Chile represivo: mientras los presos siguen esperando

Mediante la constante presencia en el Congreso Nacional para contribuir en el debate parlamentario, hasta adoptar medidas radicales como la huelga de hambre y encadenamientos en el Puente Pío Nono, las familias y agrupaciones han urgido a que el proyecto finalmente sea votado en la sala del Senado. No obstante, este período legislativo está pronto de culminar y la iniciativa no ha logrado superar el primer trámite. 

Un rezago que persiste

Este miércoles en la breve sesión de la Comisión de Constitución se prorrogó una semana más el plazo para el ingreso de indicaciones. Esto en atención a que ningún parlamentario, salvo el senador Juan Ignacio Latorre (RD)- uno de los autores de la iniciativa-presentó indicaciones al proyecto. Un hecho que ha provocado indignación considerando que al momento de encontrarse en sala, los y las senadoras decidieron devolver el texto a la Comisión presidida por Pedro Araya para que fuese revisado en particular considerando precisamente el ingreso de indicaciones al proyecto de ley.

Asimismo, la comisión acordó pedir un nuevo informe al Ministerio Público, a la Defensoría Penal Pública y al Poder Judicial para obtener un reporte pormenorizado sobre los y las denominadas presas de la revuelta, a modo de conocer, “las causas por las que están siendo investigados, cuáles personas aún se encuentran privadas de libertad y esto con el objeto de poder establecer un cierto marco respecto de hasta donde debe llegar el indulto“, sostuvo el senador Araya.

“Lo que estamos buscando como comisión de Constitución es tratar de generar un acuerdo político que permita darle viabilidad técnica al proyecto de ley de indulto y que al final del día pueda ser aprobado en la sala del Senado porque si el Senado llega a rechazar este proyecto cualquier iniciativa respecto del indulto o la amnistía tiene que esperar un año para volver a ser tratada en el Senado. Claramente no queremos que eso ocurra”, señaló.

Pero para efectos de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta, la dilación no se comprende. La vocera de la organización, Verónica Verdugo, afirmó que el indulto debió haber sido votado en noviembre, sin embargo, desde ahí en adelante “el proyecto solo ha estado guardado en el escritorio de Pedro Araya”, aseveró.

“Ya no tienen qué pretexto usar. Para qué piden más información de los detenidos si hay un catastro que el abogado de la mesa técnica del proyecto de ley elevó hace muy poco, entregó ese catastro de información de quienes eran los detenidos, cuántos eran y resulta que la senadora Rincón también pidió a Gendarmería un catastro, por lo tanto no es falta de información la que tienen, es falta de voluntad política. No hay empatía con los presos de la revuelta que llevan más de dos años en cárceles esperando juicios y otros ya condenados con altas penas”.

Por otro lado Verdugo hizo hincapié en el hecho de que las detenciones se realizaron el marco de la protesta social, que es uno de los argumentos que se esgrime en el proyecto de ley de indulto al señalar que diferentes organismos, tales como la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han alertado sobre la manipulación del poder punitivo con fines de criminalización de la protesta social. 

“No hay ningún preso de la revuelta que esté imputado por hechos de sangre, acá claramente los pocos casos que hay por homicidio frustrado, son delitos aumentados y que pueden ser obviamente discutidos y se pueden caer fácilmente, y por eso es que nosotros pensamos es que es falta de voluntad política, porque no hay hechos graves, no hay ninguna Pyme que se querelle contra los presos de la revuelta por alguna quema, todos los delitos que había de saqueo están todos en libertad porque se pudo comprobar que no eran efectivos”, sostuvo Vedugo.

La senadora del PPD y una de las autoras del proyecto, Adriana Muñoz, explicó que la iniciativa ha sido bastante observada y criticada por distintos colegas de todas las bancadas, no así la idea de legislar en cuanto esto se aprobó con votos de la oposición, mencionó. Pero, “desde el Gobierno, desde los distintos ministerios, de Justicia y de los parlamentarios de derecha han puesto en cuestión si aquí se trata de un blanqueo de personas que son en su opinión, personas que han realizado actos vandálicos y delictuales, entonces ahí hay una situación bastante compleja que hay que abordar”.

Todo indica que el proyecto sería heredado al gobierno de Apruebo Dignidad dado que los plazos no darían para que el texto pase al hemiciclo del Senado antes que culmine este ciclo legislativo. Así las cosas, esta es una materia en la que hay intenciones de echar mano por parte del equipo del Presidente electo, considerando que un día después de las elecciones presidenciales, el colaborador más cercano de Boric, Giorgio Jackson, manifestó la pretensión de retirar las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado. Una afirmación que si bien fue matizada por el próximo mandatario, es bien vista por quienes promocionan y defienden el indulto.

“Puede ser revisada mirando los casos, por supuesto resguardando el estado de derecho, resguardando el debido proceso, resguardando la situación particular de las personas y yo creo que el retiro de las querellas puede ser un camino que facilite más hacer justicia para tantos jóvenes que están presos ya casi dos años de los cuales no hay hasta ahora un juicio y que están ahí sin poder saber cuál es su condición, entonces creo que si hay un acuerdo del nuevo gobierno, de las nuevas autoridades se podrá avanzar en un camino distinto a la iniciativa de ley” agregó.

Por su parte Verdugo consideró que así como el retiro de las querellas, el próximo gobierno puede adoptar otras medidas para liberar a los y las detenidas. “Puede ver los indultos presidenciales, que esperamos que también dé respuesta a buscar otras estrategias. Si la ley indulto no es votada ahora obviamente la idea será buscar todos los apoyos e instancias para que sea aprobada y también otras medidas, que se derogue la ley anti-barricadas también eso para nosotros es fundamental“.

“Nosotros esperamos que el nuevo Ejecutivo tenga una posición distinta”, señaló Araya al respecto, en la medida que la administración de Sebastián Piñera determinó no avanzar en ningún proyecto de ley que implicará la liberación de los detenidos en el marco de las protestas, razón por la cual los parlamentarios no han tenido la colaboración del Ministerio de Justicia, indicó.

“Hay algunas modificaciones que de ser necesarias probablemente van a requerir el patrocinio del Ejecutivo para poder operativizar el indulto o la amnistía entonces en esta línea será mucho más fácil poder trabajar con un Ejecutivo como es el de Gabriel Boric que está más sensible a este tema”, manifestó.