Foto: Corría el año 2022, cuando Gabriel Boric y su pareja de ese momento, Irina Karamaros, participaban en una rogativa con distintos y distintas representantes de pueblos indígenas. Se trataba de evidenciar el carácter intercultural del gobierno. Todo un simulacro.
Desde el inicio de su mandato, el presidente Gabriel Boric instauró la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, una mesa de diálogo supuestamente diseñada para reparar la histórica deuda del Estado chileno con las comunidades mapuche. Durante su campaña, Boric había prometido atender las demandas del pueblo mapuche, lo que posicionó esta iniciativa como una de las banderas principales de su administración. Sin embargo, con el transcurso de los meses, esta política se ha convertido en una de las más criticadas y consideradas fallidas por diversos sectores.
Uno de los puntos más controversiales ha sido la decisión de mantener el Estado de Excepción en el Wallmapu, una medida heredada del gobierno de Sebastián Piñera. En lugar de avanzar hacia el diálogo, Boric reforzó esta política, incrementando la presencia policial y dotando a Carabineros de tecnología de punta para sus operaciones.
Este endurecimiento de las medidas de seguridad ha sido percibido como una contradicción directa con el discurso conciliador que el mandatario sostuvo durante su campaña presidencial. Para muchas comunidades, estas acciones no han significado una solución al conflicto, sino una profundización de la militarización y el uso de la fuerza como principal herramienta del Estado.
La persecución contra la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) se ha intensificado bajo el gobierno de Boric, con la detención de sus voceros políticos y la participación activa del gobierno como querellante en procesos judiciales. Uno de los casos más emblemáticos es el de Héctor Llaitul, quien fue arrestado y enfrenta altos cargos, en lo que diversas organizaciones han señalado como un juicio plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso.
Llaitul, conocido por su rol como líder político y crítico del gobierno de Boric, ha sido señalado por el mandatario como una figura radical. Sin embargo, sectores mapuche y defensores de derechos humanos lo consideran un preso político, cuya detención responde más a su rol como opositor al sistema que a delitos concretos.
Otro punto de inflexión fue la promulgación de la llamada «Ley de Usurpaciones», que ha permitido al gobierno desalojar comunidades mapuche y judicializar las recuperaciones territoriales autónomas. Esta legislación ha sido calificada como un instrumento represivo, utilizado para criminalizar a dirigentes indígenas y frenar los procesos de recuperación de tierras ancestrales.
A medida que el gobierno de Boric avanza, la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento ha quedado relegada a un segundo plano, perdiendo legitimidad entre las comunidades mapuche. Las críticas apuntan a que la política del mandatario no solo ha sido inconsistente, sino que ha reproducido el enfoque represivo de gobiernos anteriores.
Además, la comisión ha centrado su trabajo en actores que no tienen una verdadera injerencia en el conflicto territorial y político. Por lo general, se ha vinculado con mapuche y organizaciones que dependen del Estado, las cuales no representan al movimiento mapuche real que lucha por la recuperación de tierras y derechos ancestrales. Esto ha generado aún más rechazo entre las comunidades, que consideran esta política como un intento de deslegitimar sus demandas históricas y dividir al pueblo mapuche.
La promesa de paz y entendimiento se ha transformado en una realidad de militarización, persecución y judicialización. Para muchos, Boric se ha convertido en «más de lo mismo», un presidente que, lejos de buscar una solución estructural al conflicto, ha optado por mantener y reforzar las políticas que históricamente han marginado al pueblo mapuche. La lucha por el reconocimiento de derechos y territorios continúa en el Wallmapu, mientras el gobierno enfrenta un creciente descontento de las comunidades indígenas y de sectores sociales que alguna vez creyeron en su promesa de cambio.
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