En palabras simples, un golpe de Estado.
No es la primera vez que ocurre en América Latina. Lo vimos antes. A través de una “destitución parlamentaria” se derrocó en Paraguay a Fernando Lugo, y más recientemente, en Brasil, a Dilma Rousseff. En ambos casos –como ahora- se usó el mismo argumento: cambiar a un mandatario porque se le considera “incapacitado moralmente”. En las acciones golpistas, verdaderas mafias que encubren sus zafios propósito tras encumbradas palabras.
Pero sí es la primera vez que se usa en el Perú el término “vacancia” para derribar a un gobierno. Cuando Fujimori, no hubo vacancia. El dictador se fue, huyó cobardemente y desde Japón envió un fax renunciando a su investidura. El Congreso declaró vacante el cargo, pero no “vacó” al fugado. Y con PPK tampoco hubo vacancia. El primer intento, fracasó. Y ante el segundo, el Presidente renunció. Vizcarra asumió el cargo por ausencia del titular.
Es entonces, la primera vez que se aplica en el Perú el procedimiento que depuso a Lugo y a Dilma. Pero aquí también se encubrió el caso con consideraciones “legalistas”.
Algún experto en Derecho Constitucional podría decir que aquí el Congreso de la República usurpó funciones. Asumió, en efecto las del Poder Judicial. Y es que es el Poder Judicial -y sus diversas instancias- el que determina la culpabilidad de alguien en la comisión de un delito. Aquí el Congreso -sin juicio alguno- decidió que Vizcarra era culpable de todo lo que se le acusa Y que, por eso, está “moralmente incapacitado” para gobernar. Así lo dijeron 105 parlamentarios, 68 de los cuales tienen denuncias por diversos delitos.
¿Vizcarra tiene culpas?. Sin duda, si. Si no penales -eso lo decidirá el PJ- , sí políticas. Pegado al Modelo Neo Liberal y al Dictado de Washington, no fue capaz de diseñar una opción acorde con las necesidades del país y las exigencias de la población. En suma, fue presa de sus propias limitaciones de clase.
¿Ha habido una suma de intereses tras este acuerdo de “vacancia”? Claro que sí. César Acuña y José Luna están tras el poder de Universidades Privadas que han sido cuestionadas. Y tienen acusaciones pendientes por las que tarde o temprano, tendrán que dar la cara. Pero no sólo ellos: Edgar Alarcón y Omar Chejade también tienen delitos que han sido probados -y no sólo denunciados- Y los fujimoristas, que podrían competir con la mafia de Al Capone en cualquier certamen internacional de ese corte. Todos han sumado voluntades, y votos.
Y hablando de intereses ¿habrá sido éste un “golpe” dado a espaldas de la embajada yanqui?. Porque Trump y su pandilla no andaban contentos con algunas cosas que asomaban aquí: la condena al bloqueo a Cuba; la llegada al Perú de las Brigadas Médicas de ese país hermano; las negociaciones para obtener la vacuna rusa contra el COVID; la desactivación objetiva del malhadado “Grupo de Lima”; la presencia del Primer Ministro peruano en la toma de mando del nuevo Jefe de Estado boliviano.
Por eso resulta injustificable la conducta de quienes no están metidos en ese entuerto, pero se han alegrado que él haya acontecido. No tienen brújula -o la han perdido-. Pero, sobre todo, no tienen sentido común. Ni siquiera olfato político. No son capaces de percibir quién es quién en el escenario político. Y entonces creen que la persona que ellos detestan, es el enemigo principal de todo el pueblo. Vuelcan coletazos de odio, retazos de resentimiento, complejos de minusvalía, sentimiento de culpa; para justificar impúdicamente lo que ha ocurrido. De todos modos, si son honestos, tendrán tiempo para arrepentirse
Lo que preocupa, es lo que vendrá. Porque no será “un congreso populista” dispuesto a darla al pueblo “todo lo que pide”, como cree la Gran Burguesía. Será un gobierno que busque prolongar su poder -o volver a él- a cualquier precio. Ya lo veremos.
Y veremos también quiénes serán los ministros, quién ocupará las carteras de economía, interior, educación y la Cancillería; quién ira a la Presidencia del Congreso -“el accesitario” está procesado-; quiénes serán calificados para integrar el Tribunal Constitucional; cuál será el trato que se dará a la SUNEDU; qué se resolverá en el tema de las inversiones mineras; cómo quedará la situación de los fiscales; y cómo los procesos incoados contra Keiko Fujimori y su Mafia. Y veremos también si se harán realmente las elecciones de abril con las reglas ya aprobadas, o si se intentará cambiarlas para admitir la reelección de congresistas y la “creación del Senado”, rechazado por el Plebiscito anterior
Hoy muchos preguntan, entonces qué hacer. Y sí, claro, hay -como decía Vallejo- muchísimo que hacer: protestar, denunciar, resistir; pero, sobre todo, trabajar para unir a la mayor parte del pueblo a fin de librar, en mejores condiciones, una batalla verdadera por la liberación nacional y social de nuestra patria.
Sólo anoche, y sin convocatoria previa, miles de personas se lanzaron a las calles en todo el país. En Lima, Huancayo, Arequipa y otras ciudades, espontáneamente se lanzaron a la calle en señal de protesta. No apoyan, necesariamente a Martin Vizcarra. Pero sí condenan resueltamente a la Mafia que ha ungido a Manuel Merino como nuevo Jefe de Estado. Ella, es claro. No nos representa.
10/11/2020
Corrupción: la máquina de deglutir presidentes peruanos.
por Mariana Álvarez Orellana/ CLAE (*).
También cayó el presidente Martín Vizcarra: a menos de dos meses de haberse librado de un primer intento de vacancia, el mandatario peruano fue destituido por el Congreso, que lo acusó de “incapacidad moral permanente”, una figura constitucional ambigua que deja un amplio margen de interpretación, pero se refiere a haber recibido sobornos años atrás cuando era gobernador de la sureña región de Moquegua.
A cinco meses de las elecciones un presidente del Congreso sonríe satisfecho al convocar a una sesión donde él mismo se colocará la banda presidencial que nadie le entregó. Solamente 19 votaron por salvar al mandatario y hubo cuatro abstenciones.
La decisión, señala La Otra Mirada, muestra la incapacidad moral de los más de 60 parlamentarios que tienen denuncias en la fiscalía o aquellos que tienen sentencia probada y que están esperando la decisión del congreso para que se levante su inmunidad parlamentaria.
“¿Cómo hemos llegado al punto que estos señores “padres de la Patria” con más de un cuestionamiento pongan en un mismo saco: chats, tablets, el caso Richard Swing, fotos trucadas, sobornos, vacunas, ¿entre otras cosas y cocinen una vacancia sin más prueba que una denuncia periodística basada en tan solo dichos de tres aspirantes a colaboradores eficaces que llevan más de dos años tratando de obtener beneficios en la fiscalía?”, se pregunta.
El panorama no es nada propicio, los líderes políticos que no están representados en el Congreso intentarán jugar sus propias cartas, mientras, en el medio, quedan los millones de pobres que se mueren no solo de Covid, ni de hambre, sino también de difteria, a los que no les llega el bono asistencial y a lo mejor ya ni les llegará, a los que quizá ni les llegue la vacuna de nada, a los que una pensión les parecerá un cuento de hadas eterno.
Vizcarra, de 58 años, había llevado la lucha contra la corrupción como principal bandera política desde que llegó al poder y, paradojalmente, fue destituido por el Congreso dominado por la oposición que lo acusó de incapacidad moral y de recibir sobornos hace siete años.
La moción de destitución del mandatario fue aprobada por 105 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones, superando ampliamente los 87 necesarios, al cierre de una sesión plenaria de casi ocho horas. Vizcarra descartó emprender acciones legales para revertir la decisión, al tiempo que las calles de Lima eran escenario de protestas contra la destitución, que fue repudiada además con un cacerolazo.
En un juicio anterior, el 18 de septiembre, Vizcarra fue acusado de instar a mentir a dos funcionarias del palacio de gobierno respecto de un cuestionado contrato realizado con un cantante, pero sus adversarios sólo consiguieron 32 votos. Así se convirtió en el segundo presidente que deja el cargo durante este periodo gubernamental de cinco años, que comenzó en julio de 2016.
Entre quienes votaron por sacar al presidente estuvieron los legisladores del fujimorismo, con una larga historia vinculada a la corrupción, y que hoy saborearon su venganza contra el hombre que les hizo perder su mayoría en el Parlamento y apoyó los procesos anticorrupción que llevaron a prisión a su jefa Keiko Fujimori.
También votaron su destitución legisladores del ultranacionalista Unión por el Perú, cuyo principales parlamentarios están acusados de corrupción y que es dirigido desde la cárcel por el ex militar Antauro Humala -hermano el expresidente Ollanta- en prisión desde 2004 por la muerte de cuatro policías durante la toma de una comisaría en un frustrado intento de derrocar al expresidente Alejandro Toledo.
Asimismo, los legisladores de Podemos Perú, partido dirigido por un empresario que se ha hecho millonario con el negocio de universidades de baja calidad y que hace dos días fue detenido, acusado de haber sobornado magistrados para lograr la irregular inscripción de su partido; un partido que responde a una secta evangélica.
También la mayor parte de los congresistas de Acción Popular, la agrupación del reemplazante de Vizcarra; un sector de la pequeña bancada del izquierdista Frente Amplio, que solo tiene ocho integrantes, y algunos otros parlamentarios.
Entre los pocos que se opusieron a la destitución de Vizcarra estuvieron legisladores del centrista partido Morado y un par de legisladoras del Frente Amplio, entre algunos otros, por los riesgos de inestabilidad en esta difícil coyuntura, pero exigieron que la fiscalía investigue las acusaciones contra Vizcarra, algo que ya está en curso.
Encuestas de Ipsos y del Instituto de Estudios Peruanos revelaron que el 79 por ciento de la población se oponía a cortar el mandato presidencial en esta coyuntura. Vizcarra tenía una aceptación de entre 54 y 57 por ciento, mientras que su reemplazante tiene una aprobación que apenas está entre 22 y 24 por ciento.
Chau Vizcarra
Ingeniero de profesión, Vizcarra, un casi desconocido para la ciudadanía, asumió el poder en marzo de 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, acorralado por denuncias de corrupción, un flagelo en este país que ha afectado a sus últimos cinco gobernantes. Kuczynski lo invitó a integrar su fórmula presidencial en las elecciones de 2016 por sus dotes para desactivar conflictos en un país donde las comunidades reclaman mayores beneficios por la explotación de recursos naturales.
Tras asumir el mando, Kuczynski lo incluyó en su gabinete para ocupar la cartera de Transportes y Comunicaciones, cargo al que renunció en mayo de 2017, tras duras críticas por aprobar cambios en un contrato de 520 millones de dólares para construir un aeropuerto. Su mayor reto en la presidencia fue la disolución del anterior Congreso en septiembre de 2019, luego de duros enfrentamientos con el Legislativo dominado por el partido Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, hija del exdictador Alberto Fujimori.
Cuando Pedro Pablo Kuzcynski fue cesanteado, el país no estaba frente a una emergencia sanitaria, ni a pocos meses de una elección, ni en medio de una crisis económica producto de la pandemia. Hoy el momento es distinto y las fuerzas congresales que prometen liderar el país no garantizan una transición ordenada, señala Fernado Pérez García en La Otra Mirada.
Y no la garantizan porque representan a los dueños de las universidades “chifa”, que quiere traerse abajo la reforma universitaria, al antaurismo radical y el fujimorismo revanchista que quiere tener fuera a sus líderes y a la derecha empresarial más achorada que quiere sabotear l
o poco que se avanzó en el proceso anticorrupción y que se paralizó por el coronavirus, añade.
Quién es Merino
Tras la destitución del presidente Martín Vizcarra por la ambigua figura de «incapacidad moral permanente», el titular del Congreso unicameral de Perú, Manuel Merino, asumió el mando en el Perú. La primera gran incógnita que tendrá que decidir es resolver si convocará a elecciones de inmediato (tal como indica la Constitución) o esperará hasta el 11 de abril, fecha que había pautado el ahora expresidente Vizcarra para las próxima votación nacional.
Y pese a que manejará el Poder Ejecutivo de Perú, Merino, ingeniero agrónomo y ganadero, de 59 años, fue un político de segunda línea siempre ligado a Acción Popular (AP), el partido centroderechista fundado en 1956 por Fernando Belaunde Terry. No es de las figuras más conocidas.
Ocupó una banca en el Congreso durante dos períodos: 2001-2006 y 2011-2016, en representación del departamento noroccidental de Tumbes, su tierra natal. Volvió al Congreso en enero último, cuando se realizaron elecciones para escoger el Parlamento, luego de que Vizcarra disolviera el anterior en septiembre de 2019.
La victoria de Acción Popular -la primera minoría del parlamento- lo proyectó a la Presidencia del cuerpo. Tomó notoriedad durante el primer intento frustrado de destituir a Vizcarra, tras tocar sin éxito la puerta de los cuarteles para pedir apoyo de los militares para que él asuma el poder, para pedir luego disculpas por el desliz.
“Tal vez hacer una llamada en las circunstancias de ese día puede haber sido inoportuna, por eso yo le expreso mis sinceras disculpas a las Fuerzas Armadas”, dijo luego de que dos altos jefes militares informaran al Ministerio de Defensa que Merino los había llamado para procurar el aval de ambos al proceso de vacancia que estaba por debatir el Congreso.
Ahora a Vizcarra le espera enfrentar las investigaciones de la fiscalía y probablemente los tribunales. El mismo destino de los últimos presidentes del Perú: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, el suicidado Alan García, Pedro Pablo Kuczinsky.
(*) Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Fuente: http://estrategia.la/2020/11/10/corrupcion-la-maquina-de-deglutir-presidentes-peruanos/
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