del Colegio de Trabajador@s Sociales de Chile
11. Comisión de DDHH Colegio de Antropólogas y Antropólogos de Chile
12. Confederación de Trabajadores del Cobre CTC
13. Agrupación Nacional de Emplead@s Fiscales-ANEF
14. Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad de Chile-SITRAHUCH
15. Confederación de Profesionales Universitarios de la Salud (CONFEDEPRUS)
16. Directiva Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Chile-ACAUCH
17. Confederación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de la Construcción, Madera, Materiales de Edificación y AC de Chile
18. Industrial Chile CONSTRAMET
19. Carolina Espinoza Dirigente Nacional CONFUSAM
20. Coordinadora Nacional NO + AFP
21. Mujeres Autoconvocadas 18 de Octubre
22. Grupo Iniciativas por la Libertad de los Presos Políticos de la Revuelta
23. Agrupación de Mujeres Democráticas
24. Mujeres por Justicia y Contra la Impunidad
25. Agrupación Derechos Humanos Maipú
26. Sitio de Memoria Estadio Nacional
27. Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria
28. Londres 38 Espacio de Memorias
29. Fundación PIDEE
30. Escuela Permanente PRAIS
31. Comisión Ética contra la Tortura
32. Agrupación Nacional de Expresos Políticos de Chile
33. Comando Unitario de Ex Pres@s Políticos y Familiares
34. Corporación Campo de Concentración 3 y 4 Álamos
35. Corporación de Retornados
36. Coordinadora de Derechos Humanos de Providencia
37. Corporación UNIDAS – Defensa de Derechos Humanos
38. Coordinadora Nacional de Trabajadores/as NO+AFP
39. Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo CENDA
40. Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad
41. Comité Oscar Romero – SICSAL – Chile
42. Frente Cacerola
43. Chile Despertó Internacional Quebec-Canadá
44. Centro de Formación Memoria y Futuro (CFMF)
45. Todas las Manos (Ciudadanos de La Florida)
46. Corporación Memoria MAPU – CORMAPU
47. Colectivo 2 de Diciembre – Puente Alto
48. Comité Eloísa Díaz por Palestina UCH
49. Comité por un Chile Digno – Noruega
50. Asociación Cultural Violeta Parra – Berlín
51. Comisión Nacional de Derechos Humanos Chile-Suecia
52. Red Internacional de Apoyo a l@s Pres@s Polític@s en Chile (RIAPPECH)
53. Movimiento El Pueblo ayuda al Pueblo (MEPAP)
54. Centro Cultural Araucaria Montreal- Canadá
55. Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales-CODEHS
56. Agrupación Social Fuerza y Unión de Derechos Humanos «FDUH»
57. Coordinadora De Justicia Para Jaime Veizaga Sánchez
58. Comité Internacional De Derechos Humanos Embajadores De Justicia Y Paz Ecuador Filial Chile
59. Agrupación de voluntarios por la defensa de los Derechos Humanos en Calama
60. Colectivo Raíces de Resistencia
61. Agrupación Social Fuerza Unión de Derechos Humanos FDUH

Fuente: https://www.pressenza.com/es/2024/10/declaracion-publica-a-5-anos-de-la-revuelta-popular-chilena/