Ejercito de Chile y el espionaje interno.

El Ejército «pinchó» teléfonos de militares por acusaciones de infidelidad y por denunciar abusos en la prensa.

09.10.2022

por Nicolás Sepúlveda/CIPER.

Hasta ahora la justificación de los jefes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) para interceptar las comunicaciones de ex militares denunciantes de corrupción, y del periodista Mauricio Weibel, ha sido que ellos estaban filtrando documentos cuya difusión ponía en riesgo la seguridad nacional, aunque eso no se ha comprobado. Ahora, surgen más testimonios de oficiales y suboficiales del Ejército cuyos teléfonos fueron “pinchados”. Las comunicaciones de un cabo fueron intervenidas luego de que denunciara en una entrevista abusos laborales por parte de sus superiores, y un oficial fue monitoreado por rumores que lo acusaban de mantener una relación extramarital con una subordinada.

“No te metas con una suboficial”, le dijo el actual comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga Del Campo, al coronel Hugo Julio Schweitzer a mediados de 2017 durante una reunión social. Eso según la versión de Schweitzer, quien tuvo su celular interceptado por la DINE entre mayo y agosto de ese año ¿El motivo? una supuesta relación extramarital con una suboficial de la institución.

No fue el único mensaje al respecto que en 2017 recibió el coronel Schweitzer. Otro coronel le advirtió que estaba siendo seguido por la DINE por “meterse” con una cabo. A esa suboficial la Inteligencia del Ejército también le interceptó el teléfono ¿En qué gasta el Ejército los recursos especiales que le entrega el Fisco para resguardar la seguridad nacional?

El espionaje telefónico realizado por la DINE entre 2016 y 2018 está bajo la lupa de la justicia desde que en 2019 el diario La Tercera reveló la Operación Topógrafo, que consistió en el monitoreo a cuatro militares que habían denunciado hechos de corrupción castrense, y también al periodista Mauricio Weibel (colaborador de CIPER), quien destapó el mega fraude al interior del Ejército conocido como “milicogate”.

Hasta ahora los jefes militares han defendido la legalidad de esa operación, escudándose en que se interceptaron teléfonos debido a que estaba en riesgo la seguridad nacional. Varios de ellos han declarado en la causa penal que lleva adelante el fiscal Jaime Retamal, y han señalado que Mauricio Weibel publicó documentos reservados sobre compra de armamento militar en reportajes y en su libro Traición a la Patria. Según esa lógica, con las escuchas buscaban detectar a las fuentes que proveían de información al periodista.

Pero nunca pudieron comprobar que alguno de los cuatro militares espiados -Rafael Harvey, Sergio Tudesca, Carlos Farías y Juan Pablo Diaz-, le entregaran documentos a Weibel. Ahora el tablero se dio vuelta y los investigados por la justicia son los jefes de la DINE. La indagatoria de la Fiscalía Centro Norte ya acumula decenas de testimonios que apuntan a que las interceptaciones telefónicas que se realizaron en la Operación Topógrafo estuvieron al margen de la ley.

En lenguaje coloquial se le dice “pinchado” a un aparato telefónico cuyas llamadas están siendo escuchadas por un tercero. La Fiscalía ya acreditó que los teléfonos “pinchados” durante el periodo investigado fueron, al menos, 17. No cinco como se pensaba al inicio de la indagatoria. Todas las solicitudes de interceptación que permitieron el espionaje a esos 17 teléfonos fueron autorizadas por el ministro de la Corte de Apelaciones Juan Poblete. Y toda la documentación asociada utilizó nombres falsos para que no quedara registro de a quién realmente estaban escuchando.

El ministro Juan Antonio Poblete. Crédito: Poder Judicial.

El ministro Juan Antonio Poblete. Crédito: Poder Judicial.

Las nuevas víctimas del espionaje militar son oficiales y suboficiales del Ejército acusados de mantener relaciones sentimentales por fuera de sus matrimonios, un sargento de la institución que denunció a la prensa que sufría abuso laboral, y personas civiles que nadie ha podido explicar por qué motivo fueron escuchados por agentes de inteligencia.

Ninguna de esas situaciones ha puesto en riesgo la seguridad nacional. Ni tampoco están relacionadas con actividades terroristas o de narcotráfico, lo que podría haber justificado que la DINE utilizara las medidas intrusivas a la que la autoriza la Ley de Inteligencia, que considera las interceptaciones telefónicas como una herramienta excepcional que debe ser utilizada solo cuando es estrictamente necesario.

“Los funcionarios más antiguos de la Central de Operaciones considerábamos que esta operación era ilegal y conllevaría consecuencias”, declaró ante la Fiscalía el suboficial en retiro, Patricio Garrido, quien trabajó entre 2001 y 2018 en labores de inteligencia en la DINE. Agregó que la Operación Topógrafo se inició en 2016 motivada por publicaciones en redes sociales en contra del Ejército, realizadas por personal de la institución.

Él vio las minutas con las transcripciones de las conversaciones telefónicas que efectuaba a mediados de 2017 el coronel Hugo Julio Schweitzer, asociadas a “problemas sentimentales”. Según la versión de Garrido, el coronel no fue el único oficial espiado por supuestamente mantener relaciones por fuera de su matrimonio.

LA DINE CONTRA LA INFIDELIDAD

El coronel Hugo Julio Schweitzer se desempeña actualmente como jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Terrestre del Ejército, en Concepción. Cuando su teléfono fue “pinchado” por la inteligencia militar estaba a cargo de la Escuela de Montaña Río Blanco, en Los Andes, Región de Valparaíso.

De acuerdo a la versión que entregó ante los fiscales, en ese tiempo tuvo una serie de roces laborales con el general Ernesto Tejos Méndez, jefe de la División de Montaña. Mencionó también que tuvo problemas laborales con un instructor quien habría sobre exigido a una cabo 2da durante un ejercicio, y que eso habría gatillado una denuncia anónima en su contra: “Junto con informar a los mandos, se tomaron las medidas administrativas y disciplinarias internas con el instructor involucrado, cuyo nombre no recuerdo. Dicha situación, estimo, generó a modo de represalia del instructor una denuncia anónima, dando cuenta que yo tenía una relación afectiva con la suboficial, lo cual descarto completamente”, declaró Schweitzer.

Él coronel dice que se enteró de esa denuncia anónima por un llamado telefónico de Gonzalo Contreras, quien entonces también era un oficial activo del Ejército: “Hugo, cuídate, te está siguiendo DINE porque te habrías metido con una cabo”, habrían sido sus palabras.

El coronel en retiro Gonzalo Contreras ratificó esa versión ante la Fiscalía: “Sí, yo recuerdo esta situación, efectivamente llamé al coronel Hugo Julio, no recuerdo si esas fueron las palabras exactas, pero sí sucedió”, declaró Contreras. Dice que se enteró que la DINE estaba siguiendo a Schweitzer por conversaciones de pasillo en el edificio del Ejército que está ubicado frente al Parque O´higgins, en Santiago.

Schweitzer también habría recibido una alerta del actual comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga: “Casi en paralelo, en una reunión social que mantuve con el General Javier Iturriaga Del Campo, me aconsejó que no me metiera con una suboficial. Desconozco la razón de su consejo, pero deduje que se tenía que tratar de lo mismo que me había advertido el coronel Contreras”, señaló.

Efectivamente la DINE estaba tras los pasos del coronel Schweitzer. A través de un oficio secreto, firmado por el entonces jefe de la inteligencia militar, Schafik Nazal, se le solicitó al ministro de la Corte de Apelaciones, Juan Poblete, interceptar el teléfono que entonces utilizaba el coronel. El mismo documento, fechado el 9 de mayo de 2017, también requirió que se “pinchara” el celular de la suboficial que supuestamente sostenía una relación con Schweitzer.

El ministro Poblete autorizó la interceptación de ambos fonos tres días después, el 12 de mayo. En esos documentos oficiales se justifica la solicitud de interceptación señalando que esos números telefónicos eran utilizados por Carlos Farías, un ex teniente del Ejército a quien acusaron de filtran documentos reservados de la institución. Pero eso era una pantalla.

El entonces jefe de la DINE, Schafik Nazal, declaró ante los fiscales que ni el señor Schweitzer ni la suboficial que fue vinculada sentimentalmente a él formaron parte de una investigación de inteligencia:

Schafik Nazal.

-No, no son… esas personas no forman parte de la operación, y no recuerdo de otra investigación que hayamos hecho, digamos, no forman parte de ella. No tengo los antecedentes, declaró, según publicó Radio Biobío.

A pesar de que Nazal aseguró que no tenía antecedentes, el oficio que requirió la interceptación de los teléfonos de Schweitzer y la suboficial vinculada a él, llevan su firma y fueron autorizados, tal y como todas las solicitudes desde la DINE en 2017, por el ministro Juan Poblete.

En su testimonio judicial, Schafik Nazal repitió varias veces que las capacidades técnicas de la DINE para escuchar teléfonos, eran limitadas: tenían entonces solo ocho canales simultáneos, por lo que debían acotar al máximo las interceptaciones. Es sorprendente que esos escasos canales de escucha se utilizaran para espiar la vida íntima de funcionarios militares.

No fue el único caso. El suboficial en retiro Patricio Garrido, el mismo que señaló frente a los fiscales que consideraba que estas operaciones estaban fuera de la ley, mencionó en su declaración judicial que leyó minutas de transcripciones de escuchas telefónicas donde, además de Schweitzer, aparecía el ex comandante de un regimiento de Montaña en Osorno, Claudio Mendoza, “asociados a problemas sentimentales”.

Garrido tenía acceso a esas minutas pues trabajaba en el regimiento a cargo de escuchar y transcribir las conversaciones que se generaban en los teléfonos “pinchados”.

Claudio Mendoza sostuvo una relación extramarital con la veterinaria Ina Weber, quien se desempeñó hasta diciembre de 2019 en el Ejército. Ella declaró ante los fiscales y reconoció esa relación. Mencionó que le llamó la atención que otros oficiales supieran los detalles de su aventura:

– Para comunicarnos telefónicamente con Claudio utilizábamos una palabra ‘secreta’ para referirnos a nuestros respectivos cónyuges, denominada ‘vecino’ o ‘vecina’, obviamente esta palabra era conocida solo por Claudio y por mí. A principios del año 2016, Claudio me señaló que el comandante de la División, General de Brigada Ernesto Tejos Méndez, tenía conocimiento de nuestra palabra secreta, lo que nos llamó la atención, contó Weber ante los fiscales.

El general Ernesto Tejos es el mismo con el que el coronel Schweitzer tuvo problemas laborales en 2017, cuando le “pincharon” el teléfono por una supuesta relación sentimental con una suboficial bajo su mando

«ESCLAVO» DE GENERALES

El 11 de junio de 2017 el sargento en retiro Luis Zamorano concedió una entrevista a The Clinic. Allí se autodefinió como “el milico goma de turno”. Trabajó 15 años en el Ejército como mayordomo en casas fiscales que eran utilizadas por los generales de la institución.

El 29 de junio de ese año la DINE le solicitó al juez Poblete intervenir su teléfono, lo que fue autorizado el mismo día. En los oficios para solicitar el espionaje a sus conversaciones se argumentó que el número telefónico era utilizado por una ciudadana boliviana de nombre Ludith quien participaba en actividades de inteligencia. Pero eso no era cierto. El teléfono lo utilizaba el entonces sargento Zamorano, y la línea estaba a nombre de su madre.

El 27 de septiembre de 2017 la DINE le pidió al juez Poblete prorrogar la escucha por 90 días más (hasta fines de diciembre), lo que también fue autorizado.

“A mí nadie me dijo que tenía que sacarle los papeles cagados a los generales”, contó Zamorano en su entrevista en The Clinic. También relató que tenía que planchar la ropa del general de turno, lavar las tazas que ocupaban durante el día y obedecer órdenes de las esposas de los oficiales. No solo eso, también debía hacer las camas de toda la familia, pasar la aspiradora, amononar el jardín y llevar a los niños a jugar a la plaza.

Su madre, María Valenzuela, que tiene a su nombre el celular que ocupa su hijo, declaró ante la PDI el 23 de febrero pasado. Ahí respondió negativamente a todas las preguntas que le hicieron los detectives: no había sostenido ninguna relación sentimental con alguien del Ejército, tampoco había realizado denuncias de corrupción militar, ni menos se había involucrado en actividades que pusieran en riesgo la seguridad nacional. Dijo que en 2017 “realizaba funciones de dueña de casa y mi hijo Luis Zamorano se encontraba trabajando en el Ejército de Chile”.

Esa fue la pista para que la investigación de la Fiscalía diera con la entrevista que ese mismo 2017 Zamorano había concedido a The Clinic. El ex director de la DINE, Schafik Nazal, quien le solicitó al ministro Poblete interceptar el celular del ex suboficial que trabajaba como mayordomo en las casas de los generales, no mencionó su nombre cuando declaró ante la Fiscalía.

CONTRADICCIONES

En su declaración, Nazal tampoco recordó que se hubiera investigado a otro ex miembro del Ejército: el capitán en retiro Hiram Padilla. Su fono, que en la compañía telefónica figura a nombre de su esposa, fue intervenido luego de que la DINE solicitara autorización para hacerlo el 27 de septiembre de 2017. El ministro Poblete le dio el vamos a esa solicitud el 12 de octubre.

Schafik Nazal niega haber “pinchado” al ex capitán Padilla. Esto dijo al respecto ante la Fiscalía: “No, no tengo antecedentes, y no era objeto de investigación tampoco. Así que desconozco. Puede que haya sido una equivocación de número de teléfono. Pero mientras yo estuve no se hizo una investigación sobre el señor Padilla”, declaró Nazal cuando le preguntaron por esa interceptación.

Hiram Padilla se acogió a retiro el 5 de mayo de 2020, luego de 27 años en el Ejército. Cuando declaró en la investigación de la Fiscalía, dijo que en 2015 trataron de involucrarlo en una trama de corrupción liderada por un ex coronel caído en desgracia (Guillermo Oliver). También mencionó que desconfiaba de la fiscal militar que investigó esa causa:

– Una situación que nos llamaba la atención es que cada vez que íbamos a conversar con la fiscal Paola Jofré, o se realizaba un escrito o diligencia, ella parecía estar enterada de lo que íbamos a efectuar, es más, en alguna oportunidad nos preguntamos, en tono de broma, si estaríamos intervenidos a partir de esta situación, aseguró ante los oficiales de la PDI que le tomaron declaración.

Efectivamente su teléfono estaba intervenido. En el oficio de la DINE que solicitó autorización para escucharlo, se argumentó que ese número telefónico era utilizado por una agente militar boliviana: “A través de antecedentes aportados por el sistema de inteligencia institucional, se ha obtenido información respecto al accionar de un agente boliviano en nuestro país, cuyo objetivo sería la obtención de antecedentes estratégicos sobre el Ejército de Chile”, se lee en el escrito que fue autorizado por el ministro Juan Poblete.

Es la misma excusa que se estampó en los documentos que viabilizaron las escuchas al periodista Mauricio Weibel y a otros denunciantes de corrupción, como el capitán en retiro, Rafael Harvey. Nazal explicó en su declaración que cambiar los nombres de las personas que querían espiar fue una idea del ministro de la Corte de Apelaciones, Juan Poblete, para evitar filtraciones.

DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS

Todos los agentes de la DINE que han declarado en la investigación de la Fiscalía por las escuchas telefónicas de la Operación Topógrafo, coinciden en algo: durante el verano de 2018 desaparecieron los archivos digitales de la operación, y también los documentos físicos. No quedó ningún rastro.

En una investigación paralela que llevó adelante la Fiscalía Militar por la filtración de antecedentes de la Operación Topógrafo, el sargento José Vergara entregó luces sobre la destrucción de los archivos: “Hacia enero de 2018 tomé conocimiento de que, por disposición del comandante del regimiento y del general de la Dirección de inteligencia de la época, mi general Guillermo Paiva Hernández, se ordenó la eliminación de todos los archivos físicos y computacionales que existieran de la Operación Topógrafo. Una de las personas que estuvieron a cargo de esta tarea fue el cabo segundo Silva, quien era uno de los transcriptores, y el mayor Díaz, quien estaba encuadrado en la Compañía de Contrainteligencia”.

Pero el cabo segundo Francisco Silva, que formó parte del equipo que debía transcribir los audios que captaban de las llamadas telefónicas, declaró que él no había participado en la destrucción de los archivos: “No es efectiva esta afirmación, ya que mi Mayor Díaz no estaba encargado y a mí tampoco me dijeron nada (…) La documentación la resguardaban en la Central de Operaciones, siendo los encargados el José Vergara Lucero y el suboficial Patricio Garrido Gallardo, ellos son los que saben cómo fue la destrucción de la información. José Pablo Vergara mintió en su declaración, debo ser enfático en que yo no quemé ni destruí información de la Operación Topógrafo”.

Agregó que “la Operación Topógrafo, para mí, terminó de un día para otro y recuerdo que tras dos días aproximadamente, llegué a la unidad y había sido formateado el computador y desaparecido la documentación física”.

El sargento José Vergara, que era el suboficial encargado de revisar las minutas con las transcripciones de las conversaciones, también declaró en la investigación de la Fiscalía e insistió en su versión: “Cuando retorné a mis funciones durante el año 2018, le pregunté al Cabo 2º Silva cómo iba el trabajo y él me comunicó que se había cerrado la Operación Topógrafo, indicándome que estaba en proceso de trituración de las transcripciones telefónicas y cuando me dirigí al computador en el cual se almacena la información de la mencionada operación, mi Mayor Díaz, que está subrogando la Central de Operaciones, me comunicó que se habían borrado las carpetas que involucraban a las personas de la Operación Topógrafo, a lo cual le representé mi malestar, ya que había información de incidentes anteriores. No me dijeron quién borró la información”.

El capitán Gino Fanzelli, quien estaba a cargo del equipo de las transcripciones, declaró que no era habitual que los archivos desaparecieran de esa manera: “Es anormal que eventualmente yo llegara a mi lugar de trabajo y se hubieran llevado documentación, computadores o que los hubiesen formateado”.

Un informe de la PDI que forma parte de la indagatoria de la Fiscalía, subraya que las versiones de los agentes de la DINE no coinciden: “Existen contradicciones entre lo declarado por Gustavo González, David Vielma, Francisco Silva, Gino Fancelli, como también, sobre las minutas que autorizan las interceptaciones telefónicas”.

Hasta el cierre de este reportaje, el Ejército no había respondido las preguntas enviadas por CIPER.

Sus oficiales tampoco han entregado a la justicia toda la información sobre los números de teléfono que intervino el Ejército entre 2016 y 2018. El ex jefe de la DINE, Schafik Nazal, ha insistido en que todo el procedimiento se ajustó a la normativa. Pero no ha tenido argumentos para explicar las interceptaciones a teléfonos de personas que hasta ahora no estaban en el mapa, como Hiram Padilla, el ex suboficial Luis Zamorano, o el coronel en retiro Hugo Julio Schweitzer.

Aún hay números telefónicos que fueron “pinchados” por el Ejército y que nadie ha podido explicar por qué. Uno de esos números pertenece desde 2016 a una profesora de colegio, quien fue contactada por CIPER, pero se excusó de participar en este reportaje. Otro se trata de un número asociado a un celular en modalidad prepago, por lo que las compañías telefónicas no han podido asignarle un nombre. Ese celular ha sido interceptado en nueve ocasiones entre marzo de 2017 y marzo de 2019. Cuatro de esas intervenciones las efectuó el Ejército, y las otras cinco la Policía de Investigaciones.

(*) NdelaR: Este reportaje fue actualizado el miércoles 12 de octubre a las 13:24.

Fuente: https://www.ciperchile.cl/2022/10/09/el-ejercito-pincho-telefonos-de-militares-por-acusaciones-de-infidelidad-y-por-denunciar-abusos-en-la-prensa/

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