¿A quiénes beneficia el odio racial en Wallmapu?

El gobierno de Sebastián Piñera no quiere dialogar. No considera legítimo establecer una mesa de diálogo político de alto nivel, para reglamentar y aplicar lo estipulado en el Convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la prisión vinculada a causas indígenas. Esta posición política sostenida durante más de tres meses de huelga de hambre, motivó a que comunidades mapuche ocuparan las municipalidades de Curacautín, Ercilla, Collipulli, Victoria y Traiguén.

En este contexto, la noche del 1 de agosto y de forma inédita, civiles armados con palos, armas blancas y fierros, convocados por organizaciones de agricultores de la zona, asistieron a desalojar los municipios. En medio de gritos como “el que no salta es mapuche”, los civiles quemaron vehículos de los comuneros y, frente a la presencia de carabineros, violentaron y golpearon a familias mapuche que comenzaban a dejar las instalaciones.

Aunque impactante, lo ocurrido la noche del primero de agosto es la expresión del odio racial anti-mapuche acumulado históricamente, en el contexto de la ocupación y colonización del Wallmapu.^[1] Ocupación que, en Gulumapu, se originó en el siglo XIX, con la grotescamente denominada “Pacificación” de la Araucanía y con la colonización de las actuales provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue. La constitución de la propiedad de la tierra, la soberanía estatal chilena y la modernización capitalista se fundaron en el despojo. La desposesión territorial Mapuche permitió la emergencia de una élite terrateniente suplantadora, y desde fines del siglo XX, con la implementación del neoliberalismo, se asentaron nuevos actores económicos y capitales extractivos, como la industria forestal.^[2] El proceso colonial en territorio mapuche corresponde a una modalidad específica de colonialismo denominada settler colonialism, colonialismo de colonos o de asentamiento, el cual gira en torno al despojo-posesión de la tierra-territorio, la dominación racial, una lógica de eliminación, genocidio y desintegración de los pueblos indígenas como sujetos políticos colectivos.^[3]

Los autores del desalojo que durante el toque de queda dieron rienda suelta al odio racial, son hijos e hijas del colonialismo de asentamiento en Wallmapu. Personas que construyeron sus posiciones de clase en un orden socio-racial gestado con la colonización. Sujetos que crecieron en una sociedad segregada racialmente, que gestaron sus identidades en ideologías de supremacía criolla que desde el siglo XIX hasta hoy, naturalizaron que los mapuche están condenados a ser servidumbre o desaparecer. “Soy pobre, pero no indio”, es la expresión que ilustra el rostro policlasista del racismo, una enfermedad compartida tanto por las elites políticas y económicas, como por aquellos civiles que asistieron a desalojar los municipios.

Estos sucesos develan que el racismo es transversal a las posiciones de clase social de las personas. Sin embargo, también es una forma de opresión que beneficia a una minoría política y empresarial. El racismo no es solo prejuicio o discriminación, sino un fenómeno estructural y sistémico caracterizado por el establecimiento y reforzamiento de jerarquías sustentadas en supuestas diferencias “biológicas” y/o “culturales”, para así justificar y reproducir estructuras de poder y opresión contra sujetos racializados como los pueblos indígenas.^[4] Por ello, más allá de explicar los procesos históricos que originan el racismo estructural, su exacerbación en el actual contexto pandémico, nos parece crucial enfocarnos en la economía política que lo sostiene y profundiza. Nos preguntamos: ¿a quiénes beneficia el odio racial en Wallmapu?

Los principales beneficiados con el odio racial son las élites políticas y económicas que operan en las regiones del centro-sur de Chile. Políticas, porque el actual gobierno, en un contexto de crisis de legitimidad,^[5]y la derecha regional movilizan el racismo para capitalizarlo; profundizando la construcción de un chivo expiatorio y la figura del enemigo interno (los Mapuche); reforzando su estrategia de seguridad frente a un eventual estallido social 2.0 y manteniendo y/o reclutando clientela de cara a los próximos escenarios electorales.

El uso político del odio racial es una tendencia global, marcada por el recrudecimiento del racismo estructural y que tiene como trasfondo el fin del “ciclo multicultural neoliberal” impulsado en las tres últimas décadas por distintos gobiernos en las Américas; el ascenso de regímenes políticos de derecha o neofascistas y; en último término, el reacomodo de un patrón supremacista blanco y capitalista en un contexto de crisis global de carácter multidimensional (económica, política, ecológica y civilizatoria).^[6] En este escenario, la tendencia es que el racismo o “línea de color”, metáfora utilizada en 1903 por el intelectual negro W.E.B. Du Bois, no sólo fue uno de los principales problemas del siglo XX, sino también lo seguirá siendo en el siglo XXI.

Los otros beneficiados con el odio racial son los grupos económicos, principalmente terratenientes y empresas forestales asentadas en Wallmapu. Estos actores han promovido un discurso que procesa el ejercicio del derecho al territorio y libredeterminación como “terrorismo”, instalándolo en la prensa oficial, en los tribunales de justicia y en el imaginario de la sociedad. El empresariado terrateniente responsabiliza a los Mapuche de la pobreza y el estancamiento económico, no obstante omite su responsabilidad y la de quienes les antecedieron, respecto a que en el siglo XX no produjeron una modernización productiva, promotora de la cohesión y buen vivir del conjunto de la población. Como sostiene Jorge Pinto (Premio Nacional de Historia 2012): “un empresariado que disfrutó de los beneficios de la bonanza para reclamar el apoyo del Estado en los tiempos difíciles… un empresariado ‘depredador’ que explotó los recursos naturales sin preocuparse de lo que pudiera ocurrir en el futuro.”^[7]

En el caso del empresariado del rubro forestal, asociados en la Corporación Chilena de la Madera (CORMA), que a su vez forma parte de la Confederación Nacional del Comercio (CPC)^[8], sacan dividendos positivos porque creen tener un aliado “ciudadano” que dejó de estar invisible y que aparece para reforzar su idea de orden público y desarrollo. Como mencionó Juan Sútil, presidente de la CPC, frente a la situación de Curacautín: “Entiendo la frustración por la falta de estado de derecho” apelando a que un 98% de la ciudadanía mapuche y no mapuche está por “la paz, por el desarrollo, por el crecimiento, el diálogo y el entendimiento“. La apelación de Sutil es una falacia porque carece de evidencia científica o empírica. Debe leerse como un repertorio discursivo propio del racismo estructural bajo el neoliberalismo que reproduce la representación dominante del “indio permitido” versus el “indio insurrecto”.^[9]

Lo que omite el presidente de la CPC y los portavoces del gremio forestal, es que el mal llamado “conflicto mapuche” también reporta beneficios a sectores económicos estratégicos. A la vez, estos actores omiten que la expansión del monocultivo forestal está asociada al incremento de la pobreza y la desigualdad del conjunto de la población.

Sobre este último punto, nos explicamos: primero, la industria forestal ha reducido la disponibilidad de la tierra y, con ello, han aumentado los precios de compra. Desde la economía clásica, donde se fundan los argumentos de las élites económicas, esto se conoce como “la ley de la oferta y la demanda”, cuando un bien es escaso y existe demanda por él, su precio de transacción aumenta. Actualmente la industria forestal es dueña de 632. 289 hectáreas en la región de la Araucanía, 20% de la superficie total (ver figura 1). Si comparamos el precio por hectárea entre los años 1994-2017, el aumento es significativo. Controlando por inflación, el año 1994 la Corporación Nacional Indígena (CONADI) pagó $552.038 pesos por hectárea y el año 2017 debió desembolsar $ 6.637.000 pesos por la misma superficie^[10]. El aumento de precios perjudica tanto al pequeño campesino (mapuche o no mapuche) porque no pueden acceder a la tierra (compra directa). Sin embargo, el aumento de precios beneficia a los dueños de la tierra: las forestales, grandes empresarios agrícolas y latifundistas de la zona. Por ejemplo, el precio comprado por CONADI al empresario Carlos Heller en Freire, en 2015, superó los $11 millones de pesos por hectárea^[11].

En segundo lugar, la industria forestal enfatiza que las plantaciones contribuyen a la  mitigación del cambio climático, mediante la captura de carbono. Se jactan de su aporte al crecimiento económico, el aumento de los ingresos de la población y la generación de empleos. Sin embargo, la evidencia científica y empírica contradice estos argumentos.  Anderson et. al  (2016) concluye que la expansión de la industria forestal en el sur de Chile trajo de la mano un aumento de la pobreza en el período 2001-2011^[12]. Nosotros, autores de esta columna, utilizando una estrategia metodológica similar, esto es, analizando casi 200 comunas de 7 regiones (desde O’Higgings a Los Lagos) en el periodo 1997-2015, demostramos que la expansión forestal no ha aumentado los ingresos de la población, ni ha reducido el desempleo. Por el contrario, su crecimiento está vinculado al aumento de la pobreza y la desigualdad de ingresos entre la población indígena y no indígena^[13].

Figura 1: Presencia de la industria forestal en la región de la Araucanía  (en rojo “plantaciones forestales”)

Llegado a este punto, nos parece importante retomar la pregunta central, ¿a quiénes beneficia el odio racial en Wallmapu? Respondemos: a las élites políticas y económicas. A la élite política vinculada al actual gobierno les permite aglutinar fuerzas frente a un enemigo común y conocido “el terrorismo”; complace a un sector de su base electoral y revive la estrategia de la “mano dura”. Después de la derrota del gobierno el 24 de julio (retiro del 10% de los Fondos de Pensiones), la derecha y el oficialismo necesitan unirse, reencantar a su núcleo más duro. Los sucesos del 01 de agosto en la Araucanía son funcionales para una administración política debilitada y una coalición dividida.

En el caso de la élite empresarial de las regiones del centro-sur de Chile, el odio racial les permite invisibilizar sus responsabilidades históricas y políticas. En el transcurso del siglo XX, mientras esta élite económica concentró poder y riqueza, el resto de la población se sumió en la pobreza y la precariedad. Por último, el odio racial permite a la industria forestal justificar y reforzar el aparato represivo estatal que resguarda sus intereses privados, invisibilizando las externalidades negativas de su accionar (crisis hídrica, incendios forestales, deforestación, precariedad laboral), su responsabilidad en el aumento de los precios de la tierra (al reducir la oferta disponible), su nulo impacto en mejorar los ingresos y el desempleo, y su responsabilidad en el aumento de la pobreza y desigualdad en los territorios donde se asienta.

Con este escenario en curso, donde el recrudecimiento del racismo estructural sólo beneficia a una minoría política y económica, la mejor respuesta seguirá siendo imaginar el territorio que queremos reconstruir y habitar, diseñar un horizonte político estratégico más allá de los segregacionismos raciales o de clase, un futuro por la vida y con la tierra-territorio. Las alianzas entre pueblos oprimidos no son nuevas, están anidadas en las memorias colectivas. A fin de cuentas, las históricas luchas del pueblo mapuche y de los pueblos indígenas a escala global han sido siempre luchas por la vida. Como sostiene Nick Estes, historiador sioux de Turtle Island: “Nuestra historia está en el futuro”^[14]. ¿Qué tal si perseveramos juntos y desde abajo en ese horizonte? Pewmageinñ felealu zugu.

NOTAS Y REFERENCIAS