Chile, nueva «Ley Maldita»: Cuerpo legal profundiza criminalización de la Protesta Social.

por Editor CT.

Una vez más los «representantes» del pueblo disparan contra el pueblo: la izquierda confiada refuerza la institucionalidad patronal contra los de abajo, los desconfiados.

Diputados del PC – con la excepción de Gutiérrez y Labra- y la mayoría de los advenedizos conservadores del FA, aprueban por acción, silencio u omisión un cuerpo legal en defensa de la democracia, una Nueva Ley Maldita, que intenta proteger esta democracia que ha asesinado, mutilado y encarcelado a miles de luchadores populares de Chile y el Wallmapu. La dirección del PC cruzó el umbral de la vergüenza, lo mismo los señoritos oportunistas del FA. La operación de un pie en el estado y otro en la calle, finalmente constatamos significa transar por arriba con los partidos patronales, y desmovilizar, frenar y confundir al Pueblo por abajo. Hoy, tal y como lo hizo en 1988-89, la dirección del PC clama por el reconocimiento patronal; ruega se le considere un partido qué, como los otros, ha contribuido a la construcción del orden democrático chileno. Ayer lo hizo desmovilizando a las franjas más activas de la clase trabajadora por medio de la CUT – por ejemplo, aceptando los «Acuerdos Marcos»- y al propio FPMR; hoy, en alianza con el FA y la DC, lo hace maniobrando al interior de la Mesa de Unidad Social utilizando la lógica mentirosa del «realismo sin renuncia», la misma que adujó Bachelet para capitular frente a la derecha….

Pero esta vez no lo olvidaremos; la memoria del pueblo se actualizará con cada proyectil que hiera su cuerpo y su dignidad. No obstante, como paradoja histórica, la Nueva Ley Maldita, también se volverá contra sus cómplices activos y pasivos. Otro absurdo histórico propio de una política vacilante y oportunista.

Editor CT.

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Declaración Pública: Contra  la Nueva «Ley Maldita».

por Asamblea Popular Autoconvocada /RM.

Las organizaciones territoriales autoconvocadas de las distintas comunas de Santiago, agrupadas en la Asamblea Popular Autoconvocada de la Región Metropolitana, condenan enérgicamente la aprobación de la cámara baja del proyecto de Ley presentado por la derecha este 4 de diciembre, cuyo objetivo es criminalizar aún más la legítima protesta social.

La Asamblea denuncia la complicidad de los partidos políticos que decían ser de oposición, pero que, apoyando la normativa, sufragaron a favor o se abstuvieron, guardando un vergonzoso silencio, frente a esta nueva «Ley Maldita».

La Asamblea llama a los pueblos chileno e indígenas a no dejarse intimidar por las medidas represivas impuestas por un régimen criminal que le ha declarado la guerra, violando sistemáticamente los derechos de las personas en su afán de aferrarse al poder.

La Asamblea convoca a todas y todos los chilenos y originarios a derogar en la calle la nueva Ley Maldita con más movilización, más lucha y más organización.

Asamblea Popular Autoconvocada de la Región Metropolitana

Santiago, diciembre 4 de 2019


Cámara aprueba ley “antisaqueos y antibarricadas”: Opositores advierten “penalización excesiva” de algunos temas.

por El Desconcierto.

Mientras que por un lado el proyecto pretende establecer penas más altas para los delitos como el saqueo, por el otro ha sido criticado por aumentar las penas para las acciones de protesta.

Durante este miércoles la sala de la Cámara de Diputados aprobó con 127 votos a favor, siete en contra y 13 abstenciones la modificación al Código Penal que tipifica el delito de alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia.

Según lo publicado por el propio sitio de la corporación, el texto legal detalla seis conductas que pasarán a ser consideradas un hecho constitutivo de desorden público, sancionable con reclusión menor en su grado medio a máximo, esto es, desde 541 días a 5 años. Estas son:

1. Paralizar o interrumpir algún servicio público de primera necesidad, entendiéndose por tales los servicios de transportes, hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones, afectando gravemente su funcionamiento.

2. Ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros elementos aptos para esos fines.

3. Destruir, en todo o en parte relevante, una vivienda, un establecimiento comercial o industrial, una oficina pública o privada, uno o más vehículos motorizados o la irrogación de daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social.

4. Incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos.

5. Impedir o dificultar la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.

6. Cuando se ocupen o usurpen bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.

Penalización excesiva

Si bien la aprobación de la inciativa del Ejecutivo fue valorada desde el oficialismo, algunos diputados de oposición se mostraron preocupados por los potenciales efectos que podría tener la ley.

Para la diputada del PPD Andrea Parra, el proyecto “penaliza excesivamente algunos temas. Lo que me parece particularmente grave es una indicación que presentaron diputados de la Araucanía, Andrés Molina y Sebastián Álvarez, respecto a penalizar la ocupación de tierras agrícolas que a mí me parece es una mirada encubierta de atacar el movimiento mapuche. Creo que la política de la bota y el garrote no ha dado resultados y esto fue incluido como un subterfugio dentro del proyecto”.

Para la diputada además, la tipificación de las barricadas tiene una pena muy alta. “Podría ser hasta 3 años, y además se puso una agravante para el caso que si hay dos o más personas destinadas habitualmente a cometer los hechos punibles en el marco de una manifestación pública, se aplique siempre la pena máxima de hasta 10 años. Las agravantes son excepcionales, pero qué desorden público no es de más de dos personas, entonces estamos agravando todo y eso me parece muy complejo. Llamo al Senado a reparar en aquello y solucionar ese problema“, concluyó Parra luego de la votación.

En la misma línea, la diputada comunista Camila Vallejo lamentó la aprobación afirmando que “lanzar una piedra no es lo mismo que paralizar todo el sistema de agua potable, ambas son condenables, pero evidentemente tienen distinta gravedad… la mayoría de los diputados no pensó igual”.

Tuvimos diferencias sustantivas sobre el proyecto, en lo ÚNICO q votamos a favor fue en la tipificación del saqueo como el robo en lugar no habitado cuando se hace de manera organizada; como lo ocurrido con el concejal RN

Camila Vallejo Dowling @camila_vallejo

Rechazamos la tipificación de delitos q antes eran faltas. Lanzar una piedra no es lo mismo q paralizar todo el sist. de agua potable, ambas son condenables, pero evidente% tienen distinta gravedad…la mayoría de dip no pensó igual

Una publicación similar realizó el diputado Gabriel Boric, quien explicó que “aprobamos en general porque rechazamos los saqueos y sabemos el daño que han causado a los trabajadores/as“, pero que “la izquierda no debe temer respaldar la protesta social, (y) enfrentar a quienes intenten criminalizarla“.

¿Cómo votaron?

Los siete diputados que votaron en contra fueron Florcita Alarcón (PH), Félix González (PEV), Hugo Gutiérrez (PC), Pamela Jiles (PH), Amaro Labra (PC), Emilia Nuyado (PS), y Esteban Velásquez (FRVS).

En tanto, quienes se abstuvieron fueron Jenny Álvarez (PS), Boris Barrera (PC), Karol Cariola (PC), Cristina Girardi (PPD), Carmen Hertz (PC), Claudia Mix (COM), Jaime Mulet (FRVS), Daniel Núñez (PC), Camila Rojas (COM), Juan Santana (PS), Marisela Santibáñez (PC), Guillermo Teillier (PC) y Camila Vallejo (PC).


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