Chile «sapo»: Carabineros «pinchó» mas 200 teléfonos.

El montaje contra Alcaíno

A fines de 2017 y en medio de la Operación Huracán –en la que un grupo de dirigentes mapuche fue encarcelado por Carabineros utilizando pruebas falsas (vea aquí el especial de CIPER)–, el nombre del actor Daniel Alcaíno ya figuraba en las carpetas secretas de la Dipolcar.

Según las fichas policiales, el actor, que encarna al personaje Yerko Puchento, era un financista en las sombras de la organización radical mapuche Coordinadora Arauco Malleco (CAM). El sustento de esa acusación eran diálogos en WhatsApp inventados por funcionarios policiales e implantados en teléfonos. De acuerdo con la versión que entonces difundió la policía, esos chats habían sido interceptados por un software llamado Antorcha. Las indagatorias de la Fiscalía probaron que Antorcha nunca funcionó.

 

Los documentos policiales reservados que ahora fueron revisados por CIPER muestran que la Dipolcar tenía contra Alcaíno otra batería de chats falsos, pero ahora relacionados con su vida privada y que buscaban enlodar su imagen pública. Desde fines de noviembre de 2017 el teléfono del actor fue intervenido. CIPER escuchó esas conversaciones y en ellas no hay ningún indicio de que Alcaíno allegara recursos económicos a organizaciones mapuche. Solo hay conversaciones con sus amigos, su esposa y periodistas. Por ejemplo, un documento elaborado por la Dipolcar, basado en conversaciones telefónicas del actor con el periodista Santiago Pavlovic -luego de que CIPER revelara que Alcaíno era uno de los blancos de la Dipolcar-, concluye que TVN estaba preparando un “reportaje exclusivo respecto de los pormenores de la Operación Huracán” (vea el documento aquí).

Aún no está claro por qué Carabineros consideró que Alcaíno era un “blanco de interés” para la inteligencia policial, pues a más de cinco años de que se destapara el escándalo de la Operación Huracán aún no comienza el juicio por ese caso, donde debería abordarse el espionaje al actor. En todo caso, en los meses previos a que sus llamadas fueran interceptadas, sus rutinas como Yerko Puchento, realizadas en la temporada 2017 del programa Vértigo, de Canal 13, fueron particularmente críticas con el alto mando policial. En una de ellas apareció disfrazado de carabinero y por más de 20 minutos disparó contra la institución en medio del escándalo del megafraude: “No estoy dispuesto a ser respetuoso con los que son ladrones en este país”, fue una de sus frases. El documento con que la Dipolcar solicitó a la Corte de Apelaciones de Temuco la intervención de las comunicaciones de Alcaíno, el 21 de noviembre de 2017, incluyó dos números telefónicos: el suyo y el que en realidad correspondía a la productora Luisa Fernanda Zaldúa (vea aquí ese documento). La autorización de la corte, firmada por el ministro Aner Padilla, llegó ocho días después (ver aquí), pero con un cambio: el celular de Zaldúa ahora figuraba como si fuera propiedad de una hermana de Alexis Torres, el frentista que desde 2012 permanece clandestino luego de participar en el asesinato de un policía argentino.

 

Luego de la Operación Huracán, la Dipolcar estaba desarrollando otro montaje: la Operación Andes, en la que relacionaba a comunidades mapuche con un contrabando de armas desde Argentina. En esa arista involucraban a Alexis Torres. Las pruebas también eran chats falsos supuestamente interceptados por el inexistente software Antorcha (vea reportaje de CIPER).Alcaíno ya había sido mencionado en este especial de investigación, en el reportaje que abordó el monitoreo de la Dipolcar a dirigentes políticos. En esa ocasión, CIPER consignó un documento policial reservado que señalaba que el actor supuestamente integraba el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). El actor indicó a CIPER que todas las acusaciones que se realizaron en su contra en el marco de la Operación Huracán “son absolutamente falsas”. Agregó que, para la fecha en que conversó con los periodistas señalados, “ya sabía que estaba ‘pinchado’”.

¿Cómo y por qué se «pincha» un telefóno?

La interceptación telefónica es una herramienta que tiene a disposición la inteligencia policial para monitorear personas sospechosas de cometer delitos. Pero las leyes fijan normas y límites. La Ley de Inteligencia señala que se podrá “pinchar” un teléfono como parte de un “procedimiento de obtención de información” cuando no es posible conseguirla a través de fuentes de datos abiertas. Y el Código Penal especifica que se pueden interceptar comunicaciones telefónicas cuando “existen fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que una persona hubiere cometido o participado en la preparación o comisión, o que ella preparare actualmente la comisión o participación en un hecho punible que mereciere pena de crimen, y la investigación lo hiciere imprescindible”. En cualquier caso, se necesita una autorización judicial.

Por su naturaleza, Carabineros puede solicitar interceptaciones en dos ámbitos: inteligencia (es decir, en indagaciones sobre seguridad nacional, amenazas de terrorismo, crimen organizado y narcotráfico) y criminal. En el primer caso, la policía debe pedir el permiso de la Corte de Apelaciones que corresponda. En el segundo, es el Ministerio Público quien debe solicitar la medida ante tribunales, con previa justificación del cuerpo policial. Luego, el tribunal comunica a la compañía de teléfono respectiva (Claro, Entel, WOM o Movistar/Telefónica) que debe facilitar la interceptación de la línea, lo que incluye llamadas y mensajería. La interceptación de los teléfonos también puede incluir georreferenciación (información sobre la ubicación de las antenas a través de las cuales un celular se conectó a la red en un momento determinado) y el registro de llamadas entrantes y salientes, el que incluso se puede obtener de manera retroactiva. La ley señala que las solicitudes de las policías a la justicia deben incluir los motivos por los que se quiere interceptar un teléfono, y la duración de la medida.

Aunque entre los documentos revisados para esta investigación aparecen interceptaciones telefónicas que cuentan con su debida autorización judicial, hay otras en que CIPER no pudo comprobar si fueron realizadas respetando los marcos legales. Por ejemplo, otro de los números telefónicos intervenidos a fines de 2017, asignado a un personaje no identificado, del que la policía solo manejaba su nombre y la inicial de su apellido (José M.), en realidad correspondía a otra persona que le dijo a CIPER que hace más de 10 años que tiene el mismo número y que ese no es su nombre, que tampoco está relacionado con la causa mapuche y que no se explica por qué Carabineros interceptó sus llamadas.

La mayoría de las interceptaciones consignadas en los documentos revisados por CIPER resultaron un ejercicio inútil para la policía, ya que no arrojaron aportes a lo que se investigaba, desperdiciando recursos humanos y materiales.

A Fernando Pairican, por ejemplo, se le interceptaron sus llamadas porque –según la Dipolcar– proveía de armas de fuego a un comunero mapuche, lo que no se pudo comprobar.

También fueron interceptados los comuneros mapuche Alberto Curamil, dirigente de la Alianza Territorial Mapuche (ATM); Aucán Huilcamán, werkén del Consejo de Todas las Tierras; el comunero Camilo Catrillanca, en 2012 antes de ser asesinado por Carabineros cinco años después; Héctor Llaitul, líder de la CAM; Raúl Castro Antipán, estudiante que luego fue captado por Carabineros como informante, y cuya identidad quedó expuesta en un proceso penal en 2014.

El historiador monitoreado

Fernando Pairican Padilla es doctor en Historia (Universidad de Santiago), académico y autor de libros y ensayos que narran la historia del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Y, para la Dipolcar, sospechoso de proveer armas a un comunero. Así consta en uno de los tantos documentos en los que Carabineros registró su nombre como blanco de interés, titulado “TELÉFONOS SOLICITADOS A LA FISCALÍA MILITAR PARA MONITOREARLOS”. En él se informa que tiene “una estrecha amistad con Luis Tralcal Quidel”, condenado por el asesinato de los Luchskinger-Mackay, a quien le facilitaría “los medios logísticos, como armas de fuego”. Junto a Pairican aparecen otras cuatro personas que también serían interceptadas. De los que tienen fecha, el documento más antiguo en el que aparece Pairican data del 6 de septiembre de 2013. Se trata de una instrucción de la Fiscalía de Carahue a la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros (UIOE), repartición encargada de las escuchas y que fue desmantelada después de la Operación Huracán. En esa misma investigación se vinculó a Adolfo Millabur (ex alcalde de Tirúa y actual constituyente). En el registro revisado por CIPER, el Ministerio Público le señala a la UIOE que, de acuerdo con informes hechos por esa misma unidad policial, Pairican estaría involucrado en un incendio forestal y sería interceptado telefónicamente. La  instrucción indica que sería responsabilidad de la UIOE monitorear las escuchas (vea aquí el documento).El segundo es una tabla Excel en la que figura Pairican junto con otras ocho personas que fueron intervenidas por su supuesta participación en delitos. El historiador aparece vinculado nuevamente a un atentado incendiario. Allí se señala que el plazo de interceptación, de 60 días, vencería el 5 de mayo de 2014.El tercer documento está fechado el 16 de octubre de 2015 y es una comunicación enviada por la Corte de Apelaciones de Temuco a la empresa Movistar. En ella se indica que las comunicaciones telefónicas de Pairican y otras 12 personas serían interceptadas bajo la Ley de Inteligencia.

Dos meses más tarde, el 31 de diciembre de 2015, un archivo Word de 15 páginas resume las conversaciones telefónicas que sostuvieron Pairican y otros “blancos de interés” entre octubre y noviembre de ese año. Respecto del académico se anotan cuatro diálogos: uno sobre un guillatún; otro con la pareja de Tralcal Quidel, con quien se pone de acuerdo para ir a buscarla a un cruce de la carretera; el tercero con una periodista y el cuarto con un “NN hombre”, quien le comenta que llegaría una guerrillera kurda a dar charlas en un establecimiento educacional.

En ese mismo documento aparecen conversaciones de Héctor Llaitul, Aucán Huilcamán y el abogado de comuneros Nelson Miranda Urrutia (ver siguiente subtítulo), entre otras personas.

El último registro sobre Pairican es del 8 de enero de 2016. Esta vez, la UIOE anotó solo una conversación: una entrevista con una radio de Santiago en la que abordó un viaje de la entonces Presidenta Michelle Bachelet a La Araucanía. En el documento se consigna que las escuchas fueron realizadas bajo Ley de Inteligencia y que podían realizase hasta el 22 de enero de 2016. Pairican nunca ha sido formalizado por la justicia por ninguna de las acciones que la Dipolcar, en secreto, le atribuyó.

Consultado por CIPER, Pairican negó las imputaciones contenidas en los documentos reservados. Desde su perspectiva, los argumentos para justificar las intervenciones responden “a un contexto histórico de criminalización de la protesta mapuche. En ese marco, los gobiernos delegan a la seguridad pública un problema que es político. Por eso, finalmente, le entregan a las policías uniformada y civil un tema que es de otra naturaleza. En ese ámbito de criminalización y de exigencia a Carabineros, la policía tiene que dar respuestas aceleradas, y así comienza a intervenir teléfonos a diestra y siniestra”.

Sobre el funcionamiento y la lógica detrás de los “pinchazos” realizados por Carabineros, el historiador afirmó que “cuando hablamos de la unidad operativa de la Dipolcar, estamos hablando de una unidad experta en montajes, que entrega información falsa al sistema judicial y que en estricto rigor es parte de un sistema delictual. En ese sentido, me siento víctima al tener que afrontar la persecución política de Carabineros, entendiendo que como historiador e investigador voy generando fuentes que mantengo bajo reserva para desarrollar mi trabajo. Esto atenta contra mi libertad de expresión e investigación, ya que pueden identificar a esas personas con la excusa de que, supuestamente, proveen de armas a personas o participan en incendios”.

Abogados «pinchados»

Los documentos reservados dejan al descubierto que la policía interceptó las comunicaciones telefónicas de, al menos, tres abogados que han sido contraparte de Carabineros en investigaciones penales: Nelson Miranda Urrutia, Karina Riquelme Viveros y Manuela Royo Letelier (actual constituyente).Sobre este tema, expertos consultados por CIPER indicaron que, más allá de que la Ley de Inteligencia no restrinja taxativamente los “pinchazos” a abogados, el secreto profesional de estos y el derecho a la legítima defensa de sus clientes debe prevalecer en todo momento. Respecto de las interceptaciones que se hacen al alero del Código Penal, este cuerpo legal es taxativo: “No se podrán interceptar las comunicaciones entre el imputado y su abogado, a menos que el juez de garantía lo ordenare”.

El caso de Miranda, quien fue abogado de la familia de Camilo Catrillanca luego de su asesinato, es el que acumula la mayor cantidad de antecedentes. Son siete documentos los que confirman que la inteligencia policial oyó sus conversaciones.Tres de ellos son los mismos en los que aparece Pairican. Por ejemplo, Miranda está en la lista de personas que la Corte de Apelaciones de Cautín le envió a Movistar en octubre de 2015, notificando que serían interceptadas bajo la Ley de Inteligencia. También figura en los resúmenes de conversaciones que elaboró la UIOE en diciembre de 2015 y enero de 2016. En el primero, se anota que Miranda conversó con el abogado de la Defensoría Penal Mapuche, Rodrigo Román, sobre “la participación de comuneros en la cumbre de descolonización que se realizará en Bolivia”. En el segundo, se consigna que abordó temas logísticos con un mayor de Gendarmería.Además, Miranda aparece en dos “Cuentas de Monitoreo Telefónico” entre 2015 y 2016, en las que se registran conversaciones propias de su trabajo como abogado. También figura en una comunicación enviada por la inteligencia de Carabineros a un ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco en mayo de 2016, en la que se solicita interceptar el teléfono del abogado y de otras quince personas, ya que sus conversaciones “podrían contener antecedente relevantes que permitirían confirmar o desvirtuar la existencia de una organización criminal vinculada al terrorismo, colocación de artefactos explosivos, entre otro tipo de ilícitos”. Finalmente, es mencionado en un mensaje de la Corte de Apelaciones de Temuco a la compañía Claro del 11 de mayo de 2017, en el que se solicita finalizar anticipadamente la interceptación de su teléfono, ya que no estaba aportando antecedentes relevantes.En ese mismo registro, también se pidió terminar con la intervención de la línea telefónica de la abogada Karina Riquelme, quien se desempeñaba en el Centro de Investigación y Defensa Sur (Cidsur).

Riquelme representó a José Tralcal Coche, condenado a 18 años de cárcel como autor del delito de incendio con resultado de muerte en el caso Luchsinger-Mackay. También defendió a Rodrigo, Jorge y Jaime Huenchullán, en una denuncia contra el Estado, luego de que fueran involucrados en la Operación Huracán mediante la implantación de pruebas falsas en sus celulares.

Manuela Royo, ex abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos en La Araucanía, y que igualmente ha representado a comuneros mapuche, también figura en los listados de teléfonos interceptados revisados por CIPER.

Contactado por CIPER, Nelson Miranda sostuvo que “tenía sospechas fundadas de que mi teléfono estaba ‘pinchado’ incluso desde antes de estas fechas, básicamente por mi labor de defensa de algunos miembros del pueblo mapuche, lo que a su vez está motivado en un sesgo político e ideológico de Carabineros”.

Desde su punto de vista, lo más delicado de estas revelaciones es que “la policía puede tener acceso a conversaciones privadas entre un abogado y su cliente (u otras personas) que sean importantes para la estrategia judicial que se pretende adoptar en causas en que también participa Carabineros. Esto, teniendo en cuenta que muchas de las interceptaciones pueden ser ilegales, ya que se originan en argumentos totalmente falsos, que son visadas por la Corte de Apelaciones”.

Por otra parte, Karina Riquelme dijo a CIPER que los antecedentes que demuestran que fue interceptada no son nuevos. La abogada afirmó que conoció y reveló “en audiencias y mediante una querella” que su teléfono fue intervenido en el marco de la Operación Huracán, donde actuó como defensora. “Al igual que la investigación del caso en sí mismo (la Operación Huracán), esa querella no ha avanzado y no cuenta con ninguna novedad desde que fue presentada hace ya más de cuatro años”, sostuvo.

Alcaldes y convencionales bajo la mira

Juan Carlos Reinao Marilao es alcalde de Renaico (La Araucanía) desde 2012 y presidente de la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche (Amcam) desde 2017, una agrupación que reúne a los ediles de Cholchol, Puerto Saavedra, Curarrehue, Alto Bío Bío, Tirúa y Renaico.Dos documentos indican que las comunicaciones de Reinao fueron interceptadas por Carabineros. Ambos fueron dirigidos por la Corte de Apelaciones de Temuco a la compañía Entel, en los que se señala que la intervención se realiza bajo la Ley de Inteligencia.

 

El primero de ellos no tiene fecha. Es un documento escaneado de una hoja a la que le falta la parte superior (pudo ser recortada, doblada o eliminada digitalmente) y que tenía dos objetivos: comunicar a Entel que cesaría anticipadamente la intervención sobre otra persona, porque su línea no estaba “generando llamadas, ni antecedentes de importancia”, y notificar que se intervendría la línea de Reinao y las de otros tres sujetos por 90 días. De cada uno de ellos se anota el nombre, el número de teléfono y su cédula de identidad. También se solicita interceptar sus mensajes de texto y georreferenciar la ubicación del móvil cada vez que se conecte a una antena de telefonía (vea aquí el documento).

 

El segundo documento que alude a Reinao está fechado el 11 de septiembre de 2017, cuando ya estaba a la cabeza de la Amcam y había sido reelecto como alcalde. En esa ocasión, la Corte de Apelaciones de Temuco le comunicó a Entel que finalizaría el monitoreo telefónico sobre el edil porque no estaba generando antecedentes relevantes. Los documentos no permiten conocer con exactitud por qué Carabineros decidió “pinchar” su teléfono ni cuánto tiempo duró la medida.Contactado por CIPER, el alcalde de Renaico dijo que “no conocía que mi teléfono estaba ‘pinchado’ y ni siquiera lo sospechaba”.

 

Respecto de los documentos que evidencian la interceptación de sus comunicaciones al menos hasta septiembre de 2017, Reinao dijo sentirse “vulnerado y angustiado, ya que por esa fecha se gestaba la Operación Huracán y coincidentemente comencé a recibir amenazas de todo tipo. Con esta noticia ya no sé si debo cuidarme de narcotraficantes, de ladrones o de Carabineros”.Sobre los motivos que habrían generado el monitoreo, Reinao lo asoció “a un tema netamente racial y discriminatorio, ya que soy mapuche, alcalde, y he logrado un grado profesional”.Otro alcalde que aparece en los registros es Adolfo Millabur, ex edil de Tirúa (Bío Bío) en cinco períodos (entre 1996 y 2008 y después entre 2012 y 2016). Ahora, Millabur es convencional constituyente.

De acuerdo con antecedentes públicos, Millabur fue cercano a la CAM en sus inicios políticos, aunque con el tiempo se distanció de esa organización.

La interceptación a Millabur quedó explicitada en una instrucción enviada por la Fiscalía de Carahue al oficial jefe de la UIOE en Cautín, el 5 de septiembre de 2013. En ese documento, se indica que la medida intrusiva se gestionó sobre la base de “informes de inteligencia” de la propia unidad policial, los que habrían vinculado a Millabur con un incendio forestal. Por ello, el Ministerio Público solicitó que personal de la extinta UIOE “monitoree directamente la información resultante” de las escuchas (vea aquí el documento).

Un año antes, en enero de 2012, ocurrió un siniestro en un predio de Forestal Mininco, en el que murieron siete brigadistas. De acuerdo con una querella interpuesta por la empresa, el incendio habría sido provocado por “adeptos” de “José Millabur” (se refería a Adolfo Millabur). El actual convencional dijo que fue vinculado al delito “como una estrategia macabra y siniestra” para “enlodar mi trayectoria como dirigente”. La investigación no arrojó conexiones entre el incendio y Millabur.

Otro registro en el que aparece Millabur es una pista de audio de un minuto y medio con una conversación entre él y un funcionario de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere). En esta grabación –que no tiene una fecha asignada–, Millabur es consultado sobre el resultado de proyectos que pactó con el gobierno. El edil afirma que no ha recibido el presupuesto esperado.

Millabur dijo a CIPER que, si bien no tenía certeza de que sus comunicaciones fueron interceptadas, “doy por descontado que los distintos dirigentes de Wallampu han sido intervenidos, y creo que no es la primera ni la última vez que se hizo sobre sobre mi (…). Yo parto del supuesto que mi teléfono está intervenido. Es lamentable, pero hay que convivir con esa realidad. Esto es una constatación de que la institucionalidad siempre tendrá un prisma distorsionador de nuestro pueblo originario, y eso no contribuye al diálogo”.

Francisca Linconao, quien al igual que Millabur forma parte de la Convención Constituyente, también figura en los documentos policiales reservados. Su nombre aparece en un documento llamado “CANALES INTERCEPTACIONES (1)”. Allí se anotó la identidad, el número y la compañía telefónica de 11 personas y de una organización indígena. El registro no tiene fecha ni especifica las razones de estas intervenciones. Sin embargo, Linconao ha sido blanco de interés de Carabineros desde 2009, cuando consiguió detener la tala de árboles del cerro Rahue. Luego fue investigada y absuelta por el incendio en el que fueron asesinados los Luchsinger-Mackay en 2013.

Millabur y Linconao no son los únicos convencionales cuyas llamadas han sido monitoreadas por Carabineros. En la quinta entrega de los “Archivos Secretos de Carabineros”, CIPER reveló que la Dipolcar también elaboró fichas con información sobre las abogadas Manuela Royo y Constanza Schonhaut, quienes se desempeñaron como observadoras de derechos humanos durante las protestas de 2019.