por Giselle Sauré Guichou / Fuente: La Nación
En la entrega del nuevo informe de Amnistía Internacional que urge a terminar con la justicia militar en los casos de agresión y muerte en los que participan agentes del Estado, Félix Avilés, dijo esperar que el titular de Interior aplique el mismo celo que tuvo en el caso Luchsinger en aquellos en los que la policía uniformada actúa contra civiles.
Un emplazamiento directo al Estado en la figura del ministro del Interior, Jorge Burgos, realizó este martes el padre del estudiante Rodrigo Avilés, al exigirle al Gobierno que actúe de la misma manera frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas en democracia por civiles y Carabineros.
“Chile estaría tremendamente agradecido y la democracia del país estaría tremendamente fortalecida si el ministro del Interior le mostrara el mismo celo que ha demostrado la semana pasada para poder, según él, encontrar la justicia en la formalización del grupo de comuneros mapuches de La Araucanía en defensa de la familia Luchsinger”, espetó Félix Avilés.
En el marco de la entrega del informe de Amnistía Internacional titulado “No sabía que existían dos justicias” (ver documento), en el que la entidad analiza el comportamiento de la justicia militar en casos emblemáticos que han concluido con sentencias ínfimas para efectivos de Carabineros como la muerte deMatías Catrileo, la desaparición en manos de efectivos de la institución de José Huenante, y las agresiones a Manuel Gutiérrez y los estudiantes Jorge Brito, Paulina Estay y su propio hijo, el abogado reclamó por la pasividad mostrada por el Estado.
“Ese mismo celo (pido) para aquellos que matan, lesionan leve o gravemente a los ciudadanos que responsablemente y que ajustados al derecho y a lo que la Constitución les permite, son maltratados por Carabineros de Chile a través de sus Fuerzas Especiales”, enfatizó.
ESTRUCTURA DE PODER
El profesional, quien lleva la defensa de su hijo Rodrigo, quien fue alcanzado por el chorro de un carro lanzaaguas de la institución uniformada durante la marcha en contra de la reforma educacional realizada el 21 de mayo pasado en Valparaíso y que casi le cuesta la vida, señaló que “me preocupa es que la violencia policial no es sino la manifestación y el efecto final de una estructura de administración del poder que se funda sobre dos conceptos que a mí me parecen muy graves, que son la impudicia y la impunidad”.
Al respecto dijo que no comprende “la falta de pudor para actuar vulnerando los derechos de las personas y pasando por encima de la dignidad de los ciudadanos, porque está la confianza de que la estructura de justicia no va a permitir una sanción condenatoria a aquella conducta vulneratoria y aquella forma impúdica de actuar”.
En ese sentido criticó que hasta el propio general director de Carabineros, Bruno Villalobos, considere el accionar de algunos de sus hombres para repeler las manifestaciones y marchas ciudadanas como errores. “Me parece que es no entender nada de lo que pasa. O es entender que abordarlo con valentía significa un riesgo para el statu quo, para la administración del poder y para su propio poder”.
“Creo que no son errores, son horrores de una policía que se ha militarizado y que lo que hace es ser la punta de lanza de la defensa del statu quo y que defiende el poder que hoy tiene con una mala democracia y con una mala defensa de los derechos de las personas”.
Fuente: La Nación: Martes 5 de abril de 2016.
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Las palabras del padre de Rodrigo Aviles reafirman lo que ya sabemos y sufrimos a diario: parlamentarios corruptos, curas pedófilos, empresarios estafadores, militares delincuentes… en una sola palabra: Estado policiaco y lumpen. Un mínimo de racionalidad señala que la única base razonable para un proceso constituyente genuino, exige la renuncia inmediata de todo el parlamento y el Ejecutivo, la asunsión de un gobierno provisional y la convocatoria a una asamblea constituyente bajo condiciones de plena libertad la cual solo es posible con la disolución inmediata de FF. EE. de Carabineros, la renuncia de la dirección de la PDI, y el paso a control ciudadano de las cadenas El Mercurio, COPESA y de la TV.