México: Tren Maya, ¿progreso?.

En una carta que envió a Fidel Castro en marzo de 1965, antes de trasladarse a la selva boliviana, Guevara criticaba el modelo de planificación soviético, porque desde la Nueva Política Económica leninista alentaba el capitalismo, pero proponía una industrialización acelerada y una asimilación de la tecnología occidental que permitiera a Cuba salir del subdesarrollo en pocos años: «No podemos tener un Empire State pero sí podemos tener muchos adelantos que tienen los rascacielos norteamericanos, no podemos tener una General Motors, pero sí podemos tener una organización similar a la General Motors».

Hasta la caída del Muro de Berlín y la desaparición del bloque soviético, en casi todas las familias políticas de la izquierda latinoamericana (varguistas y peronistas, comunistas y socialistas democráticos, nacionalistas revolucionarios y apristas, guevaristas y fidelistas) predominaba el desarrollismo industrial. Tal vez las primeras alternativas serias a ese paradigma aparecieron dentro de la Teología de la Liberación que promovió una parte del movimiento católico después del Concilio Vaticano II. Sin embargo, la aproximación al marxismo-leninismo de algunos de aquellos teólogos reforzó el ángulo modernizador de la izquierda.

Solo en la década de 1990, con los movimientos antineoliberales que se propagaron en la región, surge propiamente un comunitarismo que pone en tela de juicio el concepto de desarrollo. El papel del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el levantamiento de Chiapas en 1994 fueron decisivos en la reconfiguración doctrinal de una parte de la izquierda. Es a partir de entonces cuando el indigenismo y el ambientalismo se unen en una causa que antepone la autonomía de las comunidades al desarrollo económico.

Fuera de alguna presencia en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, especialmente en Bolivia y Ecuador, el ideal comunitario no arraigó en las políticas públicas de los últimos gobiernos de izquierda. El desarrollismo acabó imponiéndose, como se evidenció en los conflictos por el Parque Nacional Isiboro Sécure en Bolivia, los proyectos extractivistas energéticos del gobierno de Rafael Correa o el aparatoso plan de un canal interoceánico en Nicaragua, adjudicado al multimillonario comunista chino Wang Jing.

Las fricciones por el Tren Maya en México se colocan en la misma tesitura. La suspensión del tramo de Palenque a Escárcega por una jueza de distrito en Chiapas en junio de este año favorece las demandas ecológicas de la comunidad indígena ch’ol. Según la orden de la jueza, el gobierno de López Obrador y las empresas involucradas tendrían que suspender las obras. Los miembros de la comunidad ch’ol, que viven en Palenque, Ocosingo y Salto del Agua, fueron amparados por «daños a la salud», en medio de la pandemia del coronavirus, contra el megaproyecto emprendido por compañías chinas, portuguesas y mexicanas.

Entonces el titular del Fondo Nacional de Fomento del Turismo de México (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, declaró que tras la demanda de las comunidades, los trabajos se limitarían a obras de mantenimiento. También se especuló sobre la posibilidad de que ese organismo realizara la impugnación oficial de la orden de la jueza chiapaneca. La emergencia sanitaria extendió aún más la paralización de las obras, pero de retomarse, el gobierno mexicano deberá negociar con las comunidades.

Desde el anuncio de este gran proyecto insignia del sexenio de López Obrador, el diálogo del gobierno con las comunidades ha sido accidentado. Una consulta implementada por el gobierno en la región maya fue denunciada por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos en la Ciudad de México, como un ejercicio que no cumplía con los estándares internacionales. Poco después, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal interpuso quejas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La contraofensiva del gobierno de López Obrador ha recurrido a la búsqueda de apoyo para el Tren Maya dentro de las mismas comunidades. A principios de julio, el periódico La Jornada informaba que 64 pueblos mayas, de las etnias tzeltales y choles de Calakmul, en el estado de Campeche, respaldaban la construcción ferroviaria. El gobierno facilitó también la creación de un Comité Prodefensa del Tren Maya que, para combatir a las comunidades disidentes, presentó una denuncia por violación de derechos humanos contra algunos pueblos indígenas de la zona.

El conflicto ha escalado tras las acusaciones de López Obrador y del vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, contra las organizaciones no gubernamentales, asociaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que atribuyen daños ambientales y de derechos humanos al megaproyecto. Estas han respondido pidiendo al gobierno una disculpa pública y demandando pruebas de que el financiamiento externo que reciben es para oponerse a la construcción del Tren Maya. La renuncia del conocido y respetado ecologista Víctor Toledo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha sido interpretada como otra señal de la oposición a la obra ferroviaria dentro del propio gabinete.

En medio de las pastorales discursivas en torno del impulso al desarrollo social que traerá el Tren Maya cuando se reduzca la pandemia, tiene lugar esta pugna en la que los derechos humanos son utilizados por unos y otros. Para los comunitaristas, se trata del conjunto de derechos que protegen los recursos naturales y los usos y costumbres de los pueblos. Para los desarrollistas, se trata de un mecanismo de control político, que les permitirá avanzar en el proyecto modernizador de la izquierda hegemónica.