Los tentáculos del narcotráfico acechan a La Moneda.

La forma en que los partidos políticos oficialistas articulan su sistema de relaciones con su Gobierno es crucial para entender la lógica con la cual muchos intereses privados alcanzan auditorio en las decisiones gubernamentales. En la ritualidad política nacional de los últimos decenios, todos los lunes funciona en La Moneda un comité político del que también forman parte los jefes de los partidos oficialistas, además de los ministros del área. El actual se llama Comité Político Ampliado (CPA), en el que Sebastián Piñera comparte con su base de apoyo político los principales temas de la agenda y se acuerdan o consultan decisiones o pareceres.

Así, el CPA es el “club” o instancia de reunión política más privado y excluyente del sistema, donde los temas más reservados y, eventualmente, secretos del Estado, se tocan sin formalidad de ley, ni garantía legal de secreto o reserva; sin reglamento (nunca alguno de estos comité lo ha tenido) ni reglas de transparencia o responsabilidad en lo público. Es, en estricto rigor, un ámbito informal de poder e influencia sobre los asuntos del Estado, cuyo funcionamiento depende de la inteligencia, compromiso y sobriedad del Poder Ejecutivo.

En medio de la anomia institucional que en la actualidad rodea a la administración del Estado, ello resulta inconveniente, incluso derechamente peligroso.

Las graves irregularidades en Carabineros y el Ejército han provocado que la función más afectada sea la contrainteligencia nacional y, por lo tanto, la certidumbre de que la información sensible que manejan las autoridades no tenga filtraciones, no genere descontrol o sea aprovechada por intereses ajenos a los del país.

En este contexto debe necesariamente ponerse el foco en la incorporación al Comité Político Ampliado, hace pocas semanas, del nuevo presidente del PRI, Hugo Ortiz de Filippi, que en la década del 2000 se desempeñó como abogado de la empresa AeroContinente, en contra del Estado de Chile (representado por el Consejo de Defensa del Estado), que la había acusado de los más graves delitos de narcotráfico y lavado de activos. El año 2009 se archivó la causa sin condenas, pues los imputados nunca volvieron al país. El dueño de AeroContinente era un notorio narcotraficante peruano, Fernando Zevallos Gonzales, alias «Lunarejo», actualmente cumpliendo condena en su país por narcotráfico y lavado de activos y que la prensa peruana sindica como integrante del cartel de Los Norteños, con estrechos vínculos con los capos mexicanos de la droga.A diferencia de lo que ocurre en otros servicios, en materia de inteligencia las fallas no pueden mitigarse en la calidad sectorial de la administración, particularmente si no hay contrainteligencia fiable.

Hay que tener presente y considerar que el narcotráfico es una industria de despliegue difuso que, en materia política, opera en busca de capturar contactos y amparos de poder. Primero paga una actividad normal (a un abogado, por ejemplo) y luego aprieta a ese contacto en aquellos temas o aspectos que le interesan al negocio y a los que puede acceder mediante ese contacto. Es “oro puro” un buen abogado con redes políticas y/o judiciales, así como un vínculo policial de alto nivel con acceso a operaciones, o relaciones sociales en ámbitos con buena prensa, como clubes o emprendimientos filantrópicos. Todo para incidir, inmovilizar, ganar adeptos, neutralizar amenazas o infiltrar y camuflar.

El actual presidente del PRI, ex senador (RN) y ex abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, claramente tiene ese perfil de interés de sus ex empleadores y desde que aceptó representar legalmente a AeroContinente y a su propietario frente al Estado de Chile en los graves delitos mencionados.

El gran objetivo narco en materia de influencias es lograr puntos de apoyo y buenos contactos “en red”, lo que deja sembrado  a quien entre a su servicio, aunque sea temporalmente (como es el caso de los abogados que defienden a narcotraficantes), para ser usado o requerido cuando sea necesario. Ese es un vínculo que –se sabe– nunca desaparece, y por eso Chile tiene reglas explícitas de inhabilidad para los abogados que se dedican a defender a ese tipo de delincuentes.

Adicionalmente, se debe tener presente la torcida defensa legal que entonces hizo la empresa, representada ante autoridades chilenas por Ortiz de Filippi. Funcional a su estrategia, el abogado montó una engañosa trama en contra del Consejo de Defensa del Estado de Chile, incluso presentando al testigo falso Purificación Marreros, a quien se le pagó para mentir en la causa. Este finalmente confesó al ministro en visita Víctor Montiglio que había sido pagado por la compañía para testificar en Chile a favor de esta. Luego de esto, los Zevallos desaparecieron, abandonándolo todo.

Ortiz de Filippi es hoy parte del CPA del Gobierno de Sebastián Piñera y, como tal, puede participar y/o influir en decisiones muy importantes para la República, por ejemplo, las relativas a designaciones de ministros de la Corte Suprema, además de enterarse y opinar sobre los asuntos aún más reservados del Estado.

Es una obligación de las autoridades el mirar las vulnerabilidades del país en estos aspectos. En menos de 20 años se ha producido una serie de hechos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado, que siempre son calificados como eventos circunstanciales, pese a sus impactos negativos en el Poder Judicial o las instancias políticas. La actual circunstancia institucional y política del país obliga, especialmente al Primer Mandatario, a velar por la salud institucional y la seguridad del Estado de Chile, más allá de toda consideración ideológica o de amistad.