Cuatro analistas examinan el laberinto sin salida de Piñera, acorralado por la Fiscalía y el Congreso.
Flanqueado por los ministros Juan José Ossa y Jaime Bellolio -Segpres y Segegob, respectivamente-, en la tarde de ayer, viernes 08 de Septiembre, el Presidente Sebastián Piñera tuvo que salir a dar un punto de prensa en La Moneda para reaccionar a la apertura de una investigación, por parte del Ministerio Público, por la compraventa del proyecto minero Dominga, realizada entre la familia del Mandatario y la de su amigo íntimo, Carlos Alberto Délano, según revelaron Ciper y La Bot, en el marco del caso Pandora Papers.
Lo anterior, por cierto, con un agregado aún más complejo: el antecedente de que esta transacción comercial, realizada en las Islas Vírgenes Británicas en el 2010, contenía una cláusula que condicionaba el pago de la tercera -y última- a cuota a que no se implementaran medidas regulatorias que obstaculizaran la instalación del proyecto en el sector de Las Higueras, Región de Coquimbo. Algo que el gobierno insistió, desde que estallara la denuncia el pasado domingo 03 de Septiembre, de que este hecho ya había sido conocido por las instancias judiciales, pero que en las últimas horas Fiscalía descartó.
En una hecho inédito, en tanto, el Presidente criticó la decisión de investigar del Ministerio Público, la que se sustenta ante la comisión de eventuales delitos de cohecho, soborno y vulneración a la normativa tributaria.
“No compartimos la decisión anunciada por la Fiscalía de iniciar una investigación sobre una causa que ya fue conocida y juzgada”, dijo Piñera, basándose en una pesquisa previa, realizada en el 2017, en el marco de la causa -relacionada- Exalmar.
El hecho de que el Presidente polemizara con la investigación de oficio del Ministerio Público, anteriormente había sido reforzada con la difusión de un comunicado de prensa, a nombre de la Presidencia de la República, sosteniendo una línea argumentativa similar: “Resulta difícil comprender la decisión tomada hoy por el Ministerio Público“.
“Gobierno en estado terminal”
Así, con una investigación penal, por un lado, y con una acusación constitucional ya anunciada por el conjunto de la oposición por el otro, el gobierno llega a las postrimerías de su mandato con la figura presidencial horadada por un flanco judicial en ciernes, y un desgaste político que incluso condicionan su continuidad hasta el próximo 11 de Marzo del 2022.
Sobre la posición política en la que queda el Ejecutivo tras el anuncio de la Fiscalía, el académico de la Facultad de Derecho de la UDP, Hugo Herrera, considera que “el Gobierno, políticamente, se acabó del 18 de Octubre, perdió la capacidad de impulsión. Entonces, en el sentido del liderazgo político, esto no afecta demasiado porque el propio Gobierno ya había dejado ese proyecto”, reflexionó el también ex asesor del otrora candidato presidencial, Mario Desbordes.
Esta lectura es compartida por el sociólogo Axel Callís, quien hace un diagnóstico del Ejecutivo que no escatima en fatalismo. “Este es un gobierno en estado terminal, un Gobierno que desde el Estallido Social está absolutamente desconectado del respaldo popular y de la gente. Si tuviéramos un régimen parlamentario, este Gobierno hubiera caído hace rato”, afirma el director de la encuestadora Data Influye.
“Es un Gobierno que se afirma en el presidencialismo. Goza de legalidad, pero en la legitimidad democrática que tiene está muy en cuestión”, agrega.
En tanto, el presidente de Chile Transparente, Alberto Precht, matiza la compleja situación del Gobierno basándose en la agitada contingencia de los dos últimos años, en los que ha tenido que sortear el Estallido de Octubre del 2019 y, posteriormente, la pandemia.
De todos modos, afirma: “Parafraseando al (ex) Presidente Lagos, uno espera que las instituciones funcionen, tanto de la Acusación Constitucional, que está ahí y que puede ser desechada o no, aunque yo soy de la idea de que los presidentes terminen su período. Pero, por otra parte, la arista penal tiene que investigarse y continuarse. Y si es necesario, formalizarse y acusarse”, finaliza el abogado.
Como complemento, Callís aborda cómo esta nueva investigación que recae sobre el Presidente, afecta a la desconfianza ciudadana con el Gobierno que, según la última encuesta CEP, sólo supera en legitimidad al Congreso y a los Partidos Políticos.
“La desconfianza entre el gobierno con la ciudadanía se centra esencialmente en Sebastián Piñera. Él es el principal eje de desconfianza, porque en general el gobierno es bastante liviano, intrascendente. Entonces no hay ministros que uno pueda decir que tienen un poder”, afirma el sociólogo.
“El Gobierno, políticamente, se acabó del 18 de Octubre, perdió la capacidad de impulsión. Entonces, en el sentido del liderazgo político, esta investigación no afecta demasiado porque el propio Gobierno ya había dejado ese proyecto”, afirma Hugo Herrera.
En tanto, para el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, este nuevo golpe que cae sobre La Moneda, aparte de poner al Gobierno en el ojo del huracán, podría también impactar en la recta final de la campaña presidencial.
“El Gobierno, que parecía encaminado hacia un fin de mandato ya sin mayor protagonismo, luego de estos hechos se vuelve al centro del debate ya que estamos inmersos un ciclo electoral que va a polarizarse a raíz de estos hechos, y muy especialmente, la figura presidencial que ha tenido bajos índices de aprobación ciudadana. Es decir, complica la gestión del Gobierno y se transforma en factor en la campaña presidencial”, finaliza el analista, militante de RN.
En la misma línea, con la Fiscalía y la Cámara respirando en la espalda del Gobierno, Herrera se la juega por una interpretación en la que el más trasquilado del asunto sería un observador -aparentemente- pasivo de todo este asunto: Sebastián Sichel.
“El problema es que esto puede salpicar a la candidatura de Sichel, que se ve muy cercano al gobierno, sobre todo porque el tipo de planteamiento de Piñera y de Sichel son muy similares”, dice Herrera, quien complementa afirmando que esto podría, incluso, confundir al electorado.
“En la subliminal, ocurre que se te junta que Piñera no sólo pone la economía sobre la política, sino que los intereses económicos propios sobre la política. Y en el caso de Sichel, que no emerge de un partido político, sino que son empresarios los que lo levantan, el electorado dice ‘pucha, acá hay un contubernio’. Más allá de que en el proceso Piñera salga como inocente”, finaliza el filósofo.
Fiscalía: ¿Lavado de imagen por reacción tardía?
En tanto, la apertura de la investigación también ha traído cuestionamientos a la Fiscalía por su accionar en el marco del caso Exalmar el 2017 que, entre sus aristas incluía la documentación referente a Dominga, y que terminó con el sobreseimiento de Piñera. Hecho que ha sostenido la defensa del Presidente en los últimos días.
De hecho, estos cuestionamiento vinieron incluso desde las filass oficialistas. “Esto demuestra que la investigación que se hizo en la Fiscalía Oriente fue desprolija o mal hecha”, dijo el Senador Manuel José Ossandón (RN) en un video que difundió a través de sus redes sociales.
En esta misma línea, para Axel Callís la decisión de la Fiscalía podría obedecer incluso a una mejora de su imagen ante la ciudadanía. “Lo que aparece ahora es un intento de lavado de imagen de parte de la Fiscalía, de último minuto, pegándole a un Presidente que ya está en el suelo”.
“Esta desconfianza de la ciudadanía en la Fiscalía es desde los últimos cinco o seis años, desde que asumió el Fiscal Abott (como Fiscal Nacional) y su doctrina de la protección de las personas que tienen algún tipo de importancia en la opinión pública o dentro del Parlamento o Gobierno”, agrega Callís, quien finaliza: “La Fiscalía se enterró cuando desistió de investigar en el caso de Soquimich y las facturas fraudulentas”, remata el experto electoral.
Esta postura, sin embargo, no es compartida por Precht, quien considera que la decisión de la Fiscalía “sin duda es acertada”.
“Es una buena decisión de confianza e independencia de las instituciones. Lo que tiene que hacer el Ministerio Público es investigar eventuales delitos, más allá del principio de inocencia. Eso es positivo”, agrega el jurista especializado en asuntos de probidad y transparencia.
“También es bueno que se eliminen niveles de incertidumbre que pudiesen haber, por lo que es bueno que haya sido pronto. Y también que se haya conceptualizado cuáles son las nuevas aristas que se están investigando”, complementa el Presidente de Chile Transparente, quien considera que el cuestionamiento del Ejecutivo al Ministerio Público no implica un choque entre ambos poderes del Estado.
“No hay una colisión de poderes. Entiendo que es evidente que si el Presidente se le llama a declarar, va a tener que hacer su declaración con el fuero que tiene el Presidente, que es declarar en el Palacio de gobierno. Efectivamente, esto fue investigado y si se presta toda la colaboración, no debería haber problema”, afirma Precht.
“Si el Ministerio Público ve que no hay nuevos antecedentes, o que efectivamente no se debe formalizar una investigación, lo que va a hacer es no perseverar y esto se va a terminar archivando. Pero es importante que el Ministerio Público tome algún tipo de acción, más si se entiende que hay antecedentes que son nuevos y que son relevantes de investigar”, finaliza el jurista.
Fuente: https://www.theclinic.cl/2021/10/09/rasgunando-hasta-marzo-cuatro-analistas-examinan-el-laberinto-sin-salida-de-pinera-acorralado-por-la-fiscalia-y-el-congreso/
Análisis: La soledad de La Moneda y el impacto en Chile Vamos por la investigación del caso Dominga.
por Ex-ante
En términos legales, la clave de la investigación sería qué tipo de diferencias hay entre el contrato firmado en inglés y el en español que examinó el ex fiscal Guerra cuando indagó el caso Exalmar. En La Moneda dicen que están tranquilos, ya que no serían relevantes, y afirman que el mismo Ministerio Público los calificó de “muy similares”. En lo político, lo complejo es la soledad del Presidente: desde Chile Vamos no han salido a defenderlo, por las dudas sobre el caso y porque estiman que sería hacerle el juego a la oposición, a la que nada le gustaría más que la derecha defendiera a Piñera en la recta final de la campaña presidencial y parlamentaria.
Qué observar: La decisión del Fiscal Nacional Jorge Abbott de investigar el caso Dominga cayó como un balde de agua fría en La Moneda, pero fue todo menos una sorpresa. La política de la Fiscalía, de la Contraloría y de los organismos fiscalizadores del Estado es indagar hechos de alto impacto, para no dejar mantos de duda en la opinión pública respecto de su comportamiento, no ser acusados de omisión.
- La justificación de la Fiscalía se basa en los siguientes puntos:
- 1) Los hechos relacionados con la compraventa de Dominga no están expresamente incluidos en la decisión de sobreseimiento del Cuarto Juzgado de Garantía del año 2017. Vale decir, no son cosa juzgada. El motivo es que lo que investigó el ex fiscal Manuel Guerra en su momento fue el caso Exalmar, pero no habría profundizado en la arista Dominga.
- 2) Un antecedente no incorporado en esa investigación es el contrato en inglés del 10 de diciembre de ese año, que materializa un acuerdo previo, que era de octubre de ese año, sobre la compraventa, suscrito en Islas Vírgenes Británicas. “Y ese es un antecedente nuevo”.
- 3) La Fiscalía reconoce que el acuerdo de octubre estaba incorporado en términos “efectivamente muy similares” a la redacción del contrato en inglés, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, en relación al pago. “El contrato de Islas Vírgenes Británicas tiene una fecha cierta para efectos de materializar el pago”.
- 4) El caso, según el Ministerio Público, podría constituir un delito de cohecho. El pago del contrato estaba condicionado a una decisión del Presidente (vale decir, si decretaba la zona cercana al proyecto de Dominga como parque natural inviabilizaría el proyecto y eso no ocurrió).
- 5) Finalmente, la Fiscalía prometió hacer una investigación lo más rápida posible.
- Abbot puso a la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivanci, de su estricta confianza a cargo del tema. Ella lleva además las querellas por violación a los DDHH contra Piñera, que Abbot también radicó en esa fiscalía regional.
Los descargos de La Moneda. Horas después de que la Directora Anticorrupción de la Fiscalía, Marta Herrera, saliera a comunicar la investigación, el Presidente salió a reiterar que es inocente y a discrepar de la decisión de Abbot. En Palacio señalan que la única diferencia en los contratos es que el monto de la primera cuota es inferior en el contrato en inglés. Pero la tercera -la cláusula de la discordia, relacionada con que no hubiera un parque natural- es idéntica.
- Las declaraciones de la propia Directora Anticorrupción, al anunciar que el tema sería investigado, son exhibidas como prueba por La Moneda de que las diferencias entre los dos contratos son mínimas, y avalan la tesis que el Ministerio Público abrió el expediente sobre todo para no ser acusado de omisión en el tema.
- “…Ese acuerdo de octubre estaba incorporado en términos que efectivamente son muy similares a la redacción del contrato en inglés, pero con diferencias, por ejemplo, en relación al pago del precio… perdón no es una diferencia en lo sustancial, pero sólo el contrato de Islas Vírgenes tiene una fecha cierta para efectos de materializar el pago”, es una frase de la Directora Anticorrupción que subrayan en Palacio.
La soledad del Presidente. Sin embargo, son los efectos políticos de la decisión de la Fiscalía agravan una situación que en ese ámbito ya era complicada.
- En primer lugar, al decir que hay antecedentes nuevos -más allá de la polémica sobre su real relevancia- se está contradiciendo al Presidente, quien antes había asegurado que no existía ninguna novedad en el reportaje dado a conocer en los Pandora Papers, publicados por Ciper y LaBot.
- Al poner ese manto de duda fortalece la decisión de los partidos opositores de impulsar una acusación constitucional a casi de un mes y medio de las elecciones presidenciales y parlamentarias.
- Pero tal vez el factor que más impacta en el Palacio Presidencial es la total ausencia de respaldo por parte de Chile Vamos, donde incluso algunos parlamentarios han puesto en duda su voto.
- Los análisis son que finalmente la coalición oficialista no dará sus votos para destituir al Presidente, aunque es posible que existan algunos descolgados. Se espera que la oposición sume los votos necesarios en la Cámara de Diputados (se aprueba por mayoría simple y a los partidos opositores les bastan sus propios votos). En el Senado los cálculos de La Moneda hasta ahora apuntan a que no pasará, dado que se requieren 2/3 para aprobarla, una meta muy difícil.
El factor electoral. En las filas de Chile Vamos, donde la desafección con el actual gobierno es inmensa, señalan que no están dispuestos a salir a defender al Presidente, dada su impopularidad, más allá de expresar que aprobar una acusación constitucional ad portas de una elección presidencial solo agravaría la crisis del país y que se trata de una maniobra de la oposición con vistas a las elecciones.
- El consenso en la coalición oficialista es que en la oposición lo que más quieren es que Chile Vamos salga a defender al Presidente y, según señalan, pague los costos electorales de respaldar a un gobierno impopular y a un Jefe de Estado que en más de una ocasión se ha visto envuelto en controversias respecto de la mezcla de negocios y política.
- El anuncio de la Fiscalía solo refuerza esa opción.
- Así se entiende también la posición de franca distancia que ha tomado con La Moneda el candidato oficialista Sebastián Sichel, quien ha pedido más explicaciones y transparencia.
Fuente: https://www.ex-ante.cl/analisis-la-soledad-de-la-moneda-y-el-impacto-en-chile-vamos-por-la-investigacion-del-caso-dominga/
Descubre más desde Correo de los Trabajadores
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Be the first to comment