¿Por qué persiste la violencia policial?
La politóloga Lucía Tiscornia ha investigado cómo el apoyo ciudadano y político a la “mano dura” perpetúa las prácticas violentas de instituciones como Carabineros. Aquí profundiza en otros elementos que dificultan frenar esa violencia. Uno es la militarización, que hace ver a los ciudadanos como enemigos. La autora sugiere que esa militarización no se reforma porque renta políticamente: “No hay nada más visible que la presencia de policías que se parecen a los militares, y la sensación de seguridad que generan para algunos”. Pero esa seguridad es falsa. México, El Salvador y Brasil, entre otros, “demuestran que el combate al crimen organizado con policías violentas produce más violencia y no resuelve el problema del crimen”.
En los últimos meses la discusión sobre violencia policial y reforma ha estado en el tapete como resultado de múltiples casos de abuso policial en países tan diversos como Estados Unidos, Chile, Nigeria, Sudáfrica y, más recientemente, Colombia. Estos escándalos de abuso suelen movilizar fuertemente a sectores de la sociedad en busca de reforma, pero con pocos resultados visibles en términos de cambio en el comportamiento policial [1]. La pregunta es ¿por qué, a pesar de la identificación de problemas y la implementación de propuestas para solucionarlos [2] [3], se siguen cometiendo abusos?
Una respuesta común es atribuir los abusos a la falta rendición de cuentas y la falta entrenamiento. Desde luego, en contextos democráticos la rendición de cuentas y la existencia de cuerpos de policía profesionales y capaces son mínimos necesarios. Sin embargo, algunas de las policías mejor entrenadas son también las más violentas[4] y la gran mayoría de los procesos de reforma policial incluye la creación de distintos mecanismos de rendición de cuentas sin lograr evitar que la policía actúe con violencia.
Para entender esta situación de aparente bloqueo, hay que pensar a la policía como una pieza en un contexto social más amplio. La violencia policial se produce porque existe un sistema, una serie de estructuras dentro y fuera de la policía, que de manera indirecta o directa habilitan su comportamiento. Estas estructuras habilitadoras conviven con reclamos para reducir la violencia policial. Entonces, para entender por qué se perpetúa la violencia policial necesitamos entender cómo opera la policía, qué bases sociales apoyan el uso de la violencia del Estado, y cómo se relaciona todo esto con la política.
CÓMO OPERA LA POLICÍA
Una explicación que hemos escuchado repetidas veces respecto al por qué de la violencia policial está relacionada con la persistencia de la “militarización” del aparato policial. ¿Qué es la militarización? Es una manera de organizarse para el uso de la violencia que se traduce en ciertas prácticas y una “mentalidad” específica. La lógica militarizada implica que el trabajo policial es visto como la defensa del orden frente a la presencia de “enemigos.” Esta lógica requiere un tipo de entrenamiento defensivo. En sí mismo, esto no tiene por qué ser problemático. De hecho, en el mundo, la gran mayoría de los países cuenta con policías que operan bajo una lógica de organización militarizada [5], y prácticamente todos los países de América Latina cuentan con algún tipo de policía militarizada.[6]
Las policías cumplen una gran diversidad de funciones en la sociedad, y quizás para algunas de ellas, como por ejemplo el patrullaje de fronteras, un comportamiento defensivo sea necesario. Los problemas empiezan cuando la lógica de los enemigos se traslada al ámbito de la seguridad pública, el manejo de la protesta, y el combate al crimen. Por ejemplo, la mayor parte del entrenamiento que reciben los policías en Estados Unidos que manejan la seguridad pública se enfoca en manejo de armas y tácticas defensivas, y no en cómo des-escalar el conflicto. Es de esperar entonces que “si tu única herramienta es un martillo, tratarás cada problema como si fuera un clavo.” Es decir, si las policías están entrenadas para abordar cada situación como una de riesgo, reaccionarán de manera acorde.
Una de las razones esgrimidas para justificar la persistencia de la militarización en el contexto latinoamericano tiene que ver con la proliferación de organizaciones criminales en el continente y la percepción de que han de ser confrontadas de manera violenta. Sin embargo, la realidad de países como México, El Salvador, o Brasil demuestra que el combate al crimen organizado con policías violentas produce más violencia y no resuelve el problema del crimen [7].
En efecto, la militarización es parte de las razones por las cuales la policía es violenta, pero no representa la historia completa. Después de todo, la militarización es un fenómeno extendido y sin embargo no todos los países exhiben los mismos niveles de violencia policial. Para entender por qué persiste la violencia policial necesitamos ver más allá de la organización policial.
BASES SOCIALES DE APOYO A LA VIOLENCIA ESTATAL
Amplios sectores de las sociedades latinoamericanas apoyan la implementación de estrategias violentas de seguridad interna; ya sea porque hay niveles altos de crimen, o porque existe la percepción de que hay gran inseguridad. Así como las policías identifican enemigos del orden social, también lo hacen las personas, y avalarán comportamientos agresivos en pos del mantenimiento del orden. De hecho, los niveles de apoyo a prácticas policiales violentas son extendidos incluso en comunidades con altas tasas de violencia y crimen. Esto es paradójico, dado que son estas mismas comunidades las que suelen pagar las consecuencias de este tipo de estrategias de seguridad. Las comunidades apoyan políticas de este tipo [8], posiblemente en contra de sus propios intereses, por razones complejas: en contextos de alta violencia las prácticas policiales violentas pueden ser vistas como el mecanismo más expeditivo para atacar los problemas de violencia cotidiana.
Pero el apoyo extendido a acciones policiales violentas no está limitado solamente a comunidades rutinariamente afectadas por situaciones de violencia. Mi investigación junto con otros colegas sugiere que distintos sectores de la sociedad han llegado a un consenso que identifica a otros segmentos sociales como merecedores de un tratamiento más violento por parte del Estado [9].
En contextos de baja información, las personas forman (pre)juicios respecto al comportamiento de otros con base en características sociodemográficas como la clase social, la raza, o la edad. La existencia de estos prejuicios respecto a qué tipo de personas son más proclives a cometer delitos genera las condiciones para justificar y avalar un comportamiento policial más violento hacia algunos sectores de la sociedad.
LA RELACIÓN ENTRE POLICÍA, BASES SOCIALES, Y POLÍTICA
Ante percepciones de aumento de la inseguridad, que pueden o no estar asociadas con un aumento real del crimen, los gobiernos necesitan reaccionar con políticas que sean visibles.
Los políticos están motivados por la necesidad de dar respuesta a las preocupaciones de los votantes para ganar elecciones. En la medida que la seguridad comienza a ser una de estas preocupaciones, se ven obligados a responder con políticas concretas. Las políticas de policía más violenta son menos costosas, más visibles, y más fáciles de implementar en el tiempo limitado de un gobierno. No hay nada más visible que la presencia de policías que se parecen a los militares, y la sensación de seguridad que generan para algunos, independientemente de su efecto sobre el crimen. Por ejemplo, la Guardia Republicana en Uruguay, o la Guardia Nacional en México, son policías militarizadas creadas para enfrentar cuestiones de orden público y prevención del crimen. En Chile, los Carabineros, que también tienen una estructura militarizada, históricamente han estado a cargo de la seguridad pública.
Además de la creación de nuevas unidades, o el reforzamiento de otras existentes, los gobiernos también recurren a la creación de leyes, o la implementación de regulaciones que habilitan actividades concretas, con posibles resultados violentos [10]. Un ejemplo claro de una ley que puede derivar en el aumento de la violencia policial es la recientemente aprobada Ley de Urgente Consideración en Uruguay. El artículo 1 de esa ley crea la figura de la “legítima defensa policial” eximiendo de responsabilidad al policía si actúa en defensa propia o de un tercero y aumentando la discrecionalidad y la dificultad de ejercer una adecuada rendición de cuentas.
Ejemplos de actividades concretas son las redadas a mitad de la noche, las detenciones breves con estándares bajos de evidencia (conocidas en otros contextos como “stop-and-search”), o el patrullaje por “puntos calientes,” una forma de desplegar a la policía en el territorio que implica enviar a más oficiales a lugares donde hay más crimen. La regulación de estas actividades—y no la ausencia de regulación— crea condiciones favorables al uso de la violencia por parte de las policías, porque incrementa las oportunidades para el contacto entre policías y residentes. Al incrementar el contacto se incrementan también las oportunidades para que se generen situaciones violentas. La ventaja de estas prácticas es que hacen visible la acción de los gobiernos, independientemente de su efecto sobre la reducción del crimen. De hecho, existe evidencia contradictoria respecto a la efectividad de, por ejemplo, el patrullaje por puntos calientes. Algunos estudios sugieren que no es efectivo[11], mientras que otros muestran efectos bajo condiciones específicas.
Dado que las sociedades suelen tener altos niveles de desconfianza en la policía, las políticas de policía más violentas se combinan con otras creadas para incrementar la rendición de cuentas, como las llamadas policías comunitarias. Con diversos formatos, las policías comunitarias suponen la creación de espacios de diálogo entre policías y comunidad como manera de transparentar información y de orientar la actividad policial en respuesta a las necesidades de la población. Este tipo de experiencias han tenido lugar en Argentina, Brasil y Colombia y en otros países más allá de América Latina, como Sudáfrica, India y Liberia. El problema principal de la inclusión de la sociedad civil en decisiones de policía es que, como vimos, existen posiciones encontradas respecto a los objetivos del trabajo policial, y fundamentalmente a los medios para lograr dichos objetivos. No es sorprendente entonces que los resultados de evaluaciones recientes sugieran que las policías comunitarias no reducen el crimen y tampoco aumentan la confianza de los individuos en la policía[12].
¿QUÉ PODEMOS CONCLUIR DE TODO ESTO?
Mientras no entendamos cuáles son los incentivos sociales y políticos para crear policías más violentas, los esfuerzos de cambio seguirán teniendo efectos limitados o nulos. Las reformas de policías se procesan en una tensión entre demandas de mayor transparencia y de mayor seguridad. Muchas de estas reformas van en el sentido de incrementar la capacidad y la rendición de cuentas como mecanismo para mejorar la efectividad y la confianza. De manera simultánea, otras reformas dan respuesta a reclamos de mayor seguridad a través de la creación expresa de mecanismos que conducen a policías más violentas.
¿Qué podemos hacer? En primer lugar, los políticos, que son quienes implementan cambios, necesitan sentir presión para implementarlos. Esto es cierto tanto para cambios que conduzcan a mitigar las condiciones favorables a la violencia policial, como en sentido contrario. Segundo, es necesario entender qué decisiones se toman en materia de políticas de policía y cuál es su impacto en el accionar policial. Esto significa que los ciudadanos hemos de reclamar la producción de más información de uso público por parte del aparato policial. Tercero, el rol de los activistas sociales es clave. Las sociedades necesitan entender que las políticas de policía violentas no producen mayor seguridad y presionar para la generación de otro tipo de respuestas. Por último, la capacitación policial no lo es todo. Por supuesto, las policías deben estar entrenadas, capacitadas, deben ser transparentes y responder ante situaciones de abuso de sus funciones. El problema es que todo eso está mediado por percepciones encontradas respecto a cuál es el rol de la policía en la sociedad. Mientras estas percepciones no cambien, no hay incentivos suficientes para el cambio en el comportamiento policial.
NOTAS Y REFERENCIAS
[1] González, Y. Disponible aquí.. World Politics. 2019;71 (1) :44-87.
[4] Entre enero y julio de 2019, sólo en Río de Janeiro, la policía ocasionó la muerte de 1,075 personas. Disponible aquí.
[5] De 110 países analizados en un estudio reciente, más del 75% cuenta con unidades de policía militarizadas. Disponible aquí.
[6] Flores-Macías, G. A., & Zarkin, J. (2019). The militarization of law enforcement: Evidence from Latin America. Perspectives on Politics, 1-20.
[7] Estudios recientes proveen evidencia de que la militarización de la policía genera más violencia. Ver por ejemplo para Estados Unidos, Mummolo, J. “Militarization Fails to Enhance Police Safety or Reduce Crime but May Harm Police Reputation,” Proceedings of the National Academy of Sciences 115, no. 37, 11 de septiembre de 2018. Parar México Espinosa, V., & Rubin, D. B. (2015). Did the military interventions in the Mexican drug war increase violence? The American Statistician, 69(1), 17-27, y Magaloni, B., & Rodriguez, L. (2020). Institutionalized Police Brutality: Torture, the Militarization of Security, and the Reform of Inquisitorial Criminal Justice in Mexico. American Political Science Review, 1-22.
[9] Estudio pre-registrado Disponible aquí.
[10] Estudios sobre la relación entre políticos y policía en Argentina muestran que cuando la policía tiene mayor autonomía del poder político tiende a regular los mercados de drogas de formas que generan más violencia.
[11] Blattman, C., Green, D., Ortega, D., & Tobón, S. (2018). Hotspots interventions at scale: the direct and spillover effects of policing and city services on crime in Bogotá.
03.10.2020
Fuente: https://www.ciperchile.cl/2020/10/03/por-que-persiste-la-violencia-policial/
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Anexo CT:
La influencia nazi en la Policía chilena
por Teresa Melipal/IzquierdaDiario.
La militarización en Carabineros de Chile comienza durante los primeros años del siglo XX. Otto Zippelius, connotado miembro del partido nazi- alemán, fue profesor de la Escuela de Carabineros y del Instituto Superior de Carabineros creado en 1939.
Según cuenta el historiador Carlos Maldonado Prieto , la primera actuación militar de Carabineros en actividades policiales se remonta a 1887, cuando el Escuadrón de Carabineros del Ejército comenzó a cooperar esporádicamente con la policía de Santiago o Guardia Municipal. Sin embargo, a partir del problema social en el sur por la falta de trabajo y sujeción a la tierra, en 1896 se conforma un “Cuerpo de Gendarmes de las Colonias” a cargo del ex veterano de la Guerra del Pacífico, Pedro Hernán Trizano, con el fin de servir de policía rural en Arauco, Malleco, Cautín, Valdivia y Llanquihue reprimiendo brutalmente, en forma despiadada y sin control.
La militarización de la policía chilena se instala a inicios del siglo XX, cuando en 1902 entra el Ejército a destinar un escuadrón de Gendarmes para combatir el “bandolerismo”. El general Emilio Körner, líder de la «prusianización» del Ejército, dirigió personalmente en 1906 la operación de fusión de los antiguos Gendarmes del sur y los del Ejército, constituyendo así el regimiento de Carabineros. Esta unidad militar comenzó contando sólo con 1.500 hombres, con destacamentos en Antofagasta, Tocopilla, Taltal, Santiago y Malleco, y hasta su propia Escuela de Carabineros, abierta en 1908.
Finalmente, en 1927 nace “Carabineros de Chile”, institución comandada y promovida por Carlos Ibañez del Campo, en su triple calidad de comandante del Cuerpo de Carabineros del Ejército y de ministro de Guerra e Interior. En esta oportunidad se unen las policías fiscales -conocidas como azules o pacos- y el Cuerpo de Carabineros dependiente del Ejército -llamados verdes o básicos-, y su carácter militar se consagraron en la Ley Orgánica de Carabineros del 23 de diciembre de 1927.
Nazis en Carabineros
El coronel Otto Zippelius, uno de los líderes de los instructores alemanes del Ejército, fue profesor de la Escuela de Carabineros y del Instituto Superior de Carabineros, creado en 1939, hasta el año 1941 -iniciada ya la guerra-, cuando pasó a retiro.
Pese a profesar públicamente la prescindencia política, el influjo germano parece haber sido incontrarrestable. De otro modo no se explica la activa participación de Carabineros – sobre todo su Orfeón- en actos que organizaban los nacional socialistas alemanes en Chile, representados por los funcionarios de la embajada, las instituciones que agrupaban a la colonia alemana avecindada -casi completamente infiltrada por el elemento nazi- y los propios instructores teutones. No parece explicable como muestras de simple hospitalidad y menos de neutralidad, la presencia sistemática de Carabineros, por ejemplo, en las festividades del plebiscito del Sarre, el aniversario de la toma del poder por los nazis, la conmemoración en honor del jefe nazi Wilhelm Gustloff y del general Erich Ludendorff, el cumpleaños de Hitler, la fiesta del NSDAP -partido nazi- con motivo del 1º de mayo, el Día del Soldado del Club Militar Alemán, e incluso en el recibimiento de Willi Köhn, jefe del partido, a su regreso del Congreso de Nürnberg de 1936. Precisamente el coronel Otto Zippelius, instructor de Carabineros, era un connotado miembro del partido nazi alemán -así como otros de sus colegas- y, en esa calidad, dirigía el Club Militar Alemán, una organización que tenía por objeto hacer confraternizar a uniformados alemanes y chilenos en torno a los postulados de admiración hacia Alemania y sus instituciones militares. Fue corriente que, con motivo de actos públicos organizados por los instructores alemanes, se realizara activa propaganda a favor de la «Nueva Alemania» y se analizara la posición de los uniformados chilenos a favor de Alemania en la guerra que se iniciaba. No solamente altos oficiales de las Fuerzas Armadas -y sobre todo del Ejército, en retiro y en servicio activo-, sino que también personal de Carabineros eran asiduos visitantes de dichos eventos, muchos de los cuales se realizaban en los propios cuarteles y regimientos chilenos.
La creación de las Fuerzas Especiales
La década de los años sesenta produjo un cambio significativo para la policía, pues en la medida en que se hacían más álgidas las tensiones sociales y por ende la lucha política en el país, Carabineros fue adquiriendo un perfil cada vez más enfocado a la lucha antisubversiva. Esto se vio reflejado en el surgimiento de destacamentos antimotines y en el aumento de la asesoría y equipamiento provenientes de los Estados Unidos. Desde 1962 Carabineros comenzó a usar cascos para actuar en manifestaciones públicas, y el 9 de febrero de 1963 se creó el Grupo Móvil, una unidad especializada en lucha contra manifestantes, pero la impopularidad de las medidas represivas que llevó a cabo el Grupo Móvil de Carabineros, motivó que una de las primeras medidas del gobierno de Salvador Allende fuera la de disolver este destacamento. Incluso, la Junta de Gobierno Militar tuvo que recomponer el nombre casi inmediatamente después del Golpe, rebautizándolo con el nombre de Fuerzas Especiales.
De archivo: 14-01-2019.
Fuente: https://www.laizquierdadiario.cl/La-influencia-nazi-en-la-policia-chilena
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