Las revueltas populares en América Latina y los caminos construidos.

La América Latina que aún respira.

Por Cecilio Osorio/El salto.

En 2019, América Latina despertó de un largo letargo que puso en jaque a varios gobiernos de la región. A dos años de estas movilizaciones, la región plantea un futuro más incierto, inmersa en una profunda crisis económica y social con gobiernos que siguen apelando a la represión como primera respuesta.

En 2019 miles de latinoamericanos tomaron las calles reclamando un cambio. Una especie de primavera conformada por estallidos y levantamientos sociales que nucleó a actores con demandas heterogéneas. Movimientos indígenas, campesinos, pensionistas, sindicales, feministas, movimiento LGTBI, disidencias. También a una masa indignada que emergió casi sin organización, que no se sentía representada por el sistema político ni formaba parte de ningún movimiento social. 

Las protestas de los últimos años no responden a las revoluciones de antaño ni necesariamente apelan a un sujeto de cambio, algo que plantea un desafío para su articulación. La mayoría son jóvenes de las periferias, que sin un futuro laboral y fuera del sistema educativo, reclaman oportunidades. Los une la rabia y el hartazgo, ser hijos e hijas de las políticas neoliberales y extractivas que desde hace décadas excluyen y empobrecen a las sociedades latinoamericanas. Aunque logran frentes comunes: renta básica, empleos dignos o la recuperación de servicios públicos. Y algunos caminos de salida: la Convención Constitucional en Chile, el Comité Nacional de Paro en Colombia o el trabajo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que logró aupar a sus espaldas las demandas de miles de ecuatorianos. 

Contra el paquetazo de Duque

Colombia es uno de los pocos países en el que las movilizaciones casi no se detuvieron y volvieron a estallar con fuerza en abril de 2021. Incluso en medio de la pandemia, con las fronteras cerradas y el país militarizado, la población siguió manifestándose en contra de las políticas económicas y sociales del presidente Iván Duque. En 2019, las manifestaciones lograron algo inédito: hundir una reforma fiscal y la renuncia del ministro de Hacienda. Bajo la consigna “contra el paquetazo de Duque” se conformó el Comité Nacional de Paro, que estableció una agenda de peticiones al Gobierno que en 2021 se organizó bajo el lema “Por vida, paz, democracia y en contra del nuevo paquetazo”.

“Lo más importante de esta coyuntura es que el movimiento social ha logrado instaurar una agenda social en Colombia. Hoy el país discute los diez puntos del pliego de emergencia, que luego convertimos en diez proyectos de ley que presentamos al Legislativo. Está el tema de la renta básica, de 231 dólares para siete millones y medio de familias; el pago de la matrícula para los jóvenes estudiantes de las universidades públicas; el financiamiento de las nóminas para las pequeñas y medianas empresas; la refinanciación de las deudas de los pequeños campesinos arruinados por los tratados de libre comercio”, señala a El Salto Francisco Maltés, vocero del Comité Nacional de Paro y presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. 

“Se ve poco desde afuera, pero hoy la sociedad colombiana es más progresista que hace cinco años. Ve las cosas de otra manera, antes solo discutía la guerra y no se discutía la matriz productiva, los derechos sociales”

Sin embargo, el Gobierno sigue cerrado al diálogo y no apoya ninguno de los proyectos presentados. Su respuesta ha sido una sola: reprimir y militarizar. En un informe titulado Cifras de la violencia en el marco del Paro Nacional 2021, la organización Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) indicaron que el Gobierno privilegió el uso extralimitado de la fuerza sobre el diálogo y se encarnizó con la población más joven. Además, los asesinatos a líderes y liderezas sociales siguen ocurriendo de manera dramática. Más de 300 firmantes de los acuerdos de paz fueron asesinados.

Los estallidos en el país tienen como telón de fondo los acuerdos de paz de 2016. En estos días se cumplieron cinco años de la firma y un efecto bastante inmediato fue el incremento de las protestas sociales. Durante años, la participación ciudadana en las calles estuvo paralizada por el miedo de la población a ser considerada parte de la insurgencia. “Se ve poco desde afuera, pero hoy la sociedad colombiana es más progresista que hace cinco años. Ve las cosas de otra manera, antes solo discutía la guerra y no se discutía la matriz productiva, los derechos sociales. Hay un efecto muy sutil en la cultura política colombiana que empieza a dar sus frutos”, indica Javier Calderón, miembro del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. De hecho, el próximo año, Colombia elegirá nuevo presidente y existen altas probabilidades de que el Pacto Histórico, liderado por Gustavo Petro, y la Coalición de la Esperanza, conformadas por partidos políticos y movimientos sociales con ideologías de centroizquierda a izquierda, obtengan un buen resultado en las urnas. 

La emergencia indígena

En el caso de Ecuador el estallido de 2019 se produjo tras el anuncio del Gobierno de Lenín Moreno de eliminar el subsidio a los combustibles. Una decisión que mostraba su viraje económico hacia políticas de corte netamente neoliberal. Pero luego de 11 días de manifestaciones lideradas por la Conaie la población logró derogarlo. Sin embargo, en medio de la pandemia y antes de terminar su Gobierno, Moreno aprobó una serie de decretos que aumentó de nuevo el precio de los combustibles, medida que mantuvo Guillermo Lasso, quien asumió la presidencia en mayo de 2021. 

Desde hace seis meses, en una mesa de diálogo instalada con el Gobierno, los movimientos indígenas plantean que se revisen estos decretos. Sin embargo, no han recibido respuesta por lo que piensan retomar las protestas en enero de 2022. Apawki Castro, exdirigente de la Conaie, señala que “ahora el movimiento indígena aparece como el contrapoder directo, como una vocería convocante para frenar las distintas acciones o intereses de aplicar los proyectos neoliberales. El reto es seguir sosteniendo esta referencia histórica en el país desde lo interno, pero también aglutinar las distintas fuerzas para seguir defendiendo los derechos y las propuestas que vienen desde los sectores populares”.

Inti Cartuche, sociólogo kichwa, militante del movimiento indígena, señala que quien derrotó al progresismo en Ecuador no fue tanto la derecha sino posiblemente una izquierda que prefiere una opción diferente

Un elemento importante de octubre de 2019 fue la resistencia al correísmo, la gente tomó la calle cansada de la pérdida de autonomía que había generado el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), que terminó acaparando todo el campo popular. En las elecciones de 2021, el Movimiento Pachakutik, plataforma política conformada por los movimientos indígenas y que salió tercero en la primera vuelta, llamó al “voto nulo ideológico”, lo que constituyó un duro golpe para la candidatura de Andrés Arauz, candidato de Correa. Inti Cartuche, sociólogo kichwa, militante del movimiento indígena, señala que quien derrotó al progresismo no fue tanto la derecha sino posiblemente una izquierda que prefiere una opción diferente. 

“Se demostró que hay otras alternativas a esa dicotomía instalada en la política latinoamericana: neoliberalismo versus progresismo, que deja por fuera otras posibilidades de las organizaciones populares y de la misma izquierda. El gran reto ahora es poder articular todo el campo popular dentro de una plataforma amplia que represente los intereses más cotidianos de las personas. En cambio, la derecha y todo el discurso neoliberal toca el sentir más cotidiano de la gente en temas de seguridad, el problema de la migración venezolana, y la crisis económica que se siente en el día a día”, señala Cartuche. 

Para Belén Valencia, de Ruda Colectiva Feminista, los desafíos para Ecuador siguen siendo enormes, incluso considera que el país “está atravesando su peor momento”. Según un estudio de la Fundación Donum titulado Covid-19, la tragedia de los pobres, Ecuador retrocedió diez años en pobreza durante la pandemia.

Según un estudio de la Fundación Donum titulado ‘Covid-19, la tragedia de los pobres’, Ecuador retrocedió diez años en pobreza durante la pandemia

“Las calles están a reventar de gente que no tiene un techo donde vivir, no tiene un plato de comida. Además no es una crisis multidimensional que veas que vaya retrocediendo, de que haya más empleo u otras posibilidades. Nos enfrentamos al discurso fascista del Gobierno donde pareciera que los migrantes o las personas empobrecidas que han sido obligadas estructuralmente a buscar una forma de sobrevivir son los enemigos a combatir. Hay un despliegue de fuerza militar y policial en la calle que puede hacer lo que le dé la gana”, dice Valencia. 

Octubristas y noviembristas 

“En Chile hubo varios estallidos dentro del estallido”, señala Fernado Pairican, historiador mapuche. El 6 de octubre de 2019, el alza en la tarifa del sistema de transporte público hizo que estudiantes secundarios llamaran a evadir el pago bajo la consigna “evadir, no pagar, otra forma de luchar”. Pero esta fue la primera foto. Enseguida se sumaron muchos más afectados por un modelo económico que hasta ese momento se había vendido como exitoso, incluso como ejemplo para los demás países de la región. 

Para Pairican el proceso visibilizó una ciudadanía plural empobrecida que no era observada desde el Estado ni desde la clase política. “Eran movimientos politizados, pero también otros grupos con temas más contingentes, que no necesariamente pedían una transformación de fondo, sino que tenían una queja más como consumidor”, señala el historiador. “Y si lo diferenciamos por clase social y las problemáticas que todas las ciudades latinoamericanas tienen, nos permite verlo no solo como un gran relato que terminó en el proceso constituyente, sino que tiene hartos recovecos y esa tensión está en la Convención”.

En noviembre de 2019, Chile abrió una vía institucionalizada con la firma de un acuerdo para la creación de una Convención Constitucional​ encargada de redactar una nueva Constitución, cuya propuesta será puesta a referéndum en 2022.​ Para Francisca Fernández, del Movimiento por el Agua y los Territorios, si bien el estallido permitió que se consolide el espacio territorial como lugar de resistencia, el acuerdo vino a delimitar y a coartar el proceso imponiéndolo como una convención siendo que lo que se quería era una asamblea constituyente. “El tiempo institucional es absolutamente distinto al tiempo de los pueblos. Se nos impuso una temporalidad de nueve meses a un año que no permite realmente procesos reflexivos, dinámicos, comunitarios y colectivos”, dice Fernández. 

“Ahora viene todo un proceso de elaboración de leyes y de la generación de una nueva institucionalidad que va a ser difícil, porque los movimientos sociales y los territorios somos absolutamente minoría”, dice Fernández sobre la situación en Chile tras las elecciones

Para Fernando Pairican es también lo que hoy divide a las posiciones de izquierda dentro de la Convención. “Entre los octubristas que tienen este espíritu de la revuelta, de no transar, y los noviembristas que están en el acuerdo. Los convencionales del Frente Amplio y de los pueblos originarios también han estado cruzados por esa disyuntiva entre estas dos corrientes”. Por primera vez las naciones originarias participan de la elaboración de la Constitución chilena, con 17 escaños. Elisa Loncón, lingüista y activista mapuche, elegida presidenta ha buscado incorporar los principios del pueblo indígena a la discusión. “Creo que eso ha permitido que la convención trabaje a pesar de las altas diferencias ideológicas y de posturas que eran irreconciliables. Ella logra hacer converger a partir de su persuasión y de su agudeza política”, señala Pairican. 

Aunque las últimas elecciones vuelven a instalar un panorama complejo para el país. Si bien se dio el triunfo del candidato de izquierda Gabriel Boric, el Congreso está dominado por la derecha y la ultraderecha. “Ahora viene todo un proceso de elaboración de leyes y de la generación de una nueva institucionalidad que va a ser difícil, porque los movimientos sociales y los territorios somos absolutamente minoría”, dice Fernández. También tiene una mirada crítica a la política económica de Boric que considera no genera cambios estructurales. La expectativa es que desde la organización territorial y la movilización se siga pulsando por cambios de raíz. “Creo que eso es lo fundamental y que fue uno de los lemas que marcó nuestra revuelta: en Chile nace y muere el neoliberalismo”.

6 de enero, 2022.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/america-latina/colombia-chile-ecuador-2019-estallido-movilizaciones-sociales-aun-respira

 

 

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