Chile Dictatorial: La sombra de la CNI ronda por la Moneda y el Congreso.

Suma urgencia del Gobierno a la Ley de Inteligencia vuelve a tensionar a la Cámara de Diputados.

Por El Mostrador.

Según el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara, el RD Jorge Brito, “no duró ni un día la decisión del Gobierno de poner pausa a su agenda represiva”, en alusión a la jugada del Ejecutivo que en primera instancia le retiró la urgencia al proyecto, pero que en cuestión de horas volvió a aplicarle la suma urgencia, lo que obliga a tramitarlo en 15 días en la Cámara Baja. Desde la bancada PPD se sumaron a los cuestionamientos. “Queremos manifestar nuestro total rechazo a la idea de legislar un proyecto destinado principalmente a reivindicar prácticas de investigación propias de una dictadura, más aún en el actual contexto de emergencia sanitaria en el que nos encontramos,”, señaló el jefe de bancada, Raúl Soto.

La decisión del Gobierno de insistir en reponer la suma urgencia al proyecto que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, generó reparos por parte de la oposición en la Cámara de Diputados.

El proyecto, actualmente en segundo trámite en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, ha sido criticado por la oposición, organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos, quienes han solicitado cambios profundos a la iniciativa.

Para el presidente de la instancia legislativa, el RD Jorge Brito, será clave lo que ocurra a las 17 horas del próximo martes, día de la próxima sesión de la Comisión de Defensa.

“No duró ni un día la decisión del Gobierno de poner pausa a su agenda represiva”, comentó el parlamentario respecto a la jugada del Ejecutivo que en primera instancia le retiró la urgencia al proyecto, pero que en cuestión  de horas volvió a aplicarle la suma urgencia, que obliga a tramitar el proyecto en 15 días en la Cámara de Diputados.

Según Brito, “la intransigencia no es buena amiga de la Defensa. El llamado es el mismo: prudencia. No lo digo yo, expertos y sociedad civil instan a la responsabilidad”.

A los cuestionamientos se sumó la bancada PPD.  «Queremos manifestar nuestro total rechazo a la idea de legislar un proyecto destinado principalmente a reivindicar prácticas de investigación propias de una dictadura, más aún en el actual contexto de emergencia sanitaria en el que nos encontramos,”, afirmó el jefe de bancada, Raúl Soto.

El parlamentario agregó que “hace unos días nos reunimos de manera virtual con representantes de la Mesa Social (Colegio de Profesores, Modatima, Ukamau y Fech), donde nos comprometimos a rechazar esta iniciativa, y hacer un llamado a nuestros pares de oposición a no ser partícipes de la criminalización del movimiento social”.

“El Gobierno demuestra una profunda desconexión con las principales necesidades de la población, priorizando legislar sobre un proyecto que, claramente, atenta contra nuestros valores democráticos, desvirtúa el concepto de orden público interno, y criminaliza a los movimientos sociales, además de dotar de exageradas atribuciones a la ANI, y no contemplar un mecanismo efectivo de control hacia las actuaciones de inteligencia que se realicen”, aseguró.

En tanto, la subjefa de bancada y miembro de la Comisión de Defensa, Loreto Carvajal, indicó que “aprobar este proyecto es dar un cheque en blanco a un Gobierno que ha sido fuertemente cuestionado por organismos internacionales de DDHH, debido a la actuación de agentes del Estado durante el estallido social. Juntos como oposición debemos insistir con fuerza en que el Gobierno le quite la suma urgencia y reformule este proyecto”.

Finalmente, la diputada Andrea Parra manifestó que “es imposible no pensar que este proyecto trata de emular más a una CNI que a los servicios de inteligencia que funcionan con éxito en las democracias más fuertes. De aprobarse esta iniciativa, vamos a ver con estupor la creación de una instancia alejada del control del poder civil y democrático, a merced de prácticas secretas sin evaluación o alguna instancia de rendición de cuentas. Un peligro para los derechos fundamentales de chilenos y chilenas”.

Sin embargo, desde Chile Vamos, el diputado RN Leonidas Romero, acusó al diputado Brito de “armar un show” para evitar que el proyecto avance.

El integrante de la comisión de Defensa valoró que el Gobierno le renovara la urgencia a la iniciativa, señalando –en declaraciones a Radio Bío Bío– que “la gran mayoría de las sugerencias que la oposición ha puesto en discusión  se han acogido”.

Fuente: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/06/18/suma-urgencia-a-la-ley-de-inteligencia-vuelve-a-tensionar-a-la-camara-de-diputados/


Militarización en la pandemia: el escenario ideal para tramitar leyes sin un debate de fondo.

Por Diario UChile.

Una carta firmada por especialistas en Defensa y Fuerzas Armadas pide al Gobierno detener con la militarización policial en el país. “Chile necesita un sistema de inteligencia estatal moderno”, dice el académico de nuestra universidad, Felipe Agüero; sin embargo, sus reparos tienen que ver con el fondo del proyecto que intenta despachar apresuradamente el presidente Sebastián Piñera.

Con alerta y una serie de reparos, diversos académicos y académicas han alzado su voz de protesta frente a lo que consideran, es una arremetida del Gobierno para tramitar con premura un paquete de proyectos enfocados en legalizar la militarización policial en el país.

Este jueves, a través de una carta del Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA), sus integrantes hicieron hincapié en, al menos, tres iniciativas legislativas relacionadas entre sí, que han sido defendidas por el Ejecutivo desde el día cero de su gestión, pero que, particularmente, han cobrado fuerza posterior al estallido social de octubre pasado y en la actual crisis sanitaria.

Así lo manifestó, en conversación con nuestro medio, una de las integrantes de GADFA y académica del Instituto del Asuntos Públicos de la Universidad de Chile (Inap), Mireya Dávila, quien criticó esta arremetida cuestionando el tipo de énfasis que los gobiernos de derecha colocan en materia de orden y seguridad.

Mireya Dávila.
Mireya Dávila.

En concreto, el principal proyecto que la carta mencionada rechaza es el que tiene que ver con la creación de un Sistema de Inteligencia del Estado, iniciativa que es parte del Plan Frontera Segura y que trabaja de la mano con proyectos como el del cuidado de la infraestructura crítica, el decreto de las reglas del uso de la fuerza, y un tercero que limita la cooperación del Estado con la Corte Penal Internacional.“Creo que hay dos maneras de mirarlo, uno por la propia coalición de Gobierno, que es de derecha, que tiene una lógica con el orden bastante importante, esto, incluso, por sobre temas de derechos humanos; y dos, desde el punto de vista de la agenda propiamente, porque a medida que hay tanta atención acaparada por el tema del estallido social y la pandemia, el Gobierno tiene instancias para meter cosas, encalzar proyectos con los que la agenda pública no está atenta”, señaló.

Aunque estos tres últimos tuvieron estrecha relación con lo ocurrido en el estallido social, es el proyecto sobre el Sistema de Inteligencia el que, desde el Ejecutivo, han intentado despachar de forma apresurada en medio de la pandemia por el coronavirus. Hay que recordar, sin embargo, que este miércoles, el presidente Sebastián Piñera le quitó la urgencia luego de diversas críticas desde sectores de la oposición.

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No obstante, el trámite sigue su curso, y las críticas de los integrantes de GADFA tienen que ver particularmente con temas de fondo que lo componen, primero, por la injerencia de las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia interna, además de un diseño institucional que no otorga un contrapeso al poder presidencial.

“Lo que queremos es que el Congreso, como el órgano representativo de la gente, tenga más capacidad de control y, por tanto, el Ejecutivo rinda cuentas no solamente respecto al tema de a quién nombra, sino que respecto a los contenidos, los planes y cómo funciona la inteligencia del país”, explicó la académica Mireya Dávila.

“Más allá que sea solamente una cosa formal, que tenga que ir una vez cada semestre, que realmente el Congreso tenga capacidad de pedirle al Presidente la correspondiente rendición de cuentas de una democracia”, agregó.

Felipe Aguero.
Felipe Agüero.

Otro de los miembros firmantes de la carta y académico del Inap, Felipe Agüero, también conversó con nuestro medio respecto de este tema y aseguró no estar en contra de un sistema de inteligencia, siempre y cuando este no faculte a las Fuerzas Armadas a hacerse cargo de problemas que no les competen.

“Lo que ocurre es que en el proyecto del Gobiernos se plantean varias cuestiones en las que no quedan claras algunas funciones y responsabilidades. Se propone un subdirector, por ejemplo, que no tiene una función clara y que es completamente prescindible, pero lo que nosotros destacamos es que se permite el trabajo de las Fuerzas Armadas en cuestiones de recolección de datos, lo que llaman inteligencia residual, que es de orden interno”, recalcó.

La propuesta que manejan las y los académicos firmantes es un Sistema de Inteligencia Civil, que no dé cabida para la injerencia militar en temas no castrenses. Para tales efectos, según plantean los especialistas, se requerirá de un debate con mayor profundidad, que considere la dirección totalmente civil del sistema y la posibilidad de crear una academia de formación de funcionarios de inteligencia.

Fuente: https://radio.uchile.cl/2020/06/18/militarizacion-en-la-pandemia-el-escenario-ideal-para-tramitar-leyes-sin-un-debate-de-fondo/


Carta Abierta a Diputadas y Diputados
Sobre el proyecto de ley de inteligencia que se debate actualmente en el Congreso de Chile.

El Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADF) se dirige respetuosamente a las y los integrantes de la Comisión de Defensa de la Cámara y, por su intermedio, a la Cámara en su conjunto para representarles la alta preocupación generada por los contenidos del proyecto de
ley que Fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado (Mensaje 192-366), algunos de los cuales comprometen el desarrollo democrático del Estado y la sociedad.

1. El proyecto de ley confunde y unifica las tareas de seguridad interna y externa al mezclar ámbitos de inteligencia que deben estar institucionalmente separados. Involucra a las FF.AA. en materias de orden interno y a las fuerzas de orden en la defensa.

2. La propuesta del gobierno politiza e instrumentaliza el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) al radicar el nombramiento de su responsable en el Presidente de la República sin concurso del Senado. Define, en la práctica, la actividad del SIE como una política de gobierno y no de Estado arriesgando así convertirlo en policía política mas que una entidad productora de inteligencia estratégica, como indicamos más adelante.

3. El proyecto debilita el rol fiscalizador del Congreso, necesario para un SIE en democracia. No es suficiente la rendición semestral de cuentas para un efectivo control ciudadano. Se precisa que el Congreso participe en las etapas de diseño, gestión y evaluación de la política de inteligencia. Esto es especialmente necesario ya que el proyecto involucra a la ANI y FF.AA. en materias de orden público cuyo responsable es una figura política interpelable: el ministro del Interior. El proyecto tampoco considera la fiscalización presupuestaria, sobre todo considerando que la ANI dispone de gastos reservados. En la medida que el proyecto no menciona los agentes encubiertos en labores de contrainteligencia, esta fiscalización se hace mas necesaria aún.

4. Si bien es un avance que se incorporen al SIE otros organismos del Estado como el Servicio Nacional de Aduanas, la Unidad de Análisis Financiero, Gendarmería y el Servicio de Impuestos Internos, la propuesta de un Consejo Asesor de Inteligencia genera una instancia que perjudica la función directiva y coordinadora de la ANI, pues pone en el mismo nivel de conducción, sin distinción jerárquica ni funcional, a los organismos de inteligencia militares y policiales frente a sus respectivos ministros y a la dirección de la ANI. De esta forma, se altera el debido orden jerárquico.

5. Si las FF.AA. entregan información residual de inteligencia y si el Consejo Asesor tiene como definición de campo lo interno nacional, no tiene sentido que éstas sean parte del mismo.

6. Existe una contradicción de prerrogativas pues se establece que los comandantes en jefe de las FF.AA. determinarán la forma de la entrega de información, pero al mismo tiempo se establece que ésta deberá ser entregada según lo dispuesto por el director de la ANI.

Igualmente, se indica que en caso las FF.AA. no cumplan con la entrega de información, la notificación del incumplimiento se dirige al Presidente vía ministro de Defensa y no a través del director de la ANI.

7. Es necesario precisar algunos aspectos institucionales de la ANI. El proyecto crea la figura de subdirector sin definir sus funciones. No avanza en establecer una necesaria carrera funcionaria en ella, ni tampoco se hace cargo de la promesa programática del Presidente de crear una Academia de formación en inteligencia.

8. No se definen las amenazas a la seguridad interna, a no ser que estas solo sean crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, tráfico ilícito de personas y protección de infraestructura del Estado.

9. Se amplían aún más los roles de las FF.AA. en labores de orden interno. En la medida que sus trabajos de inteligencia interna no serían solo residuales y toda vez que el proyecto del gobierno -que modifica la Ley Orgánica Constitucional de las FF.AA.- les permitiría la protección de la  infraestructura crítica del país en situaciones de protestas nacionales, se legalizarían indagaciones castrenses de inteligencia sobre organizadores y participantes en estas movilizaciones generando las bases de un Estado policial.

Hacemos un llamado al Congreso para que este proyecto de ley tan importante, para fortalecer la capacidad estatal en materia de inteligencia nacional, sea discutido sin la urgencia planteada, tal como lo ha solicitado la Comisión de Defensa de la Cámara, y que Ustedes abran un efectivo debate democrático -con el debido conocimiento experto- que permita mejorar una tarea que es atribución esencial del Estado y, al mismo tiempo, proteja efectivamente los derechos de toda la ciudadanía.

Santiago, 31 de mayo de 2020

Felipe Agüero, Gonzalo Alvarez, Rodrigo Cárcamo, Eugenio Cruz, Mireya Dávila, José Luis
Díaz, Galo Eidelstein, Carlos Gutiérrez, Luis Lobos, Sebastián Monsalve, María Inés Ruz,
Augusto Varas.

 

Fuente: https://media.elmostrador.cl/2020/06/Carta-sobre-proyecto-de-ley-de-inteligencia-29-mayo-2020.pdf

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