Chile compadre: hijo de Longueira y la compra tierras mapuche.

Pequeñas casas en terrenos cercados con alambre de púas, árboles nativos y extensos pastizales enmarcan uno de los caminos de ripio que llevan al sector Chucauco, a unos 10 kilómetros de Villarrica. Nada allí es muy distinto de lo que se aprecia en casi todos los paisajes rurales de la Región de La Araucanía, salvo por un llamativo cierre de madera cuidadosamente barnizado en tono naranja. “Todo esto es del señor Longueira”, asegura el trabajador que se encuentra en el predio, señalando con su índice los límites de la propiedad. Está hablando de Juan Pablo Longueira Brinkmann, actual jefe de gabinete del ministro de Desarrollo Social e hijo del conocido ex senador y ex ministro Pablo Longueira. Y efectivamente, como lo prueban los registros del conservador de bienes raíces local, estas tierras –que suman 14 hectáreas– le pertenecen.

En 2015, Juan Pablo Longueira Brinkmann adquirió en esa zona dos terrenos aledaños. Uno de 7,4 hectáreas y otro de 6,6. La revisión de los títulos de propiedad hecha para esta investigación periodística estableció que ambos predios provienen de la subdivisión de un Título de Merced concedido en 1914 a una comunidad mapuche. Y por lo mismo, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 12 (inciso 1°, letra b) de la Ley Indígena (Ley 19.253), se trataría de tierras que deben ser consideradas como indígenas, por lo que está prohibida su venta a personas que no pertenezcan a pueblos originarios. De hecho, los paños adquiridos por Longueira Brinkmann están dentro de la Comunidad Ignacio Yevilao.

Actualmente, Juan Pablo Longueira es uno de los asesores más cercanos al ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. De esa cartera depende la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y el ministro Moreno es uno de los principales impulsores del Plan Araucanía, que busca poner fin a los conflictos entre el Estado y las comunidades mapuche. El ministerio, además, puso en marcha una consulta a los pueblos originarios que ha recibido duras críticas, incluso del oficialismo (el senador Manuel José Ossandón calificó este proceso como un caso “Catrillanca 2”). Uno de los cuestionamientos a la consulta es que, entre otros objetivos, pretende flexibilizar las transacciones de predios indígenas. Y el rol de Longueira Brinkmann en las dos compraventas realizadas en 2015 en el sector de Chucauco podría atizar las críticas a la cartera en la que se desempeña.

Además de las dos compras que hizo a título personal en Chucauco, Juan Pablo Longueira Brinkmann participa en una sociedad familiar que también tiene propiedad sobre dos terrenos indígenas adquiridos recientemente. El primero fue comprado en enero de este año y el segundo, en marzo. Se trata de la sociedad Inversiones Las Azaleas, en las que participa junto a su padre, su madre y sus hermanos. Esta sociedad tiene el 99% de Agrícola las Azaleas SpA, que es la adquirente de dos terrenos también ubicados en el sector de Chucauco y que provienen del mismo Título de Merced de 1914.

COMISIÓN INVESTIGADORA

Este nuevo caso de traspaso de tierras indígenas a un funcionario del actual gobierno, se suma al publicado el 3 de marzo por el diario electrónico Interferencia, que informó sobre la compra de cuatro parcelas que hizo el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, entre 2009 y 2012. Los predios adquiridos por Ubilla se ubican en la Comunidad Mariano Millahual, de Pucón, y una de esas transacciones la realizó mientras ejercía como subsecretario en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Por esa razón, la Cámara de Diputados aprobó una comisión investigadora que indagará en dicha compra y en la actuación que habrían tenido, para posibilitar esa transacción, el Ministerio de Desarrollo Social, la Conadi y el Servicio Agrícola Ganadero (SAG).

El pasado miércoles 5 de junio la diputada Emilia Nuyado (PS) fue elegida presidenta de la comisión investigadora y anunció que citarán a Ubilla. Según el presidente de la Fundación de Desarrollo Indígena, Diego Ancalao, la consulta a los pueblos originarios que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social “está hecha a la medida de aquellos que han usufructuado de las tierras indígenas, como el subsecretario Rodrigo Ubilla”.

Es el artículo 13 de la Ley 19.253 el que protege la venta de tierras indígenas y prohíbe que sean “enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas de una misma etnia“. Y es esa frase, particularmente, la que llevó a diputados y a algunos dirigentes mapuche a cuestionar los actos de Ubilla, argumentando que la compra de terrenos a personas no indígenas va en contra del espíritu de la ley.

LA RESPUESTA DEL JEFE DE GABINETE

Es altamente probable que, al igual que el subsecretario del Interior, Juan Pablo Longueira sea citado a la Cámara de Diputados para que explique a la comisión investigadora bajo qué normativa él y su familia pudieron comprar estas tierras.

Consultado sobre cómo se adquirieron estos terrenos, Longueira Brinkmann entregó a las autoras de este reportaje un documento que, a su juicio, confirma que los dos predios que compró a su nombre en 2015 no son indígenas: un certificado de Registro de Tierras Indígenas de la Conadi que indica que ambos paños no se encuentran en ese registro.

No obstante, que un terreno no esté inscrito en el Registro de Tierras que lleva la Conadi no significa que no sea indígena. El artículo 12 de la Ley 19.253 es el que determina los requisitos para que un predio sea considerado indígena. Y establece ocho fórmulas, agrupadas en cuatro incisos. Uno de ellas es que las tierras estén inscritas en el registro de la Conadi. Pero ese criterio no es excluyente. Otro mecanismo es que los terrenos provengan de un Título de Merced, concedido en conformidad con las leyes promulgadas a fines del siglo XIX, y que aún estén en poder de comunidades o individuos que pertenezcan a pueblos originarios. Y ese es el caso de los terrenos adquiridos por el jefe de gabinete del ministro Moreno.

Salvador Millaleo, abogado de la Universidad de Chile y doctor en sociología, explica que es el numeral segundo, letra b, del artículo 12 de la ley el que especifica que serán indígenas aquellos terrenos que sean ocupados por personas o comunidades de pueblos originarios y que hayan formado parte de un Título de Merced. Por lo tanto, indica Millaleo, que no estén inscritos en el Registro de Tierras no quiere decir que los terrenos no sean indígenas. También afirma que cuando la tierra pasa a manos de una persona que no pertenece a un pueblo originario (como ocurre en el caso del subsecretario Ubilla y de Juan Pablo Longueira), esta sigue manteniendo su calidad de indígena.

Por lo demás, la Conadi tiene un informe, confeccionado en 2017, que confirma que su Registro de Tierras no incluye todos los terrenos que son indígenas. Ese documento -titulado “Estudio de predios adquiridos Biobío y Araucanía”- fue hecho por la Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico La Araucanía, y tuvo como propósito actualizar y georreferenciar las bases de datos de todas las compras de tierras indígenas hechas tanto por particulares como por la Conadi.

En relación a las dos compras hechas por la sociedad Agrícola Las Azaleas a inicios de este año, Juan Pablo Longueira afirmó que él ya no participa en la administración de esa sociedad y no tiene conocimiento de sus movimientos.

Efectivamente, al momento en que se ejecutaron esas compras –enero y marzo de este año– el administrador de Agrícola Las Azaleas era Rafael Loyola Domínguez. De acuerdo con una escritura inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (N°50808, fojas 98916, año 2018) Loyola fue nombrado administrador de la sociedad por una junta de accionistas de Agrícola Las Azaleas en la que participaron solo dos personas: Pablo Longueira Montes, representante del 1% de las acciones, y Juan Pablo Longueira Brinkmann, en representación del 99% que posee la sociedad familiar Inversiones Las Azaleas. Tres semanas después de que se inscribió en el conservador el acta de esta junta, Loyola compró el primer campo en Chucauco a nombre de la sociedad.

Con independencia del argumento que esgrime el asesor del ministro Moreno, respecto de que no estaba al tanto de estas compras, lo cierto es que él forma parte de los controladores de la sociedad que adquirió estas tierras. Y este vínculo tendría que ser revisado por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.

PRIMERAS COMPRAS

La relación entre los Longueira Brinkmann y la Conadi data de marzo de 2015, cuando esa familia le vendió a la institución del Estado un terreno de 150 hectáreas también en Villarrica. La compraventa fue conocida públicamente en junio del mismo año a través de un reportaje de El Mercurio en el que comunidades de ese sector cuestionaban el precio pagado por la Conadi: $810 millones. Las críticas apuntaban a que ese monto era $100 millones más caro que el avalúo comercial de los predios de la zona y porque ese campo tenía áreas limitadas para desarrollar cultivos. Ante esto último, Conadi respondió que se pagó el precio justo de acuerdo a los antecedentes técnicos que tenían sobre ese terreno.

En octubre de 2015 el hijo del exministro adquirió  a su nombre el primer terreno, de 7,4 hectáreas, en el sector Chucauco. El ahora asesor del ministro Moreno lo compró a Orfelina Pichún, mujer mapuche que tenía la propiedad desde 2010, tras comprarla a tres mapuches que las habían heredado. La historia de esos terrenos es larga y todas sus transacciones remiten a herencias de la familia Nahuelhual, apellido que se repite desde la primera división del Título de Merced concedido en 1914.

Para este reportaje de investigación se revisaron los títulos de dominio de este terreno de 7,4 hectáreas en el Conservador de Bienes Raíces de Villarrica. El análisis de los registros de propiedad permitió ubicar el segundo terreno comprado por Longueira Brinkmann. Este nuevo predio –de 6,6 hectáreas– le fue vendido también en 2015 por Godofredo Cotrena, mapuche y exiliado durante la dictadura de Augusto Pinochet. Cotrena lo había comprado a la mapuche Amalia Aillapi. Este terreno se originó en una adjudicación otorgada en 1939 a Rosario viuda de Nahuelhual por el Juzgado de Indios de Pitrufquén y también formó parte del Título de Merced de 1914.

LAS AZALEAS EN CHUCAUCO

Las últimas compras de la familia Longueira Brinkmann en tierras mapuche tuvieron lugar este año y se hicieron a través de Agrícola Las Azaleas SpA: 8,5 hectáreas a Edith Salazar y 3 hectáreas a Godofredo Cotrena.

El predio comprado a Edith Salazar es indígena y la Conadi lo sabe. Está inscrito en el Registro de Tierras de ese organismo público. Sin embargo, la Conadi permitió realizar la compraventa de igual manera, contraviniendo el sentido de fondo de la Ley Indígena, que es mantener las tierras en manos de personas del mismo pueblo originario.

Edith Salazar no es mapuche, pero obtuvo el dominio del terreno porque estuvo casada con Pedro Rivera Collinao, anterior propietario. Cuando se separaron, ella obtuvo el terreno a través de separación de bienes en 2018 (un caso similar al de la compra que hizo el subsecretario Rodrigo Ubilla). Pedro Rivera había comprado esa parcela a Carlos Nahuelpán Nahuelhual, miembro de la familia beneficiada con el Título de Merced de 1914. Este último había obtenido el dominio a través de una entrega hecha por el Ministerio de Bienes Nacionales.

En 2016 este terreno fue inscrito en el Registro de Tierras Indígenas, por lo que la Conadi nunca debió haber aceptado una transacción entre Edith Salazar y la sociedad controlada por los Longueira. Es probable que la Conadi deba dar una explicación ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Su director, Fernando Sáenz, ya está citado a esa instancia.

Agrícola Las Azaleas SpA compró una segunda parcela: Godofredo Cotrena le vendió 3 hectáreas. Originalmente, ese era un predio de 6 hectáreas, que fue adquirido por Cotrena junto a Vicente Mariqueo. Lo compraron a Fresia Colompil, quien obtuvo esas tierras a través de una adjudicación del Juzgado Civil de Villarrica. Luego se partió entre Cotrena y Mariqueo. Estos terrenos siempre han sido mapuche y nunca fueron desafectados por la Conadi para que pudiesen ser comprados por personas que no pertenezcan a esa comunidad. Otra arista que tendrá que ser investigada por la comisión parlamentaria.

Esta investigación periodística fue hecha por Ignacia Montoya y María José Delaporte, estudiantes de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica. El reportaje forma parte del Taller de Periodismo Avanzado, asignatura impartida por el profesor Boris Bezama.