Chile encubierto: la operaciones y subterfugios del poder fáctico militar.

El 27 de septiembre de 2017 el entonces director de Inteligencia del Ejército, general Schafik Nazal Lázaro, envió al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Poblete Méndez, una solicitud de autorización para interceptar las comunicaciones emitidas y recibidas por una línea telefónica de la compañía Movistar. En ese documento Nazal pide autorización para interceptar las comunicaciones telefónicas de una supuesta agente extranjera que recolectaba información sobre el Ejército. El ministro Poblete lo autorizó. Lo hizo sin saber que el número de teléfono que figuraba en el documento en realidad correspondía al periodista Mauricio Weibel Barahona, quien entonces investigaba casos de corrupción militar.

Ese documento de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), al que CIPER tuvo acceso, ya está en poder del Ministerio Público. La Fiscalía investiga la Operación W, como se denominó en la jerga militar el espionaje al periodista Mauricio Weibel.

“A través de antecedentes aportados por el Sistema de Inteligencia Institucional, se ha obtenido información respecto al accionar de un agente (tarjado en el original) en nuestro país identificada como (tarjado) cuyo objetivo sería la obtención de antecedentes estratégicos sobre el Ejército de Chile en la ciudad de Santiago”, señala el documento.

La solicitud, timbrada con el sello “Secreto”, señala que ante la imposibilidad de obtener más antecedentes “a través de fuentes abiertas”, se solicita la intervención del teléfono “por un periodo de 90 días” (vea aquí una copia del documento, los tarjados los hizo el Ejército antes de entregarlo a la Fiscalía, salvo el del número telefónico que fue hecho por CIPER para resguardar la privacidad de Mauricio Weibel).

 

Los datos del agente de inteligencia responsable del monitoreo también están tarjados.

La solicitud de la DINE incluyó la interceptación de las llamadas realizadas y recibidas desde ese teléfono, el acceso a sus mensajes de texto y las “coordenadas georeferenciales” emitidas por el sistema Vigía. Ese sistema permite saber a través de qué antena un celular se conectó a la red, facilitando su ubicación geográfica aproximada.

Dos semanas después, el 12 de octubre de 2017, la Corte de Apelaciones de Santiago envió un oficio a Movistar ordenando la intervención del teléfono celular (vea aquí). En ninguno de esos documentos oficiales y secretos, se menciona que esa línea era –y sigue siendo– de Weibel.

Las interceptaciones telefónicas hechas por la inteligencia militar deben ser autorizadas por un ministro de la Corte de Apelaciones. En este caso, el ministro Poblete la visó porque se le informó que correspondía al teléfono de un agente extranjero. Pero no era cierto. El Poder Judicial fue engañado: el Ejército usó este recurso para espiar al periodista que había descubierto el millonario fraude del “Milicogate” y que en 2016, un año antes de que se interceptara su celular, publicó el libro “Traición a la patria”, donde abordó el desfalco militar, mismo tema que trató en diversos reportajes difundidos por The Clinic.

CIPER consultó al Poder Judicial, a través de su oficina de Comunicaciones, por este episodio. Allí solo señalaron que “en el caso que se menciona no corresponde emitir ningún pronunciamiento tratándose de una causa desformalizada aún y que eventualmente puede ser conocida por un tribunal”.

OPERACIÓN W

El espionaje del Ejército a Weibel fue conocido como la Operación W. Lo destapó en 2019 un reportaje de La Tercera y pocos días después el entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, respaldó la operación ante la comisión de diputados que supervisa el sistema de inteligencia. Espina, quien ahora es miembro del Consejo de Defensa del Estado, señaló que la intervención se había hecho dentro del margen de la ley.

Lo mismo aseguró quien en 2019 ejercía como director de inteligencia del Ejército, general Guillermo Paiva. Cuando fue consultado por la prensa por el espionaje a Weibel, indicó que “las investigaciones que se han hecho han sido autorizadas legalmente por un ministro de la Corte de Apelaciones y con el amparo de la seguridad nacional, la inteligencia y la contrainteligencia”.

Lo que no dijeron ni Espina ni Paiva es que el documento que solicitó al Poder Judicial que autorizara la interceptación nunca mencionó que el teléfono de la supuesta agente extranjera era en realidad de Mauricio Weibel.

A través de una respuesta por escrito, el Ejército señaló a CIPER: “No ha existido engaño alguno en los antecedentes presentados al Sr. Ministro de la Corte de Apelaciones. Sobre el particular, éste contó con toda la información para la aprobación de dichas medidas, materia que fuera explicada en forma detallada en la instancia correspondiente, esto es, la sesión reservada de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia de la Cámara de Diputados y Diputadas”.

El comunicado agrega que “estas materias, actualmente investigadas por el Ministerio Público, tienen de conformidad a la ley, el carácter de reservadas, por lo cual, no nos resulta posible ahondar sobre éstas, ante su medio de comunicación”.

Respecto de por qué se informó al ministro de la Corte de Apelaciones que el teléfono era de una agente extranjera, no hubo pronunciamiento del Ejército (vea aquí la respuesta del Ejército a CIPER).

OPERACIÓN TOPÓGRAFO

Junto con la intervención telefónica a Weibel, el Ejército también puso en marcha la Operación Topógrafo, para espiar las comunicaciones de cuatro militares que denunciaban casos de corrupción al interior de la institución castrense: el capitán Rafael Harvey Valdés, el ex teniente Carlos Farías Ramírez, al ex sargento Juan Pablo Díaz Pino y el cabo primero Sergio Andrés Tudesca Órdenes. Pero en este caso, el Ejército solicitó a la Corte de Apelaciones que autorizara la interceptación por el riesgo de que se estuvieran filtrando documentos que pudiesen afectar la seguridad nacional.

El diputado Leonardo Soto (PS) presentó una querella por el espionaje a Weibel y a los cuatro militares denunciantes de corrupción. Esa acción judicial dio origen a una investigación penal a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Centro Norte. El director de la inteligencia militar entre 2016 y 2017, Schafik Nazal, ha declarado en calidad de imputado en esa causa. La indagatoria, todavía desformalizada y reservada, la lleva el fiscal Jaime Retamal. Se trata del mismo fiscal que investiga la denuncia del espionaje realizado por la DINE a la magistrada Romy Rutherford, quien investiga causas de corrupción militar (vea el reportaje de CIPER: “Estas son las imágenes de los agentes del Ejército investigados por espiar a la jueza Rutherford”).

Nazal declaró el 24 de octubre de 2019. Sobre las solicitudes de interceptación telefónica realizadas en 2017, aseguró que todo se había hecho según manda la Ley de Inteligencia: “Niego que traté de engañar al ministro de la Corte de Apelaciones que otorgó las autorizaciones, él estuvo de acuerdo conmigo y autorizó las interceptaciones telefónicas”, señaló. Y añadió: “Sobre detalles de la Operación Topógrafo, solo puedo señalar que se actuó bajo el amparo de la Ley 19.974, y estoy obligado a guardar silencio en relación a lo que se refiere a la operación”.

En agosto de 2019 la Fiscalía intentó ir más allá. El 23 de ese mes, el jefe de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Xavier Armendáriz, ofició al entonces subsecretario de las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli (actual subsecretario del Interior), para que entregara toda la información a la que tuviera acceso relacionada con la investigación judicial.

Armendáriz solicitó la nómina de los oficiales que han ostentado el cargo de director de inteligencia entre 2014 y 2019, y sus datos de contacto; la dotación de la DINE en 2017, con indicación de funciones de cada uno de sus funcionarios; todos los antecedentes con que contaba el Ministerio de Defensa sobre los hechos denunciados; que se informara la existencia de investigaciones internas o sumarios sobre los hechos denunciados; que se indicara si se habían presentado denuncias relacionadas al caso; que se aclarara si la DINE cuenta con equipos para interceptar teléfonos y que se precisara su ubicación; que se remitiera copia de los reglamentos o protocolos de uso de esos equipos y las solicitudes de interceptación telefónica a funcionarios del Ejército, activos o en retiro, que formaban parte de la indagatoria.

La Fiscalía también preguntó al subsecretario de las Fuerzas Armadas si los directores de la DINE han delegado funciones en otros funcionarios para que requirieran interceptaciones telefónicas.

Pero algo pasó. Un mes después, el 23 de septiembre de 2019, Armendáriz volvió a oficiar al subsecretario Galli: “Déjese sin efecto requerimiento de información”. Desde la Fiscalía Centro Norte indicaron que no se referirán ni entregarán información sobre una causa que está en curso.

Hay otros documentos sobre los que la Fiscalía sí insistió para obtenerlos. Se trata de los requerimientos judiciales reservados que le permitieron al Ejército poder espiar las comunicaciones de Mauricio Weibel y de los denunciantes militares de la corrupción.

DINE OBLIGADA A ENTREGAR INFORMES

El 25 de octubre de 2019 la Fiscalía solicitó al Ejército las autorizaciones judiciales requeridas a la Corte de Apelaciones para efectuar “interceptaciones telefónicas, y grabación de comunicaciones privadas, respecto del capitán Rafael Harvey Valdés, el ex teniente Carlos Farías Ramírez, al ex sargento Juan Pablo Díaz Pino, al cabo primero Sergio Andrés Tudesca Órdenes, y respecto del periodista Mauricio Weibel Barahona”.

Ahí comenzó un ir y venir de oficios y solicitudes que incluyeron al Ministerio de Defensa, ya que la información militar debe pedirse con la mediación de esa cartera. El 5 de marzo de 2020 la DINE autorizó a Schafik Nazal a entregar los antecedentes solicitados por la Fiscalía, lo que este concretó cuatro días después a través de su abogado, el penalista Jean Pierre Matus.

El problema es que los documentos entregados estaban incompletos y con información clave tarjada. Por ejemplo, la solicitud de la DINE que pedía a la Corte de Apelaciones la interceptación del teléfono de una agente extranjera, pero que en realidad era de Mauricio Weibel, tenía borrados los datos que identificaban a la supuesta agente y los antecedentes de quien se haría cargo de ese monitoreo telefónico.

La Fiscalía concurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago, la que el 27 de noviembre del año pasado ordenó la entrega de los documentos completos, sin información tarjada. El Ejército pidió anular esa decisión, lo que fue rechazado por la corte el 23 de diciembre. Ese mismo día los antecedentes se enviaron a la Corte Suprema. El máximo tribunal los devolvió a los ministros de la Corte de Apelaciones, quienes el 3 de febrero pasado volvieron a ordenar la entrega de los documentos.

En uno de esos oficios secretos el entonces jefe de la DINE, Schafik Nazal, argumenta que “en el desarrollo de las tareas de control (…) se ha detectado la filtración de documentos de carácter reservado o secreto por parte del ex funcionario Carlos Farías Ramírez (…) quien ha publicado o enviado dichos antecedentes a través de redes sociales de uso público, utilizando diferentes teléfonos móviles”. Pero otro documento reservado, enviado por la DINE el 29 de agosto de 2017 a la Corte de Apelaciones de Santiago, indica que la interceptación no había podido probar que el ex teniente Farías estuviera filtrando información reservada.

Fuente: https://www.ciperchile.cl/2021/03/29/el-documento-que-muestra-como-el-ejercito-engano-a-la-corte-de-apelaciones-para-espiar-al-periodista-mauricio-weibel/