Contra el racismo y la violencia de las elites: Solidaridad entre los Pueblos, solidaridad entre los de abajo.

La dignidad de Lagmien Ana Llao que defiende su Kultrún. El fotógrafo Sebastian Meza capta el momento exacto en que FF.EE. detiene Ana Llao este martes 4 de agosto de 2020 en Temuko, mientras protestaba por la violencia racial y exigía soluciones a la huelga de los prisioneros políticos mapuche. Ana Llao estuvo varias horas retenida y sólo fue liberada en la noche junto a otras mujeres y hombres detenidos por FF.EE. en las calles del Wallmapu. Sebastian Meza - también detenido- escribió: «CONMUEVE ver cómo ella, valiente, defendió su Kultrún».

Rechazamos los actos violentos y racistas contra comuneros mapuche por parte de civiles en La Araucanía.

Los y las profesionales y artistas firmantes, que experimentamos un interés genuino por las demandas de los Pueblos originarios y que anhelamos la construcción de un Nueva Constitución de carácter plurinacional, manifestamos nuestro enérgico rechazo y condena a los hechos violentos racistas contra el Pueblo mapuche ocurridos este sábado 1° de agosto en las comunas de Curacautín, Victoria y Traiguén.

Consideramos esta acción como una expresión de violencia política que se enmarca en la criminalización del Wallmapu por parte del Estado chileno; en el contexto de una estrategia de militarización y represión hacia el Pueblo mapuche que ya es histórica. Hoy, esta violencia organizada desde el grupo fundamentalista APRA viene a dañar la vida cotidiana de hombres, mujeres, niñas y niños mapuche; y su impunidad es una muestra del incumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos en materia de protección y garantía de los Derechos Humanos de los Pueblos originarios por parte del Estado. Nos preocupa que estos hechos se originan a raíz de una abierta incitación al odio por razones étnico-raciales, lo que no se puede permitir en ninguna circunstancia. Sabemos que los atentados que presenciamos se legitiman en una ideología de intransigencia a la diversidad cultural, a la diferencia y a la otredad, que ha sido la base de los peores crímenes en la historia de la Humanidad.

Con respecto a la memoria histórica nacional, planteamos que el olvido no tiene sólo que ver con ignorar los DDHH (que hoy están siendo sistemáticamente vulnerados en las comunidades mapuche) sino que también se relaciona con la imposibilidad de construir una sociedad civil plena y diversa en la medida en que se instala la impunidad, el silencio y la complicidad del Estado respecto de hechos violentos con participación de fuerzas policiales escoltando a civiles armados con objetos contundentes para agredir a los y las comuneros mapuche.

Ya hemos conocido, en el pasado reciente, situaciones de violencia estatal lamentables, como el crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca que dejó al descubierto el frío y calculado asesinato perpetrado por las fuerzas policiales. Hoy somos testigos de la muerte lenta del Machi Celestino Córdova que permanece en huelga de hambre, esperando que el Estado de Chile cumpla con los Tratados Internacionales que ha ratificado (específicamente el Convenio 169 de la OIT). Si así fuera, no se necesitaría la presencia de Fuerzas Especiales en la Araucanía, porque la situación sería muy distinta; el pueblo mapuche podría efectivamente contar con el debido reconocimiento constitucional, y el derecho a ejercer la libre-determinación junto a la población chilena, que habita el territorio ancestral mapuche.

Ana Llao con su Kultrún protestando este martes (04.08.2020) en Temuco contra la violencia racial y exigiendo al gobierno soluciones a la huelga de los prisioneros políticos mapuche. Minutos después sería violentamente detenida por FF.EE.

Por todo lo expuesto, decimos: ¡No más injusticias, no más militarización del Wallmapu, no más violación de los Derechos Humanos!

¡No más violencia racista hacia el Pueblo mapuche!

Invitamos a profesionales/as, artistas, profesores/as y trabajadores/as, junto a organizaciones sociales, territoriales, colectivos, gremios, sindicatos, juntas de vecinos, ciudadanía que no deseen que se repitan hechos como los ocurridos este sábado, se pronuncien y no guarden silencio.

Pedimos que se contribuya a documentar y denunciar ante la Justicia estos hechos de extrema gravedad.

De cara al proceso constituyente, enfatizamos la necesidad imperiosa de construir en Chile una Nueva Constitución de carácter plurinacional, que reconozca con plenitud la diversidad de Pueblos y culturas que componen nuestra sociedad y contribuyen a su desarrollo.

Al 3 de Agosto de 2020, suscriben esta Declaración:

Andrea Álvarez Díaz, Psicóloga, docente Universidad de Tarapacá.

Lucila Pizarra L., Psicóloga, Dirigente y miembro de Comisión de DDHH del Colegio de Psicólogos de Chile.

Alberto Tikuna Vilca, Aymara, Comunidad de Lirima, Tarapacá. Verónica Grünewald Condori, Aymara, Escritora.

Francisco Leal Soto, academice Universidad de Tarapacá (franleso@gmail.com) Julieta Paredes, Dirigente aymara, Mujeres creando, La Paz, Bolivia

Vivían Gavilán. Antropóloga, docente de la Universidad de Tarapacá

Karelia Cerda Castro, Universidad de Tarapacá, lquique

Yanett Medrana Valdez, Aymara, Estudiante de Doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos, Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.

Breny Mendoza, Profesora, Departamento de Estudios de Género y la Mujer, Universidad Estatal de California, Northridge.

Devanir da Silva, Antropólogo, Colectivo ANIMUS, Santiago. Raúl Manríquez Díaz, Sociólogo U. ARCIS, Unidad Social, Buin Laura Urrea Arias

Danitza Jaramillo, Docente Universidad Silva Henríquez, Santiago. Katherine Herazo González, UNAM, México

Ana María Vera Haro, Docente Universidad Católica de Temuco, Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria, Temuco.

…. (*)

(*) Sigue una lista de mas de 200 suscriptores de la declaración que no podemos reproducri aquí. Nuestras excusas. Nota del editor CT.

Ana Llao el martes en Temuko resistiendo la violencia de FF.EE.

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Derechos Humanos y represión al pueblo chileno y mapuche.

por Carlos Margotta (*)/ DiarioUchile.

A partir del 18 de octubre en adelante, hay un preocupante patrón de comportamiento por parte del Gobierno y sus máximas autoridades: la violenta represión para enfrentar las demandas sociales y el permanente incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado chileno, nacidas de la suscripción y ratificación de los Pactos y Convenciones de derechos humanos, de aplicación obligatoria, en virtud del claro mandato del inciso segundo del Art. 5° de la Constitución vigente.

En efecto, la revuelta social iniciada en octubre que exigía un nuevo proyecto de sociedad, justo e igualitario, que garantizara derechos sociales esenciales, como el derecho a la salud, la educación, al trabajo, a la seguridad social, entre otros,  y que superara el actual orden de cosas a través de un proceso constituyente, tuvo como única respuesta del Gobierno, una fuerte represión policial y militar, que se expresó en una masiva,  grave y sistemática violación a los derechos humanos. Así lo establecieron los cuatro informes elaborados por cuatro organismos internacionales después de realizar una visita in situ a nuestro país.

A pesar del compromiso asumido por el Gobierno, el representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH),  Jan Jarab, expresó públicamente en marzo, su desazón por el desoímiento por parte de las autoridades gubernamentales, de las 21 recomendaciones planteadas por el informe del máximo órgano especializado de Naciones Unidas. Es más, las violaciones a los derechos humanos siguieron produciéndose y los protocolos de actuación de la fuerza policial, continuaron vulnerándose.

Durante la pandemia, el deber de resguardar debidamente la vida y la salud de los chilenos y chilenas, fue ignorado en gran medida por el Gobierno, al implementar estrategias fallidas y negligentes, como la Nueva Normalidad y el Retorno Seguro, que no sólo desoyeron al Colegio Médico y las sociedades científicas, sino a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la ONU  y a los dos órganos de protección de nuestro sistema regional, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los que a través de sendos documentos y resoluciones, establecieron criterios y recomendaciones para los Estados de cómo enfrentar la pandemia, a la luz de las obligaciones que impone la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita y ratificada por Chile.

Sin embargo, ignorar dichas orientaciones trajo consigo una fuerte alza de los contagios y fallecidos. Y actualmente,  la estrategia  Paso a Paso, impulsada por el Ministro Enrique París, sin la consulta previa del Consejo Asesor, tampoco se ajusta a los lineamientos de la OMS ni de Naciones Unidas, ni cuenta con la aprobación del Colegio Médico, ni de la mayoría de los científicos especialistas. El Derecho humano a la Vida y a la Salud de los chilenos y chilenas, se encuentran gravemente en riesgo por la  estrategia de ensayo y error, reprochable tanto ética como jurídicamente.

Hoy, veinte mapuches,  entre ellos una autoridad ancestral, continúan en huelga de hambre iniciada hace ya 92 días, y el Gobierno, no sólo ha asumido una actitud indolente sino de un claro incumplimiento de sus obligaciones internacionales.

En efecto, a pesar que en el marco de la pandemia se emitieron pronunciamientos de autoridades y organismos internacionales en favor de la protección de la salud y la vida de las personas privadas de libertad, incluido el llamado de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  el Gobierno ha hecho caso omiso de esos llamamientos, respecto de los presos políticos mapuche.

En efecto, según datos oficiales, entre los meses de marzo y mayo, el 20% de los recluidos (13.000), salieron de prisión, producto de la aplicación de estas medidas.

Sin embargo, en una acción de evidente discriminación y en flagrante violación del principio de igualdad ante la ley, ninguna de estas medidas han sido aplicadas a los presos políticos mapuche.

Ana LLao defendiendo su Kultrún. El fotógrafo Sebastian Meza que captó el momento exacto en que la policía militarizada detiene a la lagmien Ana Llao que este martes (04.08.2020), secribió: «CONMUEVE ver cómo ella, valiente, defendió su Kultrún». Sebastian Meza que también fue detenido.

Pero lo más grave, es que tampoco se ha respetado el Convenio 169 de OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que en su artículo 10 establece que: “1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. 2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.

En base a esta disposición establecida en el Convenio 169, vigente en Chile como ley de la República desde el 15 de Septiembre de 2009, los mapuches están solicitando legítimamente el cambio del lugar del cumplimiento de la pena o medida cautelar, en su caso, esto es, cumplir su reclusión en sus respectivos lof ó comunidades, al igual que los presos no mapuches, a quienes se les ha modificado la medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario total.

Es decir, la huelga de hambre tiene un legítimo  fundamento en la normativa internacional de los derechos humanos que el Estado de Chile ha suscrito y ratificado, cuya aplicación obligatoria debe ser cumplida por los tres Poderes del Estado, según el expreso mandato del inciso segundo del artículo 5°  de la Constitución vigente.

Cabe tener presente que, desde antes de la pandemia, los presos políticos mapuche vienen exigiendo que se les permita la realización de actividades y ceremonias propias de su cultura en cumplimiento de los tratados y declaraciones internacionales, cuestión a la que tampoco ha accedido el Gobierno.

Sin embargo, para enfrentar la huelga de hambre, el Gobierno no sólo ha desconocido la normativa internacional aplicable (Convenio 169), sino que optó por la fuerza de la represión, el mismo camino elegido en octubre para neutralizar la legítima protesta social. El violento desalojo de cuatro municipios, especialmente el de Curacautín, realizado en forma conjunta por carabineros y civiles fuertemente armados, -propiciado por el discurso belicista del Ministro del Interior, Víctor Pérez, durante su reciente visita a la zona-, pone de manifiesto no sólo el desprecio por los pactos y convenciones de derechos humanos sino el absoluto irrespeto de las propias normas y principios consagrados en la Constitución vigente, que se han comprometido a defender. En efecto, la actuación delictual de civiles armados, amparados por la propia policía uniformada y las autoridades políticas, resulta absolutamente reñida con normas jurídicas expresas, tanto de orden constitucional como del derecho penal. La gravedad de lo sucedido, se ve aumentada con las declaraciones vertidas por Andrónico Luksic, quien a través de un tuit, justificó la violencia de particulares al afirmar que “ciudadanos han tomado en sus manos necesidad de reponer orden ante desborde de violencia e incapacidad de autoridad local en Araucanía”. El principal empresario de nuestro país, debiera aclarar ante la opinión pública, nacional e internacional,  las motivaciones de tan irresponsable opinión.

Aba Llao subida a empujones y golpes a un carro policial por FF.EE.

Cabe tener presente que la autotutela (o justicia por propia mano), se encuentra proscrita en nuestro ordenamiento jurídico, como expresión de un avance civilizatorio y pilar esencial del Estado de Derecho.

En suma, y teniendo presente que el desconocimiento de la normativa internacional de los derechos humanos por parte del Estado chileno ha sido la principal fuente de conflictos en la región de La Araucanía, creemos que ad portas de un proceso constituyente, más allá de las limitaciones y restricciones que conlleva, la ciudadanía espera que sea un mecanismo que permita elaborar una Nueva Constitución como expresión del pleno ejercicio del derecho de libre determinación, para que el pueblo libre y soberanamente determine las nuevas reglas del juego, que permitan resolver las legítimas reivindicaciones sociales y políticas de los chilenos y chilenas y al mismo tiempo, enfrentar debidamente las  ancestrales demandas del pueblo mapuche, con estricto apego a la normativa internacional de derechos humanos que se encuentra vigente en nuestro país.

Todo ello, sin perjuicio que las actuales autoridades, -tanto políticas como militares y policiales- deberán responder, ante tribunales nacionales y/o órganos del sistema de protección internacional de derechos humanos, por los luctuosos hechos que se han producido en el país a partir de octubre del año pasado, y que han continuado en la Araucanía, de los cuales son – a la luz del ordenamiento jurídico vigente- sus principales responsables.

(*) Carlos Margotta, presidente Comisión Chilena de Derechos Humanos.

Fuente: https://radio.uchile.cl/2020/08/02/derechos-humanos-y-represion-al-pueblo-chileno-y-mapuche/

1 Comment

  1. Autonomía e Independencia del Pueblo Mapuche. Empresas que explotan el territorio mapuche deben pagar impuestos a la Nación Mapuche. Supongo que estará funcionando una Coordinadora de comunidades mapuche que le pueda dar forma a la Nación Mapuche.

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