Wallmapu: la consulta indígena digitada por el gobierno.

10 junio, 2019 Editor CT Luchas sociales - Chile, Pueblos originarios 0

¿Consulta Indígena para quién?

por Sergio Caniuqueo Huircapan/The Clinic.

El diagnóstico para evaluar la ley 19.253 o Ley indígena está centrado en la productividad, el usufructúo y la herencia de la propiedad, y afirma que las comunidades indivisas quedan limitadas para poder acceder a los mecanismos crediticios de capitalización o a la oferta pública. En ese punto, presentan al movimiento mapuche como un lastre para los emprendedores mapuche, porque limitarían la libertad individual de sus negocios.

Los procesos de consulta permitirán abrir debates. Pero en la práctica, distanciará a los mapuche que están por estrategias colectivas de los que mantienen posiciones individuales. Es claro que no existe un contrapeso a esta situación y que no tenemos una alternativa concreta al mecanismo de Consulta para encontrar soluciones. El panorama puede ser desolador en lo inmediato, pero si asumimos esto en perspectiva, estamos obligados a pensar en una estrategia que nos dé una esperanza en el mediano y largo plazo. La primera necesidad es construir una propuesta concreta que tome las necesidades materiales y los deseos de la diversidad del pueblo mapuche.

En los 80?, la dictadura de Pinochet había aprobado la venta de tierras y la figura del arriendo a 99 años, pero tuvo que echar pie atrás por la presión tanto de los mapuche detractores como de los colaboradores del régimen. Lamentablemente las ventas y arriendos que se alcanzaron a concretar no fueron anulados y la subdivisión de comunidades consideró a los espacios de uso común ?ya sea religioso, como los guillatuwe y los cementerios, o deportivo?, como propiedad estatal, y las sedes comunitarias, pasaron a engrosar el patrimonio de CEMA Chile, que en los planos de asignación de propiedad figuran como Fundación Graciela Letelier de Ibáñez. En los 90?, la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, creada por Patricio Aylwin, redactó, en conjunto con varias comunidades, un borrador de ley indígena con la finalidad de asegurar la bases de la producción y el territorio, así como la reparación de la deuda histórica hacia los pueblos indígenas por la pérdida territorial y usufructúo de recursos naturales que beneficiaron a particulares no indígenas y al Estado.

El resultado legislativo de este proceso, como es sabido, no aseguró nada de ello, salvo el artículo 13 que protege la propiedad de la tierra indígena. Hoy, a 25 años de su promulgación, se habla de hacer un cambio que beneficiaría económicamente al pueblo mapuche. Curioso argumento, pues las leyes de fomento económico llevan más de 50 años en el país y jamás se han modificado para mejorar las condiciones económicas de los indígenas.

La consulta indígena

Hoy se abre un proceso de consulta indígena bastante cuestionado que trata temas que van desde la propiedad indígena (venta, arriendo y permuta de tierras), así como compensaciones y apoyos para el emprendimiento indígena. Si analizamos la prensa de derecha, vemos dos tipos de fundamentaciones: la primera, basada en el diagnóstico de los problemas asociados a la ley 19.253 o Ley indígena; la segunda, sobre cómo va a operar la consulta indígena para modificar dicha ley. En ambos casos, la estrategia comunicacional hace un tratamiento de los contenidos que se ve coherente y razonable, pero evita explicar qué perjuicios podrían acarrear al mundo mapuche, y adolece de falta de contexto.

El diagnóstico para evaluar la Ley indígena está centrado en la productividad, el usufructúo y la herencia de la propiedad, y afirma que las comunidades indivisas quedan limitadas para poder acceder a los mecanismos crediticios de capitalización o a la oferta pública. En ese punto, presentan al movimiento mapuche como un lastre para los emprendedores mapuche, porque limitarían la libertad individual de sus negocios. El mejor ejemplo de esto es el extenso y muy elaborado artículo publicado por la experta en temas de propiedad mapuche, Emily Avendaño (El Libero), que cuestiona la inversión en materias de compra de tierra ?sin mencionar que dentro de estos gastos también se contabiliza el traspaso de predios mapuche que están en manos del fisco, como cementerios, canchas y sitios ceremoniales ? y corona su presentación señalando que uno de los principales vicios del sistema es que premia a las comunidades en resistencia. Avendaño aduce la existencia de estudios serios e instituciones que respaldarían estos puntos. Obviamente, los argumentos vertidos tienen la intención es crear un clima favorable para el inicio del proceso de consulta indígena, que partió este 22 de mayo, pero también para la modificación de los artículos que protegen las tierras. Revisemos en detalle de qué se tratan estos once puntos, publicados recién la semana pasada.

Los tres primeros se concentran en la titularidad de los predios, la subdivisión de predios comunitarios comprados por la CONADI, la titularidad para Derecho Real de Uso y de Goce, y subdivisión y/o titularidad de predios de menos de 3 hectáreas. Los puntos 4, 5 y 6 se centran en los procesos de venta de tierra, arriendo y regulación de la transacción de tierras indígenas, como las permutas, vale decir, transacciones entre mapuche. El punto 7 es uno de los más polémicos, pues se trata de mecanismos de compensación para casos de predios en conflicto. Este punto se había tratado de introducir en el primer gobierno de Piñera y fue duramente criticado por el movimiento mapuche. Los puntos 8 y 9 vienen a instalar restricciones a la creación de más comunidades dentro de un mismo Título de Merced (títulos entregados entre 1884 a 1927), en el segundo caso, a la obtención de la calidad de indígena por gracia. Por último, los puntos 10 y 11 buscan generar condiciones para la asociatividad productiva, tales como el acceso a fondos de desarrollo de la propia CONADI.

La desesperanza estratégica

Es claro que las problemáticas que sufren las personas y comunidades indígenas obligan a una modificación de la Ley Indígena. La consulta no solo debe informar los aspectos positivos de los puntos a consultar, también debe dimensionar aspectos negativos. Los primeros puntos sobre la propiedad indígena parecieran ser atendibles, pero no hay referencia a cómo se generarían los mecanismos, ya que esto puede abrir una serie de conflictos internos, a nivel comunitario pero también individual, ya que en el caso de los predios de menos de 3 hectáreas se daría una atomización de propiedad. Para los puntos 4 y 6 esto se complica. El punto 4 trata sobre la venta entre mapuche, pero abre la posibilidad de vender tierras indígenas a 5 años de entregadas por la CONADI. El punto 5 reglamenta lo que son las permutas, mientras que el 6 abre la polémica del arriendo a 25 años, y no deja claro si el arriendo es solo entre mapuche.

Los puntos 3, 4 y 6 trastocan el espíritu de la ley original, que buscaban que los predios mantuvieran condiciones mínimas para la producción agrícola. Estos puntos pueden llevar a que tierras compradas por la CONADI vuelvan al mercado de tierra y luego vuelvan a ser comprados por la CONADI. Los predios atomizados en pequeñas propiedades, por su parte, permitirán a sus dueños tener títulos individuales, pero quedarán fuera de la inversión pública y por lo tanto su destino será la venta y el arriendo. Así, en ambos casos la pobreza llevara a dinamizar el mercado de tierras, y las personas con menos recursos, ya sea por el pequeño tamaño de sus predios, de sus medios de producción o de sus capitales, quedarán a merced de un grupo mapuche con mejores condiciones económicas, generándose una división económica y social en la ruralidad. Por otro lado, en el caso del arriendo, quedarán a merced de los agricultores chilenos.

Esta consulta estará generando las condiciones para que una visión más capitalista se internalice en el mundo rural mapuche y se genere una elite que hable el lenguaje del mercado basada en la desprotección de quienes no quieran o no puedan hacerlo. Desde mi punto de vista, asistimos a un uso estratégico de la desesperanza para instalar la idea de que los derechos colectivos no reditúan al mapuche común y corriente, por lo cual el único camino es abandonar el territorio a cambio del bienestar individual. El mercado inmobiliario es un estímulo para mejorar el precio de las tierras, y promete que los predios de menos de tres hectáreas podrán venderse o arrendarse con la promesa de volver millonarios a sus dueños. En el caso de las comunidades indivisas, se ofrece la posibilidad de generar inversión según sus intereses sin tener que pasar por una asociatividad obligada, lo que se interpreta como mayor libertad.

Los procesos de consulta permitirán abrir debates. Pero en la práctica, distanciará a los mapuche que están por estrategias colectivas de los que mantienen posiciones individuales. Es claro que no existe un contrapeso a esta situación y que no tenemos una alternativa concreta al mecanismo de Consulta para encontrar soluciones. El panorama puede ser desolador en lo inmediato, pero si asumimos esto en perspectiva, estamos obligados a pensar en una estrategia que nos dé una esperanza en el mediano y largo plazo. La primera necesidad es construir una propuesta concreta que tome las necesidades materiales y los deseos de la diversidad del pueblo mapuche.

Fuente: https://www.theclinic.cl/2019/06/04/columna-de-sergio-caniuqueo-huircapan-consulta-indigena-para-quien/

Unanimidad de municipalidades con alcalde mapuche emplazan al gobierno a suspender Consulta Indígena.

Los municipios llaman a la administración del Presidente Piñera a reformular el proceso que impulsa con el propósito de superar el «clima hostil» que se ha instalado y «mejorar la información y recuperar las confianzas». Señalan que se debe avanzar en forma integral en las materias que son demandas pendientes del Pueblo Mapuche «como la restitución territorial, el derecho a los recursos naturales y representación política de los pueblos originarios, y sus identidades territoriales, entre otros derechos colectivos”. Esta declaración se da luego de dos nuevas polémicas, que a juicio de las comunidades mapuche atentan contra la credibilidad de cualquier proceso. La primera tuvo que ver con la presencia de conscriptos de origen mapuche en un zona de votación, acción que fue interpretada como un intento artificial del Gobierno por mostrar mayor participación en el proceso. Y la segunda con la revelación de que Juan Pablo Longueira Brinkmann, hijo del senador Pablo Longueira y jefe de gabinete del Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, compró dos predios de tierras indígenas, cuya enajenación está prohibida por ley.

Unanimidad de municipalidades con alcalde mapuche emplazan al gobierno a suspender Consulta Indígena

«Los procesos de consulta impulsados por los gobiernos históricamente han ignorado la opinión de los pueblos originarios, y a su vez han realizado procesos informativos sesgados que entregan conclusiones que no representan a las mayorías», así parte el comunicado enviado desde la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche, quienes manifestaron su rechazo a la Consulta Indígena que impulsa el Gobierno.

La asociación expone su disconformidad respecto de cómo se ha planteado el proceso, por lo cual solicitó suspender su desarrollo para socializar y replantear los temas a tratar mediante un acuerdo nacional, luego de lo cual pueda ser retomada previa aprobación de los actores involucrados.

“El contexto actual de desconfianza en que se encuentran las relaciones entre el Estado de Chile y los pueblos originarios no favorece la adecuada implementación del proceso de consulta. Como Amcam estamos convencidos de que la Ley Indígena fue una conquista significativa para nuestro pueblo y hoy es un factor principal de protección a nuestros derechos, por lo que vemos con preocupación los intentos de modificar algunos aspectos de ella”, señalaron en un comunicado.

“Somos conscientes que a 26 años de su promulgación hay elementos que pueden ser revisados, pero ello debe ser con total transparencia y respetando el principio de buena fe, entendiendo además el derecho a la tierra como la principal y transversal demanda de nuestros pueblos”, agregó la agrupación de alcaldes.

Para la agrupación, la realización del proceso de Consulta en un «clima hostil» evidencia la polarización que genera y rechazan que su contenido no haya sido socializado debidamente con las comunidades,»generando con esto enfrentamientos entre nuestros hermanos», señalan.

Los alcaldes apuntan a que «los recientes hechos de violencia registrados en la zona son una muestra más de la crisis que se vive en nuestra región».

Por los motivos antes señalados, las municipalidades con alcalde mapuche llaman al Gobierno de Chile a suspender y reformular este proceso con el propósito de mejorar la información y recuperar las confianzas.

Además, señalan que se debe avanzar en forma integral en las materias que son demandas pendientes del Pueblo Mapuche «como la restitución territorial, el derecho a los recursos naturales y representación política de los pueblos originarios, y sus identidades territoriales, entre otros derechos colectivos”, aclaran.

Acarreo y las tierras indígenas de JP Longueira

Esta declaración se da justo después de dos nuevas polémicas que se han generado en el marco de la Consulta Indígena. El jueves pasado circuló un video que encendió las alarmas. De acuerdo a este registro, en la consulta indígena realizada en el Hotel Melillanca de Valdivia, Región de Los Ríos, participaron militares de origen mapuche. Los conscriptos fueron grabados en las afueras del recinto, pero evitaron hacer declaraciones cuando se les consultó si participaban de forma voluntaria en el proceso.

En el mismo lugar, se registró una protesta de dirigentes mapuche que concurrieron a manifestar su desaprobación a la consulta. Pero a ellos no solo se les impidió su ingreso al hotel, sino además fueron dispersados y detenidos por carabineros, según denunció el encargado de relaciones Internacionales del Consejo de Todas las Tierras, Aucan Huilcaman.

En el mundo mapuche, la participación de los conscriptos fue interpretada como un intento del Gobierno por mostrar mayor participación en el proceso, que en las últimas semanas ha sufrido una seguidilla de complicaciones, e incluso fue catalogado como un “Catrillanca 2” por el senador RN Manuel José Ossandón.

Sin embargo, en el Gobierno se desligaron de lo sucedido. Durante una actividad en Temuco, el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, fue consultado al respecto, pero desde la cartera informaron que no estaban enterados del tema.

En el Ejército a través de una declaración de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la III División de Montaña, que subraya que solo facilitaron la participación de sus conscriptos.

Sin embargo, en el mundo mapuche están en alerta y exigen explicaciones al Gobierno. “Hacemos un llamado al ministro del Interior Andrés Chadwick y el ministro de Defensa Alberto Espina a que aclaren públicamente esta situación que reviste absoluta gravedad, considerando que la consulta debe tener como principio el Consentimiento, Previo, Libre e Informado. En esta situación se estaría contraviniendo la voluntad de los agentes del Estado aunque sean de origen mapuche”, finalizó Aucan Huilcaman.

La otra polémica versa sobre un nuevo caso de compra de tierras indígenas que sacude al corazón de La Moneda. Así como la situación que enfrenta el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla por sus terrenos en Pucón –caso que está en manos del Juzgado de Letras de Pucón-, ahora se conoció que otro inquilino de Palacio también tiene este tipo de propiedades: se trata de Juan Pablo Longueira Brinkmann, el hijo mayor del ex senador y fáctico de la UDI, Pablo Longueira y actualmente jefe de gabinete del ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno.

De acuerdo a lo publicado por Ciper, en 2015 Longueira hijo compró dos parcelas en el sector de Chucauco (Villarrica), en la Comunidad Ignacio Yevilao. Además, participa en una sociedad familiar que adquirió otros dos terrenos en la misma zona. En total, las compras suman 25,5 hectáreas

Similar al conflicto que enfrenta Ubilla, el problema es que la propiedad de Juan Pablo Longueira Brinkmann forma parte de un Título de Merced concedido en 1914, siempre estuvo en manos mapuche y por lo tanto la ley los considera indígenas e impide que se vendan a personas que no integren ese pueblo originario, señala la publicación. Esto, aunque Longueira esgrime a su favor que cuenta con un certificado que indica que esos predios no están en el Registro de Tierras de Conadi,

El hecho añade otro elemento que pone en tela de juicio el tema de la consulta indígena, dado que Longueira Brinkmann es un personero clave en la estructura del ministerio de Desarrollo Social que lidera Alfredo Moreno a cargo de este proceso. La consulta ha sido blanco de críticas –incluso desde las  mismas filas de Chile Vamos- y tiene como uno de sus ejes fundamentales zanjar tópicos sobre tierras indígenas, justamente el tema por el que se ve salpicado el jefe de gabinete.

Fuente: https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/06/08/unanimidad-de-municipalidades-con-alcalde-mapuche-emplaza-al-gobierno-a-suspender-consulta-indigena/

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