En Argentina y en Chile: La pandemia no puede ser excusa para liberar a genocidas.

Pepe Rovano, integrante del Colectivo Historias Desobedientes Chile: “Con la excusa del coronavirus, Piñera quiere instalar una impunidad encubierta”.

Por Denise Godoy, de la redacción de NODAL.

En los últimos días el gobierno de Sebastián Piñera y los partidos de la derecha chilena han invocado al coronavirus para revivir el debate sobre el indulto a los represores de la dictadura de Pinochet condenados por crímenes de lesa humanidad, lo que provocó el repudio de los organismos de derechos humanos y de amplios sectores de la sociedad. En entrevista con NODAL, Pepe Rovano, integrante del Colectivo Historias Desobedientes Chile, que agrupa a hijas, hijos y familiares de genocidas, analiza el trasfondo de esta iniciativa, el contexto pos estallido social y los vínculos entre el pasado dictatorial y el poder actual: “El gobierno de Piñera y la derecha siguen aferrados al pinochetismo más duro”.

¿Cómo evalúan desde el colectivo Historias Desobedientes el posible indulto de Piñera a genocidas con el pretexto de la pandemia?

Estamos totalmente en contra. Creemos que con la excusa del coronavirus, Piñera y la derecha quieren instalar una impunidad encubierta. Tenemos tres argumentos en contra de lo que están diciendo Piñera y Chile Vamos, que es el conglomerado de derecha que presentó la propuesta ante el Tribunal Constitucional. El primero se refiere al tema de la edad. Estas personas fueron condenadas después de muchos años de impunidad y en la mayoría de los casos las condenas son muy bajas en comparación a la magnitud de los crímenes, son delitos de lesa humanidad castigados tardíamente. El segundo es respecto a la inocuidad de estas personas. Evitar que la misma persona vuelva a cometer un delito es sólo uno de los varios fines de la sanción penal pero, principalmente, nosotros creemos que la ejemplaridad es una garantía de no repetición también. En ese sentido, la ejemplaridad se une también con el tema de la reparación del daño provocado y la ponderación respecto a las acciones atribuidas. Pienso que las víctimas no sólo han obtenido una reparación insuficiente sino que además se verían confrontadas a un nuevo perjuicio simbólico a la liberación de las personas que cometieron delitos contra ellos o contra sus familiares. El tercer argumento remite al tema de la igualdad ante la ley. Los beneficios penitenciarios no tienen que ser generales porque estos reclusos no tienen el mismo carácter penal que un delincuente común. Ellos son responsables de violación a los derechos humanos y esto está tipificado por varios acuerdos internacionales que Chile ha suscrito como el Estatuto de Roma, la Convención contra la Tortura, la Convención de la ONU, los dictámenes de la CIDH y que obviamente invitan a los Estados a hacer más duras estas sanciones por ser delitos de lesa humanidad.

Otro de los argumentos que se ha dado en Chile es el tema de los hacinamientos que tienen las cárceles. En Punta Peuco, donde están nuestros familiares, las cárceles son bastante cómodas y amplias donde hay dos presos por habitación, tienen un salón donde se pueden reunir a comer. Además cuenta con un patio bastante amplio. Por lo tanto, problemas de hacinamiento no hay. Nosotros como colectivo rechazamos esta iniciativa y tenemos también una postura frente a nuestros familiares. Los 93 condenados en Punta Peuco jamás han demostrado un dejo de arrepentimiento ni han colaborado con la Justicia. Eso pudo haber sido un atenuante para considerar esto.

¿Cómo se enmarca esta iniciativa del gobierno tras varios meses de estallido social en Chile?

La derecha vuelve a estar ligada a lo que son los temas de impunidad en este país. Ellos siempre han luchado por la libertad de los genocidas. Durante todo el estallido social estuvimos en la calle apoyando las demandas del pueblo. Probablemente los represores de hoy podrían ser los genocidas del mañana. Había un clima muy convulsionado. El gobierno de Piñera detuvo a mucha gente como presos políticos que estuvieron manifestándose en las revueltas y llevan semanas detenidos. Estamos hablando de cinco mil personas que estuvieron detenidas y hay aproximadamente dos mil personas que están actualmente bajo proceso. Son un montón de manifestantes que aún siguen detenidos y están en la cárcel pública. No están como los genocidas de Punta Peuco en cárceles especiales. No podemos comparar a un genocida con una persona que en este momento está en la cárcel por haberle tirado una piedra a Carabineros. No son ni siquiera equiparables, estamos hablando de un delito de lesa humanidad con un delito común.

La marcha feminista del 8M llevó a la calle a dos millones de mujeres y existían varias movilizaciones previstas. Era un mes bastante potente porque en abril teníamos las elecciones de la Nueva Constitución y el gobierno de Piñera estaba tambaleando hace muchos meses y era altamente probable que posterior a la elección hubiese caído. Esta pandemia viene a ser un poco un salvataje para Piñera y vino a corroborar lo que todo el mundo sabe en este país, el mal gobierno y la mala gestión que se está llevando a cabo en torno al tema de la pandemia. Se aprovechó este momento para tocar estos temas que tienen que ver con el indulto a genocidas, un tema que creíamos que estaba zanjado pero vemos que no y seguimos viendo que el gobierno de Piñera y la derecha siguen aferrados al pinochetismo más duro, y ésta es la demostración, buscan liberar a sus héroes.

¿Cuánto avanzó la justicia chilena en las condenas a los represores de la dictadura pinochetista?

Bastante poco. Hay sólo 94 o 95 condenados en Punta Peuco por toda la dictadura de Pinochet y el número de víctimas directas de la dictadura supera las 343 mil personas y eso me parece extraño. Hay varios procesos que están impunes, de hecho yo soy hijo de un condenado por violación a los derechos humanos que murió en libertad e impunemente y es la realidad que le pasa a muchos miembros de las Fuerzas Armadas en general, militares, aviadores, marinos y Carabineros que actualmente están condenados pero están libres porque hubo una ley de amnistía que exculpaba a los criminales.

Más allá que de que haya condena o no, si el delito fue cometido desde el 11 de septiembre de 1973 al 11 de septiembre de 1980 rige lo que es la ley de amnistía. Años después, con todo lo que fue el proceso a Pinochet en Londres y posteriormente en Chile, se acogió una nueva doctrina que dice que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Esto ha posibilitado una mayor apertura de la investigación de muchos casos de violación a los derechos humanos, procesos que aún siguen abiertos en este año.

No han habido las suficientes condenas y muchos de los familiares de detenidos desaparecidos han tenido que estar aceptando a genocidas en el Parlamento, en las alcaldías, en los distintos cargos públicos y es un dolor muy tremendo pero que la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos ha sabido llevar por el bien del país, porque tenemos que seguir avanzando pero la Justicia lamentablemente en Chile no ha funcionado en los casos ni de las víctimas de la dictadura de Pinochet ni del estallido social que pienso que ahora son dos temas que se unen, están completamente relacionados. Es tanta la relación que actualmente los días viernes marcha la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos junto a la agrupación de familiares de daños oculares, de gente que perdió los ojos durante el estallido social. Las Fuerzas Armadas no han cambiado su forma represiva de actuar contra el pueblo y se ve la alianza que tienen con la derecha política y económica de este país. Justicia es una palabra muy fuerte en mi país, falta mucho por avanzar sobre todo en temas de derechos humanos.

94 o 95 represores detenidos es un número ínfimo para la cantidad de muertes que hubo. Oficialmente hay tres mil detenidos desaparecidos pero las organizaciones de derechos humanos hablamos de más del doble. Además, según el informe Valech, hay 40 mil personas que fueron sometidos a torturas y 300 mil familias fueron condenadas al exilio, lo que nos da una cifra cercana a 343 mil víctimas directas de la dictadura.

¿Cómo y cuándo se conformó Historias Desobedientes Chile? ¿Cuál viene siendo el camino de la agrupación?  

Oficialmente el Colectivo Historias Desobedientes Chile se fundó en marzo de 2019 con motivo de la presentación en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Chile del libro que se hizo en Argentina “Escritos desobedientes: historias de hijas, hijos y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia”, colectivo al cual nosotros también adherimos y nos sentimos parte. Vale la pena aclarar que Historias Desobedientes Chile, hijos, hijas y familiares de genocidas por la memoria la verdad y la justicia, es una organización hermana y unida y casi lo mismo con Historias Desobedientes Argentina. Yo tuve la oportunidad de ser primer integrante de  Historias Desobedientes Chile y el primer integrante extranjero de Historias Desobedientes Argentina. Yo estaba haciendo un documental en Italia y me enteré por una entrevista que salió en Anfibia sobre las historias de Mariana Dopazo, Analía Kalinec y a Liliana Furió. Viajé a Buenos Aires y tuve la oportunidad de conocer a Analía y después a Lili y me integré al trabajo que ellas recién estaban formando, esto fue en 2017. Luego en 2018 volví a Chile y escribimos el libro, yo participo con un artículo en ese libro junto a mis otros compañeros y compañeras, y en marzo de 2019 lo presentamos. En este momento somos varios integrantes y hay mucha gente que todavía está trabajando a nivel personal su historia desobediente que preferimos respetar y por lo general hablamos los que podemos hablar. Yo soy hijo de genocida, soy hijo de madre soltera y vine a conocer mi padre cuando tenía 35 años. Viví con él sus últimos cinco años de vida y posteriormente él me desheredó y estoy contando su historia ahora en una película que espero salga entre este y el próximo año sí el coronavirus lo permite.

Fuente: https://www.nodal.am/2020/04/pepe-rovano-integrante-del-colectivo-historias-desobedientes-chile-con-la-excusa-del-coronavirus-pinera-quiere-instalar-una-impunidad-encubierta/


El mejor aislamiento social para los genocidas es la cárcel.

DECLARACIÓN DE LA CPM (Comisión Provincial por la Memoria/Argentina)

El largo y complejo proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar que hemos atravesado como sociedad, estuvo durante muchos años marcado por decisiones políticas que garantizaron la impunidad para los genocidas. Las leyes de punto final y obediencia debida y luego los indultos hicieron que los responsables de planificar y ejecutar un plan sistemático del terror desde el Estado en la Argentina gozaran de libertad durante muchos años, la mayor parte de su vida.

Quienes fueron víctimas y sobrevivientes, sus familiares, los organismos de derechos humanos, y la sociedad argentina en su conjunto, tuvimos que esperar décadas para conseguir que la justicia reconociera aquellos crímenes y condenara a sus responsables. Fue a partir de 2003 que se inició una nueva etapa que inauguró la posibilidad inédita para que los juicios por delitos de lesa humanidad tomaran un nuevo impulso.

Pero incluso este proceso tampoco ha resultado sencillo. Muchas veces los tiempos de la justicia se dilatan y las defensas de los genocidas con artilugios técnicos retrasan los procesos sabiendo que el alargamiento de los plazos es una forma de impunidad. En los últimos años, otras de estas formas de buscar la impunidad o morigerar el castigo tan demorado ha sido el pedido de prisión domiciliaria: entre los genocidas condenados desde 2006 a la actualidad más de la mitad gozan de ella.

Hoy, frente a la expansión de la pandemia de coronavirus y las medidas adoptadas por el gobierno, se intenta aprovechar el contexto para, una vez más, morigerar las penas para aquellos responsables de los crímenes más atroces de nuestra historia.

Según informan fuentes oficiales hasta el momento se han tramitado 104 solicitudes en diferentes juzgados de las cuales se resolvieron 58: en 17 casos se otorgó la morigeración y se habilitó la detención domiciliaria, mientras que en los 41 restantes fueron denegadas.

En La Plata, por ejemplo, el juez federal Ernesto Kreplac otorgó la prisión domiciliaria a tres ex policías bonaerenses: Juan Nazareno Risso, Walter Omar Ale y Ramón Carlos Velasco. Mientras tanto, el TOFN 2 de San Martín otorgó la misma morigeración al médico Omar Edgardo Di Napoli, a quien se le probó participación para la aplicación de torturas y delitos de abuso sexual en centros clandestinos de la zona de Zárate, Campana y Escobar. En Mendoza 8 genocidas se fueron a su casa y otros 3 en San Fé.

En este contexto, resulta oportuno remarcar la situación específica en que se encuentran aquellos detenidos por crímenes de lesa humanidad alojados en Ezeiza y la Unidad 34 de Campo de Mayo. En Ezeiza, cuentan con atención médica especial dadas las características del complejo penitenciario. Incluso el traslado indebido de los represores a esa unidad, fue en desmedro de las mujeres allí detenidas, situación en la que intervinieron la PPN y la CPM. 

En el caso de Campo de Mayo, se encuentran alojados dentro de un predio de las Fuerzas Armadas, situación denunciada por organismos de Derechos Humanos y el Ministerio Público Fiscal de la Nación, dadas las irregularidades allí observadas, que incluyen un trato de privilegio, siendo los únicos alojados los genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad. En este caso, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad ha resaltado que “se trata de una unidad que no sufre hacinamiento y está más aislada que las restantes dependencias penitenciarias federales. Los represores allí alojados están bien atendidos, el hospital intramuros funciona adecuadamente y tampoco hubo casos sospechosos reportados”.

Fueron condenados tras largos años de impunidad y gozan de condiciones excepcionales de detención a las que no acceden los presos comunes. Sin embargo, siguen esgrimiendo argumentos falaces para poder acceder nuevamente a morigeraciones de sus penas, buscando disminuir el peso de la justicia sobre sus actos y ampliar sus posibilidades de impunidad.

Desde la CPM rechazamos las decisiones de estos tribunales que han habilitado, en el marco de la pandemia,  la prisión domiciliaria para los genocidas. Esta situación excepcional, que pone en riesgo la salud pública, no puede ser utilizada como un recurso más para arrasar con años de lucha que permitieron conquistar con éxito la justicia. Ninguna medida que pretenda contener el avance del COVID-19 puede convalidar la impunidad para los genocidas porque sería desconocer la historia del pueblo argentino.   

Ningún contexto ni situación particular, por más delicada que sea, puede desconocer la gravedad de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. En la gravedad de estos crímenes imprescriptibles se encuentran las razones que nos hacen exigir que la cárcel sea la única casa para un genocida. Ese es el mejor aislamiento social para ellos.

10 de Abril, 2020.

Fuente: http://www.comisionporlamemoria.org/el-mejor-aislamiento-social-para-los-genocidas-es-la-carcel/

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