Fiscalía indaga espionaje al despcho de la magistrada Romy Rutherford que ha procesado a generales del Ejército por corrupción.
Estas son las imágenes de los agentes del Ejército investigados por espiar a la jueza Rutherford.
Uno de los dos hombres que figuran en el video que CIPER difunde junto a este reportaje es César Neira Medina, sargento primero del regimiento de Inteligencia “Soberanía”. En las imágenes vigilan el despacho de la magistrada Romy Rutherford, quien investiga causas sobre corrupción militar. Lo reconoció en la calle, mientras hacía el “punto fijo”, un antiguo camarada: el ex sargento Juan Pablo Díaz, uno de los testigos en los procesos que lleva Rutherford. Los agentes fueron grabados y Díaz entregó el material a la jueza. La denuncia por espionaje llegó al Ministerio Público y la indagatoria está en manos del fiscal Jaime Retamal.
El hombre de chaqueta oscura que figura en la foto inicial de este artículo, y en el video que acompaña este texto, es César Neira Medina, sargento primero que presta servicios para la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Las imágenes son de septiembre de 2019. El suboficial Neira se encontraba junto a otro sujeto –aún no identificado– en Morandé con Compañía, frente a la oficina de la ministra de la Corte de Apelaciones, Romy Rutherford, quien investiga millonarios fraudes en el Ejército. La grabación ya está en manos del Ministerio Público, donde se desarrollan indagatorias en el marco de una denuncia por espionaje a la magistrada.
Días antes de la grabación, y en esa misma esquina, el sargento Neira se topó con un antiguo camarada que lo reconoció. Era el ex sargento segundo Juan Pablo Díaz, quien también trabajó en el área de Inteligencia.
El diálogo, según la versión que Díaz entregó a CIPER, fue esclarecedor:
-¿Qué haces aquí?-, le preguntó a César Neira.
-Vigilando a los arrepentidos.
Juan Pablo Díaz es, precisamente, uno de los militares “arrepentidos”. Él fue blanco de la Operación Topógrafo, que consistió en interceptaciones telefónicas realizadas por el Ejército a los denunciantes de corrupción castrense. Por eso Díaz concurría a declarar al despacho de la ministra Rutherford. Pero el sargento Neira, al parecer, aún no lo sabía.
Díaz dijo a CIPER que, al darse cuenta de que la oficina de la jueza era vigilada por la DINE para identificar a quienes concurrían a declarar, de inmediato le avisó a su abogado, Cristián Cruz. Luego, con ayuda de algunos amigos organizó la grabación subrepticia de César Neira y su acompañante mientras hacían el “punto fijo”. Agregó que ambos agentes fueron vistos en ese mismo lugar en distintos días de agosto y septiembre de 2019.
El abogado Cruz señaló que las imágenes, junto a una declaración de su cliente, fueron entregadas el pasado 3 de febrero a la jueza. En el siguiente video puede ver parte de la grabación captada en septiembre de 2019:
La ministra Rutherford se excusó de responder preguntas sobre este episodio, pero en el Poder Judicial informaron a CIPER que envió los antecedentes a la Fiscalía. En el Ministerio Público confirmaron que se nombró al fiscal Jaime Retamal, de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, para llevar esta investigación.
El autor de este reportaje ubicó al sargento César Neira Medina en su domicilio, en la comuna de La Reina, y comprobó que se trata de la misma persona que aparece en las imágenes. Sorprendido, Neira admitió que es funcionario activo del Ejército. También dijo que desconocía la denuncia que lo involucra y que no ha sido llamado a declarar por este episodio. No respondió otras consultas.
El Ejército informó a CIPER que, a septiembre de 2019, César Neira estaba destinado al Regimiento N° 1 de Inteligencia “Soberanía”, situación que se mantiene hasta hoy.
DOS AGENTES EN FUGA
Esta no es la primera vez que se conocen antecedentes que apuntan a un operativo de espionaje militar sobre el despacho de la ministra Romy Rutherford. El pasado 5 de enero, La Tercera publicó una nota en la que informó que el 28 de agosto de 2020 Carabineros intentó controlar a dos sujetos en actitud sospechosa frente a la ventana de la oficina de la magistrada. Ambos escaparon corriendo, pero Carabineros pudo detener a uno de ellos y lo sometió a un control de identidad: era Aníbal Simón Fernández Gajardo, de 35 años, funcionario de la Dirección de Inteligencia del Ejército (vea acá el artículo de La Tercera).
La nota de La Tercera informó que pocos minutos después del control de detención la jueza se contactó con el comandante en Jefe del Ejército, general Ricardo Martínez. Según esta versión, el jefe de la DINE, general Pedro Varela Sabando, concurrió a dar explicaciones a la magistrada. El Poder Judicial informó a La Tercera que la ministra comunicó la situación al presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva.
La explicación que entonces entregó el Ejército a La Tercera es que los funcionarios de la DINE estaban resguardando a otros militares citados por tribunales: “Realizaban labores de seguridad a los efectivos de la institución que se encontraban cumpliendo diligencias en dichos tribunales, producto de algunas amenazas que se habían recibido a través de redes sociales”.
El ex sargento segundo Juan Pablo Díaz desestima esa explicación: “Si los agentes hubieran estado haciendo una vigilancia y protegiendo a los que van a declarar, no tenían por qué haber arrancado. Se hubiesen identificado, bajo perfil, y no hubiese pasado nada. Pero arrancaron y eso significa que no estaban haciendo seguridad”.
Fue precisamente la nota publicada por La Tercera a inicios de este año, dice Díaz, lo que terminó de convencerlo de entregar los antecedentes y las imágenes a la jueza.
“UNA MEDIDA DE AMEDRENTAMIENTO”
El abogado Cristián Cruz señaló que el fiscal Jaime Retamal ya tiene en sus manos la denuncia, las imágenes y una declaración del testigo Juan Pablo Díaz, donde identifica a uno de los individuos grabados como el funcionario de la DINE César Neira Medina.
Cruz sostiene que este episodio es parte de una sucesión de eventos que responden a una cultura instalada en el Ejército para tratar de frenar las investigaciones que afectan a los mandos castrenses:
-Estas actuaciones tienden a inhibir las denuncias, el conocimiento y la oportuna investigación de delitos-, dijo.
El abogado agregó que la grabación corresponde a “labores que nos parecen clara e inequívocamente de espionaje a las afueras del tribunal”. Para Cruz esta no puede ser una decisión aislada de un sargento. Y tampoco una actuación puntual, ya que la información que él maneja indica que los agentes fueron vistos en distintas ocasiones en estas funciones.
Juan Pablo Díaz estima que esto no tiene relación con temas de seguridad nacional, que es el argumento legal que permite operaciones de este tipo:
-Esto es simplemente para que los generales sepan lo que está pasando, quién va a declarar a la oficina de la ministra. Y una medida de amedrentamiento con respecto a los que están citados ahí, para que sepan que los están vigilando.
Algunas de las investigaciones de la jueza Rutherford involucran a oficiales que ocupan o han ocupado los más altos cargos de la pirámide militar. La indagatoria sobre gastos irregulares con cargo a viajes al extranjero, por ejemplo, incluye el periodo del actual comandante en Jefe, general Martínez. La magistrada también ha dictado procesamientos contra los ex comandantes en Jefe Humberto Oviedo (2014-2018) y Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014), por malversación de gastos reservados y delito reiterado de falsedad de documento público.
OPERACIÓN TOPÓGRAFO
En 2017 el ex sargento Juan Pablo Díaz Pino, el capitán Rafael Harvey, el ex teniente Carlos Farías Ramírez y el cabo primero Sergio Tudesca Órdenes, todos denunciantes o testigos de casos de corrupción en unidades militares, fueron blancos de escuchas telefónicas y seguimiento de sus comunicaciones en redes sociales. Era la Operación Topógrafo. A esta se sumó la Operación W, que afectó al periodista Mauricio Weibel, autor del libro Traición a la Patria, donde aborda el fraude cometido en el Ejército con millonarios recursos provenientes de la Ley Reservada del Cobre.
“El Ejército, a través de su Dirección de Inteligencia, ordenó espiar a cuatro denunciantes de corrupción dentro de la institución y a un periodista. Los siguieron, fueron operaciones de escuchas telefónicas e internet. Todos fuimos perseguidos por haber denunciado”, comenta Juan Pablo Díaz.
El Ejército respondió que el accionar de la DINE es regulado y fiscalizado por el Poder Judicial y que todas sus actuaciones contaban con la autorización de un ministro de corte, como lo estipula la Ley de Inteligencia. La institución montó estas escuchas porque sospechaba que se habían filtrado documentos de la Ley Reservada del Cobre que son considerados secreto militar.
LAS DENUNCIAS DE DÍAZ: BEBIENDO CON LOS PROVEEDORES
El ex sargento segundo Juan Pablo Díaz entró a la nómina de espiados en la Operación Topógrafo porque en 2011, cuando estaba destinado en el Regimiento Logístico N° 3 “Limache”, denunció al jefe de esa unidad, coronel Marcelo Iturriaga Molina, por salir a beber con proveedores con los que cerraba tratos de abastecimiento y por usar recursos fiscales y personal público para fines particulares.
Entre los proveedores que mencionó estaba Raúl Fuentes Quintanilla, empresario formalizado por cobrar millonarias facturas falsas en el caso “Milicogate” y cuyas empresas familiares hasta el año pasado seguían abasteciendo a Carabineros (vea el reportaje de CIPER “Empresario formalizado por ‘Milicogate’ es proveedor estrella de Carabineros”).
Con un historial que lo llevó formar parte de la escolta del entonces comandante en Jefe, general Juan Emilio Cheyre, y a desempeñarse entre 2006 y 2010 en el área de inteligencia, Díaz cuenta que tras hacer la denuncia fue víctima de acoso laboral. Trasladado al campo militar de La Reina, su entonces comandante, general Humberto Oviedo, lo sancionó por no seguir el conducto regular al solicitar a través de la Ley de Transparencia información sobre su destinación. Poco después se le acusó de intentar golpear al capitán ayudante de Oviedo.
Finalmente, su acusador, el general Humberto Oviedo, asumió como comandante en Jefe y dio de baja en 2016 a Juan Pablo Díaz Pino, con 19 años y 9 meses de servicio. Cuatro años después, en el mismo proceso en el que ahora Díaz figura como testigo, la jueza Romy Rutherford dictó procesamiento contra el general Oviedo.
Fuente: https://www.ciperchile.cl/2021/03/23/estas-son-las-imagenes-de-los-agentes-del-ejercito-investigados-por-espiar-a-la-jueza-rutherford/
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