La noche en que la PDI allanó comunidades mapuche de Freire usando 190 policías y un helicóptero.
Por Paula Huenchumil.
La violencia contra los mapuche no termina ni empieza con el asesinato de Camilo Catrillanca. Son muchas las historias previas que no llegaron a los grandes titulares, en un país menos consciente de los abusos hacia los indígenas. Acá la de uno de los allanamientos más duros, ocurrido durante Piñera I, en el contexto de las protestas por la construcción del aeropuerto de Temuco sobre un cementerio mapuche.
La madrugada del 30 de abril de 2013 Jorge Painevilo Loncomil fue sacado de su cama por efectivos del Equipo de Reacción Táctico de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), siendo detenido en presencia de su hijo de 14 años, para posteriormente ser trasladado al juzgado de Pitrufquén.
Alrededor de 190 efectivos allanaron violentamente su casa y la de otros vecinos del sector en el territorio Trapilhue-Mahuidache, en la comuna de Freire, Región de La Araucanía. Los detenidos, Segundo Braulio Neculman, Jorge Painevilo y su hijo, Miguel Painevilo Licanan, fueron formalizados por homicidio frustrado, incendio y porte ilegal de armas de fuego, tras ser vinculados al atentado incendiario ocurrido el 11 de diciembre de 2012 en el sector de Quepe, a 15 kilómetros al sur de Temuco.
La Radio Bío-Bío informaba que el ataque había dejado un lesionado y un camión destruido en las cercanías donde la empresa Belfi S.A., construía el nuevo Aeropuerto Internacional de la capital de La Araucanía. El conductor, Hugo Antonio Paillalef Asenjo, de 51 años, resultó con lesiones en su rostro y manos producto del fuego. Por su parte, el entonces Seremi de Gobierno, y actual gobernador de Cautín, Mauricio Ojeda, afirmaba que por las características del terreno donde operó el grupo de atacantes, lo más probable es que pertenecían a comunidades del sector. “Es gente claramente desquiciada, que no quiere el progreso para esta Araucanía”, comentaba Ojeda, quien también fue jefe de campaña del senador Felipe Kast y del diputado Andrés Molina, ambos del partido Evolución Política, Evópoli.
Antes del allanamiento -en mayo de 2010- varias comunidades del sector presentaron un recurso de protección contra el Ministerio de Obras Públicas, representado por su ministro, Hernán de Solminihac Tampier, ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El recurso, que fue rechazado, exigía una consulta sobre la instalación del terminal aéreo en tierras ancestrales. Incluso la comunidad Francisco Lemuñir acusaba que el aeropuerto se estaría construyendo sobre un cementerio ancestral. Además, reclamaban que no se estaba considerando el Convenio 169 de la OIT, ratificado y vigente en Chile desde septiembre de 2009.
Finalmente, el 29 de julio de 2014 comenzó a operar el Aeropuerto Internacional de La Araucanía. La inauguración se realizó con dos días de retraso por manifestaciones de comunidades mapuche.
La noche del allanamiento
La última semana de abril de 2013 había comenzado como cualquier otra. Nada hacía prever que a las 05:40 de la madrugada del martes 30 de abril de 2013, no sería un despertar tranquilo. Antonio Painevilo Licanan de 14 años, el hijo menor de Jorge Painevilo, salía de la casa para comenzar su caminata de cuatro kilómetros rumbo a la carretera, donde debía tomar una micro hacia el Liceo Industrial de Temuco: “Papi, hay gente afuera”. Eso fue lo único que consiguió decir Antonio, pues a los pocos segundos, fue empujado y amenazado con una metralleta en el suelo.
“Lo peor fue ver a mi niño, lo vi que estaba esposado, pisoteado, humillado”, recuerda Jorge Painevilo, quien fue reducido por seis funcionarios de la PDI. “Me esposaron las manos, me dieron con el fusil por la espalda, ahí perdí el conocimiento, no hallaba cómo reaccionar, tanta gente, tanto rati”. Según Painevilo, 15 funcionarios de la PDI “hicieron pedazo la casa, sin respetar nada”. Además, había 50 funcionarios en el patio y un helicóptero que volaba bajo, “como si fuera el delincuente más buscado del país”.
“A mi cabrito lo sacaron para allá fuera, allá en el camino le andaban preguntando ¿Dónde tiene las armas tu papá, en qué parte están? Tú vas a pasar hambre, hoy día es martes, el sábado llega tu mamá ¿Qué vas a comer ahora, qué vas a comer todos estos días? Así lo estaban amenazando al cabrito, ‘vai a quedar solo, vai a sufrir’, ¿y eso no duele?”, recuerda Painevilo.
La esposa de Jorge Painevilo, Graciela Licanan estaba trabajando en Santiago, mientras que el hijo mayor del matrimonio, Miguel Painevilo, de 19 años por aquel entonces, estaba contratado por la Inmobiliaria Martabid en Concepción. La misma noche del allanamiento en la comunidad, a unos 300 kilómetros, la PDI lo fue a buscar para detenerlo, sindicado también como uno de los causantes del atentado. “Yo nunca pensé que lo iban a ir a buscar a él también, pensé que había caído preso solo. De repente en la Fiscalía de Pitrufquén, cada uno con su calabozo, y en el momento que nos iban a trasladar a Temuco, aparecimos todos, los tres juntos, con el vecino Braulio y mi hijo Miguel. No entendía por qué lo habían ido a buscar allá tan lejos, sin motivo, si no teníamos idea de que se trataba”, comenta Jorge Painevilo.
El 11 de mayo de 2013 fueron puestos en libertad, pues la Corte de Apelaciones decretó la liberación de los tres comuneros, quienes, sin medidas cautelares, siguieron siendo investigados por el atentado que afectó al aeropuerto en diciembre de 2012. Esto, pese a que en la audiencia de formalización, el fiscal Juan Pablo Gerli señaló que existían vínculos entre estos comuneros y el machi Celestino Córdova, condenado por la muerte del matrimonio Luchsinger MacKay en Vilcún.
“Dicen que la escopeta que se utilizó en el aeropuerto apareció donde mataron a los Luchsinger”, explica Painevilo. Sin embargo, asegura que todas estas acusaciones son parte de un montaje armado por “Investigaciones, Carabineros de Chile, y respaldado por el Intendente, Andrés Molina, y la prensa”.
A Eulogio Painevilo, por su parte, lo sacaron de su cama “con lo puesto, me esposaron, delante de mis hijos, con la puerta abierta del dormitorio y apuntado con la metralleta que andaban trayendo. Eso fue ¡brutal! Brutal si imagínese, recorrían y destruían la casa, para que dijéramos nosotros donde teníamos las armas escondidas”.
Hasta las 10 de la mañana se prolongó el procedimiento de la PDI. “Escarbaban por todos lados, me robaron un chuzo y herramientas, me sacaron los fardos y los animales para afuera, y no encontraron nada. Dañaron los cuadernos de los niños, los juguetes los pisotearon todos, subieron arriba de la cama con zapatos, con todo el barro y tierra”, agrega el menor de los hermanos Painevilo. También comenta que en ningún momento presentaron una orden de allanamiento. “Solamente en el momento en que se iban a ir, nos dijeron que teníamos que firmar y nosotros del puro miedo no sabíamos siquiera qué cosa estábamos firmando”.
Este hecho, al igual que muchos de los vinculados al conflicto entre el Estado y los mapuche, no tuvo cobertura en los medios de mayor circulación en Chile, a pesar de que alrededor de 190 uniformados de la PDI ejecutaron uno de los allanamientos más violentos contra comunidades mapuche.
El caso ante el INDH
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un recurso de amparo que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Temuco. En ese documento denunciaba que en los lof (comunidades) mapuche Mahuidache y Trapilhue, el personal de la PDI allanó viviendas sin autorización judicial. Destaca que los más afectados fueron doce niños y una mujer embarazada de casi seis meses.
Además, recalca que la PDI procedió sin orden de allanamiento, con extrema violencia e intimidando a familias con armas y amenazas.
“Se ocupó mucho material armado, varios vehículos policiales e incluso un helicóptero que en todo momento vigiló este procedimiento”, sostiene el escrito.
Para el abogado del INDH, Marco Rabanal, este es un caso paradigmático, ya que en alguna medida, a partir de ese recurso que fue acogido el año 2013 en contra de la PDI, esta institución “ha estado cumpliendo”. “Durante todos estos años no hemos tenido conocimiento, a pesar de haber entrevistado a personas que habían sido allanadas por la PDI, de que hayan utilizado el mismo procedimiento”, agrega Rabanal.
La Corte de Apelaciones acogió el recurso del INDH, e instruyó a la PDI que en futuros procedimientos, donde se vieran envueltos menores, los hicieran con estricto cumplimiento de lo dispuesto en el Código Procesal Penal, en lo relativo al artículo 214 respecto a la realización de la entrada y registro:
“Si se opusiere resistencia al ingreso, o nadie respondiere a los llamados, se podrá emplear la fuerza pública. En estos casos, al terminar el registro se cuidará que los lugares queden cerrados, a objeto de evitar el ingreso de otras personas en los mismos. Todo ello se hará constar por escrito. En los registros se procurará no perjudicar ni molestar al interesado más de lo estrictamente necesario”.
Sin embargo, a pesar de esta resolución, el INDH sostiene que en este territorio ha existido hasta la actualidad transgresiones a los derechos humanos, pues ahí vive una testigo protegida cuyas medidas de protección implican la presencia constante de Carabineros desde hace cinco años, quienes instalaron un retén en el lugar. Con esto, hay constantes rondas de los uniformados patrullando la comunidad, lo que los intimida.
Según los vecinos, esta testigo es Rayen Antiqueo Painevilo quien es acusada de proporcionar la información sobre el atentando del 2012. Además, afirman que esta acusación fue pagada y que trajo como consecuencia el violento allanamiento. La mujer es pariente de los hermanos Painevilo, y hoy no se comunica con ninguno de los 120 vecinos que viven repartidos en las 42 casas que componen la comunidad.
“Este allanamiento tuvo como origen un testimonio de una testigo protegida que vive en el lugar. Lo preocupante es que esa testigo sigue con protección policial hasta el día de hoy. Han pasado cinco años y medio ¿Por qué es algo complejo? Porque los niños viven a cien metros y ven a los Carabineros todos los días, ellos no hacen la distinción entre la PDI y Carabineros, para ellos es lo mismo. Entonces, el hecho de verlos todos los días es repetir día a día el trauma que sufrieron hace unos años atrás”, dice Rabanal.
Eulogio Painevilo relata que la vecina Rayen Antiqueo Painevilo y su núcleo familiar los tenían bajo advertencia: “Ella nos tenía amenazados. Un tiempo quería sacar árido del río para vender, y como no estaba autorizada por la comunidad, no lo pudo sacar. Todas las casas allanadas le habíamos impedido que sacara el material”. Hoy, se declara tranquilo, pero en ocasiones con miedo a que puedan “inventar otra mentira con un testigo protegido”.
El INDH ha presentado desde 2011 hasta 2018, 33 recursos en la Corte de Apelaciones de Temuco para casos como este. De ellos, 32 son recursos de amparo y uno de protección. Los primeros, tienen que ver con situación de vulneración de derechos que se enmarcan dentro del conflicto del Estado con el pueblo mapuche, de los cuales 25 han involucrado derechos de niños y niñas, siendo 15 acogidos y 10 rechazados. “Son una cantidad no representativa, son números visibles de solo aquellos casos donde las personas conocen dónde reclamar”, reflexiona Marco Rabanal, abogado del INDH de la sede de la Araucanía.
Con estos antecedentes, la comunidad Francisco Huenchuñir presentó una querella en 2014 contra la PDI por robo de dinero, ya que en el procedimiento los detectives no solo provocaron destrozos, golpearon a niños, sino que también se habrían llevado dinero desde las casas allanadas. La querella todavía no tiene respuesta para las víctimas. Según señala Graciela Licanan a algunas de las familias de la comunidad el Estado les ofrece una cantidad de un millón quinientos mil, un acuerdo que junto a Jorge Painevilo no están dispuestos a firmar. “Esto realmente es una burla, más aún cuando los carabineros hasta el día hoy realizan rondas nocturnas afuera de nuestra casa”.
Violencia en el Wallmapu
La Fiscalía Nacional no posee un documento que sistematice la cantidad de allanamientos en comunidades mapuche, los únicos datos que existen corresponden a las consecuencias de los afectados.
Para el abogado especialista en derechos humanos y pueblos indígenas, José Aylwin, la violencia estatal hacia el pueblo mapuche tiene diferentes expresiones. Por un lado, existe la violencia física que se expresa en el uso de la fuerza policial para reprimir la protesta social, y que ha sido la manifestación más fuerte de la violencia del Estado.
A esto se suma la utilización de la Ley Antiterrorista, la que cuestiona “particularmente en lo que tiene que ver con la forma de interrogación de los testigos de identificación reservada o testigos protegidos, los largos periodos de prisión preventiva, y elevadas condenas. Esa legislación no se condice con los estándares internacionales de derechos humanos”, dice Aylwin, quien es director del Observatorio Ciudadano.
“Hay una justicia al norte del Bío-Bío y otra al sur. Allá en el norte se pueden quemar camiones, buses, disparar balas locas a la gente y nadie aplica la Ley Antiterrorista, pero acá no hace falta ni siquiera eso, o ni se sabe quién quema y ya se aplica. Es una ley racista”, afirma Pablo Marimán, integrante de la Comunidad de Historia Mapuche y académico de la Universidad Católica de Temuco.
Además, Marimán comenta que la piedra angular de la política de Estado hacia el pueblo mapuche es la fuerza, la cual se ha mantenido, a veces, explícita y abiertamente.
La Ley 18.314, más conocida como Ley Antiterrorista, fue aprobada y promulgada por la Junta Militar en 1984. El decreto ha sido el blanco de críticas por parte de organismos nacionales e internacionales relacionados con la defensa de los derechos humanos, principalmente porque no se apega al debido proceso, el que permite el uso de testigos sin rostro.
La Ley fue incluso cuestionada por el Relator Especial de la ONU, Ben Emmerson, en su Misión a Chile en 2014, quien solicitó a las autoridades chilenas no aplicarla en relación con las reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche.
Las heridas abiertas, «ahí están los perros»
Un fin de semana de octubre de 2018, Jorge Painevilo veía el partido entre Colo Colo y O´Higgins junto a su hijo menor, Antonio, que ya tenía los 18 años. Los Painevilo se declaran hinchas de Deportes Temuco. Su esposa, Graciela Licanan estaba de visita en la casa de Miguel, el hijo mayor, quien también fue detenido en 2013, pero quien ya no vive en la comunidad.
Con su sonrisa amable, Jorge Painevilo ofrece un refresco. Sin embargo, cada vez que recuerda el allanamiento, sus ojos cambian, transmite impotencia y tristeza, mucha tristeza. Su día a día no volvió a ser lo mismo desde entonces. Ya no participa en marchas, ni manifestaciones. La Justicia le dio la razón, pero reclama que nadie se ha hecho cargo del dolor que le causaron esa madrugada, ni los días de prisión preventiva en la cárcel de Temuco donde compartió celda con el machi Celestino Córdova. “Un día más y me volvía loco”, dice.
“Fueron los peores doce días de mi vida. No podía ver el sol. Fue un infierno. Menos mal que estuve con mi cabro, eso me dio más fuerza también. Estar en la cárcel no se lo doy a nadie, más si uno es inocente. Duele lo que pasó”, relata entre lágrimas Painevilo, al recordar los días que estuvo en prisión preventiva en la cárcel de Temuco.
“Mis hijos estuvieron más de cuatro años con psicólogos”, comenta por su parte Eulogio Painevilo, hermano menor de Jorge y vecino de la comunidad. “El allanamiento fue totalmente humillante, pero la impotencia más grande fue sentir los gritos y llantos de mis hijos. Mi mujer y los niños no podían dormir por el trauma”, dice Eulogio. Su esposa, Dina Ancavil Rapiman, observa a sus hijos, Eulogio y Alexis, hoy de diez y once años. Los niños juegan a la pelota en el patio bajo un sol radiante. Escucha atentamente a su marido, y en ocasiones, asiente cuando describe los hechos de esa madrugada. Sin embargo, no es capaz de pronunciar una palabra cuando recuerda ese despertar.
Respecto de las heridas que dejó el allanamiento, destaca la labor realizada por la Fundación Instituto Indígena, así como la del Hospital de Maquehue, que prestó ayuda psicológica para los pequeños Alexis y Eulogio Painevilo. A pesar de ello, su padre, Eulogio, todavía anhela que sus hijos superen lo ocurrido: “Ellos tienen un odio muy grande hacia Carabineros, no los quieren ver. Esa persona que fue testigo protegido estuvo resguardada harto tiempo por carabineros. Imagínese, cuatro o cinco años todos los días con ellos al lado. Cuando los venía a dejar el furgón escolar, ahí en frente de los carabineros se bajaban ellos, llegaban acá a la casa diciendo: ‘ahí están los perros’”.
“Se va cicatrizando la herida, pero algo va a quedar siempre, uno no puede olvidar tanto daño gratuito que hicieron”, dice Eulogio Painevilo.
Son las tres de la tarde y es momento de darle comida a los chanchos, pero Jorge Painevilo no deja su casa sola por ningún minuto. Le pide al Toño que vaya, como lo llama cariñosamente a su hijo, pues le aterra pensar que le puedan poner un arma dentro de su casa. Está constantemente en estado de alerta cuando los perros ladran, cuando pasa un auto. La tranquilidad y la angustia se entrecruzan constantemente en un lugar que llama la atención por su belleza natural.
“A mí lo que me salvó fue que el mismo camionero dijo que la persona del atentado medía casi dos metros, los que yo no mido ¿y si no hubiese dicho eso? Yo estaría preso. Este dolor no pasa nunca, la familia nunca se va a unir ahora como lo estábamos antes. Éramos parientes, nos ayudábamos unos a otros, pero ahora el odio está entre esa persona- Rayen- la testigo protegido y nosotros”, comenta.
11 de mayo 2019.
Fuente: https://interferencia.cl/articulos/la-noche-en-que-la-pdi-allano-comunidades-mapuche-de-freire-usando-190-policias-y-un
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