Argentina, enero de 1989: La Tablada, el fin de una experiencia militante.

La toma del Regimiento de Infantería Mecanizada N° 3 de La Tablada por parte de un grupo de militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP), ocurrida el 23 de enero de 1989, sigue generando controversias. Por un lado fue instrumentalizada por el gobierno alfonsinista y por sectores militares y la derecha para favorecer sus intenciones de restaurar su imagen ante el conjunto de la sociedad y reafirmar la teoría de que el genocidio fue un guerra contra la subversión. Como una forma de recomponer el retrato de uno de los brazos del aparato represivo del Estado.

Pero las criticas más preocupante fueron las que esgrimieron los partidos de izquierda y los llamados sectores “progresistas”, expresadas en circunstancia en donde militantes del campo popular eran fusilados, torturados, encarcelados y desaparecidos. Son dignas de un fuerte cuestionamiento ético y político, como también eran la expresión de una crisis teorica y política de la izquierda. En momentos, que se imponía la solidaridad de las organizaciones populares frente al accionar del Estado represivo, expresaban la imposibilidad de centrar el eje de discusión por fuera de los marcos de las instituciones.

Una de las principales críticas a la toma de La Tablada fue considerarla como una acción foquista y de aventureros, lo que aparece a contramano con el desarrollo político previo del MTP. Esta organizacion no podía ser definida como foquista en tanto no construyeron su organización sobre la base de un solo método de lucha, el accionar armado irregular. Como tal el MTP, surge y se desarrolla a través de su inserción territorial y en organizaciones de derechos humanos y juveniles. Tampoco es posible comparar La Tablada con las tomas de cuarteles realizadas en los ’70, dado que tenían objetivos diferentes. Mientras las primeras procuraban la recuperación de armas, la segunda intentó desatar una movilización popular en defensa de la democracia. En el MTP estaban convencidos de que lo que estaba en peligro era la democracia como régimen político. Esta organización era la síntesis de muchas experiencias militantes, que fueron clausuradas durante aquellos eventos.

En los años setenta, la intervención de las FF.AA. en el poder, tuvo como objetivo reorganizar la sociedad, y asumiendo el monopolio de la fuerza y terminar con la resistencia popular y sus organizaciones desde el Estado, tratando de aniquilar a organizaciones como el PRT y Montoneros.; como una suerte de cirugía social, Los puntos de tensión entre Sociedad Civil y Estado con la cúpula militar, terminados los años de dictadura iniciada en 1976, remitían a la pretensión por parte de los militares de una amnistía que propiciara el perdón por los crímenes de lesa humanidad. La estructuración de la economía, también fue el objetivo de la dictadura de 1976, se trataba de achicar el Estado, y reemplazarlo por las fuerzas del mercado, y a la vez disciplinar a distintos sectores populares.

La relación de Alfonsín con los militares era tensa, pues la sociedad reclamaba la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura, y ante la resistencia de los militares; Alfonsín se propuso hacer una distinción entre los que desde la cúpula del poder castrense ejecutaron las órdenes, diferenciándolos de aquellos que las habían cumplido y excedido en su puesta en práctica. El juicio a las juntas militares llevado a cabo por tribunales civiles ponía de relieve la existencia de un plan sistemático, una maquinaria de muerte organizada, de exterminio, ejecutada por el gobierno de facto de 1976.

A la condena social hacia los militares se le contrapone el intento de los genocidas de su reivindicación ya que consideraban sus acciones como parte de una guerra contra la subversión, esto formó una solidaridad corporativa militar que reclamaban por el reconocimiento en la participación de la guerra antisubversiva; ante esto Alfonsín estaba interesado reincorporar a las FF.AA al poder Estatal y para ello activó grados de diferenciación entre los que daban órdenes y quiénes obedecieron órdenes . Tras la reforma del Código de Justicia Militar, se juzgó a las tres primeras juntas Militares y también se dispuso el enjuiciamiento a las organizaciones armadas: PRT organización extinguida, y Montoneros, se trataba de igualar las acciones de las organizaciones populares con el Estado genocida, tratando de instalar la llamada teoría de los dos demonios al conjunto de la sociedad.

Los primeros planteos militares se derivaron en relación a la instalación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), la supuesta campaña anti militar, Juicio a las juntas y sobre todo la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad. Estos, se convirtieron en fuente de amenazas, reclamos y movilizaciones de sectores pro militares radicalizados y como contraparte las organizaciones de DD. HH, instituciones y partidos políticos se movilizaron repudiando amagues e intentonas golpistas. El gobierno de Alfonsín intento permanentemente, por un lado, reforzar la versión oficial de los hechos ocurridos entre 1976 y 1983; con la denominada la teoría de los dos demonios. Por otro, dada la imposibilidad de prescindir del aparato represivo del Estado, recomponer la imagen social de las Fuerzas Armadas. Buscaban cerrar una etapa de enfrentamiento obligados a mantener el poder represivo del Estado. Algo difícil dada la injerencia directa en las atrocidades ocurridas en la dictadura de absolutamente todos los militares en funciones en ese momento.

De este objetivo se explica la prontitud con la cual el gobierno, en diciembre de 1986, mediante la aprobación de la ley 23.492 de Punto Final, se concluía las investigaciones por los crímenes de la dictadura y se otorgaba impunidad a quienes no fueran citados en el plazo de 60 días a partir de su promulgación. Sin embargo, la ley no fue efectiva para detener la avanzada judicial sobre los militares. Es en este contexto en el que se desatan los levantamientos carapintadas.

Los conflictos militares abiertos en esta etapa en Semana Santa de 1987, Monte Caseros en enero de 1988, Villa Martelli en diciembre de este mismo año no expresaban la apertura de una crisis de régimen, en la que la democracia corriera peligro. Los carapintadas no promovían un golpe, sino la clausura de los procesos judiciales por los crímenes de la dictadura. Es decir, dentro del marco democrático burgués, cuestionaban la forma en que se cerraría la etapa de reconstrucción hegemónica. Por su parte el gobierno de Alfonsín, no podía manifestar abiertamente el hecho de que había perdido el poder de mando, al no poder controlar la rebelión militar.

No estaba en los ánimos de Alfonsín avanzar contra los represores hasta sus últimas consecuencias. La política de derechos humanos, que había servido para aglutinar a la sociedad detrás de la defensa de la democracia burguesa, ya había cumplido su función. Era hora de cerrar esa etapa sin dinamitar el capital político ganado, pero sin cuestionar la base del Estado y su capacidad represiva. Ambos bandos buscaban un acuerdo y lo que se discutía era hasta donde llegarían las condenas ejemplificadoras que exorcizarían a los demonios. Era, ni más ni menos que una puja que no excedía los límites del régimen.

El MTP definía al gobierno de Raúl Alfonsín, tras los planteos militares que se venían acumulando y sin resolverse, como un Gobierno débil, con una fuerza política incapaz de frenar los reclamos castrenses e incapaz a la vez de imponer la justicia hacia los responsables de los crímenes de lesa humanidad desatados en la nefasta dictadura de 1976. Las intentonas golpistas castrenses, la debilidad del régimen democrático, la crisis económica y social y el cambio de gobierno que se avecinaba fueron ocasiones que posibilitaron al MTP su acción colectiva.

El MTP surge a fines del año 1986, como una expresión de sintetizar la experiencia de los años setenta con las nuevas generaciones. Exiliados, como muchos presos políticos que obtuvieron la libertad en el año 1983, se sumaron a este nuevo proyecto luego de la apertura democrática en la Argentina, se unieron en charlas los distintos sectores que habían sido víctimas de la dictadura y se fusionaron las viejas experiencias de militancia con las nuevas. Muchos militantes eran internacionalistas y habían participado en la experiencia de Nicaragua. Esas personas trajeron su aporte, a esta búsqueda de los jóvenes que después de 1983 buscaban un espacio político, un espacio de participación y encontraron en sus compañeros internacionalistas la referencia de años de lucha constantes.

La gestación venía de muchos años atrás, producto de la experiencia de personas que sufrieron el exilio durante la dictadura, algunos provenientes de lo que era el PRT, otros provenían de Montoneros y otros del cristianismo de base. El lugar donde se nuclearon todas estas experiencias fue en la solidaridad con Nicaragua, de allí confluyeron las distintas experiencias militantes en una nueva y empezó a gestarse esta experiencia política que después se dio a conocer como el MTP. Además, se incorporaron todos aquellos que asumían la lucha por los derechos humanos como prioritaria. En este campo, junto a la figura de Puigjané, se destacaba la del abogado Jorge Baños. El MTP era un movimiento político que no puede ser definido como foquista.

La idea base era construir una organización que abrevara en las fuentes de la lucha independentista con las características de la lucha por la liberación nacional, antiimperialista, que podía pensarse en los años setenta, adecuadas a la realidad que se vivía en la década del 1980. La herramienta fundamental para aglutinar militantes fue la revista Entre Todos que, en Buenos Aires, vio la luz a fines de 1984. Dirigida por Carlos “Quito” Burgos y Martha Fernández, contó con la colaboración de intelectuales de la talla de Eduardo Luis Duhalde, Roberto Cossa, Pedro Orgambide, Fermín Chávez, Rodolfo Mattarollo, Adolfo Pérez Esquivel, Rubén Dri, Caloi y Horacio Verbitsky.

La Revista Entre Todos fue también un importante vehículo de organización y nucleamiento de numerosos grupos de jóvenes que, en los barrios, alrededor de las parroquias, en los colegios secundarios o en las Universidades expresaban en su activismo el entusiasmo de aquella primavera del 83-84. Estos grupos de jóvenes, se ven masivamente atraídos por un discurso amplio, reivindicativo en el ámbito de lo local y que inscribe simultáneamente su actuación en un proyecto más abarcativo, tanto espacial como temporalmente.

La reorganización partía de un balance que tomaba distancia de la experiencia del PRT ERP. En cuanto a las definiciones programáticas, y muy lejos del proyecto de Santucho, no se apuesta a ninguna construcción militar irregular, abandonando el proyecto del PRT que planteaba la conformación de un Ejército Popular. Al contrario, se prioriza el trabajo territorial, en los barrios, a partir de sus necesidades. La crítica a la posición del PRT frente a las elecciones de 1973 los conduce a la posibilidad de su participación en los procesos electorales, del que participan activamente a mediados de 1987.

Se promovió la construcción de un amplio movimiento que incluyese a los sectores populares u oprimidos y a todos los luchadores populares. De allí la apertura hacia los militantes provenientes del peronismo y del cristianismo. Entre los primeros destacan Quito Burgos y Eduardo Luis Duhalde y, entre los segundos, Puigjané y Rubén Dri, quien fue el principal referente de Encuentro Cristiano, el espacio de militancia religioso impulsado por el MTP. Promovieron la salida del diario Pagina/12, proyectado como un periódico de contrainformación cuyo objetivo sería reflejar un espectro amplio, intentando no caer en los tradicionales sectarismos de la vieja izquierda. Asimismo, dispusieron los fondos para la creación de la editorial Contrapunto, dirigida por Eduardo Luis Duhalde que, editó el libro ‘La noche de los lápices’, un relato sobre la desaparición de los estudiantes secundarios con un único sobreviviente, Pablo Díaz.

El primer desencuentro dentro del MTP se dio cuando se planteó transformar al Movimiento en una entidad política. Y el segundo se produjo cuando se resolvió incorporar a Enrique Gorriarán Merlo al secretariado Nacional. A Rubén Dri y Manuel Gaggero les pareció no conveniente, porque pensaban que había que seguir en un estilo más frentista. El objetivo era que el movimiento se transformara en una alternativa política, de ahí el tema de la identidad. Enrique Gorriarán aparecía como una figura históricamente cuestionada por representar las posturas más militaristas y menos políticas. Simultáneamente, la propuesta pluralista y basista del Movimiento Todos por la Patria debió ayudar a superar las prevenciones iniciales respecto de la figura de Gorriarán y condujo a varios de aquellos ex PRT a sumarse a la iniciativa.

En 1989 la información de que se avecinaba un golpe de estado proveniente de fuerzas militares fueron el material necesario para que el MTP, decidiera su accionar. El que fue a hablar con el Gobierno para advertir que se venía el golpe fue Pancho Provenzano, y lo único que encontró fue debilidad. “No podemos hacer nada”, le respondió Coti Nosiglia; totalmente entregados estaban. Según los propios militantes fueron a La Tablada porque hubo alzamientos militares, donde los militares querían volver a ser un factor de poder en la Argentina, y que tenían conocimientos de que se iban a levantar de nuevo, cuyo centro iba a ser dicho cuartel. El rumor acerca de que se venía un golpe, quedó denunciado en el diario Página 12, por Jorge Baños.

Alrededor de las 6.30 de la mañana del lunes 23 de enero, un camión de Coca Cola, del que más tarde se sabría que había sido robado minutos antes en San Justo, derribó el portón de ingreso al Regimiento III de La Tablada. Detrás del camión ingresó una fila de seis autos, y de estos vehículos se inició un ataque armado contra la guardia de prevención del cuartel. Según declaraciones posteriores del chofer del camión y de otros testigos del hecho, tras el robo del camión y antes del ingreso al cuartel los atacantes, algunos de ellos con sus caras pintadas, arrojaron volantes desde uno de los vehículos, mientras gritaban “Viva Rico”. El ataque se extendió al resto del Regimiento, al sector de Casino de oficiales y de los Galpones de blindados, donde los atacantes encontraron una importante resistencia. A partir de media mañana ya nadie bien informado ignoraba que los ingresantes no eran carapintadas sino civiles; la presencia de mujeres y de hombres muy jóvenes apoyaba la tesis de una reedición de la guerrilla de cuño setentista. De allí en más, la intervención del ejército sería cada vez más violenta, y si bien ya nadie creía que el ataque podría resultar victorioso el desenlace se estiraría hasta la mañana siguiente.

Para la acción se dividieron en tres grupos, que debían ocupar el destacamento militar y salir en dos horas. Tenían como objetivo controlar el cuartel, tomar los tanques emplazados allí y encabezar la insurrección popular que suponían se iba a desatar en defensa del régimen democrático. Caracterizaban que los levantamientos carapintadas eran el preludio de un golpe de estado, y que debían actuar para evitarlo. A su vez, creían que el ánimo popular era contrario al golpe y que, con una acción decidida, podrían movilizar al pueblo para evitarlo. Otros 40 militantes estaban distribuidos en las inmediaciones con el objetivo de agitar y encauzar las movilizaciones.

La acción del MTP era una acción destinada a abortar el alzamiento antes de que éste se produjera, decididos a actuar frente a la inacción de un gobierno incapaz. Para entender la idea que sostenían los militantes del MTP de frenar el golpe, según declaraciones de Enrique Gorriarán Merlo tenían pensado ganar la iniciativa, parar el golpe y exigir al gobierno firmeza frente a los planteos militares; ya que con la gente en la calle y los militares sin movilizarse, se dificultaría mucho la represión posterior. El enfrentamiento terminó a la mañana siguiente, el martes 24 de enero de 1989; la rendición del MTP fue seguida, de fusilamientos y torturas. Luego de soportar más de 30 horas el poder de fuego desproporcionado de 3.500 militares desplegados por Alfonsín para enfrentarlos, la operación culminó en un fracaso total y absoluto: la pérdida de más de 33 militantes que no lograron salir vivos del cuartel, la desaparición de José Díaz, Iván Ruiz, Francisco “Pancho” Provenzano y Carlos “Sordo” Samojedny y la evaporación política del MTP.

Respecto de la desproporción de la represión al ataque, circuló profusamente la versión de que el entonces Comisario Pirker, quien moriría poco después de La Tablada, habría sostenido que para reducir a los atacantes habría alcanzado con utilizar gases lacrimógenos. Tras su detención nueve militantes fueron asesinados y tres permanecen desaparecidos. A los trece prisioneros se sumarían siete más, acusados de participar de los grupos de apoyo fuera del cuartel, y Fray Antonio Puigjané, miembro de la dirección del MTP, quien se presentó espontáneamente y fue detenido. Unos años después serian encarcelados el propio Gorriarán y su mujer Ana María Sívori, Los sometieron a una farsa de juicio, mediante el cual los condenaron a penas exorbitantes.

Entre los muertos se encontraban viejos militantes con años de experiencia de lucha, desde Quito Burgos, preso en los tiempos del Conintes de Frondizi, pasando por Luis Segovia, uno de los mejores dirigentes sindicales del PRT en Villa Constitución, miembro de su Comité Central y preso de la dictadura. Otro ejemplo: Carlos Samojedny, licenciado en psicología, profesor en la universidad de Córdoba y fundador de la Asociación Pro-Colegio de Psicólogos. Un militante que, luego de su ingreso al PRT-ERP a fines de los ’60, participó de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez en Tucumán, estuvo preso durante 10 años y escribió un libro abordando la experiencia de los presos políticos y la acción represiva dentro y fuera de la cárcel.

También podemos referirnos a Guillermo Belli y a Isabel Fernández. El primero, a los 19 años, y con su hermana desaparecida, fue obligado al exilio por la dictadura de 1976, y volvió a la lucha a pesar de todo. La segunda, asistente social que inició su militancia política a mediados de los ‘80 en el MTP, cuyo trabajo territorial en zona oeste estuvo vinculado a la lucha que los vecinos llevaron adelante ocupando terrenos e intentando levantar barrios. Isabel Fernández integró también como delegada de Suteba. Su compañero Gustavo Mesutti que, realizaba trabajo comunitario en una parroquia, pasó por el Partido Intransigente y terminó en el MTP. Ambos sobrevivieron a la toma de La Tablada, a las torturas y fueron condenados a cadena perpetua.

Desde hace 30 años que se denuncia las desapariciones, torturas y fusilamientos ocurridos aquel dia; ahora, ante el esperado juicio contra Alfredo Arrillaga en el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín, es fundamental mantener la exigencia de castigo a todos los responsables.

Fuente: http://contrahegemoniaweb.com.ar/enero-de-1989-la-tablada-el-fin-de-una-experiencia-militante/