La indolencia del Partido Socialista frente a la desaparición de su dirigente Carlos Lorca.

No estoy enojado…

por Roberto Ávila Toledo /Enviado por Politika /El Clarín.

No estoy enojado, estoy triste cuando escribo estas líneas. Hace algunos días se hizo público que la querella interpuesta por el Partido Socialista por la desaparición de Carlos Lorca y sus compañeros había sido declarada abandonada por el ministro en visita que investiga los hechos.

Llegado el momento procesal de la acusación, los querellantes particulares, en este caso los familiares y el PS, debían adherir a la acusación del Juez en contra de cinco oficiales de la DINA o presentar una acusación propia. Como no se hizo ni lo uno ni lo otro el tribunal declaró abandonada la acción del PS mencionando explícitamente que la acción había sido interpuesta por Isabel Allende Bussi. El PS queda para siempre fuera del proceso.

La inactividad procesal es injustificable por cuanto la acusación del juez es una resolución que se notificó por cédula, es decir; un receptor judicial deja una copia en la oficina del abogado querellante y habitualmente en estos casos se cuidan de dejarla en manos de persona adulta de la cual recogen nombre y cédula de identidad. No pudieron dejar de enterarse de la resolución.

Pero eso no es todo, asumí en esta causa como abogado querellante en representación de un hermano de Carlos Lorca el economista Raúl Horacio Lorca. Acudí durante varias semanas seguidas a estudiar el expediente, que ya consta de más de treinta tomos y que para vergüenza de la judicatura se extiende por más de cuarenta años, 25 de ellos en democracia.

En un momento necesité comunicarme con los abogados querellantes del PS. En el Tribunal me enteré que hacía muchos años que no aparecían por allí. Tampoco había registro alguno de actuaciones en el proceso.

Advirtiendo que el ministro Miguel Vásquez actuaba con la mayor diligencia y que era presumible un cierre pronto del sumario me apersoné en el PS, París 873, y me entrevisté con la jefa de gabinete de la presidenta de la colectividad. Le dejé una carpeta con antecedentes y advirtiéndole que el proceso estaba abandonado y que era imperioso nombrar nuevos abogados, porque estaba el riesgo de que se declarará abandonada la acción. Por último les señalé que si no había nadie me ofrecía voluntaria y gratuitamente a evitar el previsible abandono de la querella. Ya no estoy por propia voluntad en el padrón del PS pero mis ideales están intactos. Nunca recibí respuesta.

Primero se pretendió dar una explicación burda, -que estaban estudiando interponer recursos a una resolución que es del 8 de Marzo-, pero luego la dirección del PS se excusó ante los familiares reconociendo la realidad de los hechos.

Carlos Lorca era un joven médico de menos de treinta años que lideraba la Juventud Socialista. Un intelectual riguroso de vida austera, que ganó en las parlamentarias de Marzo del 73, venciendo muchas adversidades, una diputación por Valdivia. Transformó a la JS de una convergencia de grupos desordenados en una organización nacional, firme y disciplinada, cuya pantalones largos se demostraron en los trabajos voluntarios de Cabildo. Era tal la seriedad de la JS, quizás más que la del propio partido adulto, que el general Carlos Prats estableció una relación privilegiada con Lorca.

Luego del golpe militar formaba parte de la dirección clandestina del PS que encabezaba el dirigente Exequiel Ponce, junto al joven economista Ricardo Lagos Salinas, Ariel Mancilla y un grupo de mujeres jóvenes y valientes como Michelle Peña, Clara Rubilar y Rosa Solís, entre otros. En Junio de 1975 las inmisericordes redadas de la DINA lograron secuestrar a estos dirigentes. En Villa Grimaldi hubo grandes celebraciones por haber conseguido lo que durante casi dos años habían perseguido con entusiasmo digno de mejor causa.

Ese fervor homicida tenía causa muy concreta, Exequiel Ponce había sido jefe del frente interno del PS que combatió en La Moneda, el Ministerio del Obras Publicas, el SII, el Banco del Estado, Indumet, Luchetti y la Legua el 11 de Septiembre. Un análisis militar de lo ocurrido deja a los militares con papeles vergonzosos como el ataque de nervios que tuvo el entonces coronel Medina Lois cuando vio al primer militar caído. El frente interno del PS combatió con heroísmo ese día 11 de Septiembre, salvo uno de sus dirigentes que se asiló tempranamente y termino siendo embajador de Ricardo Lagos Escobar.

Estos compañeros lucharon en medio de las peores adversidades, el “viejo” Ponce fue arrestado mientras arrendaba una pieza en una pensión. Faltaba de todo, pero no coraje.

El PS actual los abandonó, no sus compañeros. Hay registro histórico de su actuar en notables libros del periodista Juan Azúa y en varios artículos del historiador Edison Ortiz.

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CARLOS ENRIQUE LORCA TOBAR

Rut       : 5.006.438-7 (55.346, Ñuñoa)
F. Nacim. : 19-11-44, 30 años a la fecha de su detención
Domicilio : Echaurren 664, Dpto.325, Santiago
E. Civil  : Casado, 1 hijo
Actividad : Médico Psiquiatra
C.Repres. : Partido Socialista Comité Central, Comisión Política, Diputado por Valdivia; ex Secretario General de las Juventudes Socialistas
F. Detenc. : 25 de junio de 1975

                                                                   

SITUACION REPRESIVA

            Carlos Enrique Lorca Tobar, casado, un hijo, médico psiquiatra, ex Diputado por Valdivia, miembro de la Comisión Política del Partido Socialista -quien sufría de úlcera gástrica y problemas graves de coagulación- fue detenido el 25 de junio de 1975, alrededor de las 16:00 horas, en la casa ubicada en calle Maule N°130, por ocho agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). El domicilio pertenecía a Yolanda Abarca y hasta allí habían llegado los aprehensores alrededor de las 13:30 horas, mostrando una tarjeta azul para, según lo manifestaron ellos mismos a la testigo, esperar al doctor Lorca y a una acompañante. Efectivamente Maule N°130 constituía un lugar al que Carlos Lorca acudía por razones partidarias. Ese 25 de junio lo hizo acompañado de Modesta Carolina Wiff Sepúlveda, también militante socialista, detenida en esa misma oportunidad y actualmente desaparecida. Según otros antecedentes, los agentes permanecieron en ese lugar hasta varios días después de ocurridos estos hechos. Además, horas después de ocurridas estas detenciones, agentes de la DINA allanaron el domicilio de Carolina Wiff.

            Según testimonios prestados por 6 personas que transitaban a esa hora por Maule o que se encontraban esperando locomoción colectiva en la esquina de Santa Elena, el movimiento de vehículos particulares y de distintos colores resultaba llamativo, dado que aquella era una calle tradicionalmente muy tranquila. Dos de estos declarantes dijeron haber visto sacar a una pareja, rodeada por cuatro civiles que los mantenían asidos por los brazos. El hombre iba esposado. Ambos detenidos fueron subidos a un automóvil FIAT 125 color rojo que emprendió marcha hacia Vicuña Mackenna.

            Héctor Eduardo Riffo, quien a la fecha se encontraba recluido en Villa Grimaldi -centro secreto de detención y tortura de la DINA- testimonió que el 25 de junio de 1975, alrededor de las 16:00 horas, escuchó que ingresaba al recinto un gran número de vehículos. Estos hacían sonar sus bocinas y se oían gritos insistentes de «Lorca, Lorca». Dentro de la Villa se notó entonces un gran ajetreo y alboroto. El testigo agregó que, el miércoles 2 de julio del mismo año, alrededor de las 10:00 de la mañana tuvo lugar una visita inspectiva a dicho recinto. Debido a que permanecía vendado, no pudo ver de quién se trataba. Sí pudo escuchar que cuando le informaron que Lorca y Ricardo Lagos se encontraban detenidos, el visitante se mostró interesado y pidió ver las celdas de ambos detenidos.

            Posteriormente, el 3 de julio de 1975, cuando Héctor Riffo fue sacado de «La Torre» para barrer el patio, vio en una celda, atado a una litera al afectado, quien simulaba tener carraspera para llamar así la atención de otros detenidos.

            Por su parte, el detenido Sergio Hernán Gajardo, cuando lo trasladaron a Villa Grimaldi, el 11 de julio de 1975, lo ingresaron en una pieza de madera, de 3 por 3 metros aproximadamente, sin ventanas, en donde había un camarote de fierro con tres camas. El testigo se instaló en una y un guardia le dijo «esa es la cama de Lorca, sálete de ahí y ubícate en la última de arriba». Al poco rato, trajeron a una persona a la primera cama -el testigo estaba vendado- la que emitía quejidos. Como a la hora después el declarante le preguntó a la persona que había llegado si tenía agua y ésta le contestó «no tomes agua». En esos mismos instantes desde una habitación contigua se comenzaron a escuchar ruidos y quejidos de dolor, estaban torturando a una persona. La sesión se prolongó durante horas y afectó a distintos detenidos. El testigo le preguntó entonces a la persona de la primera cama a qué hora terminaban las torturas, a lo que ésta, con voz quejumbrosa, dijo: «aquí no hay horarios». Alrededor de las 06:00 horas de la mañana, el declarante fue sacado para barrer una especie de patio que había afuera de la pieza donde se le mantenía, pudiendo entonces constatar que ésta se encontraba entrando al recinto, cruzando el portón hacia la derecha y que allí mismo había dos o tres habitaciones que estaban pareadas unas al lado de las otras. Cuando estaba barriendo, el testigo escuchó que uno de los guardias dijo «Traigan a Lorca», Sergio Hernán Gajardo levantó la vista y vio a Carlos Lorca, quien iba vestido con un terno plomo, camisa blanca y zapatos negros, era una persona alta, pelo largo, barbón, más que caminar, Lorca era llevado por varios guardias. Daba la impresión de que si lo soltaban se iría de bruces al suelo. Lo llevaron en dirección a una pieza en donde había una mesa, una silla y una máquina de escribir. Allí -escuchó el testigo- uno de los guardias le dijo al afectado, «bueno doctor va a llenar este cuestionario, sin dejar ninguna pregunta sin contestar». Luego de un breve tiempo, agregaron «queremos que las respuestas sean lo más completas posibles, hay que contestarlas todas». Lo último que le dijeron fue «¿necesitai tus lentes?», y se los mandaron a buscar. El declarante recuerda que, al parecer, fue el mismo Lorca quien escribió a máquina, lo hacía muy lentamente.

            El 12 de julio de 1975, Sergio Hernán Gajardo se comunicó por primera y última vez con Carlos Lorca, cuando ambos se encontraban ya en la celda. El afectado le dijo «Soy Carlos Lorca, soy médico, si sales vivo de aquí, di que estoy detenido». Posterior a esto, el declarante fue sacado del recinto y no volvió a ver a la víctima.

            En septiembre de 1975, Edwin Patricio Bustos se encontraba recluido en Villa Grimaldi siendo cruelmente torturado. En una oportunidad, cuando era interrogado por Osvaldo Romo Mena, este agente lo amenazó con colgarlo de los testículos, «al igual como lo habían hecho con Carlos Lorca».

            Además de estos testimonios, está el de Luz Arce, quien fuera militante socialista y se transformara en colaboradora de la DINA producto a las torturas y amenazas sufridas durante su detención. En octubre de 1990, ante la Comisión Verdad y Reconciliación, la testigo declaró que, estando en Villa Grimaldi, conversó con Ricardo Lagos (detenido desaparecido) quien le dijo que también se encontraban ahí Exequiel Ponce y Carlos Lorca. Posteriormente, en 1976, la testigo le preguntó al General Manuel Contreras por Lagos, Lorca y Ponce y éste le dijo que estaban en libertad. Por su parte, Carolina Wiff fue vista en un patio de Villa Grimaldi, por la periodista Gladys Díaz, quien estaba recluida allí.

            La detención y desaparición de Carlos Lorca Tobar se inscribe en una acción de la DINA en contra de los dirigentes del Partido Socialista, miembros de la Comisión Política, de sus enlaces y correos, realizada en junio y a comienzos de julio de 1975. En este operativo se efectuaron las detenciones de Michelle Peña, Exequiel Ponce, Mireya Rodríguez, Modesta Carolina Wiff y del afectado. En el mes de julio, fueron detenidas Rosa Soliz Poveda y Sara Donoso Palacios, militantes socialistas, quienes estaban bajo las órdenes partidarias de Modesta Carolina Wiff. Todos ellos permanecen como detenidos desaparecidos.

            Cuando el Grupo de Trabajo Ad-hoc de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se constituyó en Villa Grimaldi en julio de 1978, uno de los testigos que la acompañaban señaló una habitación en donde habían estado detenidos Cosme Noriega y Carlos Lorca. También indicó una cabaña en donde había permanecido Michelle Peña, también detenida desaparecida.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            Por Carlos Lorca se presentaron numerosos recursos de amparo, entre ellos varios que fueron interpuestos en favor del afectado y otras víctimas desde el extranjero: Italia, México y Canadá. Así, tenemos el recurso masivo por 43 detenidos desaparecidos, 31 personas que permanecían detenidas en Tres Alamos y Puchuncaví y por 5 abogados detenidos, interpuesto por el Movimiento Internacional de Juristas Católicos, Liga de los Derechos de la Mujer y otros ciudadanos franceses, el 14 de junio de 1976 ante la Corte de Apelaciones de Santiago, (rol N°525-76). Después de confirmarse los nombres de los recurrentes, el recurso fue rechazado el 6 de mayo de 1977. Se apeló y la Corte Suprema confirmó el fallo el 11 de mayo del mismo año.

            Además, la familia interpuso el amparo rol N°806-75, el 1° de julio de 1975 en la Corte de Apelaciones de Santiago. Consultadas las distintas autoridades, éstas negaron la detención del amparado. Raúl Benavides Escobar, Ministro del Interior y General de División, respondió en dos oportunidades a la Corte (el 9 y el 18 de julio) que el afectado no se encontraba detenido por orden de ese Ministerio. En virtud a estos informes se rechazó el recurso de amparo el 25 de julio de 1975, habiéndose acordado remitir los antecedentes al juzgado del crimen correspondiente. Se apeló de la resolución a la Corte Suprema de Justicia, adjuntándose a la presentación las declaraciones de cinco personas que fueron testigos de la detención del afectado y quienes lo reconocieron en las fotografías que se les mostró. El Tribunal ofició a la DINA, obteniendo como respuesta un Oficio del Ministro del Interior, General Benavides, en el que se señalaba que carecía de antecedentes relacionados con «el referido Lorca», agregando que en el mismo sentido se había pronunciado la Dirección de Inteligencia Nacional (13 de agosto de 1975). Por lo informado en esta comunicación, se confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones el 18 de agosto de 1975.

            Los antecedentes fueron remitidos al 4° Juzgado del Crimen, en donde se abrió el proceso rol N°107.782 por presunta desgracia de Carlos Lorca Tobar. Prácticamente sin diligencias, se cerró el sumario el 13 de junio de 1977, sobreseyéndose la causa el 15 de junio del mismo año, y el 1° de agosto la Corte de Apelaciones confirmó el fallo del juez. Posteriormente esta causa se acumuló a la causa rol 585-76 que se tramitaba en la Segunda Fiscalía Militar de Santiago.

            El 1° de agosto de 1978, la familia del afectado concurrió, junto con los familiares de otros 70 detenidos desaparecidos, al 10° Juzgado del Crimen de Santiago, para presentar una querella por el delito de secuestro en contra del General Manuel Contreras Sepúlveda, de Marcelo Luis Manuel Moren Brito y de Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Coronel y Teniente Coronel de Ejército respectivamente. El Juez se declaró incompetente y remitió los antecedentes al 2° Juzgado Militar de Santiago, quien radicó la causa en la 2a. Fiscalía Militar, la que la roló con el N°553-78. Sin que se realizaran diligencias durante cuatro años, el 20 de noviembre de 1989, el Teniente Coronel de Ejército Enrique Ibarra Chamorro, Fiscal General Militar, solicitó para esta causa la aplicación del Decreto Ley de Amnistía (D.L. 2.191) porque el proceso había tenido como finalidad exclusiva la investigación de presuntos delitos ocurridos durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978 y porque, durante los 10 años de tramitación, no se había logrado «determinar responsabilidad de persona alguna». El 30 de noviembre de 1989 la solicitud fue acogida por el 2do. Juzgado Militar, el que sobreseyó total y definitivamente la causa -la que aún se encontraba en etapa de sumario- por «encontrarse extinguida la responsabilidad penal de las personas presuntamente inculpadas en los hechos denunciados». Las partes querellantes apelaron de dicha resolución a la Corte Marcial, la que confirmó el fallo en enero de 1992. Se interpuso entonces un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia, la que al mes de diciembre de 1992, aún no evacuaba su resolución.

            (Antecedentes completos de esta querella en el caso de Eduardo Alarcón Jara, detenido el 30 de julio de 1974).

            Uno de los agentes contra el que también estaba dirigida la querella contra los agentes de la DINA, Osvaldo Romo Mena, fue detenido en noviembre de 1992. El Director de la DINA, general Manuel Contreras Sepúlveda, había declarado por Oficio en la querella antes mencionada, que Romo era sólo un informante de un agente. Romo, entre otras cosas, ha confirmado su calidad de agente del mencionado servicio de seguridad y la participación de la DINA en su salida del país a finales de 1975, proporcionándole además documentos de identidad falsa para él y su grupo familiar.

            A diciembre de 1992, Romo había sido encargado reo en seis causas por detenidos desaparecidos.

Actualidad:

Primera Linea 23 de Abril 2002

En un dictamen que ya se preveía, el pleno de ministros de la Corte de Suprema determinó que sólo cuatro de los ocho jueces con dedicación exclusiva seguirán en esta condición, y los restantes pasarán a conformar un tribunal con dedicación preferente.

Basado en los antecedentes recopilados por el máximo tribunal, se determinó que el Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, a cargo de la jueza Cecilia Flores; Octavo del Crimen de Santiago, con María Ines Collins; Noveno del Crimen de Santiago con Raquel Lermanda y Décimo del Crimen con Juan Antonio Poblete siguen como jueces exclusivos.

Además, el Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, a cargo de María Teresa Díaz se mantendrá en la misma condición, aunque sólo por un plazo de un mes.

En el caso del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Quinto del Crimen de Santiago, Primer Juzgado del Crimen de Arica, Juzgado de Letras de María Elena, Primer y Segundo Juzgado del Crimen de Valparaíso, Primer Juzgado Civil de Chillán, Primer Juzgado del Crimen de Chillán, Primer Juzgado del Crimen de Talcahuano, Juzgado de Letras de Pucón y Segundo Juzgado del Crimen de Valdivia se sumarán al grupo ya existente de jueces preferentes.

La situación más difícil la enfrentan los jueces del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Mario Carroza; Tercer Juzgado del Crimen de San Miguel, María Teresa Díaz; Juzgado de Letras de Santa Barbara, Loreto Jara que en adelante se convertirán en jueces preferentes.

Pero la Corte Suprema también ordenó al Décimo Juzgado del Crimen que anexe los procesos que correspondan a las causas que tramita de manera de avanzar en la investigación, sin embargo, no entrega más detalles al respecto.

Todos los jueces exclusivos y preferentes deberán informar al cabo de un mes sobre su gestión y nuevamente serán evaluados por el tribunal superior.

En el detalle de las causas, el proceso por la muerte de Juan Luis Rivera Matus rol 107.716-9 comenzará a ser visto de manera preferente por el titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago Joaquín Billard, quien también tramitará la causa rol 107.254.
En el caso del Quinto del Crimen conocerá el rol 167.716-16 caratulado como desaparecidos de La Moneda, que ya estaba en calidad de preferente.

En el Primero de Arica y Cuarto de esta misma ciudad se conocerán las causas rol 51925 y 13.322-A, respectivamente.

En María Elena se indagará de manera preferente el proceso 31-91, Mientras que en el Primero del Crimen de Valparaíso se verá la causa del sacerdote británico Michael Woodward rol 140.454.

En el Segundo del Crimen de Valparaíso se conocerá la causa rol 127.298-1.

En Chillán en tanto el Primer Juzgado Civil conocerá la causa 11.599 que de acuerdo al Fasic no corresponde a proceso de derechos humanos, en cambio en el Primero del Crimen de esta misma ciudad se indagará la desaparición de Ernesto Torres Guzmán, rol 70.927-6.

En el caso de Talcahuano se anexa como prefente el rol 24.776, en Pucón el rol 4.473 y en Valdivia el rol 75.858.

Por el contrario, se verán perjudicadas por el dictamen de la Corte Suprema las causas sobre la desaparición de Daniel Reyes Piña, Leopoldo Muñoz Andrade, Víctor Morales Mazuela y Víctor Cárdenas Valderrama que tramitaba el Tercer Juzgado del Crimen de San Miguel ya que ahora tendrán carácter preferente. En todo caso,juega a su favor que ya se dictaron procesamientos en el caso de las causas de Morales y Cardenas.

En el Tercero del Crimen de Santiago serán ahora causas preferentes la desaparición a manos de la DINA DE Iván Carreño Aguilero, y las muertes de Luis Moraga Cruz, Juan Orellana Catalán y Ricardo Weibel Navarrete que perecieron a causa del Comando Conjunto. También este tribunal conoce el proceso por la desaparición del ex GAP Domingo Blanco Tarres.

En el caso de Santa Bárbara se ve perjudicada la investigación sobre los casos de Luis Bastias Sandoval, Luis Cid Cid, Cristino Cid Fuentealba, José Molina Quezada, José Pinto, Raimundo Salaza, Segundo Soto, Gabriel Viveros desaparecidos en los primeros días del Golpe Militar.

En el Décimo del Crimen de Santiago se indaga cuatro casos informados en la Mesa de Diálogo por las Fuerzas Armadas se trata de la desaparición en 1975 de Ricardo Lagos Salinas, Carlos Lorca Tobar, Michelle Peña Herreros y Exequiel Ponce Vicencio

Fuente: http://www.memoriaviva.com/Desaparecidos/D-L/carlos_enrique_lorca_tobar.htm

Esta pagina fue modificada el 17/07/2010

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