Chile. Agrupaciones de DDHH en contra de libertad de genocidas de la dictadura / Carta a Presidencia

por Agrupaciones de DDHH / Enviado por Colectivo 119.

Señora
Michelle Bachelet Jeria
Presidenta de la República
Presente.

De nuestra consideración:

Las organizaciones abajo firmantes, nos dirigimos a usted con el propósito de expresar nuestro rotundo rechazo a las medidas que pretenden poner en libertad a los genocidas y violadores de derechos humanos recluidos en la cárcel de Punta Peuco y demandamos a usted, el uso de las atribuciones y facultades que le son privativas, para obtener un pronunciamiento explícito en función de su autoridad, que a los criminales de lesa humanidad no les asiste la prescripción, la amnistía, ni el indulto así como ninguna otra medida administrativa, legal o política que favorezca su libertad e impunidad.

A pesar de los más de 26 años desde la instauración de gobiernos civiles, estimamos que la sociedad chilena aún está marcada por la gravedad de los crímenes cometidos por la dictadura cívico-militar.
No obstante, como organizaciones defensoras de los derechos humanos vemos como hoy se reactiva institucionalmente una operación de impunidad de larga data, que aparenta beneficiar a un inexistente universo de reos comunes de avanzada edad, encubriendo el propósito de liberar a criminales de lesa humanidad que gozan de privilegios carcelarios. Hemos visto como los poderes ejecutivo, legislativo y judicial así como las fuerzas armadas y algunos personeros eclesiásticos no han cesado en su propósito de consagrar la impunidad a la que hemos resistido ética y moralmente como pueblo.

Señora Presidenta, queremos recordarle que ninguno de los requisitos exigidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para optar a los beneficios carcelarios por parte de los condenados han sido cumplidos, es más ha habido una acción política concertada de obstrucción a la Justicia; se han contratado defensas costosas a expensas del erario nacional para ellos; se les ha permitido conservar su rango militar y sus pensiones, inmensamente superiores a las de cualquier ciudadano; se ha promovido a lo más alto de los escalafones a oficiales que luego aparecen procesados en causas de derechos humanos como recientemente hemos visto con el caso del ex Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre quién además fue nombrado por el ejecutivo a la cabeza del Servicio Electoral (SERVEL), quien ha debido comparecer por los crímenes de la Caravana de la Muerte en el norte del país.

Los violadores de derechos humanos, luego de ser condenados, jamás han demostrado arrepentimiento alguno ni han entregado datos que permitan esclarecer los crímenes cometidos, la ubicación de los cuerpos de las víctimas; al contrario, la operación retiro de televisores muestra la política de encubrimiento que han diseñado, la que ha llegado incluso al asesinato más allá de nuestras fronteras como, por ejemplo, el acontecido con Eugenio Berríos, crimen realizado para encubrir otros crímenes.
A ello se agrega que las condiciones en las que cumplen sus irrisorias condenas abundan en privilegios que no se condicen la gravedad de sus crímenes.

Todo ello, nos confirma que no ha existido voluntad política, compromiso efectivo con los derechos humanos y políticas de no repetición que sustenten el llamado NUNCA MAS tan voceado.

Ante esta encrucijada señora Presidenta, exigimos de usted el rechazo rotundo a la impunidad que hoy se viste de acción humanitaria y pretende dejar en libertad a torturadores y asesinos que fueron verdugos de nuestro pueblo por más de 17 años. Como parte de este rechazo le demandamos el cierre del penal de Punta Peuco y el traslado de los allí recluidos a cárceles comunes, que el Estado de Chile solicite una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto al otorgamiento de libertad condicional a condenados por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos y coherentemente presente un proyecto de ley que explícitamente impida el otorgamiento de beneficios a los violadores de los derechos humanos.

Sin otro particular, se despiden

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Santiago
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
Agrupación de Ex Prisioneros Políticos “Enrique Pérez Rubilar” de Temuco
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Parral
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Santiago
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Serena
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Linares
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Osorno
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Puerto Montt
Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Copiapó
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Iquique y Pisagua
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Valparaíso
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Paine
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
Agrupación de Mujeres por la Memoria y la Vida
Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad
Asociación de Memoria y Derechos Humanos Venda Sexy
Centro Helmut Frenz
Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS)
Colectivo 119, Familiares y Compañeros
Colectivo Reconociendo Chile, una mirada de frente
Colegio de Asistentes Sociales de Chile A.G.
Comisión de Derechos Humanos del Consejo Regional Metropolitano
del Colegio de Contadores de Chile
Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Periodistas
Comisión Ética Contra la Tortura – Chile
Comisión Ética Contra la Tortura – Temuco
Comisión Ética Contra la Tortura – Valparaíso
Comisión Ética Contra la Tortura – Secretariado Exterior
Comisión Funa
Comité de Recuperación del Cuartel Borgoño
Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas
Comunidad Ecuménica Martin Luther King
Confederación de Trabajadores del Cobre
Corporación 3 y 4 Álamos
Corporación Memoria Lonquén
Corporación Memorial Paine
Londres 38, Espacio de Memorias
Memorial Nido 20
Colectivo Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes

Santiago de Chile, 30 de junio de 2016

Cc/ Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos

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La impunidad no pasará.

Primero fue la Corte Suprema, que concedió la libertad condicional a dos ex represores vinculados directamente al degollamiento de tres militantes comunistas; ahora es el Senado, que alista un proyecto de ley que otorga beneficios de excarcelación a todos los presos mayores de 75 años de edad y/o que estén enfermos, y aunque no lo digan todos entienden que se trata de una ley que beneficiaría sobre todo a los criminales que están recluidos en Punta Peuco.

Publicado el 21 de junio de 2016.

Las decisiones del alto tribunal de revisar estas condenas, pese a que jamás acogió un recurso de protección a las víctimas, así como la iniciativa legal que cuenta con el respaldo de 19 senadores de la derecha y la Nueva Mayoría, son pasos concretos hacia la instalación de la impunidad. Ya no les importa que no se conozca más verdad sobre el destino final de los detenidos desaparecidos o sobre cómo los prisioneros fueron ejecutados, tampoco les importa que la justicia haya sido tan esquiva, al punto que hay menos de un centenar de represores encarcelados. Ahora a estos últimos los quieren dejar en libertad.
Aunque sean criminales múltiples, que nunca dijeron la verdad, que jamás cooperaran con la justicia, que hasta ahora ni siquiera estén arrepentidos, que la mayor parte del tiempo han estado en cárceles especiales, y con pleno respeto a sus derechos humanos. Los crímenes cometidos por estos represores son imprescriptibles, inamnistiables y no pueden ser indultados, según los convenios internacionales que Chile ha suscrito y que está obligado a respetar. Lo que se busca y se demanda es el cumplimiento de estas condenas, que ya son tardías y breves, para dar una señal política del rechazo del conjunto de la sociedad a los crímenes de lesa humanidad, no sólo del pasado, sino también a los crímenes del presente, para hacer así efectiva la exigencia de no repetición.

A las organizaciones de derechos humanos no nos extraña que entre los impulsores del proyecto de la nueva ley de impunidad estén connotados senadores de derecha; ellos son los cómplices civiles de la dictadura, como es el caso del senador UDI Hernán Larraín, aliado público de la Colonia Dignidad y de quienes mandaban en ese lugar, todos criminales que hoy en su mayoría cumplen sentencias.

Nos llama la atención, sin embargo, que la iniciativa sea suscrita también por senadores de la Nueva Mayoría, como el independiente PR Alejandro Guillier, los DC Manuel Antonio Matta y Andrés Zaldívar, y el PPD Eugenio Tuma, entre otros, ya que todos ellos forman parte de la coalición oficialista que presentó un programa de gobierno que, en su capítulo de Derechos Humanos, no incluyó iniciativas que apuraran la impunidad. Al contrario, selló un compromiso de avanzar en más verdad y justicia, que hasta ahora no ha cumplido.

Londres 38, espacio de memorias, en un esfuerzo por poner freno a la impunidad y buscar nuevos caminos que conduzcan a más verdad y más justicia, interpuso en diciembre pasado una nueva querella para determinar la suerte de 85 personas detenidas desaparecidas desde este ex centro de represión. La querella criminal está en curso y próximamente solicitaremos diligencias que apuntan al objetivo descrito.

Este recurso surge como respuesta al cierre sistemático de la mayoría de las investigaciones anteriores en las cuales solo se logró acreditar la detención y el paso de las víctimas por este y otros centros. El fracaso no se debe solo a las limitaciones de los jueces sino, sobre todo, al poderoso sistema de encubrimiento e impunidad que protege a los criminales desde diversos organismos y poderes del estado, incluidas las fuerzas armadas y policiales. No es posible que la sociedad acepte como explicación que 1.193 personas, simplemente, “desaparecieron” desde los centros de detención y tortura. Es inaceptable que los tribunales limiten su acción investigativa al momento de la detención renunciando a establecer las circunstancias y responsables de los asesinatos y ocultamiento de los cuerpos. Es inaceptable que el mismo estado, responsable del exterminio, renuncie a establecer la verdad y hacer justicia.

Con su apoyo a iniciativas que benefician a criminales, las castas y elites políticas solo profundizarán su desprestigio y pérdida de legitimidad. Por el contrario, podrían recuperar algo de credibilidad si buscaran activamente los medios para obtener más justicia.

Porque todo ello es inaceptable las organizaciones de derechos humanos y los movimientos sociales debemos movilizarnos para impedir que impongan la impunidad. Hay que demandar al Estado que cumpla con su deber de generar condiciones para alcanzar toda la verdad y toda la justicia, abrir los archivos de la represión como ya lo han hecho Argentina, Brasil y Bolivia, y obligar a las Fuerzas Armadas y policiales a entregar la información que disponga.

#Toda la Verdad Toda la Justicia
La impunidad no pasará

Londres 38, espacio de memorias
Santiago de Chile, junio de 2016.

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