Chile tóxico: El Capital y su Estado siguen matándonos.

El Escudo Municipal de Puchuncaví, luego de ser rediseñado en 2013 con el objeto de retirar la imagen de la chimenea humeante –otrora perteneciente a ENAMI y hoy a CODELCO Ventanas– como anacrónico vestigio de progreso comunal, luce un huaso a caballo sobre tierras cultivadas y un pescador que desde el mar levanta su red, ambos símbolos identitarios de lo que todavía pareciera ser un territorio fértil para la agricultura y abundante para la pesca. En contraste con este imaginario, numerosos han sido los estudios y análisis que, desde hace no pocos años, han venido alertado sobre la presencia de metales pesados en los cultivos agrícolas y recursos marinos existentes en las costas de Puchuncaví y Quintero, entre los que, a vía ejemplar, pueden mencionarse el encargado por OCEANA Chile en marzo de 2012, el encargado por el Ministerio del Medio Ambiente de noviembre de 2013, o el realizado por el IFOP en septiembre de 2016 por encargo de la SUBPESCA.

En esta línea, recientemente se han relevado en distintos medios los resultados del estudio “Evaluación de hortalizas como medio de exposición humana a Arsénico y Cobre en la comuna de Puchuncaví”, realizado en 2018 por investigadores de la Escuela de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Este, si bien descartó la existencia de riesgo inmediato a la salud de las personas asociado al consumo de hortalizas en el área de estudio –en tanto no se sobrepase la “dosis de referencia”–, sí reveló de todos modos una alta concentración de arsénico (As) en hortalizas de hoja (especialmente en lechugas y acelgas) cultivadas en las localidades de La Greda, Campiche y Los Maitenes. En atención a estos resultados, los investigadores recomiendan, entre otras medidas, no basar toda la dieta en hortalizas cultivadas en la zona, restringir el cultivo de lechugas, acelgas y espinacas en áreas contaminadas, así como reducir la ingesta de estos alimentos en los niños y niñas más pequeños en la área de exposición.

Considerando las recomendaciones incluidas en este estudio, impresiona constatar que, justo 50 años antes de su publicación, por Oficio Nº 5058 del 11 de noviembre de 1968, el SAG reportaba al Subsecretario de Agricultura de la época, Carlos Figueroa Serrano, “daños en los cultivos agrícolas de la localidad de Los Maitenes (comuna de Puchuncaví) con motivo de las emanaciones de la Refinería de Ventanas de ENAMI”, detallando cómo estos gases afectaban tanto a los animales como a los cultivos de la zona, especialmente, de arvejas. El oficio ya por ese entonces señalaba, a partir de una visita en terreno, que efectivamente existían “graves daños provocados por gases tóxicos, producto de la Refinería de Ventanas y de la propia planta de electricidad en base a carbón” y que se habían “producido muertes de animales, especialmente ovejas, los cuales por respirar a flor de tierra absorben así las dosis más altas de SO2, al igual que pastos cuyas condiciones nutritivas están algo alteradas”, tal como de hecho sucedió en septiembre del año pasado.

Esta sostenida y progresiva pérdida de la vocación agrícola –así como pesquera y turística–de la comuna de Puchuncaví producto de la contaminación de los cultivos por metales pesados conlleva, sin duda alguna, una afectación grave, permanente y sistemática del derecho a un medio ambiente sano –expresado en nuestra Constitución Política como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación–, pero también vulnera un abanico de otros derechos humanos que dependen, para su pleno goce o disfrute, de una protección ambiental efectiva (Opinión Consultiva OC-23/17 de la CIDH). Entre estos últimos pueden mencionarse, al menos, el derecho a la vida y a la saludad física y mental, al trabajo, a participar en la vida cultural y, por cierto, a la alimentación adecuada y a la seguridad alimentaria (esta última que ha sido, por lo demás, reconocida recientemente como derecho humano en la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales”, aprobada con el voto favorable de Chile el 17 de diciembre de 2018).

Al alero de los “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos” aprobados en 2011, si bien la protección y respeto de los mencionados derechos humanos de los habitantes de Puchuncaví se reclama, respectivamente, tanto de parte del Estado de Chile como de las empresas existentes en el Complejo Industrial Ventanas –en especial de CODELCO Ventanas–, en los hechos, tanto los distintos gobiernos como estas últimas han omitido observar, ya sea por voluntad o ignorancia, disposiciones legales específicas y vigentes tendientes precisamente a prevenir la contaminación de los suelos agrícolas, destacando entre ellas las contenidas en el D.L. Nº 3.557 de 1980 sobre Protección Agrícola. En particular, consagra su artículo 11 una potestad amplia –hasta donde conocemos, jamás ejercida– del Presidente de la República para imponer a empresas potencialmente contaminantes de la agricultura medidas concretas para evitar o impedir dicha contaminación, pudiendo ordenar incluso “la paralización total o parcial de las actividades y empresas que lancen al aire humos, polvos o gases, que vacíen productos y residuos en las aguas, cuando se comprobare que con ello se perjudica la salud de los habitantes, se alteran las condiciones agrícolas de los suelos o se causa daño a la salud, vida, integridad o desarrollo de los vegetales o animales”.

Considerando que apenas este año comenzó a regir el nuevo Plan de Descontaminación para la zona así como la actualización de la Norma Primaria de Calidad de Aire para Dióxido de Azufre (SO2), a las que se suman las medidas de reparación ordenadas por el fallo de la Corte Suprema en la materia, la ocurrencia de nuevos eventos como los sucesivos peaks de contaminación por SO2 o los múltiples varamientos de carbón en la Playa Ventana resultan francamente inaceptables y hacen razonable la adopción de medidas –como las contempladas en el D.L. Nº 3.557 sobre Protección Agrícola– que ante todo resguarden la dignidad de los vecinos y vecinas de Puchuncaví y Quintero por sobre consideraciones económicas. Frente a todo lo anterior, desde Fundación Terram nos preguntamos si, transcurrido ya casi un año desde la ocurrencia de los eventos de contaminación que comenzaron el 21 de agosto pasados y que afectaron a ambas comunas, el Escudo Municipal de Puchuncaví continuará reflejando nada más que la nostalgia de una época dorada e irrepetible para la comuna, o bien un anhelo realista de un futuro en el que, de una vez por todas, las autoridades de gobierno protejan y hagan respetar, desde una sensibilidad y compromiso genuinos, los derechos humanos y el proyecto vital de una comunidad mártir de un progreso añejo e inequitativo.

Fuente: https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2019/08/11/contaminacion-de-cultivos-agricolas-en-puchuncavi-una-nueva-vulneracion-a-los-ddhh/

Quintero-Puchuncaví: estudio denuncia grave vulneración de la niñez por contaminación.

por EFE. /El Mostrador.

El informe, realizado por la Universidad Católica de Valparaíso por encargo de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, advierte de los serios impactos psicológicos sufridos por los menores residentes de la llamada «Zona de Sacrificio».

Un estudio de la Defensoría de los Derechos de la Niñez dio cuenta este viernes de una grave vulneración de los menores por contaminación ambiental en las localidades costeras de Quintero y Puchuncavi, lugar considerado el «Chernóbil chileno» por organizaciones medioambientales. El informe, realizado por la Universidad Católica de Valparaíso por encargo de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, advierte de los serios impactos psicológicos sufridos por los menores residentes de la llamada «Zona de Sacrificio».

Según el estudio «Afectación de niños, niñas y adolescentes por contaminación en Quintero y Puchuncaví 2018», los menores residentes en esas localidades han sufrido la vulneración de al menos 17 de sus derechos, en una iniciativa que contempló la participación de 50 menores afectados y que fueron atendidos en la red asistencial.

En este sentido, el informe señala que la cotidianidad de los menores ha sido afectada por los diversos cambios que han tenido que realizar por el permanente miedo que quedó tras la grave crisis medioambiental sufrida por esa zona en agosto del año pasado.

«No existen garantías mínimas de derechos, al no poder resguardar espacios de esparcimiento. Se pierde la playa como un lugar de disfrute y los lugares de naturaleza se tornan como ámbitos que se extinguirán y donde no pueden disfrutar sin temer por su salud», precisó el informe.

Al respecto, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, que la principal conclusión del estudio tiene que ver con que el Estado responda en su rol de garante de derecho, cuestión que no ha hecho.

«Hablamos de que el Ministerio de Medio Ambiente y Educación tomen acciones concretas. Esperamos que existan medidas que mejoren las condiciones de salud y de vida de los niños y niñas de ese lugar», subrayó Muñoz en declaraciones a la prensa.

«Ya hemos iniciado las peticiones de información a la Corte Suprema, quien instruyó determinar cuales son los agentes contaminantes y las enfermedades asociadas. Hay que realizar exámenes para determinar si los niños tienen en sus cuerpos metales pesados», complementó Muñoz.

«Me parece que si bien la autoridad local no es la que toma decisiones, justamente son ellos los que representan a las personas en demandas de derechos, ellos deberían estar presionando para que sus derechos no sean vulnerados», recalcó.

En tanto, el Ministerio Público afirmó que todos los antecedentes reunidos a la fecha de varios episodios contaminantes ocurridos en Quinteros y Pucyhuncavi, además de otras dos localidades en el sur de Chile por derrames de petróleo, se encuentran contenidos en un total de 17 tomos, y cada uno de ellos tiene en promedio 350 páginas.

El pasado martes Greenpeace acusó de «complicidad» al Estado chileno por el daño ambiental que por décadas han causado las plantas termoeléctricas en el país, luego de que ese mismo día se decretara una emergencia en la localidad de Quinteros por la alta concentración de dióxido de azufre (SO2).

Recordó que la situación es tan grave en la zona, que la Corte Suprema ya ha advertido que si vuelven a generar intoxicaciones masivas se deberá generar una evacuación general de la zona.

En un comunicado entregado a los periodistas, la organización destacó el papel «cómplice» que ha tenido el Estado con la estadounidense AES Gener, responsable de las cuatro termoeléctricas que están en Quintero-Puchuncaví, y exigió al Gobierno el cierre inmediato de estas instalaciones.

Desde hace cinco décadas, las localidades de Quintero y Puchuncaví, situadas en la región de Valparaíso, han sido escenario de intoxicaciones masivas cuando comenzó la instalación de plantas industriales en la zona, varias de ellas con uso o producción de químicos.